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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04110-00

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04110-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Pedro Elías Ramírez Caicedo, por conducto de apoderado, contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04110-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04110-00
Accionante: PEDRO ELÍAS RAMÍREZ CAICEDO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad / MEDIO
DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Sanción
moratoria en el pago de cesantías / REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL –
Se plantea un debate de contenido legal y económico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por el señor Pedro Elías Ramírez Caicedo, por conducto de apoderado, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en el
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El 28 de mayo de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad.

Hechos relevantes

2. El señor Pedro Elías Ramírez Caicedo promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(en adelante FOMAG) y el Departamento de Norte de Santander, con el fin de
obtener el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago de las
cesantías, conforme con lo previsto en la Ley 1071 de 2006 y en el artículo 57 de la
Ley 1955 de 2019.

3. El asunto correspondió al Juzgado Décimo (10.°) Administrativo del Circuito
Judicial de Cúcuta que, por medio de sentencia del 22 de noviembre de 2023, negó
las pretensiones de la demanda.

1 Que ingresó al despacho para fallo el 9 de junio de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04110-00
Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

4. Como fundamento de su decisión, el a quo indicó que el 3 de diciembre de 2019
la parte accionante presentó la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías
parciales la cual fue resuelta de manera oportuna mediante la Resolución núm. 6553
del 12 de diciembre de 2019, es decir, dentro de los siete días hábiles siguientes a
la radicación. En ese sentido, precisó que el término de 70 días con el que contaba
la administración para efectuar el pago vencía el 13 de marzo de 2020, fecha en la
que el valor reconocido fue puesto a disposición del actor, de acuerdo con lo
señalado en el soporte de pago emitido por el Banco BBVA.

5. El señor Pedro Elías Ramírez Caicedo presentó recurso de apelación contra la
decisión precitada. Sostuvo que la fecha límite para efectuar el pago oportuno de
las cesantías no correspondía al 13 de marzo de 2020, sino al 6 de marzo del mismo
año. Esto, en consonancia con los términos previstos en la Ley 1955 de 2019 y en
el Decreto 942 de 2022. De esta manera, adujo que transcurrieron cinco (5) días de
mora en el desembolso de la prestación, por lo que le asistía el derecho a la sanción
dispuesta en la normatividad aplicable.

6. El conocimiento del recurso de apelación fue asignado al Tribunal Administrativo
de Norte de Santander que, por medio de sentencia del 20 de noviembre de 2025,
confirmó lo fallado en primera instancia.

Pretensiones

7. En el presente proceso de tutela, el demandante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER en la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2025 dentro del
proceso ordinario identificado con radicado No. 54-001-33-33-010-2022-00385-
01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
GRATUIDAD y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA del señor
PEDRO ELÍAS RAMÍREZ CAICEDO, al haber adoptado una decisión que se
aparta de los principios de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y
del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva decisión
judicial que garantice (i) un análisis del caso concreto congruente con los
medios de prueba, con el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos objeto
de litigio y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las
competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión de las
solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes
del Fomag”2.

Fundamentos de la demanda de tutela

8. La parte accionante sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto fáctico por la falta de valoración de los elementos probatorios obrantes en
el expediente que, a su juicio, resultaban determinantes para el esclarecimiento de
los hechos en discusión en el proceso ordinario. Al respecto, señala que “[e]l caso

2 Folio 5 del escrito de tutela.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04110-00
Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

del señor Pedro Elías Ramírez Caicedo se enmarca en este supuesto fáctico, según
se desprende de las piezas documentales que integran el expediente administrativo,
en particular de la constancia de notificación personal. En efecto, de dicho
documento se evidencia que el actor se acogió a la decisión adoptada por la
administración dentro del trámite de cesantías, al expresar su renuncia a los
términos para interponer los recursos procedentes, lo cual determinó la firmeza del
acto administrativo notificado y, en consecuencia, la producción de los efectos
jurídicos propios de dicha ejecutoria”3.

9. Aduce que la solución adoptada por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander frente al debate jurídico se apartó de una adecuada valoración de las
pruebas recaudadas en el proceso, al desconocer la renuncia de términos hecha
por el accionante, a pesar de que de la constancia de notificación del acto de
reconocimiento de cesantías se desprendía con plena certeza la ocurrencia de este
hecho dentro de la actuación administrativa. Al respecto, sostiene que la omisión de
esta realidad tuvo una incidencia directa en el sentido de la decisión, ya que, a su
juicio, aplicó una regla de unificación que no correspondía a la situación particular
del docente, evidenciándose así que el juez colegiado resolvió a su arbitrio la
controversia.

10. Finalmente, afirma que “como la (sic) accionante renunció a términos, de
acuerdo con la regla séptima de la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018
del 18 de julio de 2018, los 45 días hábiles para el pago de las cesantías debían
contarse desde el día siguiente a la notificación del acto de reconocimiento. En este
contexto, el juzgador incurrió en error al contabilizar los 10 días hábiles de
ejecutoria, pues con ello desconoció la manifestación expresa del señor Ramírez
Caicedo de no interponer recursos contra la resolución expedida por el
Departamento de Norte de Santander y, en consecuencia, pasó por alto que el acto
administrativo adquirió firmeza desde el 18 de diciembre de 2019”4.

Trámite procesal

11. Por medio de auto del 29 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Norte de Santander como accionado y al Juzgado Décimo (10.°) Administrativo del
Circuito Judicial de Cúcuta, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al Departamento de Norte
de Santander, a Fiduprevisora S.A., al Ministerio Público y a los demás
intervinientes dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado núm. 54001-33-33-010-2022-00385-00/01 como terceros con interés en
las resultas del proceso.

12. De igual modo, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

3 Folio 12 ibid.
4 Ibid.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04110-00
Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Intervenciones

13. El Juzgado Décimo (10.°) Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
realizó un recuento de las actuaciones adelantadas en el curso del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Pedro Elías
Ramírez Caicedo contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el FOMAG
y el Departamento de Norte de Santander e indicó que en dicho proceso se
adelantaron todas las etapas establecidas en la ley con respeto de las garantías
constitucionales de las partes.

14. Asimismo, aportó el enlace de acceso al expediente contentivo del asunto
radicado núm. 54001-33-33-010-2022-00385-00.

15. La Nación – Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela de la referencia, en atención a que “[e]l defecto
cuya remoción se persigue por vía de la acción de tutela debe conllevar, en forma
inmediata, la violación de uno o múltiples derechos fundamentales, lo cual
determina que sólo las decisiones judiciales cuyos efectos trasciendan el campo de
los anotados derechos, en detrimento de éstos, pueden ser atacadas mediante la
acción de tutela, no obstante, los jueces ante quienes se solicita están obligados a
examinar de manera rigurosa el caso para no desvirtuar los principios de autonomía
funcional de la jurisdicción y de la cosa juzgada”5.

16. De ese modo, manifestó que “será el extremo activo quien tendrá que probar,
en el proceso que nos ocupa, si existe una eventual transgresión de derechos que
pudiera generar que la decisión judicial expedida por el Juez de Conocimiento se
aparte del ámbito de legalidad, para desplegar actuaciones de hecho que resulten
contrarias al Ordenamiento Jurídico. Siendo así este evento sujeto del amparo
constitucional por medio de la acción de tutela”6.

17. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander indicó que las actuaciones
surtidas en el trámite de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho fueron desarrolladas en el marco de la normatividad
legal existente y la jurisprudencia que regula lo referente a la sanción moratoria de
las cesantías conforme la sentencia de unificación del consejo de estado SUJ-012-
S2 de 18 de julio de 2018, en lo que respecta al conteo de términos para configurar
la mora en el pago de la prestación social acatando el ordenamiento jurídico
existente.

18. Así, sostuvo que el actuar del despacho ponente de la sentencia del 20 de
noviembre de 2025 se dio conforme a los elementos aportados en el expediente y
cada etapa dentro del mismo, se evacuó en aplicación al deber de garantizar a las
partes procesales que las decisiones fueran objetivas y sometidas exclusivamente
al imperio de la ley.

5 Folio 10. Archivo “010RECIBEMEMORIAL_2026EE202576Comunica”.
6 Ibid.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04110-00
Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

19. Finalmente, allegó el enlace de acceso al expediente contentivo del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 54001-33-33-010-
2022-00385-01.

20. Pese a haber sido notificadas en debida forma7, las demás partes guardaron
silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

22. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales,
particularmente, el de relevancia constitucional?

23. De resultar afirmativo la respuesta al anterior interrogante, se resolverá ¿si el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con la expedición de la providencia
del 20 de noviembre de 2025, proferida en el curso del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado núm. 54001-33-33-010-2022-00385-01,
incurrió en un defecto fáctico y, por consiguiente, en la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad de la parte accionante?

24. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

25. Conforme con el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20058, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

26. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela

7 Véase índice 8 de Samai.
8 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04110-00
Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

debe verificar9: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela10, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional11 o el Consejo de Estado12,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP13; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable14 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

27. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

28. La Corte Constitucional indicó15 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

29. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el evento

9 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
10 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
12 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
14 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04110-00
Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

en que pretende reabrir el debate16, a saber: (i) la discusión debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

30. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
transgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia17.

Caso concreto

31. En el caso bajo estudio, el señor Pedro Elías Ramírez Caicedo presentó acción
de tutela contra la sentencia del 20 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander. Sin embargo, la Subsección considera que
no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se
cumple con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

32. Revisada integralmente la demanda de tutela, se advierte que la parte
accionante pretende reabrir el debate jurídico en torno a cuestiones que ya fueron
examinadas y resueltas por el juez natural en ambas instancias del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, el escrito no introduce cargos
nuevos de relevancia constitucional ni plantea la configuración de un defecto
específico en la providencia cuestionada, sino que insiste en la revisión de asuntos
probatorios y argumentativos que fueron objeto de valoración y decisión dentro del
trámite ordinario.

33. Al respecto, se tiene que, en la decisión cuestionada, la autoridad judicial
consideró lo siguiente (Se transcribe con posibles errores):

“[…] la Sala no comparte el criterio adoptado por el juzgado de primera
instancia, toda vez que este tomó como referencia el comprobante de pago
expedido por la entidad bancaria BBVA para establecer la fecha de disposición
del desembolso. Dicho documento, resulta ambiguo frente al dato requerido,
máxime cuando obra en el expediente certificación expedida por el Fomag, la
cual constituye un documento público debidamente incorporado al proceso y,
por ende, dotado de plena validez probatoria.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta la certificación emitida por la
Fiduprevisora, en la que consta que el pago fue puesto a disposición del
demandante el 13 de marzo de 2020 a través del Banco Ganadero de Cúcuta,
y atendiendo los plazos previamente verificados, la Sala precisa que, aun
cuando ambos documentos registran la misma fecha, debe otorgarse
prevalencia a la certificación expedida por la Fiduprevisora, por ser la entidad
encargada de la administración de los recursos del Fondo.

16 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04110-00
Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Ahora bien, el argumento central de la apelación se sustenta en que la entidad
contaba con un término de setenta (70) días hábiles para realizar el pago de las
cesantías, contados a partir del 3 de diciembre de 2019, fecha en que la docente
(sic) presentó la solicitud de reconocimiento de la prestación, hasta el 13 de
marzo de 2020, momento en el cual se cumplía dicho término. En ese sentido,
la mora solo podría configurarse a partir del 14 de marzo de 2020.

Al realizar el conteo de los días hábiles transcurridos entre la radicación de la
solicitud de reconocimiento de las cesantías parciales (efectuada el 3 de
diciembre de 2019) y la fecha en que los recursos fueron puestos a disposición
del beneficiario (13 de marzo de 2020), se constata que para esta última no
había vencido el término legal de setenta (70) días hábiles establecido en la Ley
1071 de 2006. En consecuencia, el desembolso se efectuó dentro del plazo
previsto por la normativa y en armonía con lo señalado por la Sentencia de
Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018 proferida por el
Consejo de Estado, lo que evidencia que la administración cumplió
oportunamente con su obligación de reconocer y pagar la prestación, sin que
se hubiera configurado mora alguna en el trámite.

En atención a lo expuesto, no resulta procedente acoger los planteamientos del
apelante, quien sostiene que el pago debía efectuarse el 6 de marzo de 2020 y
que el desembolso se realizó el 11 de marzo de 2020, configurándose así una
mora entre las referidas fechas. Tales afirmaciones se sustentan únicamente
en una interpretación del recurrente, pues en el expediente obra certificación
expedida por la Fiduprevisora que acredita que efectivamente los recursos
fueron puestos a disposición el 13 de marzo de 2020.

De igual forma, se verificó que entre el 3 de diciembre de 2019 y el 6 de marzo
de 2020 transcurrieron únicamente sesenta y seis (66) días hábiles,
circunstancia que impide afirmar que en dicho lapso se hubiera configurado
mora alguna.

Así las cosas, al encontrarse plenamente acreditado que el pago de las
cesantías solicitadas se efectuó dentro del término legal, no existe mérito para
emitir condena alguna, toda vez que en el expediente obran los documentos
que acreditan el cumplimiento oportuno de la obligación que dio origen a la
pretensión objeto del presente proceso”18.

34. De conformidad con lo citado, esta Sala encuentra que la controversia versa
sobre un asunto meramente legal y económico. Según la jurisprudencia
constitucional, las discusiones de orden legal relativas a un derecho de esta
naturaleza deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para su trámite, puesto que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de
“involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones”19.

35. Además, la Corte Constitucional ha considerado que un asunto carece de
relevancia constitucional (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente

18 Folios 14 y 15 Archivo “010Sentenciasegu_02540013333010202200”.
19 Sentencia SU-173 de 2019.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04110-00
Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general”20.

36. En ese sentido, la Sala considera que la acción de tutela no es el escenario
adecuado para examinar la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías que fue negada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en
la sentencia de segunda instancia, dado el innegable carácter patrimonial que
implica dicha temática, sumado al carácter eminentemente legal de la discusión
planteada en el mecanismo de amparo. La Subsección advierte que la acción de
tutela carece de relevancia constitucional, toda vez que el debate planteado se limita
a una controversia de índole puramente económica relacionada con la sanción
moratoria derivada del pago extemporáneo de una prestación social que ya fue
reconocida y cancelada al accionante, quien además es titular del derecho
reclamado.

37. No toda controversia económica carece de relevancia constitucional. Sin
embargo, en este caso concreto, el accionante no demostró una afectación
autónoma al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social o al núcleo esencial
del debido proceso. La prestación principal —cesantías parciales— fue reconocida
y pagada; lo debatido se reduce al cómputo de unos días para efectos de la sanción
moratoria. Por ello, la discusión no trasciende el plano legal y patrimonial.

38. Así las cosas, aunque la parte actora formuló su inconformidad bajo la
apariencia de un defecto fáctico, lo cierto es que la providencia cuestionada sí tuvo
en cuenta la renuncia a términos de ejecutoria, sólo que no le atribuyó el efecto
jurídico pretendido por el demandante. En esa medida, el cargo se presenta como
defecto fáctico, pero no cuestiona propiamente la existencia, decreto, práctica o
valoración irracional de una prueba, sino el efecto jurídico que debía asignarse a la
renuncia a términos frente al cómputo para el pago de cesantías. Esa discusión
corresponde al ámbito legal del proceso ordinario y no evidencia una afectación
constitucional autónoma.

39. Frente a ello, tal como lo ha indicado esta Subsección al resolver asuntos
similares21, el defecto fáctico se configura cuando la autoridad judicial deja de
valorar adecuadamente pruebas determinantes, reconocidas en la propia
providencia y que se relacionan de forma directa con el hecho que debía ser
esclarecido. Así, para que se encuentra acreditado tal proceder, se deben
desconocer las reglas de la sana crítica y que la decisión enjuiciada no se funde en
una apreciación razonada, completa y armónica del material probatorio, sino en la
prevalencia de una afirmación formal contenida en la demanda sobre documentos
oficiales que daban cuenta de la realidad del trámite administrativo.

40. En ese orden de ideas, no se advierte que la valoración probatoria haya tenido
una incidencia directa y determinante en el sentido del fallo, pues condujo al Tribunal
a concluir que no se configuró mora a partir de una premisa fáctica que no se

20 Ibidem.
21 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 15 de mayo de 2026.
Radicado núm. 11001-03-15-000-2026-02792-00.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04110-00
Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

encontraba debidamente acreditada. Por ello, no es posible afirmar que se configura
dicha causal específica de procedibilidad.

41. De igual modo, no se evidencia que la discusión comprometa un derecho
fundamental en su núcleo esencial, en particular el debido proceso o el acceso a la
administración de justicia en su dimensión sustancial. Tampoco se alegó ni acreditó
una afectación concreta al mínimo vital o una circunstancia excepcional que
permitiera concluir que la discusión sobre la sanción moratoria trasciende el plano
legal y patrimonial para adquirir relevancia constitucional.

42. En realidad, la tutela pretende reabrir el análisis efectuado por el juez natural
sobre el alcance probatorio y jurídico de la renuncia a términos de ejecutoria, así
como sobre el momento a partir del cual debía computarse el plazo para el pago de
las cesantías. Ese desacuerdo, por sí solo, no habilita la intervención del juez
constitucional.

43. En conclusión, la Subsección considera que la intención de la parte demandante
es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y
razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción
de tutela debido al incumplimiento del requisito mencionado anteriormente.

44. En ese orden de ideas, de conformidad con lo anterior, se declarará
improcedente la petición de amparo por el incumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Pedro Elías Ramírez Caicedo, por conducto de apoderado, contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04110-00
Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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