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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04078-01

Fecha
9 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04078-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-04078-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

9 de septiembre de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04078-01
Demandante: Camilo Andrés Rodríguez Díaz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón

Bogotá D.C., 9 de septiembre de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04078-01
Demandante: CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ DÍAZ
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Temas: Contra providencia dictada en proceso disciplinario. Auto que se
estuvo a lo resuelto. Defectos por decisión sin motivación, fáctico,
procedimental por exceso ritual manifiesto y sustantivo.
Improcedencia de la acción de tutela. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 9
de julio de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró
improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 27 de mayo de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Camilo Andrés Rodríguez Díaz pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del derecho
sustancial.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
14 de mayo de 2026, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el
trámite disciplinario con radicado 11001-08-02-000-2025-01015-00.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Que se tutelen los derechos fundamentales del accionante al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia, petición disciplinaria, motivación suficiente, congruencia decisoria, juez
natural disciplinario, seguridad jurídica, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial.

2. Que se declare que el Auto del 14 de mayo de 2026 vulneró los derechos fundamentales invocados,
en cuanto respondió de manera aparente, incompleta e incongruente la solicitud posterior de
trazabilidad y valoración integral.

3. Que se deje sin efectos el Auto del 14 de mayo de 2026, o subsidiariamente se ordene su
complementación material y constitucionalmente suficiente.

4. Que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial emitir, dentro del término que fije el juez
constitucional, una nueva providencia clara, congruente, motivada, completa y trazable.

5. Que dicha providencia precise, como mínimo: qué actuaciones fueron archivadas, qué actuaciones
fueron remitidas; a qué autoridad; bajo qué radicado; qué autoridad conserva competencia; qué
aspectos fueron separados formalmente; qué relación existe entre el radicado
110010802000202501015-00 y el radicado relacionado con Yamile Xiomara Duarte Gómez, qué efectos

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Demandante: Camilo Andrés Rodríguez Díaz

produce la remisión a la Comisión Seccional del Meta, y qué respuesta de fondo se entrega sobre la
valoración integral solicitada.

6. Que se vincule a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta para que informe el estado de
la actuación remitida y garantice trazabilidad institucional frente a la queja relacionada con la árbitro
Yamile Xiomara Duarte Gómez.

7. Que se ordene a la autoridad accionada abstenerse de utilizar fórmulas de cierre formal cuando
subsistan solicitudes materiales de trazabilidad, competencia y depuración institucional.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Manifestó el tutelante que, en calidad de representante legal de la sociedad Coemdisma
Ingcol SAS, promovió queja disciplinaria contra Yesid Bayona Anaya, Orlando Osorio
Montaño y Martha Isabel Mojica, en calidad de magistrados del Tribunal Administrativo
del Guaviare, por actuaciones y omisiones cometidas en el trámite de la acción de tutela
con radicado 11001-03-15-000-2023-004755-01, que presentó contra el laudo arbitral
proferido por la señora Yamile Xiomara Duarte Gómez, como presidenta del tribunal de
arbitramento Energuaviare vs Coemdisma – Seguros del Estado (2022) 95001-33-33-
001-2023-00194-00.

Que la decisión constitucional había incurrido en la vulneración de sus derechos al debido
proceso, de defensa y contradicción. Que, además, le generó perjuicios materiales y
morales. Que la mencionada acción de tutela había sido decidida en segunda instancia
por los denunciados sin que se estudiaran sus argumentos.

Adicionalmente, en la queja disciplinaria se solicitó:

2. Que se investigue disciplinariamente a los magistrados que conocieron en primera y segunda instancia de la acción de
tutela promovida contra el laudo arbitral, a saber:
Consejero ponente (E): José Roberto Sáchica Méndez, Magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, Magistrado Nicolás
Yepes Corrales, por haber incurrido en defecto sustantivo y fáctico, consistente en resolver con error inexcusable (figura
reconocida por la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Sent. 11001-03-15-000-2013-01385-00, 2017).

Con la queja se anexó copia de la sentencia de primera instancia de la acción de tutela
con radicado 11001-03-15-000-2023-004755-00, que había sido dictada por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

La queja se adelantó bajo el radicado 11001-08-02-000-2025-01015-00 y correspondió al
despacho del magistrado Juan Carlos Granados Becerra, que, por auto del 10 de
noviembre de 2025, decidió inhibirse de iniciar proceso disciplinario, al advertir que los
aquejados no conocieron de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-
004755-00/01, puesto que esa acción constitucional fue conocida en primera instancia
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por lo que no resultaba posible
que la impugnación hubiere podido ser decidida por los magistrados del Tribunal
Administrativo del Guaviare.

Que revisada la información registrada en SAMAI, pudo observar que la mencionada
acción de tutela fue resuelta en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, sin que se evidenciara alguna irregularidad en ese trámite constitucional.

Por último, remitió la queja a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes para que, de acuerdo con sus competencias, analizara el trámite dado a
la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-004755-00/01.

Inconforme, el quejoso solicitó la revocatoria directa del auto del 10 de noviembre de
2025, por falta de motivación y por la transgresión de sus garantías fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la primacía del derecho

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sustancial, pues, a su juicio, no se realizó un análisis serio de la queja disciplinaria, no se
valoraron las pruebas que aportó y no se sustentó por qué las conductas de los
magistrados carecían de relevancia disciplinaria.

Por auto del 25 de marzo de 2026, el magistrado Juan Carlos Granados Becerra rechazó
por improcedente la solicitud de revocatoria directa elevada por el señor Rodríguez Díaz,
por cuanto contra la decisión inhibitoria no procedían recursos, de acuerdo con el artículo
209 de la Ley 1952 de 2019.

El 25 de abril de 2026, el señor Camilo Andrés Rodríguez Díaz presentó un memorial en
el que manifestó sus inconformidades con el trámite efectuado a la queja disciplinaria,
solicitó impulso procesal, la valoración integral de las actuaciones realizadas por la
señora Yamile Xiomara Duarte Gómez y que se le informara el estado actual de la queja.

El 14 de mayo de 2026, el magistrado Juan Carlos Granados Becerra resolvió estarse a
lo resuelto en las decisiones del 10 de noviembre de 2025 y del 25 de marzo de 2026. En
esa providencia se informó que la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, por auto
del 18 de diciembre de 2025, había dispuesto remitir por competencia la queja formulada
contra la árbitro Yamile Xiomara Duarte Gómez a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Meta, por lo que el memorial del 25 de abril de 2026 sería remitido a esa
corporación.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, puesto que, a su juicio, el asunto tenía relevancia constitucional porque se
discutía la vulneración de sus derechos fundamentales reclamados; el auto cuestionado
había sido comunicado el 26 de mayo de 2026, por lo que se superaba el requisito de
inmediatez; contra la providencia acusada no procedía recurso e identificó los hechos y
derechos objeto de tutela.

En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad demandada incurrió en los
siguientes vicios de fondo:

Decisión sin motivación porque la providencia del 14 de mayo de 2026 no resolvió los
asuntos que planteó, relacionados con el estado actual de la queja, la autoridad
competente, si fue acumulada o si se remitió; adicionalmente, no se expusieron razones
jurídicas frente a la actuación de la señora Yamile Xiomara Duarte Gómez.

Dijo que la motivación judicial no se agotaba con relacionar antecedentes del proceso,
porque motivar era resolver el problema jurídico, que para su caso estaba relacionado
con la trazabilidad y depuración competencial de la queja disciplinaria.

Que la decisión de estarse a lo resuelto no podía sustituir la obligación constitucional de
explicar lo que, a su juicio, no había sido materialmente resuelto.

Defecto fáctico por omisión en la valoración probatoria de la dimensión estructural de la
queja, debido a que no se examinó el hilo de remisiones, separaciones, expedientes y
competencias que había pedido esclarecer. Señaló que se perdía la cadena fáctica y se
reemplazaba por una lectura nominal de sujetos.

Procedimental por exceso ritual manifiesto porque la autoridad demandada utilizó la
improcedencia de recursos y de la revocatoria directa para cerrar el trámite disciplinario,
cuando solo pretendía obtener una respuesta material a la trazabilidad dada a la queja
que había formulado.
Manifestó que la providencia cuestionada contenía una contradicción, puesto que, de una
parte, ordenaba estarse a lo resuelto y, por otro lado, remitía por competencia la solicitud
que había elevado a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

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Que, si la remisión era necesaria, no se debía cerrar el debate. Que una decisión que
cerraba el debate y remitía actuaciones simultáneamente no cumplía con el estándar
constitucional de congruencia ni permitía ejercer el derecho de contradicción.

Defecto sustantivo por interpretación restrictiva del artículo 209 de la Ley 1952 de 2019,
debido a que la autoridad demandada entendió que la improcedencia de recursos contra
la decisión inhibitoria era una regla que eliminaba cualquier deber posterior de respuesta
material.

Indicó que una norma procesal podía impedir un recurso ordinario, pero no autorizaba
que se dictaran decisiones inmotivadas, incongruentes o materialmente evasivas.

5. Intervenciones

El magistrado Juan Carlos Granados Becerra de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, porque el accionante
pretendía generar una tercera instancia del proceso disciplinario.

Manifestó que el actor había incurrido en temeridad, puesto que había promovido la
acción de tutela con radicado 11001-02-30-000-2026-00572-00 con los mismos hechos y
fundamentos.

Que, si se estudiaba la presente acción de tutela de fondo, se debían denegar las
pretensiones de la parte actora, por cuanto ha actuado dentro del ámbito de sus
competencias constitucionales y legales, con observancia de los principios de legalidad
y autonomía judicial, sin que se advirtieran acciones u omisiones que comprometieran
los derechos fundamentales del tutelante ni circunstancias excepcionales que habiliten la
intervención del juez de tutela.

Los señores Yesid Bayona Anaya, Orlando Osorio Montaño y Martha Isabel Mojica
no se pronunciaron, pese a que fueron debidamente notificados.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró improcedente la acción de tutela por
incumplir el requisito de relevancia constitucional, al considerar que no se satisfizo la
carga argumentativa necesaria, de acuerdo con lo previsto en la sentencia de unificación
SU-215 de 2022 proferida por la Corte Constitucional.

Adicionalmente, advirtió que no se había incurrido en temeridad, porque en la acción de
tutela con radicado 11001-02-30-000-2026-00572-00 se cuestionaban los autos del 10
de noviembre de 2025 y del 25 de marzo de 2026, mientras que en el presente asunto se
cuestionaba la providencia del 14 de mayo de 2026.

7. Impugnación

La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.

Argumentó que la absolución proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
del Meta respecto de la señora Yamile Xiomara Duarte Gómez era la génesis material de
la controversia.
Que la sentencia impugnada fue contradictoria, al reconocer la autonomía del hecho
nuevo para descartar la temeridad y a su vez afirmar que el asunto no tenía relevancia
constitucional.

Que la acción de tutela sí tenía relevancia constitucional porque se trataba de establecer
si la autoridad demandada podía resolver una solicitud de información, competencia,

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remisión y trazabilidad mediante la fórmula general de estarse a lo resuelto, sin responder
los argumentos que planteó.

Que en el trámite arbitral se produjo una afectación sustancial del equilibrio probatorio,
puesto que el laudo dejó consignado que a la sociedad Coemdisma Ingcol SAS no se le
decretaron pruebas por no haber contestado oportunamente la demanda, pero que, sin
embargo, la controversia involucraba información técnica, documentos, antecedentes
contractuales y testimonios esenciales para establecer la verdad material.

Que la exclusión o falta de valoración de las pruebas de la sociedad Coemdisma Ingcol
SAS no era un asunto accesorio, sino que era una decisión que comprometía el debido
proceso, la igualdad procesal, el derecho de defensa y la carga motivacional de la
providencia.

Que no pretendía que se profiriera una decisión de reemplazo sobre la absolución de la
árbitro, que, por el contrario, solicitaba que se examinara si la absolución había dejado
sin protección efectiva sus derechos fundamentales.

Alegó la configuración de: i) un defecto fáctico porque la decisión cuestionada no
reconstruyó íntegramente la secuencia del expediente y porque se omitió examinar el
alcance constitucional de la afectación evidenciada en el laudo arbitral que había sido
proferido sin la valoración del material probatorio aportado por la sociedad Coemdisma
Ingcol SAS.

ii) un defecto por decisión sin motivación debido a que la expresión <<estarse a lo
resuelto>> solo podía ser suficiente cuando existiera identidad material entre lo solicitado
y lo previamente decidido. Que la autoridad demandada no dio respuesta individual
respecto de todos los asuntos solicitados, con lo que, según dijo, se produjo una
motivación aparente, convalidada por la sentencia impugnada.

iii) <<exceso ritual manifiesto y principio pro actione>> porque la declaratoria de
improcedencia por insuficiencia en la argumentación convertiría el requisito de relevancia
constitucional en una barrera formal desproporcionada.

Finalmente, desarrolló el siguiente cuadro, que denominó << Cuadro sinóptico de defectos
y frentes de defensa>>:

Frente Hecho omitido o Defecto Respuesta defensiva
confundido constitucional
Autonomía de la El auto del 14 de mayo de Contradicción interna La ausencia de
tutela 2026 fue un hecho nuevo. de la sentencia. temeridad demuestra
objeto y causa
autónomos.
Queja contra La inhibición se relacionó Defecto fáctico y falta Debía aclararse
funcionarios con identificación de reconstrucción quiénes actuaron
incompleta de quienes procesal. realmente y qué
intervinieron. remisiones se
efectuaron.
Queja contra la Fue tramitada Fragmentación del La absolución confirma
árbitro separadamente por la análisis autonomía, pero no
Comisión del Meta borra la solicitud de
trazabilidad.
Inhibición vs. Se confundieron Defecto sustantivo y La inhibición no
Absolución decisiones de naturaleza y falta de congruencia. equivale a absolución
efectos distintos. ni puede trasladar sus
efectos.
Acervo COEMDISMA quedó sin Defecto fáctico, La justicia material
probatorio decreto de pruebas derecho de defensa y exige examinar prueba
arbitral propias y se alega falta de contradicción técnica y documental
valoración integral. determinante.
Respuesta del No resolvió cada pregunta Motivación aparente. “Estarse a lo resuelto”
14 de mayo sobre reparto, remisión, no responde asuntos
competencia y estado. nuevos
Relevancia Se redujo el caso a una Desconocimiento del La controversia afecta
constitucional discrepancia legal. debido proceso y motivación, defensa,
acceso a la justicia. prueba y trazabilidad.

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Estado de La forma procesal Exceso ritual La legalidad debe
derecho prevaleció sobre la manifiesto. servir a la justicia
injusticia sustancial material y no
alegada. convalidar
arbitrariedades.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela.

La Sala empieza por precisar que no se pronunciará sobre los argumentos de la
impugnación relacionados con la absolución disciplinaria de la señora Yamile Xiomara
Duarte Gómez y con el trámite arbitral, porque se trata de argumentos nuevos que no
fueron expuestos en el escrito de demanda de tutela y, porque, además, se estarían
transgrediendo los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de la parte
demandada y se modificaría el debate constitucional.

Ahora bien, la Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, por cuanto la acción
de tutela no satisface el requisito de relevancia constitucional.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y (iii) el análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-003, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
3 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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El segundo criterio (carga argumentativa) está previsto para restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales.

En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que, cuando la solicitud de
amparo se dirija contra providencias judiciales, se deba identificar y sustentar alguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de
Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considere que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el interesado
tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal exigencia
«es comprensible, pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos».

Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima «de diligencia
que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que motivó
la solicitud de protección».

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que «es
importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por qué el asunto reviste
relevancia constitucional».

Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata
simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar
al juez de tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar
decisiones de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.

4. Análisis del caso concreto

La parte actora adujo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a
la seguridad jurídica y a la prevalencia del derecho sustancial al proferir la providencia
del 14 de mayo de 2026 en el trámite disciplinario con radicado 11001-08-02-000-2025-
01015-00.

Para resolver, la Sala estima necesario hacer un recuento de las actuaciones surtidas en
el mencionado trámite disciplinario.

El señor Camilo Andrés Rodríguez Díaz promovió queja disciplinaria contra Yesid Bayona
Anaya, Orlando Osorio Montaño y Martha Isabel Mojica, para lo cual afirmó que eran
magistrados del Tribunal Administrativo del Guaviare y que habían incurrido en
irregularidades en el trámite de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-
004755-00/01, y contra los consejeros de Estado José Roberto Sáchica Méndez, Jaime
Enrique Rodríguez Navas, Magistrado Nicolás Yepes Corrales.

Por proveído del 10 de noviembre de 2025, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
decidió inhibirse de iniciar proceso disciplinario contra Yesid Bayona Anaya, Orlando
Osorio Montaño y Martha Isabel Mojica, porque la acción de tutela en la que
supuestamente se había incurrido en irregularidades había sido decidida por la Sección
Tercera, Subsección C y la Sección Quinta del Consejo de Estado.

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Demandante: Camilo Andrés Rodríguez Díaz

Además, remitió copia de las quejas disciplinarias a la Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara de Representantes para que, de acuerdo con sus competencias,
analizara el trámite dado a la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-
004755-00/01.

Inconforme, el señor Rodríguez Díaz solicitó la revocatoria directa de la decisión del 10
de noviembre de 2025. Sin embargo, el 25 de marzo de 2026 la autoridad disciplinaria
declaró improcedente esa solicitud, en aplicación del artículo 209 de la Ley 1952.

Posteriormente, el quejoso presentó un memorial en el que expuso su inconformidad
sobre el trámite impartido a la queja disciplinaria, solicitó impulso procesal, la valoración
integral de actuaciones judiciales y arbitrales relacionadas con la señora Yamile Xiomara
Duarte Gómez, que, según dijo, constituían los antecedentes de las afectaciones
procesales que había denunciado.

Adicionalmente, pidió información sobre el estado actual de la queja, la autoridad
competente, si se había acumulado, remitido o separado, las razones de las decisiones
adoptadas y las actuaciones surtidas respecto de la árbitra Duarte Gómez

El 14 de mayo de 2026, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió estarse a lo
resuelto en las decisiones del 10 de noviembre de 2025 y del 25 de marzo de 2026 y
remitió por competencia la solicitud del quejoso a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Meta.

Explicó que, respecto a las actuaciones surtidas sobre la árbitro Yamile Xiomara Duarte
Gómez, el 18 de diciembre de 2025, la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros había
dispuesto remitir por competencia la diligencia a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Meta. Que esa actuación había sido tramitada de manera independiente en
el radicado 11001-08-02-000-2025-01014-00.

Ahora, en la presente acción constitucional, el señor Camilo Andrés Rodríguez Díaz alegó
que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al proferir la providencia del 14 de mayo
de 2026, incurrió en defectos por decisión sin motivación, fáctico, procedimental por
exceso ritual manifiesto y sustantivo.

Sin embargo, de los argumentos expuestos por la parte actora y, conforme con lo
expuesto en el capítulo anterior, la Sala advierte que, la acción de tutela de la referencia
no cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto el demandante no cumplió
con la carga mínima de argumentación, respecto a por qué la discusión que plantea
reviste una clara, marcada e indiscutible relevancia constitucional. Al contrario, lo que se
advierte es que a la queja disciplinaria elevada por el actor se le dio el trámite
correspondiente, pues los denunciados no fueron quienes tramitaron la acción de tutela
en la que el señor Rodríguez Díaz considera que se incurrió en faltas disciplinarias y
respecto de la árbitro Yamile Xiomara Duarte Gómez se ordenó la respectiva remisión a
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta para lo de su cargo.

Para la Sala, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa de explicar por qué
su solicitud de amparo trasciende las inconformidades que percibe de la decisión
adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pues no presentó motivos
suficientes dirigidos a evidenciar que la providencia cuestionada afecta de manera grave
sus derechos fundamentales ni propone un debate de naturaleza constitucional.

El simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no es suficiente para
tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional, puesto que es necesario, se
itera, que se ponga en evidencia la afectación desproporcionada de los derechos
fundamentales alegados, pues «la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales,

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04078-01
Demandante: Camilo Andrés Rodríguez Díaz

supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel»4.

Las anteriores razones son suficientes para que la Sala confirme la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 5

4 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019.
5 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,

a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto, se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".

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