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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04111-00

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04111-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04111-00 (6531)
Accionante: Mariela Basto León
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: insubsistencia en el cargo de libre
nombramiento y remoción. Subtema 3: defectos sustantivo, fáctico y violación
directa de la Constitución Política.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la señora Mariela Basto León contra el
Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de
Santander.

1. Síntesis del caso

La señora Mariela Basto León presentó escrito de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al
trabajo, a la igualdad, a la vida, a la recta administración de justicia y a la seguridad
jurídica, que consideró vulnerados por el Juzgado Doce Administrativo Oral de
Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, con ocasión de la
sentencias proferidas el 5 de septiembre de 2022 y el 30 de abril de 2026,
respectivamente, dentro del expediente con radicado núm. 68001-33-33-012-2017-
00011-00/01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04111-00, índice 2, certificado 8D58B9C485A5C7E8 448D5AD163FF8D1F
6F88512378994E76 0FA15E62D9FB3BF5.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04111-00 (6531)
Accionante: Mariela Basto León
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

2. La señora Mariela Basto León se encontraba vinculada en el cargo de asesor,
código 10502, grado 02, adscrita a la planta de personal del director general al
servicio de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Dicho empleo de naturaleza
de libre nombramiento y remoción.

3. La tutelante, el 3 de junio de 2016, realizó una solicitud a Colpensiones para
que le fuera reconocida su pensión, porque acreditó 66 años de edad y 37 de
servicio en la referida entidad.

4. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, mediante Resolución núm. 328 del
15 de julio de 2016, declaró insubsistente el nombramiento de la señora Mariela
Basto León en el cargo de asesora, código 10502, grado 02.

5. La señora Mariela Basto León presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho para que se dejara sin efecto el mencionado acto administrativo y, en
consecuencia, se ordenara su reintegro al cargo que ocupaba al interior de la
entidad demanda o a otro de igual o superior categoría. De igual manera, pidió el
pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir.

6. El Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga, mediante sentencia del 5 de
septiembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la
señora María Basto León se encontraba vinculada en un cargo de libre
nombramiento y remoción, por lo que podía ser retirada del servicio sin acto que
requiriera motivación. Contra dicha decisión, la parte actora presentó recurso de
apelación.

7. El Tribunal Administrativo de Santander, a través de providencia del 30 de abril
de 2026, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

[…] que me sean amparados, como bien lo pidiera en la parte introductoria de la
presente acción, los derechos fundamentales referentes al DEBIDO PROCESO, a la
SEGURIDAD SOCIAL, al TRABAJO, a la IGUALDAD, a la VIDA EN CONDICIONES
DIGNAS, el ACCESO A LA RECTA Y CUMPLIDA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y
a la SEGURIDAD JURÍDICA y demás derechos que la Honorable Corporación estime
que han sido vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander y el por el Juzgado
Doce Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, revocando para ello la(s)
sentencia(s) distadas por tales entes de justicia y, en consecuencia, ORDENAR dictar
fallo de reemplazo, en donde se decida acceder a todas y cada una de las pretensiones
de la demanda. […]2.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que las
providencias cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo, porque desconocieron
lo dispuesto en el artículo 9, parágrafo 3, de la Ley 797 de 2003, pues la norma
referida es aplicable a toda clase de trabajadores, tanto del sector privado como del
2
Se transcribe incluso con errores.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04111-00 (6531)
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servicio público, sin distinción alguna, independientemente de si se encuentran en
condición de preprensionado, o cualquier otra circunstancia laboral.

10. Así pues, explicó que las autoridades accionadas no tuvieron en cuenta que,
según lo descrito en la norma mencionada, «[…] El empleador podrá dar por
terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea
reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema
general de pensiones […]». Bajo este criterio, no era procedente justificar o validar
la declaratoria de insubsistencia, pues, en su caso, cuando se le comunico el acto
administrativo demandado, Colpensiones aún no la había incluido en nómina de
pensionados.

11. Por otra parte, precisó que las sentencias objeto de tutela incurrieron en defecto
fáctico, toda vez que omitieron valorar las pruebas allegadas al plenario,
relacionadas con la actuación administrativa que realizó ante Colpensiones y las
que efectuó la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para el reconocimiento de su
pensión.

12. Agregó que durante el trámite del proceso ordinario y antes de que se profiriera
el fallo de segunda instancia le envió memorial al Tribunal Administrativo de
Santander, en el que refirió, que al darse por terminada la relación laboral, la
Dirección de Tránsito de Bucaramanga omitió ordenar la práctica del examen
médico de egreso.

13. Por consiguiente, indicó que el Tribunal omitió realizar un estudio del memorial
allegado, y decretar las pruebas pertinentes, en ejercicio de su facultad oficiosa,
toda vez que, en su criterio, al haberse realizado el análisis de este documento, se
habría llegado a la conclusión de que la omisión del empleador de ordenar la
práctica del examen médico de egreso daba lugar a su reintegro.

14.Por último, resaltó que se produjo una violación directa de la Constitución, por
cuanto se desconoció el contenido de los derechos fundamentales deprecados.

2.3. Trámite procesal

15. El despacho ponente, mediante auto del 29 de mayo de 20263, admitió la
solicitud de amparo, ordenó la notificación al Juzgado Doce Administrativo de
Bucaramanga y al Tribunal Administrativo de Santander, y puso en conocimiento el
escrito de tutela a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y a Colpensiones, en
su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

16. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)4 manifestó que
carece de legitimación en la causa por pasiva para responder por las pretensiones

3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04111-00, índice 5, certificado EF87AE4341FFA4F6 507B43440DB0BDFB
8CC83285E786C397 C571871C8FC2FBB4.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04111-00 índice 12, certificado 84E70D785BFF4A44 68C0BCDEA35F770D
D34F43CCEB23DC5F 7885EE247DB4FE4D.
3

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Accionante: Mariela Basto León
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

de la tutelante, toda vez que no es la entidad que vulneró los derechos
fundamentales alegados, por lo que solicitó su desvinculación de esta acción
constitucional.

17. El Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga5 refirió que los argumentos
de la tutela corresponden a una mera inconformidad de la accionante con las
decisiones adoptadas dentro del proceso ordinario, sin que se pueda evidenciar la
existencia de los defectos invocados. Además, indicó que la providencia
cuestionada no vulneró los derechos fundamentales deprecados, toda vez que se
encuentra fundamentada en un análisis razonable de los hechos, las pruebas y la
normativa aplicable, por lo que no se configuró alguna irregularidad que permita la
intervención del juez constitucional. En consecuencia, pidió que se declare
improcedente la solicitud de amparo.

18.
El Tribunal Administrativo de Santander6 remitió, a esta corporación, el
expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones del escrito de tutela.

19. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga guardó silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la señora Mariela Basto León en contra
del Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de
Santander.

3.2. Legitimación en la causa

21. La legitimación en la causa por activa de la señora Mariela Basto León está
acreditada, porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconocido sus derechos fundamentales.

22.También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Doce
Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, debido a
que fueron las autoridades que profirieron las sentencias, objeto de tutela.

23. Por otro lado, se advierte que la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) solicitó su desvinculación, al considerar que no estaba llamada a
responder por la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04111-00, índice 13, certificado AB1156FD901696E4 12A3EAA9B1D18060
CC88569EAABE7C05 06C4253451753C2C.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04111-00, índice 11, certificado 34D7DBE297048065 2ABBAA2737A5885B
883E854509215D09 F38B2D79027D85E4.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04111-00 (6531)
Accionante: Mariela Basto León
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

24. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en atención a los argumentos expuestos por la parte actora en el escrito
de tutela, por lo que su llamado se hizo en aras de garantizar sus derechos de
defensa y contradicción con la decisión que resuelva la tutela. Por lo anterior, se
negará su solicitud de desvinculación.

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. La providencia objeto de estudio

25. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Doce Administrativo de
Bucaramanga y por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que los argumentos
que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se
dirigen en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.

26. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 30 de abril de 2026 por el Tribunal Administrativo
de Santander, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial
promovida por Mariela Basto León contra la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

27. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional8.

28.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04111-00 (6531)
Accionante: Mariela Basto León
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

29. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales9 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

30.
De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

31. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional11 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

32. Así pues, la Corte Constitucional12 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»13 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»14;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

33.En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la

9
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
10
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04111-00 (6531)
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Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
34. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

35. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 30 de abril de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Santander fue notificada el 19 de mayo siguiente15, y la demanda de tutela se
presentó el 28 de mayo de 202616, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto
por la jurisprudencia constitucional17 y del Consejo de Estado18 como razonable.

36. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos en los que se sustenta la
afectación alegada.

37.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

38. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo, fáctico y
violación directa de la Constitución y, en ese orden, continuará con el análisis de
fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

39. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo de Santander
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al
trabajo, a la igualdad, a la vida, a la administración de justicia y a la seguridad
jurídica de la parte actora e incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y violación
directa de la Constitución, al proferir la sentencia del 30 de abril de 2026, mediante
la cual confirmó la providencia expedida el 5 de septiembre de 2022 por el Juzgado
Doce Administrativo de Bucaramanga?

40. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

15
Samai, exp. 68001-33-33-012-2017-00011-01, índice 33.
16
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04111-00, índice 1.
17
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7

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3.5.1. El defecto sustantivo

41.
La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado19.

42. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

43. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […] 20.

44. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

45.
Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).21

19
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
20
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
8

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3.5.2. El defecto fáctico

46.
De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»22. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión23» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

47. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»24. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»25.

48. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso26.

49. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial27, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»28.

22
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
23
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
26
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
27
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
28
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
9

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50. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]29.

3.6. Caso concreto

51. En el asunto bajo estudio, Mariela Basto León presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, con
el fin de que se dejara sin efectos la Resolución núm. 328 del 15 de julio de 2016 y,
en consecuencia, se ordenara su reintegro al cargo de asesora, código 10502,
grado 02, adscrita a la planta de personal de la dirección general de la entidad
demandada, o en otro igual o de superior categoría.

52. En primera instancia, el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga,
mediante sentencia del 5 de septiembre de 2022, negó las pretensiones de la
demanda. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Santander, a
través de providencia del 30 de abril de 2026, confirmó el fallo de primera instancia.

53. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que el Tribunal accionado, al proferir el fallo del 30 de abril de 2026, incurrió en
defecto sustantivo, por cuanto omitió aplicar el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley
797 de 2003, lo cual le hubiera permitido declarar la nulidad del acto administrativo
demandado, debido a que, en su criterio, la norma referida impedía desvincular del
servicio público a una servidora se encontrara en trámite para acceder a la pensión
de vejez.

54. Asimismo, indicó que la sentencia acusada incurrió en defecto fáctico, toda vez
que hizo una valoración defectuosa de las actuaciones que realizó ante
Colpensiones y las que efectuó la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para el
reconocimiento de su pensión.

55. En este sentido, mencionó que el Tribunal accionado omitió ejercer su facultad
oficiosa para decretar pruebas que permitieran constatar que la Dirección de

29
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
10

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Accionante: Mariela Basto León
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

Tránsito de Bucaramanga omitió ordenar la práctica del examen médico de egreso,
por lo que su retiro del servicio se efectuó de manera irregular.

56. De igual manera alegó que en la decisión objeto de tutela se configuró una
violación directa de la Constitución, porque se desconocieron preceptos superiores
como el debido proceso, la seguridad social, el trabajo, la igualdad, la vida, la recta
administración de justicia y la seguridad jurídica.

57.
Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo de Santander, en la
sentencia del 30 de abril de 2026, precisó que el estudio del recurso de apelación
interpuesto por la señora Mariela Basto León se debía limitar a aquellos reparos que
«[…] guardan correspondencia con los cargos oportunamente propuestos en la
demanda —esto es, los relativos a la alegada inaplicación del parágrafo 3.º del
artículo 9.º de la Ley 797 de 2003, así como a la falsa motivación y la desviación de
poder—, quedando excluidos del análisis de fondo los cuestionamientos nuevos o
extemporáneamente introducidos en esta sede».

58. Lo anterior, debido a que el juez de la apelación de sentencia sólo podía
«pronunciarse sobre los razonamientos en que se funda la impugnación, que tengan
correspondencia con los motivos de hecho y de derecho expuestos en libelo de la
demanda»30, de allí que no pueda ocuparse de nuevos reproches, como garantía
de los derechos al debido proceso y contradicción de la parte demandada.

59. Una vez aclarado lo anterior, el Tribunal Administrativo de Santander procedió
a revisar el material probatorio aportado al trámite judicial. En particular, puso de
presente las resoluciones núm. 1270 del 30 de noviembre de 2001, núm. 1333 del
11 de diciembre de 2001 y la núm. 104 del 16 de marzo de 2011, así como la
certificación 344-2016 del 22 de septiembre de 2016, con lo cual constató que la
actora laboró desde el 30 de noviembre de 2001 hasta el 15 de julio de 2016, en el
cargo de asesor, código 10502, grado 2, cuyo empleo tenía una naturaleza de libre
nombramiento y remoción adscrito a la planta de personal del director general de la
Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

60. En este sentido, la autoridad judicial accionada precisó que el artículo 41 de la
Ley 909 de 2004 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado31 han referido que las personas que se encuentran en cargos de libre
nombramiento y remoción «responden a especiales relaciones de dirección,
confianza u orientación institucional», de manera que la administración conserva
un margen amplio para nombrar y remover a quienes los desempeñan, bajo la
presunción de que se actúa en aras del buen servicio, por lo que su remoción es
discrecional y se efectúa mediante acto administrativo no motivado.

61. En atención a lo anterior, el Tribunal accionado efectuó una valoración del
contenido del parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y de los alcances de

30
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera. C.P.: Susana Buitrago Valencia. Sentencia
del 20 de noviembre de 2013. Rad.: 25000-23-31-000-2012-00052-02. Partes: Iván Díaz Tamayo Vs. Ediles de la Localidad
de Suba Zona 11
31
Corte Constitucional, sentencia C-069/25
Consejo de Estado Subsección "B" con M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez en sentencia del 26 de enero de 2017, radicado
No. 73001-23-33-000-2014-00285-01(3313-15).
Artículo 5º de la Ley 909 de 2004.
11

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Accionante: Mariela Basto León
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

la sentencia C-1037 de 2003, con el fin de definir si el acto administrativo con el que
se materializó su desvinculación se expidió con el respeto del debido proceso y con
fundamento en la normativa en la que debía fundarse.

62. De esta manera, la providencia cuestionada refirió que «el parágrafo 3 del
artículo 9 de la Ley 797 de 2003 establece una causal legal de terminación del
vínculo cuando el trabajador o servidor público cumple los requisitos para
pensionarse, siempre que medie el reconocimiento o notificación de la pensión; y la
Sentencia C-1037 de 2003 condicionó su exequibilidad a que, además, se
garantizara la inclusión en nómina de pensionados, con el fin de evitar solución de
continuidad en los ingresos del trabajador o servidor público».

63.
Sin embargo, aclaró que la señora Mariela Basto León no fue retirada mediante
causal legal de reconocimiento de pensión prevista en la referida norma, sino a
través de la declaratoria de insubsistencia que se sustenta en el artículo 41, literal
a) de la Ley 909 de 2004 para los cargos de libre nombramiento y remoción, pues
la Resolución núm. 328 del 15 de julio de 2016 se fundamentó en el ejercicio de la
potestad discrecional del nominador, por lo que no resulta apropiado equiparar
ambas circunstancias de desvinculación.

64.
En cuanto a la regla de la Sentencia C-1037 de 2003, el Tribunal accionado
consideró que esta no desvirtúa por sí sola la legalidad del acto acusado, puesto
que no es aplicable para la insubsistencia que se declare en un empleo de libre
nombramiento y remoción.

65. Con base en lo mencionado, la autoridad judicial se pronunció sobre la
inexistencia de la configuración de la estabilidad reforzada reclamada por la
demandante, en los siguientes términos:

Tampoco prospera el reproche fundado en la supuesta condición de prepensionada de
la demandante. Del expediente se desprende que la señora Mariela Basto León tenía
66 años y 37 años de servicio y que su solicitud de reconocimiento pensional fue
radicada ante Colpensiones el 3 de junio de 2016; igualmente, tal como lo encontró
acreditado la sentencia de primera instancia, para la fecha de expedición de la
Resolución n.° 328 del 15 de julio de 2016, ya se habían consolidado en su cabeza los
requisitos de edad y tiempo de cotización para acceder a la pensión de vejez.

Ahora bien, la Sentencia SU-003 de 2018 unificó la jurisprudencia en el sentido de que,
por regla general, los empleados públicos de libre nombramiento y remoción no gozan
de estabilidad laboral reforzada; además, precisó que la condición de prepensionable
protege la expectativa de acceder a la pensión cuando la pérdida del empleo podría
frustrar la consolidación del derecho, pero no opera cuando la persona ya tiene
satisfechos los requisitos relevantes o cuando el único faltante no exige cotizaciones
adicionales.

Aplicada esa regla al caso concreto, la Sala encuentra que la actora no estaba en una
situación de expectativa pensional por proteger, porque al momento del retiro ya había
cumplido en exceso los presupuestos para pensionarse. Por tanto, la desvinculación
no comprometía la continuidad de cotizaciones necesarias para alcanzar el derecho,
pues la actora ya había cumplido los requisitos materiales de edad y tiempo de servicios
para acceder a la pensión de vejez, aunque esta aún no hubiese sido reconocida
formalmente por la administradora. En esas condiciones, no puede predicarse un fuero
de prepensión que limite la facultad discrecional del nominador.

12

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Accionante: Mariela Basto León
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

Finalmente, resulta pertinente resaltar y reiterar que la jurisprudencia del Consejo de
Estado32 ha venido consolidando una línea según la cual: i) la permanencia en el
servicio hasta la inclusión en nómina de pensionados se vincula a la causal legal de
retiro por reconocimiento pensional del parágrafo 3.º del artículo 9.º de la Ley 797 de
2003 y no se extiende automáticamente a la insubsistencia de cargos de libre
nombramiento y remoción; y ii) no puede predicarse la condición de prepensionado
cuando el derecho pensional ya se encuentra consolidado o reconocido.

66. De acuerdo con lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo de
Santander, una vez precisó las actuaciones surtidas al interior del trámite
administrativo, consideró que la actora no se encontraba protegida por el fuero de
prepensión, toda vez que para el momento en que se expidió el acto administrativo
demandado ya cumplía con los requisitos materiales de edad y tiempo de servicio
para acceder a la prestación de vejez, aun cuando no se hubiese reconocido
formalmente por parte de la administradora.

67. Seguidamente, la providencia objeto de tutela se pronunció sobre los cargos de
falsa motivación y de desviación de poder planteados por la parte demandante en
el escrito inicial y reiterados en el recurso de apelación contra el fallo del a quo. Al
respecto, resaltó que los argumentos desarrollados por la accionante no permitían
desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo censurado, con base
en las siguientes consideraciones:

La jurisprudencia del Consejo de Estado33 ha reiterado que la declaratoria de
insubsistencia de un empleo de libre nombramiento y remoción goza de presunción de
legalidad y que la carga de probar la desviación de poder o la falsa motivación recae
sobre quien las alega. También ha precisado que el buen desempeño, la experiencia,
la formación profesional y aun las calificaciones sobresalientes no generan por sí solos
un fuero de permanencia, ni bastan para demostrar que la remoción obedeció a fines
distintos del buen servicio.

En el presente asunto, lejos de evidenciar arbitrariedad, el acervo probatorio incorpora
el documento denominado «Acta de entrega ejecución de actividades desarrolladas en
la Oficina Asesora Jurídica Grado 02», elaborado con ocasión del periodo comprendido
entre el 15 de julio y el 11 de octubre de 2016, en el cual se dejó constancia de que, al
momento de la insubsistencia de la titular del despacho, la oficina presentaba un estado
«totalmente desarticulado» en materia documental y operativa; además, se consignó
que la demandante no realizó entrega alguna del contenido del mobiliario, de la
documentación dispuesta en la oficina ni de los asuntos judiciales a su cargo.

Ese mismo informe identificó pasivos concretos y verificables, tales como 13

32
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000234200020120068501(0506-2019).
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 68001 2333 000 2014 00191 01 (4278 -2017).
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil
veintidós (2022) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23- 42-000-2018-00455-
01 (1334-2021).
33
Ibidem y CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCIÓN
“B”. Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil nueve (2009).
Radicación número: 25000-2325-000-2005-05688-02(00164-08).
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: ALFONSO VARGAS RINCON Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil trece (2013). Radicación
número: 05001-23-31-000-2003-03719-01(2021-09).
13

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Accionante: Mariela Basto León
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

despachos comisorios represados, 69 apelaciones contravencionales sin resolver —9
del año 2014, 16 del 2015 y 44 del 2016—, respuestas tardías o inexistentes en
acciones de tutela, incidentes de desacato en trámite y diversos derechos de petición
y actuaciones judiciales pendientes. Igualmente, dio cuenta de la necesidad de
implementar un plan de contingencia, inventario, clasificación, depuración documental
y redistribución funcional para restablecer la operatividad de la oficina.

Para la Sala, tales elementos evidencian que sí existían razones objetivas vinculadas
al mejoramiento del servicio y al restablecimiento de la capacidad funcional de la
Oficina Asesora Jurídica Grado 02, lo que debilita de manera significativa la tesis de
que el acto carecía de sustento real o perseguía fines ajenos al interés institucional. En
otras palabras, el expediente no revela una motivación falsa o aparente, sino un
contexto objetivo de reorganización y atención de cargas represadas que guarda
relación con la finalidad del servicio.

Por lo demás, la declaración extra proceso rendida por la actora el 20 de mayo de
20168 , en la que refiere que una funcionaria de Talento Humano le sugirió renunciar
o, en su defecto, sería declarada insubsistente, y en la que alude a sentirse perseguida,
no tiene la entidad suficiente para acreditar por sí sola una desviación de poder,
máxime cuando se trata de una manifestación unilateral de parte, no corroborada por
otros medios de convicción con aptitud suficiente para desvirtuar la presunción de
legalidad del acto.

68. Conforme lo expuesto, es posible advertir que la providencia cuestionada se
apoyó en jurisprudencia del Consejo de Estado, para concluir que la figura de la
insubsistencia de un cargo de libre nombramiento y remoción se presume legal, por
lo que en estos eventos le corresponde al demandante demostrar una posible
desviación de poder o falsa motivación. Asimismo, ha establecido que el buen
desempeño, la experiencia y las altas calificaciones no garantizan la permanencia
en el cargo ni prueban, por sí solos, una actuación irregular de la administración.

69. Adicionalmente, la decisión censurada resaltó que las pruebas aportadas al
proceso demostraban que, para el momento del retiro del servicio de la
demandante, la oficina asesora jurídica de la entidad demandada presentaba graves
problemas de organización, documentación y gestión al momento de la
desvinculación de la demandante. Un informe de entrega evidenció la existencia de
múltiples trámites represados, apelaciones sin resolver, acciones de tutela y
derechos de petición pendientes, además de la necesidad de implementar medidas
urgentes para recuperar la operatividad de la dependencia.

70. Por ello, el Tribunal Administrativo de Santander concluyó que la decisión de
declarar la insubsistencia del nombramiento de la accionante estuvo sustentada en
razones objetivas relacionadas con el mejoramiento del servicio y la reorganización
de la oficina y, descartó la existencia de falsa motivación o fines ajenos al interés
institucional.

71.
Así pues, la declaración extraproceso de la demandante, en la que manifestó
sentirse perseguida y afirmó que le sugirieron renunciar, no era una prueba
suficiente para demostrar desviación de poder, ya que se trataba de una afirmación
unilateral sin respaldo en otros medios probatorios.
14

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Accionante: Mariela Basto León
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

72. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 30 de abril de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander no incurrió en los
defectos alegados por la parte actora, toda vez que la decisión de confirmar la
decisión del a quo34 estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos, de
las pruebas, de la normativa procesal y de la jurisprudencia aplicable al caso.

73. En efecto, se advierte que el Tribunal analizó el contenido del párrafo 3 del
artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y los alcances de la sentencia C-1037 de 2003,
para advertir que el supuesto descrito en dicha norma y analizado por la Corte
Constitucional no corresponde a la circunstancia de desvinculación que ocurrió en
el caso de la actora, pues esta no ostentaba la condición de prepensionada
jurídicamente protegible, por haber consolidado el derecho pensional previamente.

74.
Además, la autoridad judicial accionada realizó una valoración adecuada de los
documentos aportados al expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, en
especial el acta de entrega y contingencia de la Oficina Asesora Jurídica Grado 02,
lo cual le permitió concluir que existían razones objetivas y una necesidad del
servicio en las que se justificó su desvinculación. En consecuencia, los argumentos
de la actora no desvirtuaban la presunción de legalidad del acto demandado.

75. Así las cosas, se puede colegir que el Tribunal efectuó una adecuada aplicación
de la facultad prevista en el literal a) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, así como
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, para
concluir que el retiro del servicio de la actora de la Dirección de Tránsito de
Bucaramanga a través de la Resolución núm. 328 del 15 de julio de 2016 fue con
ocasión del buen servicio en ejercicio de la facultad discrecional que le asiste a la
entidad demandada, dada la naturaleza del cargo que ocupada la tutelante de libre
nombramiento y remoción.

76. De acuerdo con lo anterior, es dable inferir que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Santander realizó valoración pertinente de los elementos
probatorios aportados al proceso ordinario, en atención a los cargos de falta de
motivación y desviación de poder del acto administrativo demandado, si bien, la
accionante alega que la autoridad judicial no hizo uso de la facultad oficiosa para
requerir pruebas, lo cierto es que en el escrito de tutela se identifica con claridad
cuáles eran los medios de prueba que requería y cuál era su pertinencia y necesidad
para acreditar los argumentos de nulidad que invocó contra la Resolución núm. 328
del 15 de julio de 2016, por lo que no es posible colegir la corporación judicial incurrió
en un defecto fáctico determinante en el sentido de la decisión.

77. De esto modo, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que el Tribunal no le
haya otorgado el valor probatorio que el tutelante pretendía que se les atribuyera a

34
Sentencia del 5 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga.
15

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Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

los medios de prueba allegados al proceso.

78. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»35.

79. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia
objeto de tutela no resultó favorable a la tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.

80. De esta manera, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento
que se acomode a sus intereses y pretensiones.

4. Conclusión

81. La providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander no vulneró
los derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no se
evidencia en su contenido un análisis arbitrario, o caprichoso, ajeno a preceptos
jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por los
defectos sustantivo, fáctico y violación directa a la Constitución que exija la
intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo
invocada por la accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por Colpensiones,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

35
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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Accionante: Mariela Basto León
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por la señora Mariela Basto León
contra el Tribunal Administrativo de Santander y otro, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado Electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado Electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace

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