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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04116-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04116-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de julio de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Jazmín Lorena Arenas Quintero contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04116-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04116-01
Accionante: JAZMÍN LORENA ARENAS QUINTERO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F Y JUZGADO
VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO– Falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se confirmará la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional. La controversia se circunscribe a una
discrepancia con la interpretación normativa y la valoración probatoria sobre la
exigibilidad de los "exámenes preparatorios policiales" como requisito de grado. La
accionante pretende utilizar el amparo como una instancia adicional para reabrir un
debate de legalidad resuelto por sus jueces naturales.

II. ANTECEDENTES

La demanda

2. El 28 de mayo de 2026, la señora Jazmín Lorena Arenas Quintero, actuando en
nombre propio, presentó acción de tutela para la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso efectivo a la administración de
justicia y acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, presuntamente
vulnerados en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

3. Atribuyó la vulneración al Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de
Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, con ocasión de las sentencias proferidas el 12 de septiembre de 2024
y el 3 de marzo de 2026, respectivamente, dentro del medio de control con radicado
11001-33-35-028-2023-00263-00-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04116-01
Accionante: Jazmín Lorena Arenas Quintero

Hechos relevantes

4. La señora Jazmín Lorena Arenas Quintero ingresó a la Policía Nacional de
Colombia en el año 2013 en el grado de Patrullera. En desarrollo de su proyecto
profesional, el 24 de enero de 2022 se matriculó en el programa de Especialización
en Servicio de Policía en la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de
Paula Santander” (en adelante ECSAN), con el fin de cumplir los requisitos para
ascender al grado de Subteniente.

5. La accionante cursó y aprobó satisfactoriamente la totalidad de las asignaturas y
sustentó su trabajo de grado con una calificación de 4.06. No obstante, entre el 21
y 25 de octubre de 2022, fue sometida a cuatro "exámenes preparatorios policiales",
obteniendo resultados reprobatorios en los componentes de Sistema Táctico Básico
Policial SITAB (0.0) y Prueba Física (3.27)

6. Mediante la Resolución 0647 del 10 de noviembre de 2022, la Dirección Nacional
de Escuelas de la Policía Nacional dispuso el retiro de la actora de la ECSAN. La
administración fundamentó la decisión en la pérdida de la calidad de estudiante por
reprobar dos de los exámenes preparatorios, conforme con lo previsto en el Manual
Académico modificado por la Resolución 04728 de 2021.

7. La señora Arenas Quintero promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía
Nacional. El Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Bogotá, en sentencia
del 12 de septiembre de 2024, negó las pretensiones al considerar que el requisito
de los preparatorios era preexistente a la matrícula y obligatorio para la obtención
del título.

8. La parte actora presentó recurso de apelación. Argumentó que el contrato de
matrícula se rigió por la Resolución 04768 de 2021 (plan de estudios), la cual no
mencionaba los preparatorios. La reglamentación de dichas pruebas (Resolución
0402 de 2022) fue posterior a su ingreso, vulnerando los principios de confianza
legítima y seguridad jurídica.

9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante sentencia del 3 de marzo de 2026, confirmó la negativa. Precisó que la
Resolución 04728 del 28 de diciembre de 2021 había incorporado los preparatorios
como requisito integral para todos los programas que iniciaran en 2022, por lo que
la normativa le resultaba plenamente aplicable.

Pretensiones

10. La accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al acceso efectivo a la administración de justicia y al
desempeño de funciones y cargos públicos. Pretende que se dejen sin efectos las
sentencias proferidas el 12 de septiembre de 2024 y el 3 de marzo de 2026, y se
ordene al juez natural emitir una providencia de reemplazo que realice un nuevo

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Accionante: Jazmín Lorena Arenas Quintero

estudio integral del asunto en el que se analice la afectación derivada de la
aplicación de exámenes preparatorios policiales que no le eran exigibles.

11. Como consecuencia, se disponga su graduación como Especialista en Servicio
de Policía y su respectivo ascenso al grado de Subteniente, con el reconocimiento
de la antigüedad, derechos salariales, prestacionales y demás garantías de carrera
en condiciones de igualdad frente a sus compañeros de curso.

Fundamentos de la demanda de tutela

12. Las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico, sustantivo
y violación directa de la Constitución al resolver el litigio administrativo bajo una
visión estrictamente formal de los requisitos académicos.

13. Sostuvo que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a cargos públicos al omitir la valoración integral del contrato de matrícula y
de la normativa especial del programa. La ausencia de los "exámenes
preparatorios" en el plan de estudios bajo el cual se vinculó fue plenamente
acreditada y fundamentada desde el inicio del proceso ordinario.

14. Invocó las sentencias C-590 de 2005 y SU-041 de 2018 para fundamentar los
presupuestos generales de procedibilidad, junto con los fallos T-343 de 2024 y T-
452 de 2025 para sustentar el deber del juez de tutela de realizar un análisis material
de fondo y no eludir el estudio de los cargos mediante formalismos procesales. Con
ello, pretendió demostrar que la relevancia constitucional del asunto radicaba en la
transgresión efectiva de sus garantías fundamentales y no en un simple desacuerdo
legal.

15. No define cada uno de los defectos en los que presuntamente incurren las
providencias, sin embargo, se pueden sintetizar en: un defecto fáctico, derivado de
una indebida valoración probatoria del formato de matrícula y de la Resolución
04768 de 2021, los cuales acreditaban que los preparatorios no eran un requisito
exigible al momento de su vinculación. El defecto sustantivo, por la aplicación de la
Resolución 04728 de 2021 (norma general), omitiendo la prevalencia de la norma
especial de su programa que no contemplaba dichas pruebas. Sostuvo que este
proceder judicial sacrificó los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y
su derecho al ascenso profesional.

Trámite en primera instancia

16. Por auto del 1 de junio de 2026, el magistrado sustanciador de primera instancia
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F y el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá. Vinculó como terceros interesados a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección de Escuelas y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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Intervenciones

17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca1 solicitó negar el amparo
invocado. Sostuvo que los reproches formulados en la tutela coinciden con los
argumentos expuestos por la actora en el proceso ordinario, lo cual evidencia una
pretensión de reabrir un debate resuelto por el juez natural para obtener una nueva
valoración de los hechos y pruebas.

18. Precisó que las sentencias cuestionadas concluyeron razonadamente que los
exámenes preparatorios eran un requisito preexistente a la matrícula de la
accionante, al haber sido incorporados al manual académico mediante la
Resolución 04728 del 28 de diciembre de 2021, por lo que no se configuró defecto
alguno.

19. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional2, solicitó declarar la
improcedencia de la acción al considerar que no se cumplen los requisitos técnicos
para su prosperidad. Manifestó que la institución comparte la interpretación
normativa realizada por las autoridades judiciales accionadas y se acoge a lo
decidido en las providencias de primera y segunda instancia del proceso ordinario.
Defendió la legalidad del acto de retiro derivado del incumplimiento de los requisitos
académicos integrales del programa de especialización.

20. El Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá3
defendió la legalidad de la actuación y solicitó negar la protección constitucional.
Realizó un recuento de la controversia ordinaria y señaló que la sentencia del 12 de
septiembre de 2024, que negó las pretensiones de nulidad, fue confirmada
íntegramente por el superior funcional. Aseguró que en el trámite del medio de
control se respetaron las garantías procesales de la actora y que la decisión judicial
no vulneró derecho fundamental alguno, pues se fundamentó en el marco normativo
vigente al momento de la vinculación académica.

Sentencia impugnada

21. El 2 de julio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional. La Sala estimó que la accionante pretendía utilizar la tutela como una
instancia adicional para reabrir un debate de mera legalidad sobre la interpretación
de normas académicas y la valoración probatoria de los documentos de matrícula,
asuntos que son competencia exclusiva de los jueces naturales.

22. Determinó que la controversia sobre la exigibilidad de los exámenes
preparatorios no se originó en una actuación arbitraria de las autoridades
accionadas, sino en una interpretación razonada y sólida del marco normativo
aplicable. Precisó que, aunque el plan de estudios específico no mencionaba las

1 Índice 00016, aplicativo Samai, primera instancia.
2 Índice 00015, aplicativo Samai, primera instancia.
3 Índice 00012, aplicativo Samai, primera instancia.

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Accionante: Jazmín Lorena Arenas Quintero

pruebas, estas estaban previstas como un requisito integral y obligatorio en el
manual académico modificado antes de la vinculación de la actora, circunstancia
que debió ser de su conocimiento desde el inicio del programa.

23. En consecuencia, consideró que las quejas se limitaban a una discrepancia
técnica con la valoración del material probatorio y el alcance normativo adoptado
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, asunto que no trasciende el plano
de la legalidad ordinaria ni demuestra una afectación real y directa de derechos
fundamentales que justifique la intervención del juez constitucional.

Impugnación

24. En el recurso de impugnación, la accionante sostiene que el asunto reviste una
marcada relevancia constitucional, pues no se trata de una simple inconformidad
con la interpretación judicial, sino de adelantar un juicio de validez sobre
providencias que afectaron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a cargos públicos.

25. Argumentó que la Sección Cuarta incurrió en un error al confundir el análisis de
procedencia con el de fondo, eludiendo el estudio de los cargos específicos bajo
una aplicación restrictiva del requisito de relevancia que termina vaciando de
contenido el mecanismo de tutela contra providencia judicial.

26. Reiteró que se configuraron defectos fácticos, sustantivos y una violación directa
de la Constitución, toda vez que los jueces ordinarios omitieron realizar una
valoración integral del contrato de matrícula y de la Resolución 04768 de 2021.

27. Sostuvo que las sentencias atacadas validaron la imposición de requisitos
académicos que no fueron informados ni socializados al inicio de su formación
académica, desconociendo así los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica frente a las condiciones pactadas al momento de su vinculación al programa
de especialización.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

28. Esta Subsección es competente para proferir sentencia de tutela de segunda
instancia, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991, concordantes con los artículos 13, 17 y 25 del
reglamento interno de esta corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 2019.

Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala determinar si se confirma la sentencia del 2 de julio de
2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo por falta de relevancia constitucional.

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Accionante: Jazmín Lorena Arenas Quintero

30. Para ello, verificará si la acción cumple los requisitos de procedibilidad y, de ser
así, se analizará si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos
fundamentales del accionante.

Análisis de la Sala

31. Jazmín Lorena Arenas Quintero se encuentra legitimada para interponer la
acción de tutela, al ser el titular de los derechos que considera vulnerados, en su
condición de demandante en el proceso de restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-35-028-2023-00263-00, en el marco del cual se adoptó la
decisión cuestionada.

32. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Bogotá y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F fueron las
autoridades judiciales que profirieron las sentencias del 12 de septiembre de 2024
y el 3 de marzo de 2026, a la que la parte actora atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales.

33. Inmediatez. En este caso, la Sala considera que se cumple el requisito, toda
vez que la providencia de segunda instancia cuestionada fue proferida el 3 de marzo
de 2026, notificada el 19 siguiente, y la solicitud de amparo se presentó el 28 de
mayo de 2026, término razonable. La providencia cuestionada no fue proferida en
otro proceso de tutela.

34. Relevancia constitucional. La acción de tutela no es una instancia adicional
para discutir aspectos económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima
de los jueces naturales2. Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas
sobre la arbitrariedad, capricho o irracionalidad de una decisión judicial.

35. La Corte Constitucional ha establecido que un asunto carece de relevancia
constitucional en dos situaciones. Por una parte, cuando la discusión se limita a la
simple determinación de aspectos legales de un derecho (la correcta interpretación
o aplicación de una norma procesal, salvo que de esta se desprendan claramente
violaciones de derechos fundamentales). Por otra parte, cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico porque se trata de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas “que no
representen un interés general”3.

36. En síntesis, la acción de tutela contra providencias judiciales no constituye un
escenario para evaluar la calidad o corrección legal de los razonamientos
expuestos. Esta no puede tener por objeto alegar que los argumentos en los que se
sostienen las decisiones cuestionadas no son adecuados, que existen otros
mejores, o que incluso tienen defectos argumentativos. Lo que corresponde
plantear es que las decisiones censuradas tienen la aptitud de desconocer derechos
fundamentales o implican una infracción evidente del debido proceso.

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37. Este mecanismo de protección de derechos fundamentales tampoco es un
instrumento para volver a proponer una discusión en torno a la valoración probatoria
del fallo que se cuestiona.
Caso concreto

38. De entrada, la Sala anticipa que se confirmará la sentencia de primera instancia
porque no se acreditó el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. En
efecto, los argumentos planteados por la accionante pretenden utilizar el
mecanismo constitucional como una instancia adicional para reabrir el debate
técnico-jurídico sobre la exigibilidad de los "exámenes preparatorios policiales" y la
vigencia de las resoluciones académicas de la Policía Nacional, asuntos que fueron
definidos de manera razonada por sus jueces naturales.

39. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la providencia del 3 de marzo
de 2026, al resolver el recurso de apelación, sostuvo que la Resolución 0647 de
2022, que ordenó el retiro de la actora, se ajustó a la legalidad. Precisó que si bien
el rediseño del plan de estudios (Resolución 04768 de 2021) no mencionaba
expresamente los preparatorios, estos estaban previstos como un requisito integral
y obligatorio para todos los programas de ingreso que iniciaran en enero de 2022,
según la modificación al Manual Académico introducida por la Resolución 04728 del
28 de diciembre de 2021.

40. De las pruebas que obran en el proceso ordinario, se advierte que el Tribunal
no ignoró las afirmaciones de la actora, sino que realizó un análisis riguroso de la
línea cronológica de los actos administrativos policiales. Concluyó, bajo las reglas
de la sana crítica, que la Resolución 0402 de 2022 no creó un requisito
sobreviniente, sino que simplemente reglamentó una obligación preexistente a la
matrícula de la accionante, la cual ella debía conocer al vincularse a la institución.
Esta valoración no se observa arbitraria ni caprichosa, sino ajustada a la autonomía
académica y a la necesidad de verificar competencias misionales antes del ascenso
al grado de Subteniente.

41. La Corte Constitucional mediante sentencia C-590 de 20054 ha sido enfática en
señalar que la tutela no puede convertirse en un recurso para premiar la
inconformidad con las decisiones de los jueces naturales, por lo que no es dable al
juez de amparo inmiscuirse en la valoración probatoria y normativa de asuntos
académicos que fueron resueltos con respeto a las garantías procesales.

42. Al no configurarse un debate constitucional autónomo, sino una mera
inconformidad con la valoración del material probatorio y la interpretación de las
normas académicas que rigen el ascenso en la Policía Nacional, la Sala concluye

4 “No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de
decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho
legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional,
subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado
por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme
y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los
distintos ámbitos del derecho. (…)”

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que el asunto carece de relevancia constitucional. Admitir la procedencia en este
caso implicaría erosionar los principios de autonomía judicial y cosa juzgada,
permitiendo que un debate de legalidad sobre la vigencia de resoluciones
administrativas sea reabierto en sede de tutela para reexaminar la corrección
jurídica de lo decidido por el juez natural.

43. La controversia planteada por la accionante se reduce a un desacuerdo con la
interpretación de la "herencia normativa" entre las resoluciones institucionales y el
contenido del formato de matrícula, asunto que se circunscribe al ámbito propio de
la legalidad ordinaria. Como se expuso en la sentencia de primera instancia de
tutela, la supuesta afectación de derechos no derivó de una actuación arbitraria de
los jueces accionados, sino del hecho de que la actora no logró desvirtuar la
legalidad del acto de retiro, pretendiendo ahora que el juez constitucional realice un
juicio de corrección sobre la exigibilidad de una carga académica que ya fue definida
por su juez natural.

44. Las discrepancias respecto de si la Resolución 04768 de 2021 debía primar
sobre el Manual Académico modificado por la Resolución 04728 de 2021 son
cuestiones propias del proceso ordinario. Pretender que la acción de tutela se
convierta en un recurso para imponer una interpretación normativa subjetiva sobre
la autonomía académica de la Policía Nacional no solo le resta vigor a la acción,
sino que desconoce la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

45. La accionante insiste en que el defecto surge porque el formato de matrícula y
la Resolución 04768 de 2021 no mencionaban expresamente los preparatorios. Sin
embargo, para esta Sala, tal precisión argumentativa refuerza el hecho de que el
debate es de naturaleza reglamentaria, el cual fue decido por el juez natural, al
concluir que, si la actora se vinculó a una institución jerarquizada y con autonomía
universitaria como la ECSAN, estaba sujeta al cumplimiento del Manual Académico
General, el cual fue modificado antes de su ingreso para incluir dichas pruebas
como requisito integral de grado.

46. Los argumentos de la impugnación no logran acreditar los presupuestos
materiales para la procedencia del amparo, toda vez que las providencias
accionadas no se basaron en una interpretación arbitraria o caprichosa, sino en un
análisis razonado de la línea cronológica y la jerarquía de las normas académicas
que regían el programa de especialización.

47. La prevalencia del derecho sustancial no autoriza a la accionante a desconocer
los requisitos de grado establecidos en el Manual Académico modificado por la
Resolución 04728 del 28 de diciembre de 2021, cuya obligatoriedad fue sustentada
por los jueces naturales con fundamento en la autonomía universitaria y en el hecho
de que tal exigencia era preexistente a su matrícula.

48. El desacuerdo de la actora con la aplicación de los "exámenes preparatorios"
constituye una discrepancia técnica que ya fue resuelta de manera motivada en la

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jurisdicción ordinaria, sin que se advierta un comportamiento arbitrario de las
autoridades accionadas que justifique la intervención del juez de tutela.

49. Conforme lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de julio de 2026 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela
instaurada por la señora Jazmín Lorena Arenas Quintero contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y el Juzgado
Veintiocho Administrativo del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

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