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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04110-01

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04110-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de junio de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04110-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04110-01
Accionante: PEDRO ELÍAS RAMÍREZ CAICEDO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
26 de junio de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Pedro Elías Ramírez Caicedo solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva en conexidad con el principio
de favorabilidad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 20 de noviembre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de
radicación 54001-33-33-010-2022-00385-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el número de radicación 54001-33-33-010-2022-
00385-00/01 contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Norte de Santander, con
el fin de de obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos fictos
negativos configurados el 25 de junio de 2021 como consecuencia del silencio
administrativo frente a las peticiones mediante las cuales solicitó el reconocimiento y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04110-01
Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo

pago de la sanción por mora en el pago de cesantías, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1071 de 2006 y la ley 1955 de 2019; y a título de restablecimiento
del derecho, se condenara al reconocimiento y pago de la sanción moratoria originada
en el retardo en la cancelación de las cesantías parciales.

2.2. Señalóque, el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Cúcuta, autoridad judicial que, mediante providencia de
22 de noviembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Sostuvo que interpuso recurso de apelación contra la providencia mencionada y el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia de 20 de
noviembre de 2025 confirmó la decisión.

2.4. Expresó que la providencia antes referida vulneró sus derechos al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, en conexidad
con el principio de favorabilidad, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto
fáctico.

2.5. Argumentó la configuración del defecto fáctico, en el sentido que las autoridades
judiciales accionadas no realizaron una valoración completa de las pruebas obrantes
en el expediente, las cuales consideraba determinantes para esclarecer los hechos y
resolver el derecho reclamado por el docente.

2.6. Particularmente se refirió a la prueba consistente en “[…] la constancia en la que el
señor Pedro Elías Ramírez Caicedo manifestó expresamente su renuncia a los
términos de ejecutoria al momento de notificarse de la Resolución No. 006553 del 12
de diciembre de 2019. […]” e indicó que resultaba relevante porque, “[…] al calcular
los plazos del trámite de reconocimiento y pago de las cesantías, el tribunal contabilizó
los 10 días hábiles correspondientes a la ejecutoria del acto administrativo, ignorando
por completo dicha declaración, tal como se evidencia en la sentencia cuestionada.
[…]”

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER en la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2025 dentro del
proceso ordinario identificado con radicado No. 54-001-33-33-010-2022-00385-
01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
GRATUIDAD y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA del señor
PEDRO ELÍAS RAMÍREZ CAICEDO, al haber adoptado una decisión que se
aparta de los principios de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y
del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva decisión
judicial que garantice (i) un análisis del caso concreto congruente con los
medios de prueba, con el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos objeto
de litigio y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las

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Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo

competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión de las
solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes
del Fomag. […]”. [Negrilla del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 29 de mayo de 2026, el Despacho de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso al Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Cúcuta, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional, al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al Departamento de Norte de
Santander, a la Fiduprevisora S.A., al Ministerio Público y a los demás intervinientes
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm.
54001-33-33-010-2022-00385-00/01.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar improcedente la acción
de tutela, con ocasión a que no se evidencia violación alguna de derechos
fundamentales del accionante. Igualmente, afirmó que “[…] El defecto cuya
remoción se persigue por vía de la acción de tutela debe conllevar, en forma
inmediata, la violación de uno o múltiples derechos fundamentales, lo cual
determina que sólo las decisiones judiciales cuyos efectos trasciendan el campo de
los anotados derechos, en detrimento de éstos, pueden ser atacadas mediante la
acción de tutela, no obstante, los jueces ante quienes se solicita están obligados a
examinar de manera rigurosa el caso para no desvirtuar los principios de autonomía
funcional de la jurisdicción y de la cosa juzgada.[…]”.

5.2. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta no se pronunció
frente a los cargos alegados, realizó un recuento de las actuaciones del proceso,
indicando que fueron conforme a lo regulado en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normativa aplicable al
caso concreto. Finalmente, allegó enlace de acceso al expediente contentivo del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 54001-
33-33-010-2022-00385-00.

5.3. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander indicó que las actuaciones
del Despacho sustanciador fueron desarrolladas en el marco de la normatividad
legal existente y la jurisprudencia que regula lo referente a la sanción moratoria de
las cesantías. Por lo anterior, solicitó no acceder a las pretensiones de la tutela, al
considerar que no existe violación a los derechos invocados por el actor.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04110-01
Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 26 de junio de 2026, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar la improcedencia de la acción
constitucional por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

7. Al respecto consideró que “[…] Revisada integralmente la demanda de tutela, se
advierte que la parte accionante pretende reabrir el debate jurídico en torno a
cuestiones que ya fueron examinadas y resueltas por el juez natural en ambas
instancias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, el
escrito no introduce cargos nuevos de relevancia constitucional ni plantea la
configuración de un defecto específico en la providencia cuestionada, sino que
insiste en la revisión de asuntos probatorios y argumentativos que fueron objeto de
valoración y decisión dentro del trámite ordinario. […]”.

8. Así mismo, sostuvo, que la acción de tutela plantea un debate de índole puramente
económico, relacionado con la sanción moratoria derivada del pago extemporáneo
de una prestación social que ya fue reconocida y cancelada al accionante. Sostuvo,
frente al defecto alegado que “[…] lo cierto es que la providencia cuestionada sí tuvo
en cuenta la renuncia a términos de ejecutoria, sólo que no le atribuyó el efecto
jurídico pretendido por el demandante. En esa medida, el cargo se presenta como
defecto fáctico, pero no cuestiona propiamente la existencia, decreto, práctica o
valoración irracional de una prueba, sino el efecto jurídico que debía asignarse a la
renuncia a términos frente al cómputo para el pago de cesantías. Esa discusión
corresponde al ámbito legal del proceso ordinario y no evidencia una afectación
constitucional autónoma. […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, solicitó revocar
la sentencia de 26 de junio de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y acceder al amparo de los derechos fundamentales,
con base en los siguientes argumentos:

“[…] Esta es, precisamente, la inconformidad que se plantea frente a la
sentencia proferida por la autoridad judicial accionada, en la medida en que el
análisis del caso concreto del señor Pedro Elías Ramírez Caicedo se apartó de
los hechos objetivamente acreditados con el material probatorio obrante en el
proceso ordinario. En efecto, el juicio de legalidad de la actuación administrativa
debía realizarse sobre los hechos efectivamente acreditados en el proceso,
pues de ellos dependía establecer si la decisión administrativa se ajustaba o no
al ordenamiento jurídico.

Sin embargo, el tribunal concluyó que el trámite administrativo de cesantías
cuestionado por el docente no presentó irregularidad alguna, al considerar que
se surtió dentro del término legal, sin efectuar un examen acucioso de las
pruebas allegadas con la demanda, las cuales resultaban determinantes para
establecer la forma en que realmente se desarrolló la actuación administrativa
y, con ello, ofrecer una respuesta ajustada al debate jurídico sometido a su
consideración.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04110-01
Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo

En efecto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia del
20 de noviembre de 2025, dio por acreditados los siguientes hechos: (i) la
radicación de la solicitud de cesantías el día 3 de diciembre de 2019, por el
señor Pedro Elías Ramírez Caicedo; (ii) la expedición del acto administrativo el
12 de diciembre de 2019; (iii) la notificación de la decisión de la entidad territorial
el 17 de diciembre de 2019 y, (iv) el giro de los recursos por parte de
Fiduprevisora S.A. el 13 de marzo de 2020. En estos términos, quedó definida
la situación fáctica por la propia autoridad judicial.

[…]

En el presente caso, se cuestiona que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander no realizó una valoración completa de las pruebas obrantes en el
expediente ordinario, aun cuando resultaban determinantes para esclarecer los
hechos discutidos y resolver el derecho reclamado por el docente conforme a
la realidad acreditada en el proceso. […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Problemas jurídicos

11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

12. Con
el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

6

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Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo

judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

7

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Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo

providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

20. El señor Pedro Elías Ramírez Caicedo solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva en conexidad con el principio
de favorabilidad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 20 de noviembre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de
radicación 54001-33-33-010-2022-00385-00/01.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.

23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos

11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.

8

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Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo

fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04110-01
Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].

26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.

27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.

28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia

18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04110-01
Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo

y a la tutela judicial efectiva en conexidad con el principio de favorabilidad, por haber
incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico

29. Argumentó la configuración del defecto fáctico en el sentido que las autoridades
judiciales accionadas no realizaron una valoración completa de las pruebas obrantes
en el expediente, las cuales consideraba determinantes para esclarecer los hechos y
resolver el derecho reclamado por el docente.

30. Particularmente se refirió a la prueba consistente en “[…] la constancia en la que el
señor Pedro Elías Ramírez Caicedo manifestó expresamente su renuncia a los
términos de ejecutoria al momento de notificarse de la Resolución No. 006553 del 12
de diciembre de 2019. […]” e indicó que resultaba relevante porque, “[…] al calcular
los plazos del trámite de reconocimiento y pago de las cesantías, el tribunal contabilizó
los 10 días hábiles correspondientes a la ejecutoria del acto administrativo, ignorando
por completo dicha declaración, tal como se evidencia en la sentencia cuestionada.
[…]”

31. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto; y, iii) la pretensión guarda relación con un asunto de contenido
económico.

32. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

33. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que el accionante
no está exponiendo que la providencia cuestionada haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su inconformidad consiste en que el juez
de segunda instancia confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Cúcuta, a través de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

34. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en la providencia
cuestionada:

“[…] Ahora bien, el argumento central de la apelación se sustenta en que la
entidad contaba con un término de setenta (70) días hábiles para realizar el
pago de las cesantías, contados a partir del 3 de diciembre de 2019, fecha en
que la docente presentó la solicitud de reconocimiento de la prestación, hasta
el 13 de marzo de 2020, momento en el cual se cumplía dicho término. En ese
sentido, la mora solo podría configurarse a partir del 14 de marzo de 2020.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04110-01
Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo

Al realizar el conteo de los días hábiles transcurridos entre la radicación de la
solicitud de reconocimiento de las cesantías parciales (efectuada el 3 de
diciembre de 2019) y la fecha en que los recursos fueron puestos a disposición
del beneficiario (13 de marzo de 2020), se constata que para esta última no
había vencido el término legal de setenta (70) días hábiles establecido en la Ley
1071 de 2006. En consecuencia, el desembolso se efectuó dentro del plazo
previsto por la normativa y en armonía con lo señalado por la Sentencia de
Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018 proferida por el
Consejo de Estado, lo que evidencia que la administración cumplió
oportunamente con su obligación de reconocer y pagar la prestación, sin que
se hubiera configurado mora alguna en el trámite.

En atención a lo expuesto, no resulta procedente acoger los planteamientos del
apelante, quien sostiene que el pago debía efectuarse el 6 de marzo de 2020 y
que el desembolso se realizó el 11 de marzo de 2020, configurándose así una
mora entre las referidas fechas. Tales afirmaciones se sustentan únicamente
en una interpretación del recurrente, pues en el expediente obra certificación
expedida por la Fiduprevisora que acredita que efectivamente los recursos
fueron puestos a disposición el 13 de marzo de 2020.

De igual forma, se verificó que entre el 3 de diciembre de 2019 y el 6 de marzo
de 2020 transcurrieron únicamente sesenta y seis (66) días hábiles,
circunstancia que impide afirmar que en dicho lapso se hubiera configurado
mora alguna.

Así las cosas, al encontrarse plenamente acreditado que el pago de las
cesantías solicitadas se efectuó dentro del término legal, no existe mérito para
emitir condena alguna, toda vez que en el expediente obran los documentos
que acreditan el cumplimiento oportuno de la obligación que dio origen a la
pretensión objeto del presente proceso.

En virtud de lo expuesto, esta Sala concluye que la decisión del Tribunal debe
orientarse a confirmar la sentencia de primer grado proferida por el Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, por cuanto no se configuró alguna
en el pago de las cesantías solicitadas por la parte actora. […]”.

35. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

36. Lo que se aprecia es que el juez de lo contencioso administrativo al revisar el
caso, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, concluyó que existió
el cumplimiento oportuno de la obligación, por lo tanto, no se configuró mora alguna
en el trámite.

37. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”20. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial

20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04110-01
Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo

[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”21.

38. Adicionalmente,esta Sección ha venido sosteniendo que en razón a que la
inconformidad planteada gira en torno a la falta de reconocimiento de la sanción
moratoria, este asunto no involucra la afectación de derechos fundamentales, sino
que tiene una naturaleza eminentemente económica.

39. Lo dicho previamente se fundamenta en que la Corte Constitucional, en sentencia
SU-573 de 201922, precisó que la sanción moratoria no constituye “[…] un derecho
fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional […]”. En esa oportunidad, dicha Corporación expuso lo siguiente:

“[…] 55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna
de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La
jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de
las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es
“auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo”. Por tanto, solo
en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría
procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración
del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En
consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la
finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador
que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos
solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter
netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela
[…]”. (Negrilla fuera del texto).

40. A partir de lo anterior, esta Sección23, al igual que las Secciones Tercera, Cuarta
y Quinta de esta Corporación24, ha venido reiterando, de manera pacífica, que los
conflictos en materia de tutela relacionados con el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria están asociados a controversias de índole meramente legal y
económica, por lo que no cumplen con el citado requisito general de procedencia.

41. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará la sentencia de 26 de
junio de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir el
requisito general de relevancia constitucional.

21
Ibid.
22 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-573 de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
23 Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-

01425-01; de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01; de 7 de abril de 2022
expediente número 11001-03-15-000-2022-01593-00.
24 Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 17 de marzo de 2022 expediente número 11001-03-15-000-

2022-01048-00; de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01482-01; de 8 de julio de
2021 expediente número 11001-03-15-2021-02351-00; de 20 de mayo de 2021 expediente número 11001-03-
15-000-2021-01836-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04110-01
Accionante: Pedro Elías Ramírez Caicedo

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de junio de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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