Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04109-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04109-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04109-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04109-00
Accionante: Germán López Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A.
Tema: Derechos al debido proceso, igualdad y buen nombre, entre
otros. Solicitud de inaplicar sanción. DECLARA
IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Germán López Guerrero,
en nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A.
ANTECEDENTES
El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al buen nombre, a la honra y al mínimo vital que considera
vulnerados con la providencia del 30 de enero de 2026, proferida dentro de la acción
de cumplimiento con radicado 25000-23-41-000-2016-00601-00/04.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que en el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2015 y el 16 de enero
de 2019 fue nombrado director de Sanidad del Ejército Nacional y el 17 de enero de
2019 lo trasladaron al Comando de la Sexta División.
Que durante su gestión se «encontraron SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
(684) Incidentes de Desacato (sic), en estado de SANCIÓN en mi contra, en los
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diferentes despachos judiciales a nivel Nacional» y «CUATROCIENTOS
DIECISIETE (417) COBROS COACTIVOS adelantados en mi contra».
Que el 27 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A negó las pretensiones de la tutela que elevó el señor Franklin
Fernando Cifuentes. El 16 de junio de 2016, el Consejo de Estado, Sección Quinta
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, amparó el derecho reclamado.
Que al revisar la página de consulta de procesos de la Rama Judicial encuentra que
en el proceso 25000-23-41-000-2016-00601-00 tiene las siguientes sanciones i) del
7 de marzo de 2017, confirmada por el Consejo de Estado el 20 de abril de 2017; ii)
29 de junio de 2017; iii) 14 de septiembre de 2017; y, iv) 18 de mayo de 2018,
confirmada por el Consejo de Estado el 26 de julio de 2018. Señaló las actuaciones
que ha adelantado para dar cumplimiento al fallo de tutela.
Que el 30 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A negó la solicitud de inaplicar las sanciones antes citadas.
Considera que el Tribunal incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente
por inadvertir sentencias de la Corte Constitucional 1, Corte Suprema de Justicia 2 y
Consejo de Estado 3 que tratan sobre la inaplicación de las sanciones judiciales,
impuestas dentro del incidente de desacato, cuando se evidencia el cumplimiento
de la orden dada del fallo de tutela.
Que las sanciones impuestas no afectan directamente las finanzas de la Entidad,
sino su propio pecunio, «carga que financieramente muchas veces es difícil de
solventar, porque desborda mi capacidad económica, cuando como en mi caso, no
me encuentro ocupando el cargo que me fue confiado, como Director (sic) de
Sanidad, para la época comprendida entre diciembre de 2015 a diciembre 2018».
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la providencia
del 30 de enero de 2026, proferida dentro de la acción de cumplimiento con radicado
25000-23-41-000-2016-00601-00/04; y, en consecuencia, se ordene a la autoridad
judicial accionada proferir una nueva decisión, donde resuelva nuevamente sobre
la solicitud de levantamiento de las sanciones conforme a la Sentencia SU-034 de
2018 de la Corte Constitucional.
1 Sentencias T171 de 2009, T-00213-2012, T-01763/12, Auto 202/13, T-695/14, T-00292/14, T-2616/15,
T00096-15, T 01621/15, T00106/16, SU 424/16, T3301/16, T00095/17, T157/17, T 2199/17, T-389/17, SU
043/18 Y T 315/20.
2 Sentencia de tutela del 18 de diciembre de 2013 Sala de Casación Civil (M.P Fernando Giraldo Gutiérrez);
Sentencia de tutela del 14 de febrero de 2014 Sala de Casación Civil (MP. Jesús Vall De Ruten Ruiz); Sentencia
de tutela del 11 de abril de 2014 Sala de Casación Civil (MP. Jesús Vall De Ruten Ruiz); Sentencia de tutela de
30 de octubre de 2014 Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado (CP. Gerardo Arenas Monsalve).
3 Sentencia de tutela de 30 de octubre de 2014 Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado (CP.
Gerardo Arenas Monsalve).
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TRÁMITE PROCESAL
El 1º de junio de 2026, se admitió la acción; se vinculó a la Dirección General de
Sanidad Militar – Dirección de Sanidad del Ejército Nacional – Hospital Militar, como
terceros con interés, y se ordenó notificar a las partes y los vinculados.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
guardó silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Hospital Militar Central pide su desvinculación de la tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva, porque la acción se instauró en contra del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A por ser
el presunto transgresor de los derechos.
La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional indicó que la entidad dio cabal
cumplimiento a la orden de tutela, circunstancia que habilita al accionante para
solicitar que se inaplique la sanción de multa, ya que la finalidad del incidente de
desacato no es otra que lograr el efectivo cumplimiento de lo ordenado por el juez
constitucional.
La Dirección General de Sanidad Militar guardó silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
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La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales 4, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590 de
20055. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-
128 de 2021, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
4 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
5 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»6
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada7.
[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”8. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela9.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
Para una mayor claridad del asunto, es del caso mencionar que el señor López le
solicitó al Tribunal que inaplicara las sanciones impuestas mediante las
providencias del «7 de marzo de 2017, confirmada por el Consejo de Estado el 20
de abril de 2017; 29 de junio de 2017; 14 de septiembre de 2017; y, 18 de mayo de
2018 confirmada por el Consejo de Estado el 26 de julio de 2018», con fundamento
en lo siguiente:
6 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Sentencia SU-074 de 2022.
8 Sentencia SU-074 de 2022.
9 Sentencia SU-072 de 2018.
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• Dijo que existía imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo de tutela,
porque para la época de los hechos era la Dirección General de Sanidad Militar la
encargada de realizar la contratación directa con la empresa obligada a suministrar
los medicamentos.
• Que la autoridad judicial accionada omitió declarar la excepción de
inconstitucionalidad del artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012 y la excepción de
ilegalidad de la Resolución núm. 1604 de 2013, antes de admitir la acción de
cumplimiento y vincular a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional de Colombia,
lo cual le viola su derecho fundamental al debido proceso.
Precisado lo anterior, la Sala observa que el actor en esta acción reitera los
argumentos antes citados y, además, expone que el Tribunal omitió aplicar la
Sentencia SU 034 de 2018 de la Corte Constitucional que trata sobre la inaplicación
de las sanciones cuando se demuestra que se cumplió la orden impartida en el fallo
de tutela.
Sobre el particular, la Sala advierte que la acción de tutela frente al cargo de omisión
de aplicar el precedente antes citado resulta improcedente, por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad, pues dicho argumento no fue planteado ante la
autoridad judicial en la solicitud de inaplicación de las sanciones.
En cuanto a los argumentos relacionados con la imposibilidad jurídica de cumplir la
orden del fallo de tutela, la falta de declaración de oficio de la excepción de
inconstitucionalidad y de ilegalidad y la presunta violación al debido proceso, la
Subsección encuentra que no se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, conforme a lo siguiente:
Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional 10, dicho presupuesto se satisface
cuando:
i) el asunto tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii) la controversia no se
limita a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y iii) se justifica razonablemente la existencia
de una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Igualmente, el máximo tribunal constitucional 11 ha sostenido que dicha exigencia
tiene como finalidades mantener la independencia y autonomía judicial; evitar que
la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional y restringir el ejercicio de
la acción de tutela a debates relacionados con derechos fundamentales
El Tribunal en la providencia cuestionada tuvo por cumplida la orden impartida el 16
de junio de 2016 por la Sección Quinta en relación con la entrega de medicamentos.
10 Corte Constitucional, SU-215 de 2022.
11 Sentencia T-352 de 2025.
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Frente a la solicitud del señor López de que se inapliquen las sanciones impuestas
la autoridad decidió negar la petición, al considerar que los argumentos que expone
el actor debieron ser planteados al momento de la contestación de la tutela y en el
trámite de los incidentes de desacato que dieron lugar a dichas sanciones, y no en
el trámite incidental. Precisó que en esa instancia no podía «realizar control sobre
situaciones ejecutoriadas, más aún cuando todas las decisiones fueron materia de
pronunciamiento por parte del Superior Funcional (sic) como lo es el H. Consejo de
Estado».
Adicionalmente, señaló que las manifestaciones del actor las pudo haber
presentado «al momento de interponer el recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia, o en el trámite de revisión de los incidentes de desacato o, en
caso tal, habiendo ejercido acción de tutela contra providencia judicial, y no dentro
este trámite de desacato, en donde esta Autoridad Judicial (sic) no puede
pronunciarse sobre situaciones ya consolidadas».
Sobre el particular, la Sala encuentra que el actor no identificó en qué defecto
incurrió la autoridad judicial accionada y mucho menos los desarrolló; por el
contrario, se limitó a reiterar su inconformidad con la decisión adoptada, lo que
evidencia que su intención no es demostrar la configuración de alguno de los errores
definidos jurisprudencialmente para discutir providencias judiciales a través de la
tutela, sino que su pretensión es que el juez constitucional realice un nuevo análisis
del caso, lo cual desconoce que dicho debate ya se surtió en el trámite incidental y
que este mecanismo no es una tercera instancia, sino que el examen que se realiza
en esta sede es en relación con la valoración e interpretación que realizó la
autoridad judicial accionada, lo cual, se reitera, no fue discutido debidamente por el
solicitante del amparo.
En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela, por no cumplir con
los presupuestos de subsidiariedad y relevancia constitucional y se negará la
solicitud de desvinculación del Hospital Militar Central, dado que su vinculación fue
como tercero con interés a efectos de garantizar su derecho al debido proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor
Germán López Guerrero, conforme a las consideraciones expuestas.
Segundo. NEGAR la solicitud de desvinculación del Hospital Militar Central.
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Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Ausente con permiso
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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