Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04098-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04098-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04098-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04098-00
Accionante: SAÚL MANUEL CALDERÓN LLINÁS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: INMEDIATEZ: No se cumple porque la demanda de tutela se presentó después de
cumplido el término considerado como razonable para cuestionar una providencia judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la acción de tutela instaurada por el señor
Saúl Manuel Calderón Llinás, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86
de la Constitución Política, en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 28 de mayo de 20262, por conducto de apoderada, el señor Saúl Manuel
Calderón Llinás presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Sala
1.° Especial de Decisión del Consejo de Estado y la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a los derechos adquiridos y a los
derechos laborales.
1 Que ingresó para fallo el 25 de junio de 2026.
2 Se advierte que la demanda fue inicialmente interpuesta ante la Corte Constitucional (ver archivo
“010ED_01CorreoRadicacion”, pág. 3, en el expediente de Samai). Sin embargo, a través de auto
del 26 de mayo de 2026, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera remitió la acción de tutela
al Consejo de Estado para lo de su competencia (ver archivo “004ED_04Auto_TD_627_Contra”, en
el expediente de Samai). Dicha remisión se fundamentó en el numeral 7.° del artículo 1.° del Decreto
333 de 2021, según el cual “las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma
Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de
conformidad con el reglamento”.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04098-00
Accionante: Saúl Manuel Calderón Llinás
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Hechos relevantes
2. La Sala estima pertinente realizar la siguiente aclaración. Toda vez que la relación
fáctica en los múltiples escritos presentados por el accionante resultaba oscura3, la
Sala expondrá los hechos relevantes a partir de lo reconstruido de los expedientes
núm. 08001-23-31-000-1996-01089-00/01, 11001-03-15-000-2004-00792-00 y
11001-03-15-000-2017-01378-00/01.
i). Hechos relativos al proceso radicado núm. 08001-23-31-000-1996-01089-
00/01
3. El 4 de enero de 1994, el señor Saúl Manuel Calderón Llinás fue nombrado en el
empleo de Profesional Administrativo Código 430 en la Unidad de Legalización del
Instituto Departamental de Transportes y Tránsito del Atlántico.
4. El 28 de febrero de 1996, mediante el Acuerdo 001 de 1996, el Instituto
Departamental de Transportes y Tránsito del Atlántico suprimió el empleo
Profesional Universitario Código 430 que venía desempeñando el señor Saúl
Manuel Calderón Llinás4.
5. Con ocasión del anterior acto, el señor Saúl Manuel Calderón Llinás, por conducto
de apoderado, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra del Instituto Departamental de Transportes y Tránsito del Atlántico, en la cual
solicitó la nulidad del acto que le comunicó la supresión del empleo Profesional
Universitario Código 4305.
6. Mediante sentencia del 22 de marzo de 2001, el Tribunal Administrativo del
Atlántico negó las pretensiones de la demanda. La decisión se fundamentó que, a
juicio del Tribunal, el acto demandado no se trataba de un acto administrativo. De
acuerdo con este, la comunicación mediante la que se le comunicó la supresión del
cargo es meramente una actuación material, pero no el acto administrativo mismo6.
7. Adicionalmente, el Tribunal Administrativo del Atlántico indicó que, en caso de
que las demandas cuestionen actos administrativos, es necesario que el
demandante relacione las normas violadas y el concepto de la vulneración. Sin
embargo, afirma que el señor no identificó de manera clara cuáles fueron los
artículos o normas vulneradas. Finalmente, el Tribunal observó que, ante la
comunicación de la supresión del cargo, el señor optó por la indemnización y no por
3 Debido a que el demandante presentó múltiples escritos con hechos y pretensiones diferentes, no
era posible identificar con claridad la demanda objeto del proceso ni las autoridades accionadas, las
providencias cuestionadas o las pretensiones formuladas. Por ello, el despacho sustanciador lo
requirió para que precisara esos aspectos (ver índice 8 de Samai). En respuesta, el accionante
presentó un memorial con varios documentos y aclaró los asuntos de su inconformidad. Con base
en esa información y en la consulta del sistema Samai, el despacho admitió la acción de tutela y
delimitó su objeto a las sentencias proferidas en los procesos relacionados (Ver índice 10 de Samai).
4 Ibid.
5 Ibid. pág. 1-2.
6 Ibid. pág. 3-4.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04098-00
Accionante: Saúl Manuel Calderón Llinás
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
la reincorporación en otro cargo de carrera. Por ese motivo, consideró que el
demandante no podía retractarse de esa decisión y solicitar por vía judicial la
reincorporación7.
8. La decisión de segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento de
derecho correspondió a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado. Mediante providencia del 23 de mayo de 2002, esta autoridad judicial
confirmó la sentencia de primera instancia. Entre otras razones, la Subsección
argumentó que no hubo desviación de las atribuciones propias de la coordinadora
de recursos humanos, quien comunicó la supresión del cargo al demandado. En
efecto, el oficio suscrito por ella no contiene la voluntad de la administración para
retirarlo del cargo, la cual está contenida en realidad en el Acuerdo 001 del 28 de
febrero de 1996. Por otro lado, esta Sala también argumentó que dicho acto
administrativo sí estuvo motivado en la necesidad de realizar ajustes a la planta de
personal, según la necesidad del servicio en varias unidades y en el recorte
presupuestal dispuesto en el Decreto 126 de 19968.
ii). Hechos relativos al proceso radicado núm. 11001-03-15-000-2004-00792-00
9. Frente a la sentencia del 23 de mayo de 2002 proferida por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, la parte actora interpuso recurso
extraordinario de revisión. La parte demandante solicitó la revisión por la causal del
numeral 8.° del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo. Entre otras
razones, afirmó que el juez administrativo desconoció y omitió la apreciación de
pruebas, entre las que relaciona los “documentos aportados en la demanda, en la
adición de la demanda y demás allegados al proceso”9, así como una inspección
judicial realizada. Por otra parte, también consideró que sí hubo una desviación de
las atribuciones de la coordinadora de recursos humanos.
10. Mediante sentencia del 6 de diciembre de 2016, la Sala N.° 1 Especial de
Decisión del Consejo de Estado declaró infundado el recurso interpuesto por la parte
actora10. La Sala analizó los presupuestos de la causal alegada en la demanda
(causal 8.° del artículo 188 del derogado Código Contencioso Administrativo). Sobre
este punto, indicó que la procedencia de este recurso involucra (i) que existan dos
sentencias contrarias (ii) que la sentencia contraria haya hecho tránsito a cosa
juzgada y se trate de una controversia con las mismas partes y objeto, y (iii) que en
el proceso ordinario no se haya propuesto la excepción de cosa juzgada y haya sido
rechazada11. Por su parte, la Sala afirmó que la parte actora no identificó la
existencia de otra providencia con efectos de cosa juzgada entre las mismas partes.
Por lo anterior, a juicio de la Sala, la parte actora intentó reabrir un debate que ya
había sido tratado en el proceso de nulidad y restablecimiento de derecho.
7 Ibid.
8 Ibid. pág. 4-16.
9 Ver expediente 11001-03-15-000-2004-00792-00, archivo “DECLARAR INFUNDADO”, pág. 5.
10 Ver expediente 11001-03-15-000-2004-00792-00, índice 33 de Samai.
11 Ver expediente 11001-03-15-000-2004-00792-00, documento “DECLARAR INFUNDADO”, pág.
12.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04098-00
Accionante: Saúl Manuel Calderón Llinás
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
iii). Hechos relativos al proceso radicado núm. 11001-03-15-000-2017-01378-
00/01
11. Respecto a la anterior decisión, el señor Saúl Manuel Calderón Llinás, mediante
apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra la Sala 1.° de decisión del
Consejo de Estado12. En su escrito, la parte accionante solicitó el amparo a los
derechos al debido proceso, a los derechos adquiridos y al debido proceso, que, en
su opinión, fueron vulnerados por la sentencia del 6 de diciembre de 2016.
12. El conocimiento de la acción de tutela correspondió a la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, el cual, mediante sentencia del 13 de julio
de 201713, declaró improcedente la solicitud por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional. De acuerdo con esta Subsección, el debate planteado en la tutela
era netamente legal, pues pretendía que se estudiaran nuevamente los supuestos
fácticos y jurídicos que ya habían sido planteados en el proceso de nulidad y
restablecimiento de derecho.
13. Por otra parte, la Corporación indicó que el demandante no argumentó que la
sentencia del 6 de diciembre de 2016 hubiera hecho una indebida interpretación de
la causal alegada en el recurso extraordinario de revisión. Finalmente, la
Subsección argumentó que no se evidenciaba una vulneración de deberes y
derechos fundamentales. Al respecto, sostuvo que la discrepancia con la decisión o
el hecho de que aquella fuera contraria a los intereses del demandante no involucra
necesariamente una afectación a derechos fundamentales.
14. Frente a esta decisión, la parte actora interpuso impugnación. Mediante
sentencia del 10 de mayo de 2018, la Sección Cuarta de esta Corporación dispuso
confirmar el fallo del 13 de julio de 2017 dentro del proceso de tutela. En
consideración de la Sección, el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
adicional del proceso ordinario, ni resolver asuntos de la litis que ya fueron
analizados en este. Ahora bien, señaló que el accionante presentó argumentos
semejantes en el recurso extraordinario de revisión y en la solicitud de amparo
constitucional. Lo anterior, según la Sección, evidenciaba que el señor buscaba
provocar un nuevo pronunciamiento. En efecto, sostuvo que el objetivo de la acción
era debatir la legalidad del acto que suprimió el cargo que ocupaba.
15. Por medio de la Secretaría General de esta Corporación, el fallo fue notificado
el 15 de mayo de 2018 a las partes e intervinientes14.
16. El 1.° de junio de 2018, La Secretaría General del Consejo de Estado remitió el
expediente a la Corte Constitucional15.
12 Ver expediente 11001-03-15-000-2017-01378-00, índice 4, pág. 1-83.
13 Ver expediente 11001-03-15-000-2017-01378-00, índice 14.
14 Ver expediente 11001-03-15-000-2017-01378-01, índice 9 de Samai.
15 Ver expediente 11001-03-15-000-2017-01378-01, índice 11 de Samai.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04098-00
Accionante: Saúl Manuel Calderón Llinás
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Pretensiones
17. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe con posibles errores):
“SOLICITO REVOCAR LA SENTENCIA DE PRIMERA Y SEGUNDA
INSTANCIA Sección Segunda Subsección B de la Corporación mediante el
cual se confirma Fallo dictada por Tribunal Administrativo del Atlántico el 2 de
Marzo del 2001, cuando se niega el Derecho y en la cual desconoce EL DEBIDO
PROCESOI, EL ACCESO A LA JUSTICIA A LOS DERECHOS ADQUIRIDOS
Y LOS DERECHOS LABORALES.
Señores MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL le solicito el
Reconocimiento de la DEMANDA contra EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO en las Peticiones de las
Declaraciones y Condenas
(…) A Reconocer y pagar la Demanda que representa Sus Derechos y Todas
las Sumas de Dinero correspondiente a los Sueldos , Primas Bonificaciones,
Vacaciones y demás emolumentos, dejados de percibir inherentes a mi cargo,
con la efectividad a la fecha que se suprimió el cargo hasta cuando se reintegre
el servicio incluyendo el valor de los aumentos.
CONCEDER LA IMPUGNACION DE LA ACCION DE TUTELA, Debido a que la
Sala Primera Especial de Decisión viola y no protege los DERECHOS
FUNDAMENTALES CONSTITUCIONALES, AL DEBIDO PROCESO Y A LOS
DERECHOS ADQUIRIDOS Y DERECHOS LABORALES.
ES REVOCAR LA SENTENCIA del 6 de Diciembre del 2016 Que Resuelve el
Recurso Extraordinario de Revisión
REVOCAR EL FALLO DE LA ACCION DE TUTELA CONCEDER LAS
PETICIONES CONTENIDAS en la ACCION DE TUTELA”16.
Fundamentos de la demanda de tutela
18. Como fundamentos de la demanda, en el archivo
“048RECIBEMEMORIAL_Memorial_ESCRITODIRIGIDOALCNS” presentado a
través de memorial17, el accionante sostuvo que el fallo de tutela no fue remitido a
la Corte Constitucional para efectos de su revisión. Adicionalmente, la apoderada
manifiesta que el señor Saúl Manuel Calderón Llinás era un buen funcionario y un
“buen ejemplo del trabajo”18. Igualmente, informó lo siguiente: “Me permito Informar
que en la Demanda Administrativa, no constituyo los Derechos Laborales del
Demandante que son originales, por lo tanto se considero violado es para el trabajo
que realizo. Y es por eso se presenta UNA ACCION DE TUTELA LEGAL ORIGINAL
(sic)”.
19. Por su parte, en otros archivos anexos en la solicitud de amparo 19, la parte
actora manifiesta que el actor sí tenía la posibilidad de solicitar el reintegro por vía
judicial, toda vez que la causa de su desvinculación “(…) la origino la Entidad
16 Ver archivo “048RECIBEMEMORIAL_Memorial_ESCRITODIRIGIDOALCNS”, pág. 2.
17 Ver índice 9 de Samai.
18 Ver archivo “048RECIBEMEMORIAL_Memorial_ESCRITODIRIGIDOALCNS”, pág. 6.
19 Ver archivo “015ED_ACCIONDETUTELADE3SAU” en el expediente de Samai.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04098-00
Accionante: Saúl Manuel Calderón Llinás
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Demandada, no por causales del actor (…)”20. También argumentó que no hubo
razones para la desvinculación, por lo que el acto tenía una falsa motivación. Afirma
que la verdadera causa para la desvinculación era “(…) ubicar nuevos puestos de
personas en el cargo que desempeñaba el demandante colocando un nuevo
nombre de la dependencia y eran las mismas funciones (…)”21.
Trámite en primera instancia
20. El conocimiento del asunto correspondió inicialmente a la Corte Constitucional,
la cual, por medio de auto del 26 de mayo de 2026, ordenó remitir el expediente al
Consejo de Estado para lo de su competencia22. Dicha Corporación realizó esta
remisión en aplicación del numeral 7.° del artículo 1.° del Decreto 333 de 2021.
21. Una vez, fue enviado a la Corporación, fue asignado al despacho sustanciador
que, mediante auto del 29 de mayo de 202623, dispuso inadmitir la demanda
presentada por el señor Saúl Manuel Calderón Llinás. A juicio del despacho, el
escrito de tutela carecía de claridad y organización en la exposición del caso. En
efecto, consideró que no se identificaba con precisión el escrito principal de tutela
entre varios documentos similares —uno incluso con control de cambios— ni se
explicaban adecuadamente los hechos que sustentaban la presunta vulneración de
derechos. Por este motivo, el Despacho dispuso requerir al accionante para que
subsanara la solicitud de tutela.
22. El 6 de junio de 202624, la apoderada del actor atendió el requerimiento mediante
correo electrónico, en el que indicó: “ENVIO PODER DEL DR: SAUL CALDERÓN
LLINÁS (…) Y CONTINUAN LA PRESENTACION DE LA DEMANDA DE LA
ACCION DE TUTELA…”25, y adjuntó diez documentos. Entre ellos, remitió un
escrito dirigido al despacho en el que precisó los hechos objetos de inconformidad26.
23. Mediante auto del 11 de junio de 202627, el despacho sustanciador delimitó el
asunto objeto de la acción constitucional a las sentencias del 22 de marzo de 2001
y 23 de mayo de 2002, proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado núm. 08001-23-31-000-1996-01089-00/01; la sentencia del 6
de diciembre de 2016, dictada en el marco del recurso extraordinario de revisión
radicado núm. 11001-03-15-000-2004-00792-00; y las sentencias del 13 de julio de
2017 y 10 de mayo de 2018, proferidas dentro del proceso de tutela radicado núm.
11001-03-15-000-2017-01378-00/01. Así mismo, el Despacho admitió la acción de
tutela en contra de las autoridades que profirieron dichas providencias y ordenó
20 Ibid. pág. 12.
21 Ibid. pág. 11.
22 Ver archivo “004ED_04Auto_TD_627_Contra” en el expediente de Samai.
23 Ver índice 4 de Samai.
24 Ver índice 8 de Samai.
25 Ver archivo “049RECIBEMEMORIAL_Memorial_MEMORIALESNUEVOSSECG” en el expediente
de Samai, pág. 1.
26 Ver archivo “048RECIBEMEMORIAL_Memorial_ESCRITODIRIGIDOALCNS” en el expediente de
Samai.
27 Ver índice 10 de Samai.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04098-00
Accionante: Saúl Manuel Calderón Llinás
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
vincular al Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Atlántico y demás
intervinientes en aquellos procesos28.
Intervenciones
24. El Tribunal Administrativo del Atlántico remitió el expediente del proceso de
nulidad y restablecimiento de derecho con radicado núm. 08001-23-31-000-1996-
01089-00/0129.
25. La consejera Elizabeth Becerra Cornejo de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado remitió memorial30 en el que se pronuncia sobre
la demanda de la referencia. En el escrito, la magistrada indica que la acción de
tutela tiene por objeto principalmente la decisión del 23 de mayo de 2002, proferida
en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho. En ese orden,
indica, no se cuestiona la decisión de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Adicionalmente, afirma que la demanda presentada no cumple
el requisito de la inmediatez, toda vez que se interpuso aproximadamente 20 años
después de las decisiones adoptadas en el proceso de nulidad y restablecimiento
de derecho.
26. Por otra parte, de acuerdo con la consejera, la demanda no cumple los requisitos
estrictos de una tutela contra tutela. Al respecto, llamó la atención sobre la Sentencia
SU-627 de 2017, en la cual la Corte Constitucional establece unas condiciones
excepcionalísimas en las cuales estas demandas podrían ser procedentes, las
cuales no se cumplen en el presente caso.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
27. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201931.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
28. La Subsección debe establecer si la acción de tutela de la referencia satisface
los requisitos formales de procedibilidad. En ese sentido, esta Sala debe verificar si
la demanda de amparo de derechos fundamentales se ejerció en un tiempo
razonable, toda vez que las providencias contra las que se dirige la presente acción
28 El 2 de julio de 2026, la parte accionante presentó memorial en el que remite anexa varios
documentos (ver índice 27 de Samai).
29 Ver índices 22 y 24 de Samai.
30 Ver índice 23 de Samai.
31 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04098-00
Accionante: Saúl Manuel Calderón Llinás
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
se decidieron en los años 2001, 2002, 2016, 2017 y 2018. Si se concluye que no se
cumple el requisito de inmediatez, la Sala se abstendrá de estudiar los demás
requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, así como las exigencias excepcionalísimas aplicables cuando la acción
se dirige contra decisiones adoptadas en un trámite de tutela.
29. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Subsección adoptará la
siguiente ruta de análisis: (i) se reseñarán los elementos del requisito de inmediatez
y (ii) se aplicarán dichos requisitos al caso concreto.
Del requisito de la inmediatez
30. La Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela carece de un
plazo de caducidad para su interposición. Sin embargo, debe formularse en un
tiempo razonable. Para ello, ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: (i) la situación personal del peticionario, (ii) el momento en el que se
produce la vulneración, (iii) la naturaleza de la misma, (iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y (v) los efectos de la tutela32.
31. Dicho requisito puede llegar a flexibilizarse siempre y cuando se acredite que (i)
existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) la inactividad
injustificada podría causar lesión a derechos fundamentales de terceros y (iii) existe
un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados33.
32. Aunque el tribunal constitucional considera que la acción de tutela no está sujeta
a un término de caducidad, señala que su interposición debe realizarse dentro de
un plazo razonable y proporcional, el cual se cuenta desde el hecho que origina la
presunta vulneración de derecho fundamental. Tratándose de providencias
judiciales, dicho término se computa desde el momento en que la decisión es
notificada y en consecuencia es de conocimiento por las partes.
33. En esa línea, en la sentencia SU-108 de 201834, la Corte Constitucional
estableció que al juez constitucional le corresponde evaluar las circunstancias
particulares de cada caso en concreto para determinar si la demora en la
interposición de la acción se encuentra justificada:
“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser,
por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la
incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término
razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que
hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir,
su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos
32 Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
33 Ver Sentencia T-546 de 2014
34 M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Accionante: Saúl Manuel Calderón Llinás
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de
la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o
caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza
o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una
protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta
en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente
autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’.” (Subrayas
fuera del texto original)
34. En ese sentido, el juez constitucional puede considerar procedente la acción de
tutela incluso si hubo inactividad por parte del accionante siempre que existan
razones válidas que justifiquen la demora. Por tanto, no basta con que haya
transcurrido un tiempo considerable desde la ocurrencia del hecho, sino que debe
evaluarse si dicha tardanza se debió a circunstancias razonables que explican la
falta de acción oportuna.
Estudio del requisito en el caso en concreto:
35. El señor Saúl Manuel Calderón Llinás solicita la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a los
derechos adquiridos y a los derechos laborales. De acuerdo con la demanda, estos
presuntamente fueron vulnerados con ocasión de: (i) las sentencias del 22 de marzo
de 2001 y 23 de mayo de 2002, proferidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado núm. 08001-23-31-000-1996-01089-00/01;
(ii) la sentencia del 6 de diciembre de 2016, dictada en el marco del recurso
extraordinario de revisión radicado núm. 11001-03-15-000-2004-00792-00; y (iii) las
sentencias del 13 de julio de 2017 y 10 de mayo de 2018, proferidas dentro del
proceso de tutela radicado núm. 11001-03-15-000-2017-01378-00/01.
36. Pues bien, la decisión de segunda instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento de derecho radicado núm. 08001-23-31-000-1996-01089-00/01
fue notificada por edicto fijado el 11 de octubre y desfijado el 16 de diciembre de
200235. Por su parte, la sentencia del proceso del recurso extraordinario de revisión
radicado núm. 11001-03-15-000-2004-00792-00 fue notificada el 11 de enero de
201736, mientras que la providencia de segunda instancia en el proceso de tutela
radicado núm. 11001-03-15-000-2017-01378-00/01 fue notificada el 15 de mayo de
201837.
37. Con base en esta información, la Sala encuentra que transcurrieron lapsos
ampliamente superiores a un término razonable para acudir a la acción de tutela.
En efecto, desde la notificación de la decisión de segunda instancia del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho han pasado más de dos décadas; desde la
35 Ver expediente 11001-03-15-000-2004-00792-00, archivo “DECLARAR INFUNDADO”, pág. 9.
36 Ver expediente 11001-03-15-000-2004-00792-00, índices 33 y 34 de Samai.
37 Ver expediente 11001-03-15-000-2017-01378-01, índice 9 de Samai.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04098-00
Accionante: Saúl Manuel Calderón Llinás
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
sentencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión han transcurrido más de
nueve años; y desde la decisión que puso fin al anterior proceso de tutela han
pasado más de ocho años. Por tanto, la acción de amparo fue promovida de manera
tardía, salvo que el accionante acreditara una razón válida que justificara su
inactividad, lo cual no ocurrió.
38. En primer lugar, se advierte que el accionante no explicó las razones del retraso
en la interposición de la acción de tutela ni justificó su imposibilidad material o
jurídica para acudir oportunamente a este mecanismo. Durante ese lapso, el actor
guardó silencio procesal y no acreditó la existencia de un hecho sobreviniente, una
situación de fuerza mayor o una circunstancia imprevista que le hubiese impedido
ejercer su derecho de defensa en un término razonable.
39. En segundo lugar, no obra en el expediente prueba que permita concluir que el
señor Saúl Manuel Calderón Llinás se encuentra en una condición de vulnerabilidad
o debilidad manifiesta que justifique flexibilizar el requisito de inmediatez. En
particular, no se acreditó una enfermedad, limitación física, afectación mental o
situación económica extrema que comprometiera su mínimo vital o hiciera
desproporcionado exigirle acudir oportunamente a la acción de tutela. Por el
contrario, del expediente se observa que el actor ha promovido distintos
mecanismos judiciales, incluso mediante apoderado judicial, por lo que no existen
elementos suficientes para aplicar un trato preferente o atenuado frente a la
exigencia temporal establecida por la jurisprudencia constitucional.
40. Finalmente, el actor no demostró la configuración de un perjuicio irremediable
que justificara la intervención urgente del juez de tutela pese al transcurso del
tiempo. No se acreditó la existencia de un daño actual, inminente y grave que
amenazaba con tornarse irreparable si no se adoptaba una medida inmediata.
Tampoco se probó que la negativa de amparo pudiera comprometer bienes jurídicos
superiores como la vida, la integridad personal o el sustento mínimo. La eventual
afectación alegada –derivada de la supresión del empleo que venía
desempeñando– ya fue examinada en el proceso de nulidad y restablecimiento de
derecho. Adicionalmente, el accionante presentó un recurso extraordinario de
revisión, así como una demanda de amparo constitucional frente a la decisión
tomada en el marco de este proceso. En este contexto, la prolongada inactividad
del demandante y la ausencia de circunstancias excepcionales obligan a considerar
superado el plazo razonable para acudir a la acción de tutela.
41. En todo caso, en la demanda, el accionante solicitó el amparo debido a la
presunta omisión de enviar a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, la
providencia de tutela proferida dentro del proceso 11001-03-15-000-2017-01378-
00/01. Frente a ello, la Sala advierte que dicha remisión se realizó el 1° de junio de
201838 y que al trámite correspondiente se le asignó el radicado núm. T-6.809.178.
Por lo anterior, la Sala no encuentra que el alegato de la parte actora tenga
fundamento fáctico, de modo que dicha afirmación carece de la aptitud suficiente
38 Ver expediente 11001-03-15-000-2017-01378-01, índice 11 de Samai.
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04098-00
Accionante: Saúl Manuel Calderón Llinás
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
para desvirtuar la conclusión de que la acción de tutela se presentó fuera del plazo
razonable para ello.
42. De conformidad con lo anterior, la Sala declarará improcedente la presente
acción de tutela, en la medida en que no se cumple el requisito de inmediatez. En
efecto, el actor interpuso la presente acción después de más de ocho años desde
la notificación de la última decisión. Además, no explicó las razones del retraso, no
acreditó una situación de vulnerabilidad, debilidad manifiesta o un posible perjuicio
irremediable que justificara conocer de fondo la presente demanda. Esta conclusión
hace innecesario abordar los demás requisitos generales y específicos de
procedencia de la tutela contra providencia judicial, así como las exigencias
excepcionales de procedibilidad cuando la acción se dirige contra decisiones
adoptadas en un trámite de tutela, pues la falta de inmediatez basta para declarar
la improcedencia de la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda de tutela presentada por el
señor Saúl Manuel Calderón Llinás contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Sala 1.° Especial
de Decisión del Consejo de Estado y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de
acuerdo con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
11
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