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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04120-00

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04120-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: EXHORTAR al señor FRANCISCO JAVIER ZULUAGA guardar las debidas maneras y respeto tanto con los jueces como con los demás sujetos procesales, de ahí que el numeral 6 del artículo 44 del Código General del Proceso -CGP-, autorice a los jueces que frente a escritos como el presente sean devueltos sin tramitar sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar […]”. (Resaltado fuera del texto original). 15 “Artículo 44. Poderes correccionales del juez. Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales: […] 1. Sancionar con arresto inconmutable hasta por cinco (5) días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas”. (Resaltado fuera del texto original). 16 “Estatutaria de la Administración de Justicia. […] ARTÍCULO 58. MEDIDAS CORRECCIONALES. Los Magistrados, los Fiscales y los Jueces tienen la facultad correccional, en virtud de la cual pueden sancionar a los particulares, en los siguientes casos: 1. Cuando el particular les falte al respeto con ocasión del servicio o por razón de sus actos oficiales o desobedezca órdenes impartidas por ellos en ejercicio de sus atribuciones legales. […] ARTÍCULO 59. PROCEDIMIENTO. El magistrado o juez hará saber al infractor que su conducta acarrea la correspondiente sanción y de inmediato oirá las explicaciones que éste quiera suministrar en su defensa. Si éstas no fueren satisfactorias, procederá a señalar la sanción en resolución motivada contra la cual solamente procede el recurso de reposición interpuesto en el momento de la notificación. El sancionado dispone de veinticuatro horas para sustentar y el funcionario de un tiempo igual para resolverlo. ARTÍCULO 60. SANCIONES. Cuando se trate de un particular, la sanción correccional consistirá, según la gravedad de la falta, en multa hasta de diez salarios mínimos mensuales. Contra las sanciones correccionales sólo procede el recurso de reposición, que se resolverá de plano". […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-04120-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04120-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA QUINTERO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE SUBSIDIARIEDAD. EL
ACTOR NO PROMOVIÓ EL MECANISMO JUDICIAL IDÓNEO PARA DEBATIR LAS
INCONFORMIDADES PUESTAS DE PRESENTE EN LA ACCIÓN DE TUTELA.

DERECHO FUNDAMENTAL: ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor FRANCISCO JAVIER ZULUAGA QUINTERO, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, el cual

1
En adelante Sección Cuarta.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04120-00
Actor: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA QUINTERO

estima vulnerado por la SECCIÓN CUARTA, al haber proferido la

providencia 14 de abril de 2026 dentro de la acción constitucional de

la misma naturaleza identificada con el número único de radicación

2026-02111-00.

I.2. Hechos

Pese a que no se plantearon de manera expresa los hechos de la

demanda, del expediente digital disponible en el aplicativo de

consulta Samai2, la Sala pudo inferir como hechos principales los

siguientes:

Que el actor radicó una acción de tutela contra el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, la cual fue

identificada con el número único de radicación 2026-02111-00 y le

correspondió por reparto a la SECCIÓN CUARTA que, mediante

auto de 24 de marzo de 2026 requirió al actor para que aclarara la

solicitud identificando: i) los hechos; ii) los derechos fundamentales

presuntamente vulnerados; iii) las pretensiones; iv) los defectos y la

acreditación de los requisitos de procedencia si pretendía cuestionar

alguna providencia judicial y; v) lo conminó para que aportara las

pruebas mediante las cuales acreditara sus afirmaciones.

2
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202602
111001100103

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Actor: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA QUINTERO

Que la secretaría general del Consejo de Estado notificó dicha

providencia al correo electrónico aportado por el actor

tenisgrupal@gmail.com y, con posterioridad, el 10 de abril de este

año, -vencido en silencio el término concedido a este para subsanar

la demanda-, ingresó el expediente al despacho sustanciador.

Que la SECCIÓN CUARTA mediante providencia de 14 de abril de

2026, rechazó la acción de tutela de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 17 del Decreto núm. 2591 de 1991, por cuanto el actor no

subsanó la demanda en los términos previstos en la providencia de

24 de marzo de este año.

Que el actor mediante escrito de 15 de abril del año en curso adjuntó

unos audios mediante los cuales efectuó una serie de señalamientos

injuriosos e irrespetuosos contra la magistrada ponente del proceso.

Que la SECCIÓN CUARTA mediante providencia de 5 de mayo de

2026, ordenó al actor estarse a lo dispuesto en el auto de 14 de abril

y le advirtió que debía abstenerse de manifestar expresiones

irrespetuosas en sus escritos, so pena de ejecutar los poderes

correccionales del juez.

Que el actor mediante escrito de 8 de mayo del año en curso adjuntó

nuevamente unos audios en lo que realizó manifestaciones

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Actor: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA QUINTERO

irrespetuosas e injuriosas contra la rama judicial y demás entidades

estatales.

Que la SECCIÓN CUARTA mediante providencia de 21 de mayo de

2026, nuevamente le ordenó al actor estarse a lo dispuesto en el

auto de 14 de abril y, lo instó a abstenerse de allegar más escritos

por cuanto el auto de rechazo se encontraba debidamente

ejecutoriado.

I.3. Fundamentos de la solicitud

La Sala advierte que el ciudadano FRANCISCO JAVIER ZULUAGA

QUINTERO, promovió acción de tutela, mediante mensajes de voz3

en los que hizo referencia a una serie de cuestionamientos contra

una providencia proferida por la magistrada MYRIAM STELLA

GUTIÉRREZ ARGÜELLO, dentro de la acción de tutela núm. 2026-

02111-00, tal y como se evidencia a continuación:

“[…]Bueno de manera atenta, no podemos aceptar y atenernos a
lo dispuesto a un proveído fraudulento que es reiterativamente
irrepetitivo. ha dado la vuelta por todos y actúan como defensores
de oficio, como jueces y parte, como campaneros, resolviendo
entre ustedes mismos. Sí, juez y parte en esta enorme colusión,
no se puede ser, juez y parte, ustedes no pueden actuar
defendiéndose coyunturalmente y respondiendo frutesas y
afectando la comunidad y generándonos inseguridad jurídica
porque nunca resuelve nada son irresolutos y obviamente que si

3
Ver índice núm. 2 expediente digital disponible en el aplicativo de consulta Samai.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002026041
20001100103

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están en ese lugar en esa dignidad es para que le resuelvan a la
comunidad de lo horror que estamos afrontando de las
actuaciones parteras del Consejo del Estado que está proponiendo
y promoviendo un jaque mate, una insurrección.

Entonces obviamente que este es un proveído que es ilegítimo,
inconstitucional, que es apología al paramilitarismo, al jaque de
Estado, a los feminicidios. Sí, acá hay que resolver a la comunidad,
no es que se resuelva entre ustedes, señora. Consejera de Estado.
porque obviamente que soporta el complot y que por décadas nos
han manejado de esta manera. resolviendo y resolviéndose entre
ustedes, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, defendiendo a los
señores alcaldes paramilitares y obviamente que promoviendo el
hurto y el robo como está pasando en el Valle en Antioquia,
Cartagena, Magdalena, donde haya, en Santa Marta. Tenemos
que pedir que ustedes estén para que resuelvan y aporten
soluciones. Porque si no lo hacen, pues obviamente que está
generando una turbulencia, sí que pongamos freno a esas
argucias, a esas falacias, a esas injurias de los señores Abelardo
de la Espriella, que no aportan soluciones, sino que nos generan
zozobra.

[…]

Lo que estamos pidiendo es que haya una reconciliación. Señora
Consejera de Estado, obviamente, verdugo, filibustera, evasiva,
sin carácter, pero es porque es el sistema ¿no? nosotros
entendemos y entendemos a todos los que, pero es que uno
entiende más fácilmente a un juez pequeño, pero a un juez
grande, y que llegue a ser Consejero de Estado, uno espera que
ellas puedan aportar soluciones de entregarnos oportunidades de
vida, de liderazgo, de que nos pacifiquemos entre todos. Ese es el
objetivo del Ejército, la policía, los promovamos para que nos
cuiden, no para que nos atraquen o nos roben, para que nos
vengan de muertos donde más policías hay. Es con mucho
respeto, pero tenemos que entutelarla. Francisco Zuluaga,
Presidente. […]” (Sic en toda la cita).

I.4.- Pretensiones

Pese a que no se plantearon de manera expresa las pretensiones de

la demanda, la Sala advierte que el actor solicita el amparo del

derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, el cual

estima vulnerado por la SECCIÓN CUARTA al haber proferido la

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providencia 14 de abril de 2026 dentro de la acción constitucional de

la misma naturaleza identificada con el número único de radicación

2026-02111-00.

I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN CUARTA señaló que la solicitud de amparo no

es procedente por cuanto no cumple con el requisito de la

subsidiariedad, pues el actor no agotó los recursos a su alcance para

controvertir la decisión que rechazó la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

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(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes
a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a

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rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 14 de abril de 2026, proferida por

la SECCIÓN CUARTA dentro de la acción constitucional de la misma

naturaleza identificada con el número único de radicación 2026-

02111-00.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho

fundamental al acceso a la administración de justicia, al considerar

que el contenido de la decisión es fraudulento, ilegítimo e

inconstitucional.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho

fundamental invocado.

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De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

subsidiariedad.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de

improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa

judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia

de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,

atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante»

(Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»4 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Asimismo, esta Sección5 ha indicado que el requisito de

subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite

el proceso donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al respecto,

señaló que:

“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a las
partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas

4 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-
03-15-000-2017-03006-00.

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proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control
no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la
decisión que pone fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que
no convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos
efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no
generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva
de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el
caso sub judice por cuanto, el medio de control aún está en
trámite […]”.

Precisado lo anterior, la Sala evidencia que las inconformidades

planteadas por el actor en este trámite constitucional recaen en que

la autoridad judicial accionada vulneró su derecho fundamental al

proferir la providencia de 14 de abril de 2026, que rechazó la acción

de tutela identificada con el número único de radicación 2026-02111-

00.

Conforme con lo anterior, la Sala advierte que, el 15 de abril de

2026 la secretaría general de esta Corporación efectuó la notificación

personal de dicha providencia al actor, a través del correo electrónico

que este suministró tenisgrupal@gmail.com, como se evidencia a

continuación:

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En ese sentido, la Sala advierte que la presente acción de tutela

es improcedente por carencia del requisito de subsidiariedad,

habida cuenta que el actor sí tuvo a su disposición la existencia de

otro mecanismo judicial como lo es la impugnación, prevista en el

artículo 31 del Decreto núm. 2591 de 19916 y, que, para estos casos,

ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia C-483

de 15 de mayo de 20087, que señaló que el auto de rechazo de la

solicitud de tutela es susceptible del recurso de alzada. En efecto:

“[…] Adicionalmente, es conveniente precisar que la medida del
rechazo de la solicitud de tutela consagrada en el decreto 2591
de 1991, debe ser apreciada en armonía con las previsiones
normativas que regulan la procedencia de los recursos y la
legitimación por activa en materia de tutela.
Ciertamente, la aplicación del rechazo excepcional de la
solicitud de tutela se encuentra sometida al control de
legalidad de las decisiones judiciales, y es por ello que
frente a una decisión en este sentido, existe la posibilidad
de que ella sea impugnada y eventualmente sometida a
revisión por la Corte Constitucional, como en efecto ha
ocurrido. Oportunidades en las que será posible controlar las
actuaciones del juez de instancia con respecto a la aplicación de
la medida de rechazo, con el fin de verificar que la misma se halla
aplicado de conformidad con la ley, es decir, teniendo en cuenta
que se trata de una medida excepcional y restrictiva, no
obligatoria […]”. [Negrilla fuera del texto]

Así también, mediante sentencia T-313 de 31 de julio de 20188,

sostuvo lo siguiente:

6
Artículo 31.-Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá
ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del
órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su
revisión […]”.
7
Corte Constitucional, sentencia C-483 de 15 de mayo de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
8
Corte Constitucional, sentencia T-313 de 31 de julio de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Actor: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA QUINTERO

“[…] 42. Por otro lado, el auto de 14 de noviembre de 2017,
mediante el cual se rechazó la acción de tutela y se ordenó
archivar el expediente, desconoció el derecho de la demandante
a impugnar el fallo de tutela y, por ende, lo dispuesto en los
artículos 31 inciso 1º y 86 inciso 2º de la Constitución y los
artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. Tal como se indicó
con antelación, la jurisprudencia constitucional ha
considerado que el derecho a impugnar se predica
también frente a las providencias mediante las cuales se
rechaza la acción de tutela [9], luego no le era dado a la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Popayán ordenar el archivo del expediente, pues debió
haber otorgado el término legal para que la actora
impugnara la decisión […]”. [Negrilla fuera del texto]

De igual manera, a través de las providencias de 11 de marzo de

202410 y 26 de junio de 202511, que resolvieron la impugnación

interpuesta contra el auto que rechazó la demanda, esta Sección

dispuso lo siguiente:

“[…] 12. Atendiendo a que: i) este Despacho, mediante auto de
12 de diciembre de 202318 , resolvió rechazar la solicitud de
tutela presentada por los actores; ii) los actores, mediante
escrito recibido el 19 de diciembre de 202319 en la Secretaría
General de esta Corporación, interpusieron “[…] recurso de
súplica […]” en contra del auto de 12 de diciembre de 2023; y
iii) el Despacho de la Sección Primera del Consejo de
Estado, al que le correspondió el conocimiento del recurso
interpuesto por los actores, mediante auto de 23 de
febrero de 202420, resolvió remitir a este Despacho el
expediente del proceso de la referencia, al considerar que
lo procedente era la impugnación: por lo que este
Despacho, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la
Corte Constitucional considera que contra el auto que
rechaza la solicitud de tutela existe la posibilidad de su
impugnación y, en consecuencia, concederá la respectiva
impugnación presentada por los actores contra el auto de
12 de diciembre de 2023 […]”. (Resaltado fuera del texto
original).

9
Corte Constitucional. Auto 001 de 1993 y Sentencias T-518 de 2009 y C-483 de 2008.
10
Expediente número 2023-07073-00, M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
11
Expediente número 2025-02425-01. M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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Actor: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA QUINTERO

“[…] En el sub examine el Despacho sustanciador de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante auto de 2 de mayo de 20251 inadmitió la acción
de tutela para que, en el término de tres (3) días, el
accionante expusiera de manera clara los hechos y
pretensiones de la solicitud, “[…] so pena de rechazo
[…]”.
Revisada la Sede Electrónica para la Gestión Judicial
• SAMAI, se advierte que dicha providencia le fue
notificada1 al accionante, sin que al respecto haya registro
de pronunciamiento alguno.
Por lo tanto, la Sala considera ajustada a derecho la
providencia de 16 de mayo de 2025 proferida por el
Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que rechazó la solicitud
de tutela del señor Mario Alberto Restrepo Zapata por
cuanto no la corrigió en el término concedido […]”.
(Resaltado fuera del texto original)

Así las cosas, la Sala colige que la presente acción de tutela es

improcedente ante la existencia de otro medio de defensa judicial,

esto es, la impugnación, la cual el actor tuvo a su alcance, pero no

interpuso, por lo que mal podría el juez de tutela ordenar un amparo

constitucional con el propósito de que se emita una orden que

evidentemente es competencia del juez de conocimiento y que, por

negligencia y desidia de aquel, no fue presentada dentro del término

judicial dispuesto para ello.

Aunado a lo anterior, no se puede desatender en manera alguna el

carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela, habida

cuenta que su desconocimiento afectaría el ordenamiento jurídico en

el sentido de que la garantía de los derechos fundamentales no sería

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Actor: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA QUINTERO

examinada por el juez natural para resolver las controversias

jurídicas de acuerdo con las competencias establecidas por el

legislador.

Finalmente, con el fin de analizar si en el presente caso se configura

la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la

acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo

dispuesto por la Corte Constitucional12:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes características:
“debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del
daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por
último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto
es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la

existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción

de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que

sobre tal aspecto ni siquiera se hace mención en el escrito

introductorio, sin que en todo caso de las circunstancias fácticas

probadas se pueda advertir tal situación.

12
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Actor: FRANCISCO JAVIER ZULUAGA QUINTERO

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que las

inconformidades expuestas por el actor carecen del requisito general

de subsidiariedad, razón por la que se declarará improcedente la

solicitud de amparo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

Por último, la Sala exhortará al actor para que en lo sucesivo se

abstenga de utilizar un lenguaje descomedido y amenazante, y se

comporte con respeto y lealtad en sus escritos, toda vez que las partes

en sus actuaciones judiciales deben guardar las debidas maneras y

respeto tanto con los jueces como con los demás sujetos

procesales, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del

artículo 7813 del Código General del Proceso (CGP), ya que en casos

de solicitudes escritas y/o verbales, como la aquí presentada, puede

ser devuelta sin dar trámite alguno14, sin perjuicio de la imposición

13
“Artículo 78. Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus
apoderados: […]

4. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar
el debido respeto al juez, a los empleados de este, a las partes y a los auxiliares de la
justicia”. (Resaltado fuera del texto original).

14
En atención a lo dispuesto en el numeral sexto del artículo 44 del CGP, que prevé: “Poderes
correccionales del juez. Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los
siguientes poderes correccionales: […]

6. Ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos contra los funcionarios, las partes o
terceros”. (Resaltado fuera del texto original).

En el mismo sentido se pronunció esta Sección, esto es, en providencia de 28 de marzo de 2025,
expediente número 2025-00495-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en la que se dijo: “[…] Del
referido escrito no se evidencia reparo alguno dirigido a controvertir los argumentos
expuestos en la providencia que rechazó la demanda y/o cumplir con la carga impuesta en
el auto primigenio en el que se le pidió señalar de manera clara las actuaciones y/o
decisiones judiciales objeto de reproche que presuntamente le están vulnerando sus
derechos fundamentales invocados y en cabeza de quien recae tal transgresión, para poder
impartir el trámite a la acción constitucional de la referencia. Por el contrario, el citado
escrito, de 17 de marzo de 2025, corresponde a un texto irrespetuoso frente a la magistrada
sustanciadora, lo cual resulta inadmisible toda vez que las partes en sus actuaciones deben

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de las sanciones a que haya lugar, en atención a lo previsto en los

artículos 4415 ibídem y 58 al 60 de la Ley 270 de 7 de marzo de

199616.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: EXHORTAR al señor FRANCISCO JAVIER ZULUAGA

guardar las debidas maneras y respeto tanto con los jueces como con los demás sujetos
procesales, de ahí que el numeral 6 del artículo 44 del Código General del Proceso -CGP-,
autorice a los jueces que frente a escritos como el presente sean devueltos sin tramitar sin
perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar […]”. (Resaltado fuera del texto original).
15
“Artículo 44. Poderes correccionales del juez. Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya
lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales: […]

1. Sancionar con arresto inconmutable hasta por cinco (5) días a quienes le falten al debido
respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas”. (Resaltado fuera del texto original).

16
“Estatutaria de la Administración de Justicia. […]

ARTÍCULO 58. MEDIDAS CORRECCIONALES. Los Magistrados, los Fiscales y los Jueces tienen la
facultad correccional, en virtud de la cual pueden sancionar a los particulares, en los siguientes casos:
1. Cuando el particular les falte al respeto con ocasión del servicio o por razón de sus actos
oficiales o desobedezca órdenes impartidas por ellos en ejercicio de sus atribuciones legales.
[…]
ARTÍCULO 59. PROCEDIMIENTO. El magistrado o juez hará saber al infractor que su conducta
acarrea la correspondiente sanción y de inmediato oirá las explicaciones que éste quiera suministrar en
su defensa. Si éstas no fueren satisfactorias, procederá a señalar la sanción en resolución motivada
contra la cual solamente procede el recurso de reposición interpuesto en el momento de la notificación.
El sancionado dispone de veinticuatro horas para sustentar y el funcionario de un tiempo igual para
resolverlo.
ARTÍCULO 60. SANCIONES. Cuando se trate de un particular, la sanción correccional consistirá,
según la gravedad de la falta, en multa hasta de diez salarios mínimos mensuales.

Contra las sanciones correccionales sólo procede el recurso de reposición, que se resolverá de plano".
(Resaltado fuera del texto original).

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QUINTERO para que en adelante se abstenga de utilizar un lenguaje

descomedido y amenazante, y se comporte con respeto y lealtad en

sus escritos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del

artículo 78 del Código General del Proceso (CGP), de conformidad con

lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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