Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04094-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04094-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-04094-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04094-00
Accionante: KEVIN BUSTAMANTE CASTELBLANCO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
Tema: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte
actora en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 29 de mayo de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia. De otro lado, en providencias del 18 de junio del presente, el despacho
ponente resolvió manifestación de impedimento del doctor Omar Joaquín Barreto
Suárez para conocer el asunto y se pronunció sobre la acumulación de esta
acción de tutela con otros expedientes3.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Kevin Bustamante Castelblanco, actuando por conducto de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Sección Cuarta del
Consejo de Estado. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus
derechos fundamentales a la salud, al mínimo vital, a la vivienda digna, a la honra
y «a la protección especial como desplazado forzado y víctima de tortura».
2. El accionante le atribuyó la trasgresión de sus garantías constitucionales
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 5 Samai. Se precisa que se notificó como accionado a la Sección Cuarta del Consejo de
Estado y se vinculó a la Unidad Nacional de Protección, a la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Nacional de Medicina Legal,
al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la Nación y al Hospital San
Vicente Ferrer E.S.E. Además, se negó la solicitud de medida provisional elevada por el
accionante.
3
Véase: índices 31 y 32 Samai.
1
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Accionante: Kevin Bustamante Castelblanco
Accionado: Sección Cuarta del Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04094-00
a la providencia del 6 de mayo de 2026, mediante la cual la autoridad judicial
accionada ordenó remitir la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-
03376-00 a los Juzgados Administrativos de Medellín.
3. En concreto, el tutelante solicitó lo siguiente:
1. REVOQUE el auto proferido por la Consejera Claudia Rodríguez Velásquez el
6 de mayo de 2026 dentro del Radicado 11001-03-15-000-2026-03376-00, y en
su lugar ORDENE a dicha Consejera, o al juez que corresponda, que ASUMA EL
CONOCIMIENTO INMEDIATO de la acción de tutela y decrete las medidas
cautelares solicitadas.
2. DECLARE que la decisión de la Consejera constituye un exceso ritual
manifiesto, un defecto fáctico por omisión de facultades oficiosas y una violación
directa de la Constitución, y COMPULSE COPIAS a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial para lo de su competencia.
3. AMPARE mis derechos fundamentales a la vida, integridad personal, salud,
mínimo vital, vivienda digna, debido proceso, acceso a la justicia, honra y especial
protección como desplazado forzado y víctima de tortura.
4. CONDENE solidariamente a todos los accionados al pago de la indemnización
integral de 2.400 SMLMV ($4.202.172.000). 5. ORDENE sca la Fiscalía General
de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación las investigaciones penales
y disciplinarias a que haya lugar. 6. COMPULSE COPIAS a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, a los Relatores Especiales de la ONU y
a los medios de comunicación.
1.2. Hechos
4. El accionante mencionó que es víctima del desplazamiento forzado interno
desde el 3 de mayo de 2026, habitante de calle, sobreviviente de tortura
agravada, sumisión química no consentida, exposición biológica forzada, hurto
calificado, falsedad ideológica en documento público, calumnia e injuria
agravadas. Además, es líder social, periodista comunitario, candidato político y
fuente humana confidencial de cooperación internacional.
5. El día 4 de mayo de 2026, el señor Bustamante Castelblanco ejerció
acción de tutela en contra de la Policía Nacional – Estación de Policía de San
Vicente Ferrer y el Hospital de San Vicente Ferrer tras considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, al debido proceso, a
la igualdad, a la identidad, a la salud, a la libertad de expresión y de petición.
6. El asunto correspondió en primera instancia a la Sección Cuarta del
Consejo de Estado4, quien dispuso en providencia del 6 de mayo de 2026 la
remisión de la tutela a los Juzgados Administrativos de Medellín, con fundamento
en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.2.3.2.1. del Decreto 333 de 20215.
4
El asunto se identificó con el radicado núm. 11001-03-15-000-2026-03376-00.
5
«Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37
del Decreto número 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con
jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud
o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: […]
2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad
pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los
Jueces del Circuito o con igual categoría. […]»
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1.3. Sustento de la vulneración
7. La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada
desnaturalizó la acción de tutela al aplicar las normas de reparto, pues con ello
se eludió de responsabilidad en proteger a un ciudadano en situación de extrema
vulnerabilidad, en tanto aquel es desplazado, víctima de tortura y «fuente
confidencial internacional».
8. Afirmó que la decisión ignora de manera flagrante el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991 que establece la competencia de los jueces a prevención y que lo
habilita a presentar la solicitud de amparo a su elección.
9. Con ello, señaló que la decisión incurrió en exceso ritual manifiesto y
defecto fáctico, pues se aplicó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021 en
clara oposición con sus derechos a la vida, a la integridad personal, al acceso a
la administración de justicia y a la especial protección como desplazado. Afirmó
que se dio aplicación irreflexiva de la norma en sacrificio del derecho sustancial.
10. En el mismo sentido citó la sentencia T-661 de 2013, mediante la cual la
Corte Constitucional fue contundente en relación con la imposibilidad de los
jueces de declararse incompetentes para estudiar una acción de tutela con base
en el desconocimiento de una regla del Decreto Reglamentario 1382 de 2000.
11. Agregó que la consejera no solo había desconocido la competencia a
prevención, sino que además aplicó una regla de reparto diseñada para
circunstancias ordinarias, sin consideración de su situación excepcional; es decir,
que es habitante de calle, víctima de tortura y que se encuentra en peligro
inminente de muerte. Afirmó que cada día que pasaba sin que se dictaran
medidas cautelares urgentes, era un día en el que «su vida pende un hilo».
12. Así las cosas, el tutelante le adjudicó a la decisión un defecto fáctico y por
exceso ritual manifiesto. El primero, al aplicar una disposición que se acoge a los
derechos constitucionales, en rigorismo procedimental. El segundo, al haberse
abstenido de decretar pruebas oficiosas para esclarecer los hechos denunciados
y no valorar los oficios GS-2026-162715-DEANT y GS-2026-169554-DEANT que
contienen «la confesión administrativa a la sumisión química y la identificación de
los agentes», la historia clínica de Triage 115,951 y las múltiples denuncias
previas del accionante.
13. Finalmente, señaló que esta acción constitucional se suma a las más de
30 que ha suscrito desde el 18 de mayo de 2026, sin que tal hecho constituya
temeridad porque, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la
vulneración de derecho es continua, persistente y no ha cesado. En ese sentido,
trajo a colación las sentencias SU-168 de 2017, T-149 de 2008 y T-298 de 2018.
14. Expuso que el hecho nuevo que motivaba esta tutela es la remisión
efectuada por la Sección Cuarta, situación que si misma constituye una violación
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de sus derechos fundamentales.
1.4. Intervenciones
15. La Procuraduría General de la Nación alegó su falta de legitimación en
la causa por pasiva, tras señalar que no ha incurrido en vulneración de derecho
fundamental alguno, ni ha omitido el cumplimiento del deber legal o constitucional
relacionado con las solicitudes que dieron origen al trámite.
16. De otro lado, afirmó que, en un periodo inferior a 15 días, el accionante ha
promovido al menos 4 acciones de tutela, las cuales guardan una notoria similitud
con la que se trámite en este asunto. Para el efecto, las identificó así:
• Rad. 05615310300120260016200 del Juzgado Primero Civil del Circuito
de Rionegro, Antioquia,
• Rad. 05615310400220260009100 del Juzgado Segundo Penal Circuito de
Rionegro
• Rad. 050002213000202600221 00 de la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior de Antioquia.
17. Agregó que las distintas solicitudes de amparo se encuentran
encaminadas sustancialmente a obtener pronunciamiento sobre los mismos
hechos y a perseguir idénticos resultados jurídicos. Precisó que los procesos han
sido promovidos con ocasión de autos admisorios, decisiones de reparto o
providencias mediante las cuales se le han negado medidas provisionales, por lo
que instaura nuevamente solicitudes de contenido similar ante distintos
despachos judiciales. Tal circunstancia, en su sentir, debía ser analizada a la luz
de la figura de la temeridad prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
18. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que no le constaban las
afirmaciones del tutelante relacionadas con presuntos hechos de tortura,
desplazamiento forzado, amenazas y demás supuestos fácticos mencionados
por el señor Bustamante Castelblanco. Además, señaló que no tiene
competencia para asumir ninguna de las pretensiones elevadas; en particular, las
relacionadas con la solicitud de asilo ante terceros estados.
19. Finalmente, indicó que el accionante ha impetrado solicitudes de amparo
similares:
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20. A la par de lo anterior, mencionó que la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia al interior del expediente 05001-23-33-000-
2026-00778-00, dictó sentencia el 29 de mayo de 2026, mediante la cual declaró
la improcedencia de la tutela promovida por el señor Kevin Bustamante
Casteblanco y le formuló un llamado de atención para que hiciera un uso
adecuado y racional de los mecanismos de defensa judicial existentes.
21. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses solicitó su
falta de legitimación en la causa por pasiva. Para el efecto, alegó que no ha
vulnerado las garantías constitucionales invocados con la demanda, ni ostenta
algún vínculo de causalidad con los derechos reclamados.
22. La Unidad Nacional de Protección, por su parte, mencionó que el
accionante ha hecho un uso indebido del presente mecanismo y, con ello, ha
venido desgastando el sistema de administración de justicia al formular hechos y
pretensiones que ya han sido expuestos en acciones constitucionales anteriores
promovidas por él. Para el efecto, hizo referencia a al menos 10 expedientes de
tutela.
23. Refirió que, lejos de presentar una situación de amenaza o riesgo que
pueda ser avalada bajo los parámetros objetivos y técnicos de esta entidad, los
escritos del accionante transitan por relatos contradictorios y que convergen, de
manera simultánea y sin justificación fáctica razonable, en situaciones que van
desde un conflicto vecinal por construcciones ilegales, la supuesta omisión de
vacunas por la mordedura de un canino, hasta acusación de sumisión química
hospitalaria, entre otros.
24. Así, mencionó que era evidente una inestabilidad y falta de coherencia en
los hechos narrados por el accionante, lo cual le despertaba una genuina y
respetuosa preocupación de dicha entidad.
25. De otro lado, anotó que no ha vulnerado algún derecho fundamental del
señor Bustamante Castelblanco. Precisó que evidenció que aquel radicó solicitud
de medidas de protección por presuntas amenazas bajo los consecutivos EXT-
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04094-00
2026-00076606, EXT-2026-00076881, EXT-2026-00077407 y EXT-2026-
00077244, todos del mes de mayo de 2026, de manera concurrente con la
interposición de varias acciones de tutela. En este punto mencionó que
solamente en la última semana de mayo se recibieron más de diez peticiones por
la causa del accionante.
26. Por lo anterior, mencionó que, mediante comunicación del 15 de mayo de
2026, dio traslado del asunto por competencia a la Procuraduría General de la
Nación, a efectos de tuviera en cuenta la documentación aportada por el
peticionario e hiciera estudios sobre las presuntas irregularidades en el actuar de
miembros de la Policía Nacional.
27. Por último, puso de presente el procedimiento para activar la ruta de
protección y alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva.
28. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, pese a ser notificada, guardó
silencio.
II. CONSIDERACIONES
29. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se
supera el referido requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.
2.1. Cuestiones previas
2.1.1. De las solicitudes de desvinculación
30. Como viene de verse, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio
de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses y la Unidad Nacional de Protección solicitaron su desvinculación del
presente trámite, tras afirmar que no están legitimados en la causa por pasiva.
31. Al respecto, la Sala accederá a la mentada petición, pues al revisar
debidamente la controversia no es posible extraer algún fundamento jurídico de
la tutela en relación con aquellas. Se aclara que, si bien el despacho ponente
ordenó su vinculación en providencia del 29 de mayo de 2026, aquello ocurrió en
aras de verificar si tenían algún interés en el presente asunto en virtud de
enunciaciones hechas por el señor Bustamante Castelblanco en su escrito de
tutela.
32. No obstante, de una revisión más detallada de la solicitud de amparo, se
advierte que aquella no ostenta la claridad necesaria para identificar pretensiones
en relación con tales autoridades, ni es posible desprender algún interés de su
parte, en relación con la determinación que se puedan adoptar en el sub judice
frente a la providencia cuestionada. Por ende, dado que su comparecencia a la
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presente controversia no se estima necesaria, la Sala accederá a su
desvinculación.
2.1.2. De la temeridad
33. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no puede pasar por alto que las
autoridades judiciales accionadas coincidieron en sus intervenciones en afirmar
que el tutelante ha venido haciendo un uso indebido de la acción de tutela en el
último mes, por situaciones fácticas y jurídicas similares. Para ello, hicieron
referencia a sendos expedientes constitucionales que se tramitan tanto en la
jurisdicción contencioso-administrativa, como en la ordinaria y por hechos
similares relacionados con su situación de desplazado, habitante de calle, víctima
de amenazas y torturas.
34. Pues bien, en línea con lo expuesto previamente, se estima que de la
solicitud de amparo sub judice únicamente es posible extraer que su objeto es
que se deje sin efectos el auto del 6 de mayo de 2026 dictado por la Sección
Cuarta de la Corporación que dispuso remitir la tutela identificada con radicado
núm. 11001-03-15-000-2026-03376-00 a los Juzgados Administrativos de
Medellín.
35. Así, dado que no es posible identificar algún otro fundamento fáctico y
jurídico distinto al anotado, la Sala no adelantará el estudio de temeridad
respecto a los expedientes referidos en las intervenciones.
36. Con todo, de una revisión del sitio web Samai, esta Sección conoció de
otra acción de tutela que se adelanta en la corporación en contra de la
providencia del 6 de mayo de 2026 por la Sección Cuarta. En concreto, se trata
del expediente 11001-03-15-000-2026-04092-00 que se surte ante la Sección
Segunda, Subsección A de la corporación y cuya admisión se dictó el pasado el
4 de junio de 2026.
37. Por lo anterior, es necesario esclarecer si la presente solicitud de amparo
guarda identidad con lo solicitado en la acción de tutela referida, o si, por el
contrario, se trata de hechos nuevos:
Presupuesto Expediente Expediente
Rad 11001-03-15-000-2026-04094- 11001-03-15-000-2026-04092-00
00
Sub judice
Accionantes: Kevin Bustamante Accionantes: Kevin Bustamante
Castelblanco Castelblanco
Accionado: Sección Cuarta del Accionados:
Identidad de
Consejo de Estado Sección Cuarta del Consejo de
partes
Estado. Magistrada ponente:
Vinculados: Unidad Nacional de Claudia Rodríguez Velásquez.
Protección, a la Unidad para la
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04094-00
Presupuesto Expediente Expediente
Rad 11001-03-15-000-2026-04094- 11001-03-15-000-2026-04092-00
00
Sub judice
Atención y Reparación Integral a las Fiscalía General de la Nación, a la
Víctimas, a la Fiscalía General de la Unidad Nacional de Protección
Nación, al Instituto Nacional de (UNP).
Medicina Legal, al Ministerio de Unidad para la Atención y
Relaciones Exteriores, a la Reparación Integral a las Víctimas
Procuraduría General de la Nación (UARIV).
y al Hospital San Vicente Ferrer
E.S.E. Ministerio de Relaciones Exteriores,
al Instituto Nacional de Medicina
Legal.
«Procuraduría».
Vulneración de sus derechos Vulneración de sus derechos
fundamentales a la salud, al fundamentales a la igualdad, al
Identidad de mínimo vital, a la vivienda digna, a debido proceso, a la vida digna, a
causa la honra y «a la protección los principios de seguridad jurídica y
especial como desplazado de legalidad.
forzado y víctima de tortura».
1. REVOQUE el auto proferido por 1. REVOQUE el auto proferido por
la Consejera Claudia la Consejera Claudia
RodríguezVelásquez el 6 de mayo RodríguezVelásquez el 6 de mayo
de 2026 dentro del Radicado11001- de 2026 dentro del Radicado
03-15-000-2026-03376-00, y en su 11001-03-15-000-2026-03376-00, y
lugar ORDENE a dichaConsejera, o en su lugar ORDENE a
al juez que corresponda, que dichaConsejera, o al juez que
ASUMA EL corresponda, que ASUMA EL
CONOCIMIENTOINMEDIATO de la CONOCIMIENTOINMEDIATO de la
acción de tutela y decrete las acción de tutela y decrete las
medidas cautelaressolicitadas.2. medidas cautelaressolicitadas.2.
DECLARE que la decisión de la DECLARE que la decisión de la
Consejera constituye un Consejera constituye un
excesoritual manifiesto, un defecto excesoritual manifiesto, un defecto
fáctico por omisión de fáctico por omisión de
Identidad de
facultadesoficiosas y una violación facultadesoficiosas y una violación
objeto
directa de la Constitución, y directa de la Constitución, y
COMPULSECOPIAS a la Comisión COMPULSECOPIAS a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial para Nacional de Disciplina Judicial para
lo de sucompetencia.3. AMPARE lo de sucompetencia.3. AMPARE
mis derechos fundamentales a la mis derechos fundamentales a la
vida, integridad personal,salud, vida, integridad personal,salud,
mínimo vital, vivienda digna, debido mínimo vital, vivienda digna, debido
proceso, acceso a lajusticia, honra y proceso, acceso a lajusticia, honra y
especial protección como especial protección como
desplazado forzado yvíctima de desplazado forzado yvíctima de
tortura.4. CONDENE tortura.4. CONDENE
solidariamente a todos los solidariamente a todos los
accionados al pago de accionados al pago de
laindemnización integral de 2.400 laindemnización integral de 2.400
SMLMV ($4.202.172.000).5. SMLMV ($4.202.172.000).5.
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Presupuesto Expediente Expediente
Rad 11001-03-15-000-2026-04094- 11001-03-15-000-2026-04092-00
00
Sub judice
ORDENE a la Fiscalía General de la ORDENE a la Fiscalía General de la
Nación y a la ProcuraduríaGeneral Nación y a la ProcuraduríaGeneral
de la Nación las investigaciones de la Nación las investigaciones
penales y disciplinarias aque haya penales y disciplinarias aque haya
lugar.6. COMPULSE COPIAS a la lugar.6. COMPULSE COPIAS a la
Comisión Interamericana de Comisión Interamericana de
Derechos Humanos,a los Relatores Derechos Humanos,a los Relatores
Especiales de la ONU y a los Especiales de la ONU y a los
medios de comunicación. [Sic] medios de comunicación. [Sic]
38. Lo anterior pone de presente que los procesos de tutela identificados con
los radicados 2026-04094-00 y 2026-04092-00 comparten identidad de partes,
de objeto y de causa petendi, respecto de los cuestionamientos realizados por
la parte accionante contra el auto del 6 de mayo del 2026 dictado por la Sección
Cuart del Consejo de Estado. Ello permite afirmar que, sobre el particular, se
configura el primer presupuesto de la temeridad, esto es, la triple identidad.
39. Ahora bien, en cuanto al segundo presupuesto de la temeridad referente
en actuar con mala fe, la Corte Constitucional ha señalado que es necesario
acreditar si la parte actora «ha obrado con mala fe, deslealtad procesal, o si su
actuación infringe el deber de moralidad procesal»6.
40. En contexto, ha sostenido que, en virtud del artículo 83 de la Constitución
Política la buena fe se presume, razón por la cual solo existirá temeridad cuando
sea posible derivar un actuar procesal desleal o esté demostrado que se trata de
una actuación que se ha motivado en la mala fe7.
41. En el caso que nos ocupa, esta Sección no encuentra probada la mala fe
en el actuar de la parte accionante. Ello, comoquiera que, aun cuando se tramita
la misma acción de tutela por dos autoridades judiciales distintas, la causa no
deriva de una doble radicación por parte del señor Bustamante Castelblanco, ni
de su intención de obtener dos pronunciamientos judiciales sobre la misma
causa, sino de un error de radicación proveniente de la Secretaría General de la
corporación.
42. En efecto, se tiene que el tutelante radicó el escrito de tutela a través de
correo electrónico del 27 de mayo de 2026 a distintas direcciones electrónicas,
entre las cuales estuvo la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de
Estado y la Secretaría General de la Corporación.
6
Corte Constitucional, Sentencias SU-713 de 2006 y SU-377 de 2014.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-504 de 2024.
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43. Por su parte, la Sección Primera, en correo electrónico de la misma fecha,
dio traslado del asunto a la Secretaría General, quien repartió el asunto de la
referencia al despacho ponente de esta decisión:
44. De otro lado, del correo recibido directamente por el señor Kevin
Bustamante Castelblanco, la Secretaría General de la Corporación sometió a
reparto la misma tutela, como se aprecia a continuación:
45. Por lo anteriormente expuesto, no se advierte un actuar deliberado de su
parte, encaminado a obtener dos decisiones judiciales frente al mismo litigio. En
consecuencia, no se encuentra configurada la temeridad respecto de las
pretensiones de la litis.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04094-00
2.2. Caso concreto
2.2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
46. El Consejo de Estado8 y la Corte Constitucional9, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales10 y a la configuración de algún
defecto especial11 en el que puede incurrir una autoridad judicial.
47. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.
48. En el caso estudiado, esta Sección considera que la solicitud de amparo
no cumple con todos los requisitos de procedibilidad, como pasa a explicarse.
49. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
50. La Sala advierte que el señor Kevin Bustamante Castelblanco está
legitimado en la causa por activa, en la medida en que funge como accionante
en el proceso de tutela en el que se dictó la decisión objeto de reproche. A su
vez, se evidencia que la Sección Cuarta de la corporación, está legitimada en la
causa por pasiva al haber proferido la providencia controvertida en este proceso.
51. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional12, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
10
A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv)
inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los
hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la
misma naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública
de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
11
Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv)
defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento
del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
12
Sentencia SU-215 de 2022.
11
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Accionante: Kevin Bustamante Castelblanco
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derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
52. Como se expuso previamente, el accionante reprocha la providencia del 6
de mayo de 2026. En tal decisión se remitió la acción de tutela impetrada en
contra de la Policía Nacional a los Juzgados Administrativos de Medellín. Para el
efecto, invocó la configuración de los defectos fáctico y exceso ritual manifiesto,
pues habría dado aplicación estricta a las reglas de reparto sin evaluar los
elementos de juicio que daban cuenta de su condición de vulnerabilidad.
53. Así las cosas, para la Sala resulta evidente que la controversia suscitada
carece de relevancia constitucional en tanto no tiene la entidad de dar alcance o
desarrollo a los derechos fundamentales invocados como vulnerados.
54. En efecto, se tiene que toda la solicitud de amparo se funda en la
inconformidad del actor con el hecho de que el juez constitucional no sea la
Sección Cuarta de la corporación, sino, los Juzgados Administrativos.
55. Tal aspecto, no justifica de manera suficiente la intervención del juez
constitucional, en tanto no se advierte una actuación arbitraria de su parte.
Además, al cotejar los anexos de la demanda, se infiere prima facie que el
accionante no demostró la configuración de un perjuicio irremediable si el
operador judicial no asumía el conocimiento de manera inmediata.
56. Al respecto, se recuerda que «la jurisprudencia ha sido enfática al señalar
que la invocación de los derechos al debido proceso y de administración de
justicia no son elementos suficientes para definir la relevancia constitucional»13.
Por el contrario, es menester da cuenta de elementos fácticos y jurídicos que
demuestren un escenario de vulnerabilidad ante una decisión judicial que hacen
imperante la revisión del juez constitucional.
57. Aunado a ello, el actor tampoco cumplió con la carga argumentativa
mínima exigida para superar el presupuesto en estudio, pues ni siquiera
específico o individualizó los medios de convicción que, a su juicio, fueron
dejados de valorar por la autoridad accionado, la regla de la sana crítica o de la
experiencia que debía aplicarse y su incidencia en la decisión debía adoptarse.
Sin tales elementos, no es posible efectuar un análisis de fondo de la providencia
cuestionada para verificar si incurrió en un defecto fáctico invocado.
13
Corte Constitucional, sentencia T-352 de 2025.
12
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58. Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia por falta de relevancia
constitucional. Se itera que, del debate propuesto por el tutelante no tiene
especial significado para definir el contenido de los derechos fundamentales que
se invocan, tampoco se evidencia que el razonamiento de la accionada sea
manifiestamente arbitrario, ni la carga argumentativa mínima requerida.
2.3. Cuestión final
59. Finalmente, como fue anotado en el acápite 2.1.2. de la presente decisión,
actualmente la Sección Segunda, Subsección A de la corporación, despacho del
magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, tramita la misma acción de tutela bajo el
radicado: 2026-04092-00.
60. En consecuencia, en aras de garantizar los principios de seguridad jurídica
y de cosa juzgada, se ordenará que, por Secretaría General de la Corporación,
se le comunique a la autoridad judicial de la presente decisión y se le remitan
copias del expediente de la referencia, para los fines correspondientes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por el señor Kevin Bustamante Castelblanco en contra de la Sección Cuarta de
la Corporación.
SEGUNDO: ACCEDER a las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Unidad Nacional de
Protección.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Por Secretaría General, COMUNICAR a la Sección Segunda,
Subsección A de la corporación, despacho del magistrado Jorge Iván Duque
Gutiérrez de la presente decisión, y REMITIR copias del expediente de la
referencia, para los fines correspondientes.
QUINTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
13
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Accionante: Kevin Bustamante Castelblanco
Accionado: Sección Cuarta del Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04094-00
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
14
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