Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04129-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04129-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04129-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04129-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04129-00
Accionante: BLANCA ISABEL DÍAZ DÍAZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C Y OTRO
Tema: Tutela contra la providencia judicial – improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte
actora en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C y el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 1 de junio de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Blanca Isabel Díaz Díaz, en nombre propio, instauró acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, y el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá.
Con la solicitud, pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social, y los
principios pro actione y de favorabilidad laboral.
2. La transgresión de su garantía fundamental se la adjudica a: (i) la
sentencia del 14 de julio de 2025, proferida por el Juzgado 46 Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Bogotá, mediante la cual negó las pretensiones del medio
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 Samai. Se precisa que se notificó como accionados al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, y se
vinculó en calidad de terceros con interés al Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Educación de Bogotá,
al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (Foncep) y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Blanca Isabel Díaz Díaz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04129-00
de control de nulidad y restablecimiento del derecho3 promovido por la actora
contra el Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Educación de Bogotá y el
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (Foncep) y, (ii) el
fallo del 25 de febrero de 2026, dictado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C que confirmó dicha decisión.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso (artículo
29 C.P.), al acceso a la administración de justicia (artículo 229 C.P.), al principio
pro actione y favorabilidad laboral (artículo 53 C.P.), a la buena fe (artículo 83
C.P.) y a la seguridad social (artículo 48 C.P.).
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia 0043 del 25 de febrero de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado bajo el número 11001-33-42-046-2023-00011-01.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, que profiera una nueva sentencia de segunda instancia
en la que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 14
de julio de 2025 del Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá,
atendiendo a los siguientes parámetros: (i) reconociendo que los Oficios
S2022233897 del 13 de julio de 2022 y S2022266471 del 17 de agosto de 2022
constituyen actos administrativos con motivación propia y efectos jurídicos
autónomos respecto de la pretensión de retroactividad de cesantías, conforme al
reconocimiento expreso contenido en el párrafo 59 de la sentencia atacada; (ii)
computando el término de caducidad de la acción a partir de la notificación de
dichos actos administrativos de 2022 y no del formulario de autorización de pago
notificado el 30 de diciembre de 2020; (iii) absteniéndose de imputar mala fe
procesal a la tutelante sin soporte probatorio en el expediente, conforme al
artículo 83 de la Constitución Política; y (iv) en consecuencia, revocando la
sentencia de primera instancia y resolviendo de fondo las pretensiones
formuladas en la demanda o, en su defecto, devolviendo el expediente al Juzgado
46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá para que profiera sentencia de
mérito.
PETICIÓN SUBSIDIARIA:
CUARTO: En el evento en que la Honorable Sala considere que los defectos
constitucionales aquí denunciados se configuran también en la sentencia de
primera instancia del 14 de julio de 2025, proferida por el Juzgado 46
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, solicito DEJAR SIN
EFECTOS ambas providencias —la Sentencia 0043 del 25 de febrero de 2026
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la sentencia del 14 de julio de
2025 del Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá—, y ORDENAR
al Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá que profiera una
nueva sentencia de primera instancia en la que se pronuncie sobre el fondo del
asunto, esto es, sobre la procedencia de la nulidad de los actos administrativos
demandados y el restablecimiento del derecho a las cesantías retroactivas, sin
declarar la caducidad de la acción, atendiendo a los parámetros constitucionales
señalados en el numeral TERCERO de la petición principal.
QUINTO: En todo caso, ORDENAR a la autoridad judicial que profiera la nueva
sentencia que decida con observancia estricta de los principios pro actione
(artículo 229 C.P.), favorabilidad laboral (artículo 53 C.P.), buena fe (artículo 83
3 Identificado con el número de radicado 11001-33-42-046-2023-00011-00/01.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Blanca Isabel Díaz Díaz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04129-00
C.P.) y cognoscibilidad del acto administrativo demandable, conforme a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional contenida, entre otras, en las sentencias
C-038 de 2006, C-590 de 2005, SU-691 de 2017, SU-659 de 2015 y SU-128 de
2021. [Sic]
1.2. Hechos
4. La señora Blanca Isabel Díaz Díaz se vinculó a la Secretaría de Educación
de Bogotá el 18 de septiembre de 1981 y prestó sus servicios hasta el 30 de junio
de 2020, fecha en la que se hizo efectivo su retiro del servicio, por renuncia
irrevocable aceptada mediante la Resolución 653 del 1.° de junio de 2020, al
cargo de Profesional Especializado 222-24 (en encargo), como consecuencia del
reconocimiento de su pensión de vejez.
5. Por lo anterior, el mismo 1.° de junio de 2020, la Secretaría de Educación
expidió el formulario de reconocimiento y autorización de pago de sus cesantías
definitivas. Dicho documento fue notificado el 30 de diciembre de 2020; y el 21
de enero de 2021, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
(en adelante Foncep) realizó el pago por valor de $146.964.394.
6. El 16 de junio de 2022, la demandante presentó solicitud ante la Secretaría
de Educación de Bogotá, con el fin de que sus cesantías fueran reliquidadas y
pagadas conforme al régimen retroactivo, al considerar que, por haberse
vinculado antes del 30 de diciembre de 1996 y no haber presentado solución de
continuidad, tenía derecho a dicho sistema.
7. La Secretaría de Educación negó la solicitud mediante el Oficio S-2022-
233897 del 13 de julio de 2022, con fundamento, entre otros, en el Concepto
612771 de 2021 emitido por el Departamento Administrativo de la Función
Pública, según el cual, durante los periodos en encargo o comisión de servicios,
las cesantías debían liquidarse bajo el régimen anualizado y, una vez finalizada
esa situación administrativa, continuarían bajo el sistema retroactivo, por lo que
esa fue la situación que se aplicó a su caso.
8. Inconforme, el 28 de julio de 2022, la actora interpuso recurso de apelación
el cual fue resuelto desfavorablemente mediante el Oficio S-2022-266471 del 17
de agosto de 2022, en el que se reiteró la negativa frente a la reliquidación
pretendida.
9. Posteriormente, el 16 de enero de 2023, la señora Díaz Díaz presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los oficios -2022-
233897 y S-2022-266471, ambos de 2022, con el propósito de que se declarara
su nulidad y, a título de restablecimiento, se ordenara el reconocimiento y pago
de las cesantías definitivas bajo el régimen retroactivo, así como la sanción
moratoria y demás emolumentos derivados.
10. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado 46 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, que, mediante sentencia del 14 de julio de 2025
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Blanca Isabel Díaz Díaz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04129-00
declaró probada de oficio las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda
y caducidad del medio de control. Para arribar a esa conclusión, sostuvo que el
acto administrativo que definió la situación jurídica de la actora fue el formulario
de autorización de pago de cesantías notificado el 30 de diciembre de 2020, y
que la solicitud presentada en junio de 2022 correspondía, en realidad, a una
petición de revocatoria directa que no tenía la virtualidad de revivir los términos
para demandar.
11. Asimismo, el juzgado consideró que las cesantías definitivas no
constituían una prestación periódica una vez finalizado el vínculo laboral, de
manera que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho debía
ejercerse dentro del término de cuatro meses previsto en el artículo 164 del
CPACA, contado desde la notificación del acto que reconoció la prestación.
Entonces, como la demanda fue radicada el 16 de enero de 2023, concluyó que
había sido presentada de forma extemporánea.
12. La parte demandante apeló la decisión, argumentando que el formulario
de 2020 carecía de motivación fáctica y jurídica, pues solo contenía cifras y no
explicaba las normas aplicadas, los factores salariales tenidos en cuenta ni las
razones para no aplicar el régimen retroactivo; por tanto, en su criterio, no podía
servir como punto de partida para contabilizar la caducidad.
13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, mediante sentencia del 25 de febrero de 2026, confirmó la
decisión de primera instancia. Al respecto, sostuvo que el formulario de
autorización de pago reunía los elementos de un acto administrativo expreso y
definitivo, pues exteriorizó la voluntad de la administración, decidió de fondo una
situación prestacional individual y produjo efectos jurídicos patrimoniales
inmediatos.
14. También, agregó que una eventual falta de motivación del formulario
constituía, en todo caso, un posible vicio de legalidad que debía discutirse
mediante la demanda oportuna contra ese acto, pero no una razón para
desconocer su naturaleza de acto definitivo ni para impedir que sirviera como
referente del término de caducidad.
15. Finalmente, concluyó que los oficios de demandados no podían desplazar
el acto inicial de reconocimiento y pago de las cesantías, pues aceptar lo contrario
implicaría permitir que la parte actora, mediante solicitudes posteriores, reviviera
términos ya fenecidos para controvertir el acto que definió su situación
prestacional. En consecuencia, confirmó la declaratoria de caducidad del medio
de control.
1.3. Sustento de la vulneración
16. La parte actora indicó que la presente solicitud cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Blanca Isabel Díaz Díaz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04129-00
en especial el de relevancia constitucional, por cuanto, en su criterio, las
decisiones cuestionadas no se limitaron a resolver un asunto procesal relativo a
la caducidad del medio de control, sino que cerraron de manera definitiva su
posibilidad de obtener un pronunciamiento de fondo sobre el reconocimiento y
pago de las cesantías bajo el régimen retroactivo. En ese sentido, estimó
configurados distintos defectos, los cuales pasan a explicarse a continuación:
17. Como primer defecto, alegó la configuración de uno sustantivo por
indebida aplicación de las normas de caducidad. Al respecto, manifestó que
el artículo 164 del CPACA exige que el término de caducidad se compute desde
la notificación del acto administrativo que contiene la decisión que se controvierte.
Según su postura, el formulario de autorización de pago de 2020 no podía cumplir
esa función, porque era un documento meramente contable, limitado a registrar
valores numéricos y datos de liquidación, sin motivación jurídica, sin identificación
de normas aplicadas, sin explicación de factores salariales y sin pronunciamiento
alguno sobre la procedencia o improcedencia del régimen retroactivo de
cesantías.
18. En esa línea, sostuvo que los actos verdaderamente demandables eran
los Oficios S-2022-233897 y S-2022-266471, ambos de2022, porque fueron
estos los que, por primera vez, expresaron la posición jurídica de la
administración frente a la solicitud de reliquidación bajo el régimen retroactivo.
De esa forma, afirmó que las autoridades judiciales confundieron el acto que
autorizó el pago de una suma de dinero con los actos que definieron el régimen
jurídico aplicable a la prestación, lo que condujo a una indebida aplicación de las
reglas de caducidad.
19. La accionante también cuestionó que se hubiera aplicado el artículo 96 del
CPACA, relativo a los efectos de la revocatoria directa, pues, en su criterio, la
petición de junio de 2022 no pretendía revivir términos respecto de una decisión
anterior, sino obtener un pronunciamiento sobre una cuestión jurídica que no
había sido definida por el formulario de 2020. Así, indicó que no podía hablarse
de revocatoria directa, dado que no existía identidad de objeto entre el formulario
inicial que solo reflejaba una liquidación y los oficios de 2022 que resolvieron
sobre la aplicación o no del régimen retroactivo.
20. Como segundo reproche, la parte actora invocó un defecto fáctico por
omisión probatoria, al considerar que el Tribunal no analizó la validez de la
notificación del formulario de 2020 conforme a los requisitos previstos en el
artículo 67 del CPACA. Según expuso, si dicho formulario era tomado como punto
de partida de la caducidad, los jueces debieron verificar que la notificación
hubiera incluido el texto íntegro del acto, la indicación de los recursos
procedentes, los términos para interponerlos y la autoridad ante la cual debían
presentarse.
21. Sin embargo, en su opinión, el formulario notificado el 30 de diciembre de
2020 no cumplía tales exigencias, en tanto se trataba de un formato de cifras, sin
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Blanca Isabel Díaz Díaz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04129-00
motivación y sin indicación de recursos. Por ello, sostuvo que esa notificación no
podía activar válidamente el término de caducidad, y que la omisión de dicho
análisis por parte del Tribunal resultó determinante para confirmar la terminación
anticipada del proceso.
22. Como tercer cargo, alegó un defecto fáctico por valoración arbitraria
de su conducta procesal, derivado de la afirmación efectuada por el Tribunal
en el sentido de que las solicitudes de 2022 fueron presentadas con la finalidad
de provocar un nuevo pronunciamiento para revivir términos. En sentir de la
accionante, esa conclusión le atribuyó mala fe procesal sin soporte probatorio
alguno.
23. Sobre ese punto, sostuvo que su actuación fue diligente y ajustada al
ordenamiento, pues, al advertir el presunto error en la liquidación de sus
cesantías, acudió ante la administración mediante derecho de petición, interpuso
el recurso correspondiente y luego promovió el medio de control judicial. Por
tanto, considera que los jueces desconocieron la presunción constitucional de
buena fe prevista en el artículo 83 superior al inferir una intención fraudulenta o
dilatoria sin que existiera prueba en el expediente.
24. Como cuarto cargo, señaló la existencia de una violación directa de la
Constitución por desconocimiento del principio pro actione y del derecho
de acceso a la administración de justicia. Para la tutelante, el caso admitía
dos posibles interpretaciones sobre el momento desde el cual debía
contabilizarse la caducidad: una restrictiva, a partir del formulario de 2020, y otra
favorable al acceso a la justicia, desde los oficios de 2022.
25. En ese contexto, alegó que, al tratarse de una controversia laboral y
prestacional de una persona pensionada, los jueces debieron optar por la
interpretación que permitiera un pronunciamiento de fondo sobre sus
pretensiones. En cambio, según afirmó, eligieron la alternativa más gravosa,
cerrando definitivamente la posibilidad de discutir judicialmente el derecho a la
reliquidación de sus cesantías bajo el régimen retroactivo.
26. Finalmente, la accionante sostuvo que la sentencia de segunda instancia
incurrió en motivación contradictoria, pues, a su juicio, el tribunal reconoció
que los oficios de 2022 contenían motivación propia y efectos jurídicos
autónomos respecto de la pretensión de retroactividad, pero, al mismo tiempo,
concluyó que esos actos no desplazaban al formulario de 2020 como referente
para contabilizar la caducidad.
27. Para la parte actora, esa contradicción interna resulta insalvable, porque
si los actos de 2022 tenían efectos jurídicos autónomos sobre la pretensión
específica de retroactividad, necesariamente debían ser considerados como los
actos relevantes para determinar la oportunidad de la demanda. En
consecuencia, estimó que la providencia del Tribunal carece de una motivación
coherente y vulnera el debido proceso.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Blanca Isabel Díaz Díaz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04129-00
28. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se dejaran sin efectos las
sentencias cuestionadas y que se ordenara al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C dictar una nueva providencia en
la que computara el término de caducidad desde la notificación de los actos
administrativos de 2022, se abstuviera de imputarle mala fe procesal y resolviera
de fondo sus pretensiones o, en su defecto, devolviera el expediente al juzgado
de primera instancia para que emitiera sentencia de mérito.
1.4. Intervenciones
29. El Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que
el mecanismo constitucional no puede utilizarse para revivir términos vencidos
ni como una instancia adicional dentro del proceso ordinario. Indicó que en la
sentencia cuestionada concluyó que la demanda debió dirigirse contra el
formulario de autorización de pago de cesantías, que las solicitudes posteriores
pretendían reabrir términos ya fenecidos, que los actos demandados no eran
susceptibles de control judicial y que, al tratarse de cesantías definitivas, el
medio de control había caducado.
30. Agregó que la acción constitucional reitera argumentos que fueron
expuestos en el recurso de apelación y estudiados por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, autoridad que confirmó la configuración de la caducidad al
considerar que, pese a la alegada falta de motivación normativa, el formulario de
autorización de pago reunía los elementos propios de un acto administrativo
definitivo, y que la falta de indicación de los recursos procedentes contra el acto
cuestionado, no le viciaba de nulidad, sino que por el contrario le habilitaba para
acceder directamente a la jurisdicción.
31. La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá D.C solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al señalar que la
presunta vulneración deriva de las providencias judiciales cuestionadas y no de
una actuación u omisión atribuible a esa entidad. En consecuencia, sostuvo que
carece de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de las decisiones
proferidas por las autoridades judiciales accionadas.
32. Por su parte, la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C. informó que, conforme a la distribución interna de competencias, la
defensa del Distrito debía ser asumida por la Secretaría de Educación y por el
FONCEP, según sus funciones misionales. Por ello, solicitó la desvinculación de
la Alcaldía Mayor y de la Secretaría Jurídica Distrital, al no evidenciarse conducta
alguna que les sea atribuible frente a la vulneración alegada.
33. El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –
Foncep solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, al
considerar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Blanca Isabel Díaz Díaz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04129-00
Subsección C realizó un análisis jurídico y de fondo sobre la configuración de la
caducidad, concluyendo que el formulario de autorización de pago de cesantías
del 1º de junio de 2020 reunía los elementos de un acto administrativo expreso
y definitivo.
34. Explicó que dicho formulario fue notificado el 30 de diciembre de 2020 y
que la demanda ordinaria fue radicada el 16 de enero de 2023, por lo que el
medio de control fue promovido de manera extemporánea. Además, afirmó que
los defectos alegados por la accionante corresponden a su propia interpretación
del asunto y que lo pretendido es reabrir un debate procesal ya definido por los
jueces naturales.
35. Finalmente, propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva, al
indicar que su función respecto de las cesantías se limita al pago, una vez la
entidad nominadora remite la autorización correspondiente, por lo que no le es
atribuible la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.
II. CONSIDERACIONES
36. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
encontrarse acreditado el requisito de relevancia constitucional, por los motivos
que pasan a explicarse a continuación.
2.1. Caso concreto
La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
37. El Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales6 y a la configuración de algún
defecto especial7 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
6 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
7 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Blanca Isabel Díaz Díaz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04129-00
38. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.
39. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
40. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
41. La Sala advierte que Blanca Isabel Díaz Díaz está legitimada en la causa
por activa, porque fue la demandante dentro del medio de control en el que se
dictaron las providencias que se reprochan mediante esta vía. Por otro lado, se
evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C y el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá,
están legitimados en la causa por pasiva por haber proferido las decisiones
cuestionadas a través del presente trámite. Sin embargo, la Sala aclara que
limitará su estudio a la providencia de 25 de febrero de 2026, dictada por el
referido tribunal, por ser la decisión que puso fin a la controversia ordinaria.
42. De otra parte, la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá D.C, la
Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y FONCEP,
solicitaron su desvinculación del presente trámite tras señalar que no tienen
legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, la Sala negará dicha solicitud
comoquiera que su vinculación al presente trámite se realizó debido al interés
que les puede asistir, al ser las entidades demandadas en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirieron las decisiones
que aquí se cuestionan.
43. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional8, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que
el debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
8 Sentencia SU-215 de 2022.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Blanca Isabel Díaz Díaz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04129-00
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
44. En el presente asunto, la señora Blanca Isabel Díaz Díaz considera que la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, seguridad social, y los principios pro actione y de
favorabilidad laboral, al confirmar la declaratoria de caducidad del medio de
control promovido para obtener la reliquidación de sus cesantías definitivas bajo
el régimen retroactivo.
45. Como sustento, alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto sustantivo, defecto fáctico por omisión probatoria, defecto fáctico por
valoración arbitraria, violación directa de la Constitución y motivación
contradictoria. Sin embargo, todos esos reparos se estructuran sobre una misma
inconformidad: en criterio de la tutelante, el término de caducidad no debía
contabilizarse desde la notificación del formulario de autorización de pago de
cesantías del año 2020, sino desde los oficios expedidos en 2022, mediante los
cuales la Secretaría de Educación negó la reliquidación solicitada.
46. Al respecto, del estudio de la providencia cuestionada, la Sala observa que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudió el problema planteado en la
apelación, consistente en determinar si el formulario de autorización de pago de
cesantías constituía el acto administrativo definitivo que debía tomarse como
punto de partida para computar la caducidad, o si, por el contrario, los oficios de
2022 configuraban actos nuevos y autónomos que desplazaban ese referente
temporal.
47. Al respecto, el tribunal concluyó que el formulario de autorización de pago
de cesantías del 1.° de junio de 2020, notificado el 30 de diciembre de 2020, sí
reunía los elementos propios de un acto administrativo expreso y definitivo, por
cuanto exteriorizó la voluntad de la administración, decidió de fondo una
situación prestacional individual (el reconocimiento, liquidación y autorización de
pago de las cesantías definitivas) y produjo efectos jurídicos inmediatos en la
esfera patrimonial de la accionante.
48. De igual manera, explicó que la alegada insuficiencia de motivación del
formulario no desvirtuaba su existencia ni su naturaleza de acto definitivo, pues,
en todo caso, ello constituía un eventual vicio de legalidad que debía discutirse
mediante la demanda oportuna contra ese acto, pero no una razón para
desconocerlo como referente del término de caducidad.
49. Asimismo, el tribunal indicó que los oficios expedidos en 2022 no podían
desplazar el acto inicial de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas,
pues aceptar esa tesis implicaría permitir que mediante peticiones posteriores se
revivieran términos ya fenecidos para controvertir una situación prestacional
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Blanca Isabel Díaz Díaz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04129-00
definida y ejecutada desde el año 2020.
50. En ese orden, la autoridad judicial accionada determinó que, como el acto
de reconocimiento, liquidación y autorización de pago de cesantías fue notificado
el 30 de diciembre de 2020, el término de cuatro meses para acudir al medio
de control vencía el 3 de mayo de 2021, mientras que la demanda fue radicada
el 16 de enero de 2023, razón por la cual se configuró el fenómeno jurídico de
la caducidad.
51. Bajo ese contexto, la Sala advierte que el debate planteado por la
accionante carece de relevancia constitucional, en tanto no evidencia una
actuación judicial arbitraria, caprichosa o abiertamente irrazonable, sino una
inconformidad con la interpretación que el tribunal efectuó sobre la naturaleza
del acto demandable y el momento inicial para contabilizar la caducidad del
medio de control.
52. En efecto, lo que pretende la tutelante es que el juez constitucional
determine nuevamente si el formulario de autorización de pago de cesantías era
o no el acto administrativo definitivo; si los oficios de 2022 constituían actos
autónomos para efectos del cómputo de la caducidad; si su solicitud posterior
podía entenderse como una petición autónoma o como una actuación
encaminada a reabrir términos; y, finalmente, si la demanda ordinaria fue
presentada oportunamente. Tales asuntos son de naturaleza estrictamente legal
y procesal, y fueron resueltos por el juez natural de la causa en ejercicio de su
autonomía e independencia.
53. Ahora bien, la Sala no desconoce que la accionante presentó sus reparos
bajo la denominación de distintos defectos específicos. Sin embargo, la sola
invocación formal de causales de procedibilidad no convierte en constitucional
una discusión que, en esencia, se contrae a la interpretación de normas
procesales sobre caducidad y a la identificación del acto administrativo
susceptible de control judicial.
54. Tampoco el cargo de presunta motivación contradictoria permite superar
el requisito de relevancia constitucional. Si bien la parte actora afirma que el
tribunal reconoció que los oficios de 2022 tenían motivación propia y efectos
autónomos, pero luego negó su aptitud para contabilizar la caducidad, lo cierto
es que esa alegación corresponde a una discrepancia frente al alcance jurídico
que la autoridad judicial otorgó a dichos actos. Frente a este punto, el tribunal
razonó que, aun cuando aquellos oficios resolvieron la nueva solicitud de
reliquidación, no podían desplazar el acto anterior que reconoció, liquidó y
autorizó el pago de las cesantías definitivas, pues ello supondría reabrir términos
ya vencidos.
55. De igual manera, el reproche relativo al principio pro actione tampoco
revela, por sí mismo, una tensión constitucional autónoma. Lo que se plantea
bajo esa denominación es que el tribunal debió acoger una interpretación
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Blanca Isabel Díaz Díaz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04129-00
distinta, esto es, aquella que permitiera estudiar de fondo la pretensión de la
demandante, por lo que, la invocación de este, no basta para trasladar al juez
constitucional una discusión legal sobre el cómputo de la caducidad, pues, como
lo ha precisado la Corte Constitucional, la tutela contra providencias judiciales
no puede emplearse para reabrir debates meramente legales ni para hacer
prevalecer el criterio interpretativo propio del accionante frente al adoptado
razonadamente por el juez natural.
56. En ese sentido, la acción de tutela no está instituida para corregir toda
interpretación judicial que resulte desfavorable a una de las partes, ni para
permitir que el juez constitucional escoja entre varias lecturas posibles de una
disposición procesal. Su procedencia exige que la parte actora demuestre una
afectación iusfundamental real, directa y evidente, que trascienda el desacuerdo
con la decisión judicial.
57. En este caso, la Sala encuentra que los argumentos expuestos por la
accionante buscan reabrir el debate definido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C en torno a la caducidad del
medio de control. Por tanto, la controversia propuesta no supera la carga exigida
para acreditar la relevancia constitucional, pues se dirige a cuestionar la
interpretación judicial sobre el acto demandable y el cómputo del término para
acudir a la jurisdicción, asuntos que corresponden a la órbita del juez natural.
58. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos de raigambre constitucional esgrimido por el actor dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones
judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por
parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia9.
59. Por esto, la sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, al
no encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción constitucional interpuesta
por la señora Blanca Isabel Díaz Díaz.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Blanca Isabel Díaz Díaz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04129-00
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá D.C, la Secretaría Jurídica
Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, y el Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones - Foncep.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.