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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04109-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04109-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocar parcialmente el fallo de 19 de junio de 2026 dictado por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en cuanto declaró la improcedencia de la tutela respecto del cargo de desconocimiento del precedente. SEGUNDO: Amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor Germán López Guerrero. TERCERO: Dejar sin efectos el auto de 30 de enero de 2026, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A negó la solicitud elevada por el tutelante para que se dispusiera el levantamiento de las sanciones impuestas en los autos de 7 de marzo de 2017, 29 de junio de 2017 y 18 de mayo de 2018. CUARTO: Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A que, dentro del término de 10 días contado a partir de la notificación de esta sentencia, emita una decisión de reemplazo que tenga en cuenta lo expuesto en esta providencia. QUINTO: Confirmar en todo lo demás la sentencia de 19 de junio de 2026 dictada por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. SEXTO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Germán López Guerrero Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2026-04109-01 SÉPTIMO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04109-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04109-01
Demandante: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Desconocimiento del
precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 19 de junio de 2026, por medio de la cual la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado declaró improcedente la acción constitucional
de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Germán López Guerrero, presentó acción de tutela1 contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen
nombre, a la honra y al mínimo vital que considera vulnerados con la providencia de
30 de enero de 2026, proferida dentro del incidente de desacato promovido en el
marco de la acción de cumplimiento con radicado 25000-23-41-000-2016-00601-
00/04.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Tutelar los DERECHOS a la IGUALDAD, BUEN NOMBRE, HONRA,
MÍNIMO VITAL, DEBIDO PROCESO, los cuales han sido vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION PRIMERA –
SUBSECCION “A”., por negación de inaplicación de sanciones judiciales, en el

1 El 6 de mayo de 2026

1
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Demandante: Germán López Guerrero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04109-01

marco de la acción constitucional radicada bajo el No. 25000-23-41-000-2016-00601-
00, con orden cumplida.

SEGUNDA: En consecuencia, solicito que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ordené al 25000-23-41-000-2016-00601-00, dejar sin efecto el auto de treinta (30)
de enero 2026, donde se negó la solicitud de levantamiento de las sanciones por
desacato de fechas 7 de marzo de 2017, confirmada por el H. Consejo de Estado el
20 de abril de 2017, Sanciones del 29 de junio de 2017, 14 de septiembre de 2017 y
18 de mayo de 2018, confirmado por el Honorable Consejo de Estado el día 26 de
julio de 2018, y se ordene proferir decisión de reemplazo, en la que se resuelva
nuevamente sobre la solicitud de levantamiento de las sanciones de acuerdo al
precedente judicial vinculante y vigente de la sentencia SU-034 de 2018 asimismo,
que ese despacho informe y oficie sobre la decisión judicial impartida a las
autoridades encargadas de la ejecución de cobro, para que estas den por terminado
el proceso de cobro coactivo que actualmente se adelanta en mi contra.2

1.3. Hechos

Del expediente de tutela se pueden extraer los siguientes supuestos fácticos que
resultan relevantes para el caso:

El señor Germán López Guerrero se desempeñó como director de Sanidad del
Ejército Nacional (en adelante DISAN) entre diciembre de 2015 y enero de 2019.
Durante su gestión, la entidad enfrentó un alza inesperada de tutelas que desbordó
su capacidad administrativa, resultando en 684 incidentes de desacato y 417 cobros
coactivos en su contra.

El señor Franklin Fernando Cifuentes Fernández3 instauró acción de cumplimiento4
en contra de la Dirección General de Sanidad Militar - Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional - Hospital Militar, por medio de la cual solicitó el acatamiento por
parte de esa entidad del artículo 131 del Decreto 19 de 20125.

Esta acción fue decidida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que en sentencia de 27 de abril de
2016 negó las pretensiones de la demanda; decisión que fue revocada el 16 de junio
de 2016 en segunda instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual
dispuso:

PRIMERO. - Revocar la sentencia de primera instancia del 27 de abril de 2016,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera -
Subsección "A" y en su lugar disponer el cumplimiento del artículo 131 del Decreto
12 de 2012 reglamentado por la Resolución No. 1604 de 2013, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2 Trascripción literal del original con posibles errores.
3 Quien actuó como agente oficioso de su hijo menor.
4 Radicado 25000-23-41-000-2016-00601-00/04.
5 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites

innecesarios existentes en la Administración Pública” Artículo 131. Suministro de medicamentos. Las
Entidades Promotoras de Salud tendrán la obligación de establecer un procedimiento de suministro
de medicamentos cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud a sus afiliados, a través del cual se
asegure la entrega completa e inmediata de los mismos. En el evento excepcional en que esta
entrega no pueda hacerse completa en el momento que se reclamen los medicamentos, las EPS
deberán disponer del mecanismo para que en un lapso no mayor a 48 horas se coordine y garantice
su entrega en el lugar de residencia o trabajo si el afiliado así lo autoriza. Lo dispuesto en este artículo
se aplicará progresivamente de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y
Protección Social, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente
decreto, iniciando por los pacientes que deban consumir medicamentos permanentemente.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04109-01

SEGUNDO. - Ordenar a la Dirección de Sanidad Militar, a la Dirección de Sanidad
del Ejército Nacional y al Director del Hospital Militar Central, que en el término de
(30) días, contados a partir de la notificación de este fallo: (i) Establezcan un
procedimiento de Suministro de medicamentos cubiertos por el Plan Obligatorio de
Salud, a través del cual se asegure la entrega completa e inmediata de los mismo;
y (ii) Dispongan del mecanismo para la entrega de medicamentos, para que en un
lapso no mayor de cuarenta y ocho (48) hora se garantice su entrega en el lugar de
residencia o trabajo si el afiliado lo autoriza, en aquellos eventos en que el suministro
no pueda hacerse completo al momento en que el usuario lo reclame [...]"

Por el presunto incumplimiento de la anterior providencia, el señor Cifuentes
Fernández presentó 4 incidentes de desacato en contra de la DISAN, dentro de los
cuales se impusieron al señor Germán López Guerrero sanciones de multa el 7 de
marzo de 20176, el 29 de junio de 20177 y el 18 de mayo de 20188.

Dentro del trámite del cuarto incidente de desacato (en el que se profirió el auto
cuestionado en esta acción de tutela), el tribunal demandado requirió a las partes
para que informaran respecto del cumplimiento del mencionado fallo9. Como
consecuencia de los informes rendidos, mediante auto de 30 de enero de 2026: i)
se abstuvo de continuar con el incidente de desacato, ii) ordenó el archivo del
proceso, y iii) negó las solicitudes del señor Germán López Guerrero relativas a la
inaplicación de las sanciones impuestas.

Esta última determinación la fundamentó en que dichas solicitudes debieron
formularse al momento de la contestación de la demanda y en el trámite de los
incidentes de desacato que dieron lugar a la imposición de dichas sanciones y no
en ese trámite incidental, dentro del cual no es procedente realizar control sobre
situaciones ejecutoriadas, más aún cuando estas fueron materia de
pronunciamiento por parte del superior funcional.

El actor relató que le fue embargado un bien inmueble y uno mueble y tuvo que

6 Se le impuso multa de 2 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. Esta sanción fue
confirmada en el grado de consulta por el Consejo de Estado en auto del 20 de abril de 2017.
7 Se le impuso multa de 4 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. El Consejo de Estado en

el grado de consulta, en providencia del 14 de septiembre de 2017, resolvió confirmar la sanción.
8 Se le impuso multa de 8 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. El Consejo de Estado, en

el grado de consulta, mediante auto del 26 de julio de 2018 confirmó esta decisión y ordenó
compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que se investigara la posible falta
disciplinaria de los sancionados.
9 Sobre el particular las partes se pronunciaron así: el demandante, señor Franklin Fernando

Cifuentes Fernández: expuso que la DISAN no le debe ningún medicamento; sin embargo, expuso
que la demandada no ha establecido un procedimiento de suministro de medicamentos cubiertos
por el Plan Obligatorio de Salud ni ha dispuesto un mecanismo para la entrega de medicamentos,
como lo dispuso el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado. La DISAN informó que el 10 de
abril de 2025 y el 9 de mayo del mismo año, solicitó a la Dirección General de Sanidad Militar el
listado de la entrega de medicamentos dispensados al hijo del señor Cifuentes Fernández, en el
marco del contrato suscrito con Drogoservicios LTDA., del cual recibió respuesta el 22 de mayo de
2025 y aportó un listado con las entregas de medicamentos realizadas. El señor Germán López
Guerrero, - exdirector de la DISAN y respecto de quien recayeron las órdenes de la sentencia,
expuso que, en relación al suministro de medicamentos, se ha explicado que para la época de los
hechos era la Dirección General de Sanidad Militar la encargada de realizar la contratación directa
con la empresa Drogoservicios Ltda., de conformidad con los parámetros establecidos en la
Resolución 1549 de 2015, en la que se fijó todo lo concerniente a la contratación centralizada para
la compra, distribución y dispensación de medicamentos, Adicionalmente, solicitó "[...] la inaplicación
de la sanción judicial de 7 de marzo de 2017, confirmada el 20 de abril de 2017, 29 de junio de
2017,14 de septiembre de 2017, 18 de mayo de 2018 confirmada por honorable Consejo de Estado
el día 26 de julio de 2018, por imposibilidad jurídica de cumplir, falta de declaración de oficio de la
excepción de inconstitucionalidad y excepción de ilegalidad, violación al debido proceso. […]".

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celebrar 20 acuerdos de pago, con el fin de mitigar el impacto negativo en contra de
su patrimonio y el reporte en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

Señaló que a julio de 2022 contaba con 53 sanciones por inaplicar o con la negativa
por parte de los diferentes despachos judiciales de dar aplicabilidad al precedente
judicial horizontal y vertical, que permite la inaplicación de las sanciones, sin
importar si las mismas ya se encuentran confirmadas y más cuando se demuestra
el cumplimiento del fallo.

1.4. Sustento de la petición

El accionante invocó la protección de sus derechos al debido proceso, a la igualdad,
al buen nombre, a la honra y al mínimo vital. Los fundamentos de la vulneración los
centró en los siguientes defectos:

Desconocimiento del precedente judicial. Al respecto alegó que el tribunal
accionado se negó a aplicar la jurisprudencia unificada (sentencias SU-034 de 2018
y C-367 de 2014) que permite la inaplicación de sanciones por desacato cuando se
demuestra que la orden judicial ya fue cumplida, independientemente de si la
sanción está ejecutoriada.

Agregó que, según el precedente, el objetivo del incidente de desacato es persuadir
al cumplimiento, no «sancionar por sancionar». En ese sentido, mencionó que las
altas cortes han fijado que es procedente levantar o inaplicar la sanción cuando se
observa el cabal cumplimiento de la orden, incluso si este fue tardío o si la sanción
ya se encuentra confirmada por el superior o debidamente ejecutoriada.

Señaló que se desconoce el precedente cuando el juez impone sanciones sin
verificar la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa), ignorando situaciones de
imposibilidad física o jurídica para cumplir que han sido reconocidas en
jurisprudencia previa.

Imposibilidad jurídica de cumplir el fallo judicial por parte de la DISAN. Sostuvo que,
para la época de los hechos, él no tenía la competencia funcional para cumplir la
orden de suministro de medicamentos, ya que dicha función correspondía
legalmente a la Dirección General de Sanidad Militar y no a la Dirección de Sanidad
del Ejército.

Argumentó que no hubo negligencia, dolo o culpa, sino una incapacidad institucional
y estructural debido a un alza inesperada de tutelas (684 incidentes de desacato en
su contra) que desbordó la capacidad de respuesta de la entidad.

Indicó que las múltiples sanciones y los 417 cobros coactivos han derivado en
embargos de sus bienes personales y la necesidad de celebrar acuerdos de pago,
afectando sus ingresos personales y su subsistencia.

Excepción de inconstitucionalidad. Señaló que se omitió el análisis de excepciones
de inconstitucionalidad e ilegalidad antes de vincularlo al proceso, lo cual vulneró
su debido proceso y sostuvo que, según el artículo 20 de la Ley 393 de 1997 y el
artículo 148 del CPACA, el juez tenía el deber de declarar estas excepciones de
oficio, antes de vincular a la DISAN al trámite de cumplimiento.

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Argumentó que el despacho accionado lo vinculó por el presunto incumplimiento del
artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012 y la Resolución 1604 de 2013. No
obstante, indicó que estas normas contradicen la Ley 100 de 1993 y la Ley 352 de
1997, las cuales excluyen explícitamente a los miembros de las Fuerzas Militares
del Sistema Integral de Seguridad Social.

1.5. Actuaciones procesales en primera y segunda instancia

La acción de tutela fue radicada, inicialmente, ante la Corte Suprema de Justicia,
autoridad que a través de providencia del 25 de mayo de 2026 remitió el expediente
a esta corporación.

Sometida a un nuevo reparto, mediante auto del 1° de junio de 2026 el despacho
sustanciador de primera instancia admitió la acción constitucional, ordenó notificar
esta decisión a la parte accionada y vinculó como tercera interesada a la Dirección
General de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad del Ejército Nacional – Hospital
Militar.

En segunda instancia, a través de proveído del 4 de agosto de 2026 se vinculó, en
calidad de tercero con interés, al señor Franklin Fernando Cifuentes. Además, se le
advirtió de la posible configuración de la causal de nulidad consagrada en el numeral
8º del artículo 133 del Código General del Proceso, para los efectos previstos en el
artículo 137 ibidem.

Realizadas las respectivas comunicaciones se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – Dirección de
Sanidad (DISAN)

Esta dirección coadyuvó las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el
tutelante para solicitar la inaplicación de las sanciones impuestas en su contra
dentro del incidente de desacato.

Argumentó que existía una imposibilidad física y jurídica para que la DISAN
cumpliera directamente con la orden judicial en la época de los hechos. Esto por
cuanto según la Ley 352 de 1997 y la Resolución 1549 de 2015, la Dirección General
de Sanidad Militar (DGSM) es la entidad encargada de la contratación centralizada
para la compra, distribución y dispensación de medicamentos y no la Dirección de
Sanidad del Ejército.

Mencionó que las funciones de la DISAN son estrictamente administrativas y de
prestación de servicios médicos y carece de la potestad para disponer de los
recursos o mecanismos logísticos de suministro que se le exigían.

En esa medida, señaló que el tribunal incurrió en fallas procesales al no realizar una
revisión de las excepciones de inconstitucionalidad e ilegalidad antes de vincular a
la DISAN al proceso y al aplicar normas (como la Resolución 1604 de 2013) que
contradicen el régimen especial de salud de las Fuerzas Militares, el cual está
excluido del Sistema Integral de Seguridad Social de la Ley 100 de 1993.

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Por otra parte, citó jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado
y de la Corte Suprema de Justicia para sostener que el objetivo del incidente de
desacato no es la sanción en sí misma, sino lograr el cumplimiento efectivo de la
orden judicial. Además, indicó que, si se demuestra que se realizaron las acciones
necesarias para cumplir, o que el cumplimiento se dio de forma extemporánea, la
sanción debe ser levantada o inaplicada.

Concluyó que la sanción es improcedente porque no se probó negligencia o dolo, y
porque las acciones para proteger los derechos de los afiliados han sido superadas.
Por ello, solicitó que se amparen los derechos al debido proceso e igualdad del
accionante y se deje sin efectos el auto que negó el levantamiento de la sanción.

1.5.2. Hospital Militar Central

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad solicitó su desvinculación del
proceso de tutela. Fundamentó esta petición en la falta de legitimación en la causa
por pasiva, ya que el trámite de las sanciones y su cobro coactivo es un asunto
estrictamente judicial que debe resolver el tribunal accionado.

1.5.3. Franklin Fernando Cifuentes Fernández

El señor Cifuentes Fernández solicitó que se confirme la sentencia de primera
instancia. Al respecto, sostuvo que la acción de tutela no cumple con los requisitos
mínimos para su procedencia contra una providencia judicial, esto por cuanto: i) el
accionante introdujo argumentos basados en precedentes de la Corte
Constitucional (Sentencia SU-034 de 2018) que no fueron planteados
oportunamente durante el trámite del incidente de desacato, ii) la tutela pretende
reabrir un debate ya zanjado por el juez natural, convirtiéndose en un recurso
adicional para cuestionar una interpretación jurídica con la que el accionante no está
de acuerdo, y iii) los reclamos sobre la supuesta imposibilidad de cumplir o la
violación del debido proceso no demuestran una afectación constitucional que
justifique la intervención excepcional del juez de tutela.

Por otra parte, mencionó que la sentencia original de 2016 señaló expresamente a
la DISAN como autoridad obligada. Por tanto, la centralización de contratos no
eliminaba su deber de gestionar el cumplimiento de la orden judicial. Asimismo,
defendió que las normas sobre la entrega inmediata de medicamentos (Decreto-Ley
019 de 2012) son de obligatorio cumplimiento para entidades de la Administración
Pública, incluyendo aquellas pertenecientes a regímenes exceptuados como el de
las Fuerzas Militares.

Sostuvo que la mención de dificultades estructurales no sirve como excusa
automática para incumplir una orden judicial individual y concreta y recordó que la
orden fue impartida en 2016, por lo que no es válido alegar que el plazo para cumplir
fue insuficiente.

Rechazó que su propio ingreso personal o capacidad económica sean factores que
exoneren a las entidades de salud de sus deberes y que la posibilidad de adquirir
un medicamento con recursos propios no significa que la entidad haya cumplido su
obligación judicial. Finalmente, enfatizó que sus actuaciones legales siempre han

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tenido como fin asegurar la salud de su hijo y no obtener beneficios económicos ni
perjudicar al accionante.

1.6. Sentencia de primera instancia

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en providencia del 19
de junio de 2026, declaró improcedente la acción constitucional de la referencia tras
concluir que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad y de relevancia
constitucional, para lo cual argumentó:

i) Respecto al cargo de desconocimiento del precedente determinó que dicho
argumento no fue planteado previamente ante la autoridad judicial en la solicitud
original de inaplicación de las sanciones; y,

ii) Sobre la imposibilidad jurídica de cumplir el fallo, la falta de aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad y la violación al debido proceso, consideró que no
satisfacen el requisito de relevancia constitucional. Para el alto tribunal, el asunto
no busca interpretar o desarrollar la Constitución, sino que se limita a una discusión
de contenido legal o económico sin una afectación desproporcionada demostrada.

Finalmente, negó la solicitud de desvinculación del Hospital Militar Central.

1.7. Impugnación

El 2 de julio de 202610 la parte accionante impugnó el fallo de primera instancia.
Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y agregó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en una contradicción, pues en auto del 30
de enero de 2026 reconoció que ya se había dado cumplimiento total al fallo de
cumplimiento (suministro de medicamentos y gestiones necesarias), en ese sentido,
al haberse cumplido la orden, las sanciones impuestas entre 2017 y 2018 deben ser
inaplicadas o revocadas, ya que la finalidad del incidente de desacato es lograr el
cumplimiento y no la sanción en sí misma.

Respecto del cumplimiento del requisito de subsidiariedad por no haber invocado la
sentencia SU-034 de 2018 ante el tribunal accionado, afirmó que en múltiples
solicitudes puso de presente diversos precedentes jurisprudenciales y que, en todo
caso, el juez mantiene la competencia para pronunciarse sobre la sanción hasta
que el derecho esté restablecido, independientemente de la ejecutoria del auto
sancionatorio.

Sostuvo que el cumplimiento tardío no es razón suficiente para mantener las
sanciones si la orden ya se ejecutó. Además, mantener sanciones de arresto y multa
tras el cumplimiento desnaturaliza el incidente y lo convierte en un castigo punitivo,
afectando los derechos a la igualdad y al debido proceso.

Concluyó que estas sanciones no afectan las finanzas de la entidad, sino su propio
patrimonio personal y que esta es una carga financiera difícil de solventar,
especialmente cuando ya no ocupa el cargo de director de Sanidad.

10 La sentencia de primera instancia se notificó mediante mensaje de datos enviado el 26 de junio

de 2026, por lo que se entiende debidamente notificada el 1º de julio del presente año.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
demandante en contra del fallo proferido por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado el 19 de junio de 2026, según lo previsto en los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto 333
de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al buen nombre, a la honra y al mínimo vital del señor
Germán López Guerrero -ex director de Sanidad del Ejército Nacional- con ocasión
de la providencia de 30 de enero de 2026, proferida en el marco del incidente de
desacato promovido en su contra y que, entre otras, negó la solicitud de inaplicación
de las sanciones impuestas.

Para resolver este problema se analizarán los siguientes aspectos: i) procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) marco normativo y
jurisprudencial del incidente de desacato en acciones de cumplimiento, y iii)
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales que
ponen fin al trámite incidental de desacato.

Una vez desarrollados los anteriores ejes temáticos, se procederá al examen del
caso concreto y la determinación de los defectos que materializan la eventual
violación de los derechos fundamentales de la parte accionante.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201211, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se
ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que
se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que
debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar

11 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04109-01

aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá constatar que el reproche
contra la decisión de que se trata esté enmarcado en al menos una de las siguientes
causales específicas: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto
fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial12 del incidente de desacato en acciones
de cumplimiento

El incidente de desacato se regula por el artículo 29 de la Ley 393 de 1997, que
establece:

Desacato. El que incumpla orden judicial proferida con base en la presente ley,
incurrirá en desacato sancionable de conformidad con las normas vigentes, sin
perjuicio de las sanciones disciplinarias o penales a que hubiere lugar.

12 Se tendrán en cuenta las consideraciones jurisprudenciales sobre la procedencia excepcional de

la acción de tutela contra providencias judiciales que ponen fin al trámite incidental de desacato en
tutela para extenderlas a las decisiones adoptadas en el marco de las acciones de cumplimiento, en
la medida en que se trata igualmente de un escenario sancionatorio dentro de acciones
constitucionales, cuya finalidad es garantizar la eficacia de los mandatos judiciales y la protección
de los derechos fundamentales.

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La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental; de no ser
apelada se consultará con el superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres (3)
días siguientes si debe revocar o no la sanción. La apelación o la consulta se hará en
el efecto suspensivo.

Este instrumento jurídico tiene la finalidad de lograr el efectivo obedecimiento de las
órdenes impartidas en los fallos que ponen fin a las acciones cumplimiento.

La declaratoria de que un funcionario es acreedor a las sanciones legales por
desacato requiere que concurran dos requisitos: i) el objetivo, referido al
cumplimiento de la orden judicial, y ii) el subjetivo, respecto de la conducta del
funcionario que incurrió en la omisión de la sentencia.

Como consecuencia, si el obligado al cumplimiento de una decisión judicial la ha
desacatado, se deberá analizar su conducta frente al contenido del fallo y las
órdenes allí impartidas porque la responsabilidad por razón del incumplimiento es
subjetiva.

Ahora bien, acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura
que de vieja data ha acogido la Sala Plena de la Corte Constitucional y que se ha
mantenido es que, si bien una de las consecuencias derivadas de este trámite
incidental es la imposición de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia,
su auténtico propósito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden pendiente de
ser ejecutada13; de suerte que no se persigue reprender al renuente por el peso de
la sanción en sí misma14, sino que ésta debe entenderse como una forma para
inducir que aquel encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una
medida de reconvención cuyo objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la
acción impetrada y, con ella, la reivindicación de los derechos quebrantados15.

En consecuencia, cuando en el curso del incidente de desacato el accionado se
persuade a cumplir la orden, no hay lugar a la imposición y/o aplicación de la
sanción:

“[L]a imposición o no de una sanción dentro del incidente puede implicar que el
accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso
de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha
desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar
la sentencia.

“En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por
desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar
ser sancionado acatando.”16

13 Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González

Cuervo
14 Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés

Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge
Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.:
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.:
Mauricio González Cuervo,
15 Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia

C-092 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Diaz
16 Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-171 de 2009, M.P.: Humberto

Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-463 de 2011, M.P.: Nilson
Pinilla Pinilla, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-606 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra
Porto, T-010 de 2012, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, T-482 de 2013, M.P.: Alberto

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La Corte Constitucional ha subrayado que «no todo incumplimiento conlleva a un
desacato ya que puede ocurrir que el juez de tutela constate, de forma objetiva, la
falta de acatamiento de la sentencia de tutela pero ello no se deba a la negligencia
del obligado -responsabilidad subjetiva-. En este caso, no habría lugar a la
imposición de las sanciones previstas para el desacato sino a la adopción de ‘todas
las medidas necesarias para el cabal cumplimiento’ del fallo de tutela mediante un
trámite de cumplimiento.»17

En síntesis, el incidente de desacato es un instrumento procesal para garantizar el
goce efectivo de los derechos fundamentales amparados mediante la acción
constitucional, que tiene lugar cuando el obligado a cumplir una orden, en este caso
de una acción de cumplimiento, no lo hace. En este trámite incidental, el juez
constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, puede sancionar con
arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las órdenes
judiciales encaminadas a restaurar el derecho vulnerado, lo cual debe efectuarse
con plena observancia del debido proceso de los intervinientes y dentro de los
márgenes trazados por la decisión de amparo.

Además, la sola desatención a una disposición emanada del juez constitucional
resulta insuficiente para que la autoridad - o el particular sobre el cual recae -, se
ponga en situación de renuencia que amerite las sanciones legales, por cuanto,
como se explicó, se requiere, de una parte, que se halle probado el hecho objetivo
del incumplimiento, y de otra, que esté demostrado que fue generado por la actitud
negligente de la autoridad pública respectiva18.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales que ponen fin al trámite incidental de desacato

Al momento de evaluar si se estructuró una violación iusfundamental con ocasión
de un incidente de desacato, el juez debe proceder a verificar si la decisión que
puso fin al trámite incidental estuvo precedida de todas las garantías procesales y
si su contenido se ajustó, o no, a lo ordenado en la providencia inicial19, para pasar
a determinar si se configuran los supuestos de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.

Así, adicionalmente, la procedencia de la acción de tutela en este ámbito está
condicionada desde un punto de vista sustantivo a las siguientes pautas: “(i) los
argumentos del accionante en el trámite del incidente de desacato y en la acción de
tutela deben ser consistentes; (ii) no deben existir alegaciones nuevas, que debieron
ser argumentadas en el incidente de desacato; y (iii) no se puede recurrir a la
solicitud de nuevas pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que el juez
no tenía que practicar de oficio”20.

Rojas Ríos, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-509 de 2013, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla, C-367 de
2014, M.P.: Mauricio González Cuervo.
17 Sentencia T-606 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto
18 Providencia de 27 de enero de 2011, radicación 13001-23-31-000-2010-00279-01(AC).
19 Sentencia T-086 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa
20 Sentencia T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño

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En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional sostiene
que para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente
de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es
decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de
finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del
caso–.

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración
una de las causales específicas (defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes
con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera
que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en
el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no
fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que
practicar de oficio.

2.6. Caso concreto

En el caso que ocupa a la sala, la controversia planteada por el accionante radica
en que, a su juicio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A al dictar la providencia de 30 de enero de 2026, proferida dentro del
incidente de desacato promovido en el marco de la acción de cumplimiento con
radicado 25000-23-41-000-2016-00601-00/04, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen nombre, a la honra y al
mínimo vital e incurrió, entre otras, en el defecto de desconocimiento del
precedente, al no levantar las sanciones impuestas en el marco de los desacatos
iniciados en su contra.

En vista de que la alegada vulneración iusfundamental se origina en el auto que
resolvió desfavorablemente la solicitud elevada por el accionante en el sentido de
que se dispusiera el levantamiento de las sanciones impuestas en el marco de los
incidentes de desacato, como medida inicial corresponde a la sala determinar si se
reúnen en el caso bajo estudio los requisitos para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales que ponen fin a este tipo de actuaciones.

Una vez se agote el respectivo análisis de procedencia, la sala determinará –si hay
lugar a ello– si el pronunciamiento judicial acusado conculca los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.

2.6.1. Las sanciones dictadas en el trámite de desacato se encuentran
ejecutoriadas.

En efecto, las providencias dentro de las cuales se le impusieron al accionante las
sanciones están en firme, como se explicó en los antecedentes de esta providencia:

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• Sanción del 7 de marzo de 2017: confirmada en el grado de consulta por el
Consejo de Estado en auto del 20 de abril de 2017.

• Sanción del 29 de junio de 2017: el Consejo de Estado en el grado de
consulta, en providencia del 14 de septiembre de 2017, resolvió confirmar
este auto.

• Sanción del 18 de mayo de 2018: el Consejo de Estado mediante auto del 26
de julio de 2018 confirmó esta decisión en el grado de consulta.

Como se puso de presente en las consideraciones de esta sentencia, para atacar
las providencias dictadas al interior de un incidente de desacato mediante la acción
de tutela, es necesario que el trámite de desacato se haya agotado hasta el grado
jurisdiccional de consulta, inclusive. La sala advierte que el auto de 30 de enero de
2026 no es susceptible de la consulta en tanto no le impuso una nueva sanción al
tutelante, sino que, por el contrario, se abstuvo de continuar con el incidente de
desacato (por cumplimiento de las ordenes de la sentencia de 16 de junio de 2016),
ordenó el archivo del proceso y negó las solicitudes del señor Germán López
Guerrero relativas a la inaplicación de las sanciones impuestas.

En ese orden de ideas, la sala debe tener por cumplido el primero de los requisitos
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que ponen fin a
incidentes de desacato.

2.6.2. Los argumentos del accionante son consistentes con lo planteado en el
trámite de los incidentes de desacato, en tanto a) no trajo a colación alegaciones
nuevas, y b) no solicitó nuevas pruebas

El reclamo constitucional planteado en esta oportunidad por el señor López
Guerrero está sustentado sobre tres premisas básicas:

En primer lugar, aduce que, para la época de los hechos, él no tenía la competencia
funcional para cumplir la orden de suministro de medicamentos, ya que dicha
función correspondía legalmente a la Dirección General de Sanidad Militar y no a la
Dirección de Sanidad del Ejército.

En segundo lugar, esgrime que la jurisprudencia ha reconocido que es procedente
el levantamiento de las sanciones por desacato que hayan sido impuestas, a pesar
de que respecto de estas se hubiera surtido el grado jurisdiccional de consulta,
siempre que el obligado por el fallo haya demostrado que cumplió con las órdenes
impartidas en la sentencia.

En tercer lugar, argumentó que no hubo negligencia, dolo o culpa, sino una
incapacidad institucional y estructural debido a un alza inesperada de tutelas (684
incidentes de desacato en su contra) que desbordó la capacidad de respuesta de la
entidad.

Pues bien, tomando en consideración el resumen de actuaciones efectuado ut
supra, se logra evidenciar que los anteriores argumentos fueron oportunamente
expresados por los representantes judiciales de la DISAN ante la autoridad judicial
accionada en el marco de cada uno de los trámites incidentales.

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En efecto, a través de los distintos memoriales dirigidos al tribunal accionado21, la
defensa de la entidad consistió en poner de presente el alza inusitada de tutelas en
contra de la DISAN, que desbordó la capacidad de respuesta administrativa de la
institución y la competencia funcional para cumplir la orden de suministro de
medicamentos por lo cual solicitó que al momento de valorar las gestiones
orientadas al cumplimiento de las decisiones proferidas en el marco de la acción de
cumplimiento se contemplara esta situación.

Igualmente, los alegatos de la DISAN durante los trámites incidentales en relación
con la procedencia de la inaplicación de las sanciones por desacato que han sido
impuestas y confirmadas por el superior coinciden con los argumentos esbozados
en la demanda de amparo constitucional. En esta dirección, tanto los apoderados
judiciales de la entidad, así como el actor, han sostenido que el fin del mecanismo
de desacato es la persuasión al obligado mas no el castigo, y que se puede evitar
la materialización de las medidas correctivas demostrando que se ha cumplido la
orden judicial.

Así pues, la sala debe concluir que los argumentos invocados en el libelo carecen
del atributo de novedad frente a las manifestaciones hechas al interior de las
actuaciones accesorias que motivaron la acción de tutela; característica que, de
presentarse, tornaría improcedente la censura.

2.6.3. Se acreditan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se alega la configuración de al menos una de las
causales específicas (defectos)

Procede la sala a evaluar la satisfacción de los requisitos generales y causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
conforme a lo dispuesto en la sentencia C-590 de 2005 y a la jurisprudencia vigente
sobre la materia.

2.6.3.1. Relevancia constitucional

La sala dividirá el estudio de este requisito de acuerdo con los cargos planteados
en la tutela. En primer lugar, frente a los argumentos a los que el accionante
denominó de «imposibilidad jurídica de cumplir el fallo judicial por parte de la
DISAN» y «Excepción de inconstitucionalidad», tal como lo determinó el juez de
primera instancia, el mecanismo constitucional de la referencia no supera el
requisito general de relevancia constitucional en la medida en que, en el escrito de
amparo no se justifica con suficiencia la vulneración de los derechos fundamentales
invocados, como tampoco se desarrollan estos dos defectos o yerros que le son
atribuidos al auto de 30 de enero de 2026.

En ese sentido, lo que se evidencia es que su pretensión es que el juez
constitucional realice un nuevo análisis del caso, lo cual desconoce que dicho
debate ya se surtió en el trámite incidental y que este mecanismo no es una tercera
instancia, sino que el examen que se realiza en esta sede es en relación con la

21 Folios 40, 77, 137, 158, 166, 286, 362, 372, 388, 499, 561, 670 y 804 cuaderno No. 2 incidente de

desacato.

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valoración e interpretación que realizó la autoridad judicial accionada, lo cual, se
reitera, no fue argumentado debidamente por el tutelante.

Caso contrario sucede con el cargo de desconocimiento del precedente, el cual sí
reviste la relevancia constitucional necesaria para ser examinado, habida cuenta de
que el debate gira en torno a la presunta vulneración del derecho fundamental al
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución.

Asimismo, la sala advierte que en el presente caso se involucra un debate jurídico
que gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la defensa del actor y no se refiere a un asunto meramente legal
y/o económico; pues aun cuando se trata de una providencia en la que se negó el
levantamiento de una multa impuesta en un incidente de desacato, lo cierto es que
se está invocando el desconocimiento de unas reglas jurisprudenciales que al
parecer permiten al sancionado pedir la revocatoria de los efectos, incluso concluido
el grado jurisdiccional de consulta.

Por otra parte, la cuestión relativa a la naturaleza y los alcances del incidente de
desacato en acciones de cumplimiento es también un asunto que suscita el interés
de la sala, por cuanto está directamente asociado al derecho al cumplimiento del
fallo y a la justiciabilidad de los derechos fundamentales mediante la acción de
tutela, la cual es un mecanismo de protección de raigambre superior al tenor del
artículo 86 de la Constitución22.

2.6.3.2. Agotamiento de todos los mecanismos de defensa judicial

A la luz de la doctrina constitucional sobre la subsidiariedad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub júdice la sala encuentra satisfecha tal
exigencia, teniendo en cuenta que el señor Germán López Guerrero no contaba con
otros medios de impugnación para rebatir la decisión que le fue adversa, pues el
auto que pone fin al incidente de desacato no es pasible del recurso de alzada, al
paso que el grado jurisdiccional de consulta debe surtirse de manera obligatoria por
mandato legal en los casos en que se impone una sanción.

2.6.3.3. Inmediatez

En lo referente al requisito general de inmediatez, se observa que la providencia
acusada por el actor data del 30 de enero de 2026 pues fue el auto que se abstuvo
de continuar con el incidente de desacato, ordenó el archivo del proceso y negó las
solicitudes del señor Germán López Guerrero relativas a la inaplicación de las
sanciones impuestas. Por su parte, la acción de tutela fue radicada el 28 de mayo
de 2026, por lo que, sin necesidad de establecer la fecha de ejecutoria de la
providencia reprochada, se entiende que fue presentada de manera oportuna.

2.6.3.4. La acción no se dirige contra una sentencia de tutela

La providencia acusada tiene como génesis el fallo de una acción de cumplimiento
dictado a favor del ciudadano Franklin Fernando Cifuentes Fernández, en la que se
impartieron las órdenes de entrega de medicamentos a su hijo menor y de

22 SU-034 de 2018.

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establecer un procedimiento de suministro de medicamentos cubiertos por el Plan
Obligatorio de Salud - cuyo objeto fueron las solicitudes de inaplicación de las
sanciones por desacato impuestas al actor. Es decir que, la acción de tutela de la
referencia no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza.

2.6.4. El desconocimiento del precedente

La autonomía de los jueces es uno de los ejes axiales del Estado social y
democrático de Derecho instaurado en la Constitución de 199123. Sin embargo, no
se trata de un principio absoluto, en la medida en que debe ser armonizado con
otros principios y derechos de jaez constitucional, habida cuenta de que, si bien los
enunciados jurídicos son regularmente susceptibles de diversas posturas y
apreciaciones, la seguridad jurídica, la buena fe, la confianza legítima, la coherencia
del sistema y el derecho a la igualdad de los asociados son máximas insoslayables
en el ámbito de la interpretación judicial. De ahí surge el carácter vinculante del
precedente jurisprudencial.

El precedente judicial ha sido definido por la Corte Constitucional como «aquel
conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su
pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de
dictar sentencia»24.

De acuerdo con nuestra estructura jurisdiccional, los jueces están llamados a
incorporar en su razonamiento (i) los pronunciamientos previos que los órganos de
cierre de cada una jurisdicciones han dictado en relación con la interpretación y
aplicación de normas frente a los casos que compartan ciertas propiedades
relevantes (precedente vertical), así como (ii) los pronunciamientos que ellos
mismos y su homólogos han realizado de manera uniforme frente a controversias
similares (precedente horizontal). No se trata solamente de una contemplación
eventual de aquellas decisiones anteriores, sino que en realidad los operadores
jurídicos deben sujetar sus providencias a las subreglas de derecho y pautas
establecidas por sus superiores funcionales y por ellos mismos a través de sus
decisiones previas.

En tal sentido, un componente importante de la fuerza justificativa de las decisiones
judiciales está en su deferencia al precedente jurisprudencial y solamente resulta
aceptable una separación de este a condición de que el operador ofrezca motivos
contundentes y suficientes que evidencien por qué un caso en concreto no es
susceptible de ser tratado como se han abordado anteriormente otros casos
semejantes.25

Así, la jurisprudencia constitucional ha identificado el apartamiento deliberado e
injustificado del precedente como un vicio constitutivo de defecto sustantivo que

23 “Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La
equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares
de la actividad judicial.”
24 Sentencia T-1029 de 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva
25 Sentencia SU-050 de 2017, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva

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habilita el ataque de una providencia judicial mediante acción de tutela y ha
discernido los escenarios en los cuales se concreta esta violación al debido proceso:

“(i) Cuando se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles
por sentencias de constitucionalidad;

“(ii) Cuando se aplican disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido
encontrado contrario a la Constitución;

“(iii) Cuando se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad; y

“(iv) Cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la
Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela”26.

Se desprende de lo anterior que el respeto por el precedente judicial es un deber
que vincula al juez, del cual por regla general no puede tomar distancia en la
solución de casos futuros. Si en ejercicio de su autonomía el funcionario opta por
prescindir de las subreglas trazadas a través del precedente, está obligado a asumir
la carga de defender su disidencia mediante argumentos sólidos, so pena de que la
decisión adoptada sea vulnerable a la censura constitucional vía acción de tutela.

2.6.5. Materialización del defecto por desconocimiento del precedente en el
caso bajo estudio27

Como se dijo en precedencia, el ciudadano Germán López Guerrero estima
vulnerados sus derechos fundamentales a partir de la configuración de un defecto
por desconocimiento del precedente constitucional, sustentado en que se hizo caso
omiso de aquel que posibilita el levantamiento de las sanciones impuestas por
desacato en el marco de una acción de cumplimiento en los casos en que este se
acredita, así sea extemporáneo o aún después de que se surte el grado
jurisdiccional de consulta.

Para la sala es claro que el precedente a que se ha hecho alusión exigía que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomara en consideración los informes
rendidos por la DISAN (incluso aquellos allegados con posterioridad a la imposición
de las sanciones por desacato), para valorar las gestiones adelantadas por la
entidad para satisfacer las órdenes de cumplimiento y descartar así la hipótesis de
un incumplimiento deliberado del fallo que dispuso: i) establecer un procedimiento
de suministro de medicamentos cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud, a través
del cual se asegurara la entrega completa e inmediata de estos y, ii) disponer de un
mecanismo para la entrega de medicamentos al afiliado.

En todo caso, de conformidad con lo informado por el tribunal accionado en el auto
de 30 de enero de 2026 y de conformidad con las pruebas allegadas al interior del

26 Sentencias SU-050 de 2017, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva y T-1092 de 2007, M.P.: Humberto

Antonio Sierra Porto.
27 Para los efectos de la presente sentencia se tendrán en cuenta las consideraciones

jurisprudenciales contenidas en la SU-034 de 2018, las cuales, si bien se refieren a sanciones
impuestas en el marco de incidentes de desacato en acciones de tutela, se extenderán al presente
asunto relativo a decisiones adoptadas en acciones de cumplimiento, en la medida en que se trata
igualmente de un escenario sancionatorio en el que se realiza un análisis subjetivo del cumplimiento
de las órdenes que, indistintamente, se hace en incidentes de desacato de acciones de tutela,
populares o de cumplimiento.

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Demandante: Germán López Guerrero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04109-01

último trámite de desacato presentado por el señor Franklin Cifuentes, se advierte
que las anteriores órdenes ya se satisficieron por parte de la DISAN.

En este punto, el tutelante reprocha que la autoridad acusada no haya accedido a
levantar o inaplicar las sanciones de multa que le fueron impuestas, a pesar de que,
como se viene de reseñar, la DISAN atendió el requerimiento judicial mediante la
dispensación de medicamentos al hijo del señor Cifuentes Fernández y se han
realizado todas las gestiones correspondientes para dar cumplimiento al fallo.

En lugar de ello, el tribunal demandado se arraigó en su opinión de que la DISAN
debió pedir la inaplicación de las sanciones en la contestación de la demanda y en
los trámites de los incidentes de desacato que dieron lugar a la imposición de las
sanciones, solicitudes que, como se advirtió en precedencia, sí fueron realizadas
por el tutelante. Sin embargo, antes de asumir esa inflexible postura, era menester
analizar si existía o no responsabilidad subjetiva en la actuación del funcionario de
la entidad compelida, de conformidad con la reiterada jurisprudencia constitucional
sobre la naturaleza y finalidad del incidente de desacato.

Por otro lado, el tribunal mal podía negar el levantamiento de las sanciones con
argumentos como que las mismas se encontraban en firme y que el desacato es un
dispositivo para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina desarrollada
de forma pacífica por la Corte Constitucional en la sentencia SU-034 de 201828,
invocada por el actor, en cuanto a que el propósito perseguido por la sanción es
conminar al obligado como medio para garantizar el cumplimiento de la sentencia,
mas no sancionar por sancionar.

Bajo esa óptica, ante las solicitudes de inaplicación de las sanciones, el tribunal
estaba llamado a incorporar en su razonamiento la jurisprudencia consolidada por
la Corte Constitucional y aplicar el mandato constitucional de prevalencia de lo
sustancial (que en este caso sería la constatación de las acciones positivas
orientadas al cumplimiento), para con base en ello reconsiderar si se justificaba
mantener las medidas coercitivas impuestas.

Ejecutar la sanción una vez se ha evidenciado el cumplimiento de la orden de
cumplimiento conlleva a transformar una medida de apercibimiento en una medida
punitiva asimilable al derecho penal con funciones de prevención general. En esa
medida, lo que correspondía era realizar el estudio de la solicitud de inaplicación o
levantamiento de las sanciones de multa impuestas y determinar si era procedente
o no dicho levantamiento, en atención al precedente constitucional sobre la
naturaleza y finalidad del incidente de desacato.

28 El fallo mencionado indicó: “Por otro lado, el juzgado mal podía negar el levantamiento de las

sanciones con argumentos como que las mismas se encontraban en firme y que el desacato
es un dispositivo para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina desarrollada de forma
pacífica por esta Corte en cuanto a que el propósito perseguido por la sanción es conminar al
obligado como medio para garantizar el goce efectivo del derecho tutelado mediante sentencia, mas
no sancionar por sancionar. Bajo esa óptica, ante las solicitudes de inaplicación de las sanciones, el
Juzgado Civil del Circuito de Los Patios estaba llamado a incorporar en su razonamiento la
jurisprudencia consolidada por esta Corte y aplicar el mandato constitucional de prevalencia de lo
sustancial (que en este caso sería la constatación de las acciones positivas orientadas al
cumplimiento), para con base en ello reconsiderar si se justificaba mantener las medidas coercitivas
impuestas.”

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Demandante: Germán López Guerrero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04109-01

Con fundamento en lo expuesto en precedencia, con el ánimo de restablecer los
derechos vulnerados a raíz de la decisión de mantener las medidas de multa que,
como se vio, incurrieron en un defecto de desconocimiento del precedente, la sala
revocará parcialmente el fallo de 19 de junio de 2026 dictado por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en cuanto declaró la improcedencia
de la tutela respecto del cargo de desconocimiento del precedente y se confirmará
en todo lo demás.

En su lugar se amparará el derecho al debido proceso del señor Germán López
Guerrero y se dejará sin efectos el auto de 30 de enero de 2026 por medio del cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A negó
la solicitud de levantamiento de las sanciones impuestas en los autos de 7 de marzo
de 2017, 29 de junio de 2017 y 18 de mayo de 2018.

En consecuencia, se le concederá el término de 3 días, contado a partir de la
notificación de esta sentencia, para que emita una decisión de reemplazo que tenga
en cuenta lo expuesto en esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revocar parcialmente el fallo de 19 de junio de 2026 dictado por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en cuanto declaró la
improcedencia de la tutela respecto del cargo de desconocimiento del precedente.

SEGUNDO: Amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor Germán
López Guerrero.

TERCERO: Dejar sin efectos el auto de 30 de enero de 2026, por medio del cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A negó la
solicitud elevada por el tutelante para que se dispusiera el levantamiento de las
sanciones impuestas en los autos de 7 de marzo de 2017, 29 de junio de 2017 y 18
de mayo de 2018.

CUARTO: Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A que, dentro del término de 10 días contado a partir de la notificación
de esta sentencia, emita una decisión de reemplazo que tenga en cuenta lo
expuesto en esta providencia.

QUINTO: Confirmar en todo lo demás la sentencia de 19 de junio de 2026 dictada
por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

SEXTO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.

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Demandante: Germán López Guerrero
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04109-01

SÉPTIMO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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