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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04083-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04083-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-04083-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Rodrigo Lara Restrepo y otros.
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Quinta.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04083-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional y falta de legitimación en la causa por activa.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES
1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El 17 de julio de 2023, el señor Rodrigo Lara Restrepo solicitó el
reconocimiento de la personería jurídica del movimiento político Dignidad
Liberal ante el Consejo Nacional Electoral.

1.2. Mediante Resolución núm. 16685 de 20 de diciembre de 2023, el
Consejo Nacional Electoral negó el reconocimiento de la personería al
movimiento político Dignidad Liberal.

1.3. Inconforme con la decisión anterior, el señor Rodrigo Lara Restrepo
y Julio Bahamón Vanegas presentaron recurso de reposición.

1.4. El Consejo Nacional Electoral, a través de Resolución núm. 03771
de 17 de julio de 2024, decidió reponer la Resolución núm. 16685 de

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2023 y, en consecuencia, reconoció personería jurídica al movimiento
político Dignidad Liberal.

1.5. Los señores Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Manuela Arredondo
Roa en ejercicio del medio de control de nulidad presentaron demanda
contra el Consejo Nacional Electoral, con el fin de que se declarara la
nulidad de la Resolución núm. 03771 de 2024, mediante la cual reconoció
personería jurídica al movimiento político Dignidad Liberal.

1.6. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante providencia de
30 de octubre de 2025, declaró la nulidad de la Resolución núm. 03771
del 17 de julio de 2024, al considerar que “[…] no se demostraron
escenarios de violencia grave o extraordinaria que hubiesen impedido la
participación y el ejercicio en forma libre de los derechos y las garantías
fundamentales del movimiento político Dignidad Liberal […]”. En
consecuencia, concluyó que el Consejo Nacional Electoral expidió dicha
resolución vulnerando el orden superior y con falsa motivación.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico, al concluir “[…] de manera contraevidente que las pruebas
relacionadas con el magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla no demuestran hechos
graves de violencia como los analizados en la Sentencia SU 257 de 2021 […]”
y, en razón a ello, “[…] lo enmarcó dentro de los actos de violencia padecidos
por el Nuevo Liberalismo al punto de concluir que “ya fueron resarcidos a
través del reconocimiento de la personería jurídica al partido Nuevo
Liberalismo” […]”.

Asimismo, indicó que la autoridad accionada negó el decreto de pruebas
testimoniales, lo cual impidió contar con elementos probatorios “[…] que
permitieran aclarar si contra Dignidad Liberal existieron actos violentos que
afectaran la participación política de Dignidad Liberal de acuerdo con los
estándares que exigió la Corte Constitucional en la sentencia SU 257 de 2021

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[…]”.

Afirmó que la autoridad judicial desconoció el precedente jurisprudencial de la
Corte Constitucional SU-257 de 2021, al considerar que “[…] interpretó de
manera literal y restrictiva el margen temporal establecido por la Corte
Constitucional, desconociendo su función y restringiendo injustificadamente su
alcance […]”, en tanto debió tener en cuenta “[…] el magnicidio de Rodrigo
Lara Bonilla como un hecho que imposibilitó a Dignidad Liberal participar de
manera libre, democrática en los comicios adelantados el 13 de marzo de 1988
[…]”.

Sostuvo que la autoridad accionada incurrió en violación directa de la
Constitución Política, al considerar que “[…] debía interpretar el artículo 108
constitucional como un principio y no como una regla pura y simple,
examinando la acreditación de circunstancias totalmente ajenas a la voluntad
del partido o movimiento que hicieren imposible el cumplimiento del umbral en
el futuro para poder mantener la personería jurídica de un partido […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales del Partido
Político Dignidad Liberal y de los accionantes RODRIGO LARA
RESTREPO y JULIO BAHAMÓN VANEGAS al debido proceso, a la
participación, conformación y ejercicio del poder político, el derecho
fundamental a fundar o constituir partidos políticos sin limitación alguna,
formar parte de ellos y difundir sus ideas y programas y a la igualdad,
consagrados en los artículos 1, 3, 13, 29, 40, 107 y 108 de la Constitución
Política.

SEGUNDA: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO el fallo proferido el 30 de
octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, dentro del medio de control de nulidad con
radicados No. 11001-03-28-000-2025-00006-00 y 11001-03-28-000-
2025-00057-00.

TERCERA: MANTENER EL VALOR Y LOS EFECTOS derivados de la
Resolución No. 03771 de 2024 expedida por el Consejo Nacional
Electoral.

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CUARTA: Las demás órdenes que el Juez de Tutela encuentra
necesarias para proteger y obtener el restablecimiento de los derechos
fundamentales vulnerados. […]”. [sic en toda la cita]

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 29 de mayo de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó al Consejo Nacional Electoral, a los señores Samuel Alejandro
Ortiz Mancipe y Manuela Arredondo Roa, en calidad de terceros con interés
directo en el resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. El Consejo Nacional Electoral solicitó la desvinculación de la acción de tutela
porque los argumentos del accionante se dirigen exclusivamente contra la
providencia judicial cuestionada, respecto de la cual no ha adoptado decisión
alguna.

2. La Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó declarar improcedente la
solicitud de amparo, al considerar que carece del requisito de relevancia
constitucional, pues se presenta como un mecanismo que pretende llevar el
asunto a una segunda instancia.

De lo anterior, refirió que “[…] la valoración de los medios de prueba allegados
al expediente judicial y los decretados de oficio, demostraron que el Consejo
Nacional Electoral, dictó la resolución controvertida, desatendió precisos
razonamientos que la propia Corte Constitucional fijó como marco jurídico a
seguir respecto de la entrega de dicho reconocimiento político-jurídico […]”.

3. El señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe solicitó que se declarara la falta
de legitimación en la causa por activa del señor Julio Bahamón Vanegas, dado
que este no fue parte procesal en el proceso de nulidad dentro del cual se
profirió la sentencia cuestionada. Asimismo, indicó que el asunto carece de
relevancia constitucional, por cuanto las inconformidades de la parte
accionante evidencian su desacuerdo con la providencia objeto de censura.

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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Cuestión previa

La Sala advierte que el Consejo Nacional Electoral solicitó su desvinculación
del presente trámite de tutela.

La Sala considera que, comoquiera que el Consejo Nacional Electoral fungió
como parte procesal dentro del proceso de nulidad identificado con el radicado
núm. 11001-0328-000-2025-00006-00, le asiste interés directo en la decisión
de la acción constitucional de la referencia. En consecuencia, se negará la
solicitud de desvinculación.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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4. Caso concreto

4.1. Del análisis de la legitimación en la causa por activa de los señores
Julio Bahamón Vanegas y Rodrigo Lara Restrepo.

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en
que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial
que se discute en el proceso de tutela, de modo que el derecho cuya
protección se persigue debe ser propio del demandante y no de otra persona2.

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que “[…] toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad […]”. [Negrilla fuera de texto].

Por su parte, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 19913 establece que “[…]
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando
el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También
podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.
[Negrillas fuera del texto].

A partir de lo anterior, es claro que el o la titular de los derechos fundamentales
que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción de tutela: i)
por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de agente

2 Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

3 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.

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oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar las razones
por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman
amenazados o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia defensa.

Sobre la agencia oficiosa, la Corte Constitucional ha considerado que es
indispensable que el agente oficioso afirme que actúa en dicha condición y
demuestre que el titular del derecho amenazado o vulnerado se encuentra en
imposibilidad de promover su propia defensa, “[…] bien sea por circunstancias
físicas, como la enfermedad, o por razones síquicas que pudieren haber
afectado su estado mental, o en presencia de un estado de indefensión que le
impida acudir a la justicia […]”4. De ahí que dicha corporación ha establecido
los siguientes requisitos para su configuración:

“[…] La Corte Constitucional se ha ocupado de establecer algunos
requisitos que deben verificarse cuando un ciudadano actúa como
agente oficioso de otra persona. En primer lugar, debe manifestar que
actúa en tal calidad. En segundo lugar, debe encontrarse
acreditado en el expediente que la persona a favor de quien actúa
no puede interponer por sí misma el amparo que se invoca. En
tercer lugar, no es necesario que exista una relación jurídica entre el
agente y el agenciado o agenciados titulares de los derechos
fundamentales. Y en cuarto lugar, cuando ella sea posible, debe existir
una ratificación oportuna por parte del agenciado respecto de los
hechos o las pretensiones que se consignan en el escrito de tutela. Sin
embargo, los anteriores requisitos deben aplicarse en forma flexible,
atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso concreto
[…]”. [Se destaca]

En el presente caso, el movimiento político Dignidad Liberal y los señores
Rodrigo Lara Restrepo y Julio Bahamón Vanegas promovieron acción de tutela
con el fin de controvertir la providencia de 30 de octubre de 2025 proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Ahora bien, la Sala advierte que los sujetos procesales del medio de control
de nulidad identificado con el radicado núm. 11001-03-28-000-2025-00006-00
son: los señores Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Manuela Arrendondo Roa
(demandantes), el Consejo Nacional Electoral (demandado) y el movimiento
político Dignidad Liberal (vinculado).

4
Sentencia SU-707 de 1996. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara.

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De ahí que resulta acertado advertir que los señores Rodrigo Lara Restrepo y
Julio Bahamón Vanegas no figuran como sujetos procesales dentro del
proceso objeto de esta acción, por tanto carecen de legitimación en la causa
por activa para promover, en nombre propio, el mecanismo de amparo de la
referencia con el propósito de cuestionar la providencia de 30 de octubre de
2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el marco del
medio de control de nulidad identificado con radicación núm. 11001-03-28-000-
2025-00006-00.

Sobre el particular, cabe indicar que los únicos legitimados para promover el
mecanismo de amparo con el objeto de cuestionar una actuación u omisión
dentro de un proceso judicial, son los sujetos procesales del proceso que se
cuestiona por vía de tutela, ya que ellos serían los eventualmente afectados y
quienes tendrían el interés de que el juez constitucional proteja sus derechos
fundamentales.

Al respecto, esta Sección ha “[…] venido sosteniendo en su jurisprudencia que,
en principio, sólo los sujetos procesales se encuentran legitimados para
controvertir, a través de la acción de tutela, las decisiones o actuaciones que
se realizan en el curso de un proceso judicial […]”5.

Por tanto, la Sala advierte que los señores Rodrigo Lara Restrepo y Julio
Bahamón Vanegas carecen de legitimación en la causa por activa, por lo que
la acción de tutela será declarada improcedente por este aspecto.

De otra parte, debe señalarse que el movimiento político Dignidad Liberal, al
haber sido sujeto procesal dentro del medio de control de nulidad con
radicación núm. 11001-03-28-000-2025-00006-00, sí tiene legitimación en la
causa por activa en el presente trámite, razón por la que se procederá a
analizar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en cuanto la vulneración alegada por dicha parte.

5 Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-05226-00, 2 de noviembre

de 2023. Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-04321-00, 7 de
septiembre de 2023.

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4.2. Del análisis del requisito de relevancia constitucional.

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional6 como del Consejo
de Estado7 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental8 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces9.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

6
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
7
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
8
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
9
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad judicial accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada el 30 de
octubre de 2025 en el marco del proceso de nulidad con radicación núm.
11001-03-28-000-2025-00006-00.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

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Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está
asociada a que la autoridad accionada anuló el reconocimiento de la
personería jurídica del movimiento político Dignidad Liberal otorgado por el
Consejo Nacional Electoral mediante una interpretación errónea del margen
temporal fijado por la Corte Constitucional, lo que la llevó a concluir que los
hechos de violencia ocurridos no demostraban una imposibilidad real para que
el movimiento político participara en el proceso democrático, lo cual implica la
reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa
judicial.

Lo anterior en razón a que la autoridad accionada en la providencia acusada
expuso de manera razonada, coherente y fundamentada las razones jurídicas
por las cuales se encontró acreditado que el Consejo Nacional Electoral
concedió personería jurídica al movimiento político Dignidad Liberal
desconociendo los lineamientos jurisprudenciales establecidos como marco
regulador de la materia, sin que dicho análisis vislumbre arbitrariedad o
vulneración de derechos fundamentales.

Además, resulta preciso señalar que de conformidad con los principios de libre
valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y
230 de la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para
valorar las pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural de la
causa a quien le corresponde determinar el valor de cada medio de prueba,
bajo las reglas de la sana crítica.

De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una
inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida cuando la
decisión contenga errores graves que desconozcan los principios de la sana
crítica. En esta oportunidad lo perseguido por el extremo accionante es
controvertir el análisis probatorio efectuado por el juez contencioso, lo que
claramente constituye una desnaturalización de este mecanismo, en tanto que
está siendo utilizado como una tercera instancia.

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En ese orden de ideas, se considera que los argumentos de la parte actora
más que develar la existencia de una cuestión que sea de “verdadera
relevancia constitucional” que conlleve la presunta transgresión de derechos
fundamentales, demuestra una inconformidad con la decisión adoptada por la
autoridad accionada, como si este mecanismo se tratase de un recurso o
instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho
asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio
de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo
Nacional Electoral, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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