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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04111-01

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04111-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de junio de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, que negó el amparo constitucional reclamado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04111-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04111-01
Accionante: Mariela Basto León
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro1
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Insubsistencia
/ CONFIRMA NEGATIVA DE AMPARO.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 22 de junio de 2026 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo constitucional
reclamado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 28 de mayo de 2026, la señora Mariela Basto León promovió acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Doce Administrativo de
Bucaramanga, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad social, trabajo, igualdad, vida y acceso a la administración de
justicia2.

2.
Solicitó que se dejaran sin efectos las sentencias de 5 de septiembre de 2022 y
30 de abril de 2026, emitidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho3 que instauró contra la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, con el objeto
de que (i) se anulara el acto administrativo 4 por medio del cual se declaró
insubsistente su nombramiento en el cargo de asesor, código 10502, grado 2,
adscrito a la planta de personal del director general de esa entidad; y, (ii) se ordenara
su reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de recibir. Lo
anterior, por cuanto para la fecha en que fue declarada insubsistente, no le había
sido reconocida su pensión de vejez, ni se encontraba incluida en la nómina de

1 Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga.
2 También invocó la protección del principio de seguridad jurídica.
3 Expediente 68001-33-33-012-2017-00011-00/01.
4 Resolución 328 de 15 de julio de 2016.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04111-01
Accionante: Mariela Basto León
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro

pensionados. Situación de la que conocía el ente demandado, pues fue este el que
el 3 de junio de 2016 presentó la solicitud de reconocimiento pensional.

3.
En la providencia acusada de 30 de abril de 20265 se confirmó la dictada el 5 de
septiembre de 2022, que negó las pretensiones. Se determinó que el acto
administrativo acusado correspondió al ejercicio de la facultad discrecional de
insubsistencia respecto de un empleo de libre nombramiento y remoción. La garantía
prevista en el parágrafo 3º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 regula un supuesto
distinto (retiro por reconocimiento pensional) y no desplaza, por sí sola, el régimen
jurídico de la insubsistencia en esa clase de empleos. La demandante no se hallaba
amparada por estabilidad laboral reforzada derivada de prepensión, pues ya había
consolidado los requisitos para acceder a la prestación social. No se acreditó la falsa
motivación o desviación de poder invocadas.

4.
La accionante sostuvo que se constituyó defecto sustantivo, orgánico o
procedimental. Se interpretó de manera indebida el parágrafo 3º del artículo 9 de la
Ley 797 de 2003, la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional con
sentencia C-1037 de 2003. Al haber estado en trámite su solicitud de reconocimiento
pensional ante Colpensiones, no era viable la declaratoria de insubsistencia, con
independencia de qué tipo de trabajadora era, si estaba en período prepensional o
si su nombramiento era de libre nombramiento y remoción.

5.
También se confundió el término de consolidar el derecho con el de causarlo. La
consolidación es el estado que se adquiere cuando el derecho es reconocido
formalmente y se empieza a disfrutar, es decir, cuando la pensión ya ha sido
reconocida y se accede a ella, mientras que la causación es el momento en que se
cumplen los requisitos para ser beneficiario de tal prerrogativa (edad y semanas
cotizadas) y es en ese momento que nace la titularidad del derecho.

6.
En su caso, se causó el derecho, pero no se consolidó, por cuanto la petición
prestacional se encontraba en trámite. En ese sentido, la Dirección de Tránsito de
Bucaramanga no debió haber terminado su relación laboral, máxime cuando conocía
de esa situación, pues el 15 de junio de 2016 requirió de Colpensiones información
sobre el particular y le solicitó agilidad en ese trámite. Aspecto que fue planteado en
el recurso de apelación y sobre el que no se pronunció el Tribunal accionado.

7.
También se presentó defecto fáctico por indebida valoración probatoria. La
autoridad judicial desconoció que el ente demandado en la contestación de la
demanda afirmó que adelantó todas las actuaciones para que se surtiera el trámite
de reconocimiento pensional, pero que no pudo culminarse porque no aportó el
documento de identidad. Justificación que resulta inaceptable, en razón a que aquel
reposaba en su hoja de vida.

5 Respecto de la cual salvó voto el magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra, en cuanto a la aceptación del

impedimento de la magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce.
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Accionante: Mariela Basto León
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8.
Tampoco se tuvo en cuenta que en un memorial que aportó antes de que se
dictara la sentencia acusada de segunda instancia solicitó que se considerara que la
entidad demandada no cumplió la obligación de ordenar el examen médico de egreso
(Decreto 1072 de 2015), lo cual daba lugar a su reintegro. Como el litigio versaba
sobre derechos laborales y ese hecho era nuevo, se podía aducir en cualquier estado
o etapa del proceso, cuanto más si la autoridad judicial tenía a su alcance la facultad
legal de decretar pruebas de oficio.

9.
De igual modo, acaeció violación directa de la Constitución, en tanto se
vulneraron sus derechos fundamentales invocados.

B. Sentencia de primera instancia

10.
Mediante sentencia de 22 de junio de 2026, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó el amparo constitucional reclamado. Centró el
estudio en el fallo ordinario de segunda instancia, respecto del cual, al superar los
presupuestos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, no
se evidenciaba la configuración de alguno de los defectos invocados.

11.
Se indicó que el Tribunal accionado delimitó el estudio que se debía abordar en
segunda instancia, el cual debía guardar correspondencia con lo alegado en la
demanda, y precisó que como la accionante se encontraba en un cargo de libre
nombramiento y remoción, su desvinculación era discrecional y se efectuaba
mediante acto administrativo no motivado.

12.
Aclaró que su retiro no se produjo por la causal de reconocimiento de pensión
prevista en el parágrafo 3º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, sino por la
declaratoria de insubsistencia de que trata la letra a del artículo 41 de la Ley 909 de
2004, respecto de la cual no se demostró su falsa motivación o desviación de poder.
Además, la demandante no estaba protegida por el fuero de prepensión, porque para
el momento en que se declaró su insubsistencia ya había cumplido los requisitos
materiales de edad y tiempo de servicios para acceder a la pensión de vejez, aun
cuando no se la hubiese reconocido formalmente la administradora de pensiones.

13.
En ese sentido, la autoridad judicial, en ejercicio de los principios de autonomía
funcional, independencia y sana crítica, efectuó una interpretación coherente y
razonable de las normas y criterios jurisprudenciales aplicables al caso concreto, así
como de las pruebas obrantes en el expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho.

C. La impugnación

14.
La parte actora impugnó la decisión adoptada en primera instancia, para cuyo
propósito reiteró lo planteado en la solicitud de amparo, en particular, lo referente a
la interpretación que debía efectuarse del parágrafo 3º del artículo 9 de la Ley 797

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de 2003, en el sentido de que no distingue si el trabajador es de libre nombramiento
y remoción para poder dar por terminada o no la relación laboral, lo cual solo se
puede hacer cuando se notifique el reconocimiento pensional y la inclusión en
nómina de pensionados. En su caso, como la solicitud de reconocimiento pensional
la presentó la Dirección de Tránsito de Bucaramanga el 3 de junio de 2016, quedó
amparada por aquella norma y por el fuero prepensional. Sin embargo, ese mismo
ente el 15 de julio de ese año declaró la insubsistencia del nombramiento del cargo
que ejercía.

15.
Insistió en que no se tuvo en cuenta que presentó un memorial antes de que se
dictara la sentencia de segunda instancia en el que informó que la entidad
demandada no había cumplido su obligación de ordenar su examen médico de retiro.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

16.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.

E. Análisis del caso concreto

17.
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, pues si bien se
superan los presupuestos generales de procedencia7 de la acción de tutela contra
providencia judicial, no se acreditó la configuración de las causales específicas de
procedibilidad invocadas.

18.
La parte accionante fundamentó la configuración del defecto sustantivo en que se
interpretó de manera indebida el parágrafo 3º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
Sin embargo, se evidencia que el Tribunal accionado respecto de esa norma anotó
que esta no se avenía a su caso, en razón a que el motivo de su retiro no fue el
reconocimiento pensional de que trata ese precepto legal, sino fue derivado del
ejercicio de la facultad discrecional de insubsistencia sobre su empleo de libre
nombramiento y remoción, sustentada en la letra a del artículo 41 de la Ley 909 de
2004, tal como se indicó en el acto administrativo acusado.

6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
7 El asunto es de relevancia constitucional, en tanto el debate suscitado pone en entredicho el respeto de
garantías constitucionales en punto al reclamo judicial que hizo la parte accionante, con el objeto de que se
declarara la nulidad del acto administrativo que ordenó su retiro del cargo, a pesar de que -a su juicio- debió
reconocerse su estabilidad laboral reforzada, y no estaban dadas las condiciones legales para la declaratoria de
insubsistencia. Adicional a ello, no existe otro mecanismo judicial para decidir sobre los reproches expuestos; se
cumple el requisito de inmediatez (la providencia se profirió el 30 de abril de 2026 y la tutela se presentó el 28 de
mayo siguiente); la accionante identifica de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración
como el derecho; y no se controvierte una sentencia de tutela u otra providencia de aquellas frente a las cuales
este mecanismo constitucional es absolutamente improcedente.
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19.
La Sala evidencia que la autoridad judicial accionada explicó la razón por la cual
no era posible equiparar su situación de retiro a la contemplada en el parágrafo 3º
del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, la cual se origina con ocasión del reconocimiento
pensional. Sin embargo, la accionante insiste en sede constitucional en su tesis
jurídica, sin desvirtuar desde una óptica constitucional lo considerado por el juez
natural del asunto.

20.
Además, se evidencia que en esta acción de tutela insiste en su condición de
prepensionada al momento de su desvinculación, lo que la tornaba ilegal. No
obstante, el juez natural de la causa también le señaló el motivo por el cual no
revestía dicha calidad. Ello, al señalar que la tutelante tenía 66 años de edad y 37
años de servicio y que su solicitud pensional fue radicada ante Colpensiones el 3 de
junio de 2016. Es decir, para el momento de la declaratoria de insubsistencia ya se
habían consolidado en su cabeza los requisitos de edad y tiempo de cotización para
acceder a la pensión de vejez.

21.
Por tanto, como la condición de prepensionado protege la expectativa de acceder
a la prestación social cuando la pérdida del empleo podría frustrar la consolidación
del derecho, esta no opera cuando la persona colma los presupuestos para ese
propósito o cuando el único faltante no exige cotizaciones adicionales, caso que no
correspondía a la situación de la actora. Argumentación que esta Sala encuentra
razonable.

22.
En conclusión, al no resultarle aplicable a la señora Basto León la norma
presuntamente desatendida, carecen de asidero los argumentos de que la causal de
retiro por reconocimiento pensional no distingue entre el tipo de trabajadora, la clase
de nombramiento y si se encontraba en período prepensional. Asimismo, no tiene la
potencialidad de modificar la determinación judicial acusada lo referente a la
distinción entre la consolidación y la causación del derecho planteada por la parte
actora, en razón a que, se insiste, el origen del retiro de la demandante fue la
insubsistencia de su nombramiento, mas no la causal de reconocimiento pensional.

23.
Bajo ese mismo parámetro, se evidencia que el presunto defecto fáctico, basado
en que no se valoró que en la contestación de la demanda la Dirección de Tránsito
de Bucaramanga expuso que adelantó todas las actuaciones para que se surtiera el
trámite de reconocimiento pensional, carece de la potencialidad para alterar la
decisión judicial atacada, al derivarse de una aplicación normativa que no se ajusta
a la situación fáctica de la tutelante.

24.
En ese sentido, no tiene relevancia la actuación desplegada por la Administración
para que la tutelante obtuviera su prestación social, dado que el motivo de su retiro
no se fundamentó en el reconocimiento pensional, sino en la insubsistencia de su
nombramiento, al ser de libre nombramiento y remoción.

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25.
Adicional a lo anterior, la autoridad accionada abordó lo referente a la falsa
motivación y desviación de poder alegadas frente a la insubsistencia del
nombramiento de la accionante, las cuales no halló probadas y, por el contrario, se
encontró soporte fáctico para deducir que aquella determinación se inscribió en
necesidades reales del servicio, y respecto de lo cual la accionante no se pronunció
en la solicitud de amparo, dado que sus reproches se dirigieron a insistir en la
aplicación del aludido precepto legal de la Ley 797 de 2003.

26.
Por último, la parte actora indicó que la autoridad judicial accionada omitió
pronunciarse sobre el memorial que presentó antes de que dictara la sentencia
cuestionada, en el cual exponía que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga
pretermitió su obligación de ordenar su examen médico de egreso, lo que daba lugar
a su reintegro.

27.
Al respecto, la Sala evidencia que, aunque la autoridad judicial no se refirió
expresamente a dicho memorial, sí delimitó el análisis jurídico que desarrollaría en
segunda instancia, en el sentido de indicar que “el estudio del recurso se limitará a
aquellos reparos que sí guardan correspondencia con los cargos oportunamente
propuestos en la demanda —esto es, los relativos a la alegada inaplicación del
parágrafo 3.º del artículo 9.º de la Ley 797 de 2003, así como a la falsa motivación y
la desviación de poder—, quedando excluidos del análisis de fondo los
cuestionamientos nuevos o extemporáneamente introducidos en esta sede”.

28.
Por consiguiente, lo referente a que no se emitió pronunciamiento sobre un hecho
expuesto antes de que se dictara sentencia en segunda instancia quedó
contemplado entre esos supuestos que quedaban excluidos de examen.
Determinación que para la Sala, lejos de comportar algún tipo de omisión en el
escenario probatorio, corresponde a los límites que tenía la autoridad judicial como
superior funcional, lo que no implica vulneración de derechos fundamentales.

29.
Conforme al anterior panorama, más allá de la configuración de las causales
específicas de procedibilidad de la tutela invocadas, lo que se observa es que la
accionante hace alusión al criterio jurídico que defiende y que considera correcto
sobre la presunta indebida aplicación normativa, con la intención de que le fuera
impuesto a la autoridad judicial accionada, sin tener en cuenta ni desvirtuar desde la
óptica constitucional las razones que brindó el juez natural de la causa para
abstenerse de acoger esa norma a su caso.

30.
En tal sentido, las inconformidades de la tutelante no configuran las causales
específicas de procedibilidad invocadas, por lo que se confirmará la sentencia de
primera instancia, que negó el amparo.

31.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
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Accionante: Mariela Basto León
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de junio de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, que negó el amparo
constitucional reclamado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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