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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04094-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04094-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 18 de junio de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-04094-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04094-01
Accionante: Kevin Bustamante Castelblanco
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.

Tema: Tutela contra providencia judicial. Autoridad judicial competente para
conocer de la solicitud de tutela. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Kevin Bustamante
Castelblanco, en nombre propio, en contra de la sentencia del 18 de junio de 2026
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente
la acción por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

ANTECEDENTES

El señor Kevin Bustamante Castelblanco pretende la protección de sus derechos
fundamentales, los cuales considera vulnerados con ocasión del auto del 6 de mayo
de 2026 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se
ordenó remitir la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2026- 03376-00 a
los Juzgados Administrativos de Medellín.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que promovió en contra de las autoridades accionadas una acción de tutela,
acompañada de solicitudes de medidas cautelares inmediatas, con el propósito de
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal,
salud y debido proceso.

Señaló que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto del 6 de mayo
de 2026, aplicó las reglas de reparto previstas en el ordenamiento jurídico; se
abstuvo de asumir el conocimiento de la solicitud de amparo y con esa actuación
eludió la protección de un ciudadano que requiere especial protección
constitucional.

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Afirmó que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, por cuanto
ostenta la condición de desplazado, víctima de tortura y «fuente confidencial
internacional»

Que la decisión cuestionada desconoció el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
disposición que, según sostuvo, establece la competencia a prevención y le permite
presentar la solicitud de amparo ante el juez de su elección.

Que la providencia incurrió en exceso ritual manifiesto y defecto fáctico, por cuanto
aplicó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021 en contravía de sus derechos
fundamentales a la vida, la integridad personal, el acceso a la administración de
justicia y la protección especial derivada de su condición de desplazado.

Citó la Sentencia T-661 de 2013 de la Corte Constitucional para respaldar su
posición contraria a que los jueces se declaren incompetentes para conocer de una
acción de tutela con fundamento en reglas de reparto.

PRETENSIONES

Solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados; se deje sin efectos
el auto proferido el 6 de mayo de 2026 por la Sección Cuarta del consejo de Estado;
y, en consecuencia, se le ordene a «dicha Consejera, o al juez que corresponda,
que ASUMA EL CONOCIMIENTO INMEDIATO de la acción de tutela y decrete las
medidas cautelares solicitadas.»

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 29 de mayo de 2026, se admitió la tutela; negó la solicitud de medida provisional1;
vinculó a la Unidad Nacional de Protección, a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, la Procuraduría General de la Nación y el Hospital San Vicente Ferrer
E.S.E como terceros con interés; y ordenó notificar a la autoridad judicial y a los
vinculados.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

La Sección Cuarta del Consejo de Estado no intervino.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Unidad Nacional de Protección pidió que se declarara su falta de legitimación
en la causa por pasiva y se dispusiera su desvinculación, debido a que los reproches
planteados por el accionante se dirigían contra una providencia judicial proferida por
la autoridad de esa índole.

1 “el despacho encuentra que no hay lugar a decretar la medida provisional deprecada, pues además de que

corresponde al fondo del asunto determinar la razonabilidad de la orden de embargo, no se acreditó el
perjuicio irremediable que fundamenta la solicitud.”

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La Procuraduría General de la Nación solicitó su desvinculación del trámite al
considerar que no tenía legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no participó
en los hechos cuestionados por el accionante ni adoptó las decisiones objeto de
censura constitucional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió su desvinculación al sostener que
carecía de competencia frente a las pretensiones formuladas en la demanda y que
no había desplegado actuación alguna relacionada con los hechos que dieron
origen a la acción de tutela

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses solicitó igualmente
su desvinculación del proceso, al afirmar que no era responsable de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

No se presentaron más intervenciones.

SENTENCIA IMPUGNADA

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 11 de junio de
2026, declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que no se superó el
requisito de relevancia constitucional.

Como cuestión previa, examinó la posible configuración de temeridad y advirtió que
lo expedientes identificados con los radicados 2026-04094-00 y 2026-04092-00
compartían identidad de partes, objeto y causa petendi. No obstante, concluyó que
no se acreditó mala fe por parte del accionante, pues la coexistencia de trámites
obedeció a un error de radicación atribuible a la Secretaría General de la
Corporación.

Estudió los cuestionamientos formulados contra el auto del 6 de mayo de 2026
proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que resolvió remitir una
acción de tutela a los Juzgados Administrativos de Medellín y determinó que la
controversia planteada carecía de relevancia constitucional pues «toda la solicitud
de amparo se funda en la inconformidad del actor con el hecho de que el juez
constitucional no sea la Sección Cuarta de la corporación, sino, los Juzgados
Administrativos».

Indicó que ese aspecto «no justifica de manera suficiente la intervención del juez
constitucional, en tanto no se advierte una actuación arbitraria de su parte» y añadió
que, al revisar los anexos de la demanda, se infería prima facie que el accionante
no había demostrado la configuración de un perjuicio irremediable derivado de la
decisión de remitir el conocimiento del asunto a los Juzgados Administrativos de
Medellín.

Señaló que el accionante no cumplió con la carga argumentativa mínima exigida
para estructurar los defectos invocados, puesto que no especificó ni individualizó
los medios de convicción presuntamente omitidos.

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IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia, al considerar que incurrió en defecto fáctico en su
dimensión negativa y exceso ritual manifiesto, pues, a su juicio, omitió valorar los
hechos y pruebas que acreditan su condición de desplazado forzado, habitante de
calle y víctima de tortura.

Afirma que la providencia desconoció el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, por no tener en cuenta su situación de vulnerabilidad ni
las consecuencias derivadas de la remisión de la acción de tutela a los Juzgados
Administrativos de Medellín. Que esa actuación constituye una dilación que pone
en riesgo su vida y la conservación de elementos probatorios relevantes.

Que desconoció la jurisprudencia constitucional que exige flexibilizar las reglas
procesales en favor de las personas desplazadas y de los sujetos de especial
protección constitucional e ignoró precedentes relacionados con la competencia
territorial en casos de desplazamiento forzado, la flexibilización de las cargas
probatorias y el deber de los jueces de recaudar pruebas de oficio cuando se alegan
graves vulneraciones de derechos fundamentales.

Reiteró que la remisión de la acción de tutela desconoce el principio de competencia
a prevención y vulnera disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, por cuanto, en su criterio, incorporan barreras formales que
restringen el acceso efectivo a la justicia y a la protección judicial.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales; III) análisis del caso concreto

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos

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fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido
posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que
haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. [...]

2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.

3 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»4

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una
argumentación cualificada5.

[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite
la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

La Sala comparte lo decidido por la primera instancia en el sentido de que no se
encuentra satisfecho el requisito de relevancia constitucional, como pasa a
explicarse:

La Corte Constitucional7 en su jurisprudencia ha establecido que dicho requisito se
encuentra satisfecho cuando: i) el asunto tiene la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) la controversia no se limita a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y iii)
se justifica razonablemente la existencia de una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales.

4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

5 Sentencia SU-074 de 2022.

6 Sentencia SU-072 de 2018.

7 Corte Constitucional, SU-215 de 2022.

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Igualmente, el máximo tribunal constitucional8 ha sostenido que dicha exigencia
tiene como finalidades mantener la independencia y autonomía judicial; evitar que
la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional y restringir el ejercicio de
la acción de tutela a debates relacionados con derechos fundamentales

La Sala observa que la controversia planteada se circunscribe a la interpretación y
aplicación de las reglas de reparto en materia de tutela, así como la inconformidad
del accionante con la autoridad judicial llamada a conocer de la solicitud de amparo
que promovió contra la Policía Nacional y otras entidades.

En efecto, la providencia cuestionada no negó el acceso a la administración de
justicia, no rechazó la acción de tutela promovida por el actor ni impidió su trámite,
pues se limitó a disponer la remisión de la actuación al funcionario judicial que
consideró competente conforme a las reglas de reparto vigentes. Por lo anterior, no
se advierte que la decisión hubiera privado al actor de un mecanismo de defensa
judicial o hubiera cerrado la posibilidad de obtener un pronunciamiento respecto de
las pretensiones formuladas en aquella.

Aunque el impugnante afirmó que la remisión del expediente puso en riesgo su vida,
su integridad y la preservación de elementos probatorios, tales afirmaciones no
permiten establecer, por sí mismas, que la decisión adoptada por la autoridad
accionada constituya una actuación arbitraria o caprichosa de entidad suficiente
para habilitar la intervención del juez de tutela.

Tampoco se observa que el actor hubiera satisfecho la carga argumentativa mínima
exigida para sustentar los defectos específicos que invoca. En efecto, la sentencia
impugnada destacó que el accionante no individualizó los medios probatorios
presuntamente omitidos, no explicó la incidencia concreta de esos elementos en la
decisión reprochada y tampoco demostró de qué manera la valoración de tales
pruebas habría conducido necesariamente a una conclusión distinta respecto de la
aplicación de las reglas de reparto.

Por otra parte, no entiende la Sala la inconformidad del actor con que se hubiera
analizado la posible existencia de una temeridad, cuando quedó establecido que
dicha situación obedeció a un error de radicación atribuible a la Secretaría General
de la Corporación y no se le atribuyó al actor.

La Sala concluye que la acción de tutela, tal como lo determinó la primera instancia,
no supera el requisito de relevancia constitucional. En consecuencia, se confirmará
la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

8 Sentencia T-352 de 2025.

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FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 18 de junio de 2026 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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