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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04135-00

Fecha
28 de julio de 2026
Consejero ponente
Conjuez Juan Pablo Araujo Ariza

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04135-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO. NEGAR la acción de tutela presentada por Carlos Arturo Mendieta Rodriguez contra el Consejo de Estado, Sala Plena, por inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales reclamados. SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes y a los terceros interesados por el medio más expedito y eficaz. TERCERO. En el evento que esta decisión no sea impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITASE el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04135-00

Consejero ponente: Conjuez Juan Pablo Araujo Ariza

28 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONJUEZ PONENTE: JUAN PABLO ARAUJO ARIZA

Bogotá D.C, veintiocho (28) de julio de dos mil veinticinco (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2026 04135 00
Demandante: Carlos Arturo Mendieta Rodriguez
Demandado: Sala Plena del Consejo de estado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Tema: Acción de tutela contra acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado. Niega por inexistencia de violación de derechos fundamentales.

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo constitucional de la referencia.

• ANTECEDENTES.

• La demanda

El Señor Carlos Arturo Mendieta Rodriguez presentó acción de tutela en contra de la Sala Plena del Consejo de Estado con la finalidad de que se le protejan sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, mínimo vital, igualdad y al debido proceso.

Considera el accionante que la Sala Plena del Consejo de Estado, vulneró sus derechos fundamentales al haber expedido el Acuerdo 128 del 20 de mayo de 2026, a través del cual se resolvió retirarlo del cargo de magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima por haber alcanzado la edad de retiro forzoso.

• Pretensiones

Las pretensiones de la tutela son las siguientes:

1.- Amparar los derechos constitucionales fundamentales vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA, al proferir el ACUERDO 158 del 20 de mayo de 2026.

2.- Dejar sin efectos provisionales, el acto administrativo que retiro del servicio al Magistrado CARLOS ARTURO MENDIETA RODRIGUEZ antes del fallo final, que resuelva la presente acción de tutela.

3.- Ordenar a la accionada CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA, realizar una revisión integral del caso del Magistrado CARLOS ARTURO MENDIETA RODRIGUEZ, respetando el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución política de Colombia.

4.- Ordenar el reintegro de Magistrado CARLOS ARTURO MENDIETA RODRIGUEZ, con los efectos legales a que haya lugar.

5.- Ordenar que se adopten las medidas necesarias para evitar un perjuicio irremediable al Magistrado CARLOS ARTURO MENDIETA RODRIGUEZ.

• Hechos

• Indica el accionante que nació en el municipio de Ibagué, Tolima, el 27 de mayo de 1957, según consta en el registro civil de nacimiento identificado con el serial 344097.

• Manifiesta el tutelante que la Registraduría Nacional del Estado Civil al momento de expedir la tarjeta de identidad de No. 560521-05025 y cuando expidió la cédula de ciudadanía No. 14.226.666 consignó equívocamente como fecha de nacimiento el 21 de mayo de 1956.

• El 23 de septiembre de 2008 el Señor Mendieta adelantó actuación administrativa para corregir la fecha de nacimiento contenida en su documento de identidad, con fundamento en el registro civil de nacimiento, identificado con el serial 0344097.

• La Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la nueva cédula de ciudadanía No. 14.226.666, en la cual se indica que la fecha de nacimiento es el 21 de mayo de 1957.

• No obstante, el accionante indica que a pesar de la corrección realizada en la cédula de ciudadanía, en el sistema de información de registro civil (SIRC) se establece que el registro civil de nacimiento identificado con el serial 344097 aparece en estado de reemplazado e invalido, al haber sido sustituido por el registro civil con número de serial 55662830, inscrito el 10 de marzo de 2016.

• El demandante inició un proceso de jurisdicción voluntaria ante el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué, con la finalidad de que se corrigiera el registro civil identificado con el serial No. 55662830, inscrito el 10 de marzo de 2016 en la Notaría Segunda del Circuito de Ibagué, para que en este se indicara que la fecha de nacimiento no era el 21 de mayo de 1956 sino que era el 21 de mayo de 1957, como se había establecido en el registro civil de nacimiento con número de serial 344097.

• El tutelante desistió incondicionalmente de las pretensiones propuesta dentro del proceso judicial que se adelantaba en el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué, porque indica que la Registraduría Nacional del Estado Civil – Delegación Departamental del Tolima emitió certificación del 20 de febrero de 2026, en la que se confirmaba la rectificación y validación del registro civil de nacimiento identificado con el serial 344097.

• El desistimiento presentado en el proceso judicial adelantado en el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué fue aceptado el 29 de enero de 2026, en consecuencia, se declaró la terminación del mismo y se ordenó su archivo.

• Manifiesta el accionante que COLPENSIONES y el Ministerio de Relaciones Exteriores al expedir el pasaporte registran como fecha de nacimiento el 21 de mayo de 1957.

• Manifiesta el demandante que el 8 de mayo de 2026 la Coordinadora de Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, emite certificación, en la que indica que su fecha de nacimiento es el 21 de mayo de 1957, y agrega que su fecha de retiro forzoso sería el 21 de mayo de 2027.

• El actor indica que con el fin de “obtener claridad definitiva y la corrección de la inconsistencia existente en el sistema registral” presentó el 15 de mayo de 2026 derecho de petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que esta emitiera una certificación indicando la fecha de nacimiento y el documento de identidad vigente, el cual, según afirma el accionante, fue respondido con un nuevo certificado que establece que la fecha de nacimiento es el 21 de mayo de 1957.

• El mismo 15 de mayo de 2026, el demandante elevó solicitud ante la Notaría Segunda del Círculo de Ibagué para que esta procediera con la corrección, modificación, sustitución, anulación o expedición de un nuevo registro civil de nacimiento “ajustado a la realidad jurídica acreditada precedentemente”, pero la misma fue negada, mediante oficio CED-3697/2026 del 26 de mayo de 2026, con el argumento de que notarialmente no es posible realizar dicha modificación porque se tiene que hacer a través de un proceso judicial.

• El accionante indica que ha puesto en conocimiento del Consejo de Estado su situación y ha allegado documentos e información con la finalidad de demostrar que su fecha de nacimiento es el 21 de mayo de 1957.

• El Consejo de Estado – Sala Plena, mediante Acuerdo 158 de 20 de mayo de 2026, ordenó el retiro del Señor Carlos Arturo Mendieta Rodríguez del cargo de Magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima a partir del 22 de mayo de 2026, porque se había configurado la edad de retiro forzoso.

• Considera el demandante que el Consejo de Estado – Sala Plena violó sus derechos fundamentales porque entre otras razones, no tuvo en cuenta que existe una controversia sobre su fecha de nacimiento y la misma no ha sido aclarada. Además, indica que se violó el principio in dubio pro operario, el cual, según su criterio, se tenía que aplicar frente a la incertidumbre jurídica que existe en este caso.

• Finalmente, el accionante manifiesta que no cuenta con reconocimiento pensional por parte de COLPENSIONES, situación que afecta su mínimo vital, porque indica que el salario que recibía como magistrado era su única fuente de ingreso.

• Fundamentos de la vulneración

El actor indica que el Acuerdo 158 de 20 de mayo de 2026, proferido por el Consejo de Estado – Sala Plena, viola sus derechos fundamentales por las siguientes razones:

• La edad de retiro forzoso debe estar debidamente probada, sin que exista dudas sobre ella.

• No tuvo en cuenta que la duda que existe sobre la fecha de nacimiento del Señor Mendieta no está categóricamente despejada.

• Desconoció el principio in dubio pro operario, que es un principio jurídico del derecho laboral que indica que frente a la duda se debe favorecer al trabajador.

• No tramitó un debido proceso para aclarar cuál era el documento válido para determinar la edad del actor.

• Como en el presente caso no ha existido un proceso judicial de nulidad respecto al registro civil y cédula del demandante, el Acuerdo 158 de 2026 no está debidamente justificado.

• Trámite de la acción de tutela

• Repartida la acción de tutela a la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, los magistrados que hacen parte de esta manifestaron impedimento, con fundamento en los numerales 4 y 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, norma aplicable por remisión expresa del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.
• Los magistrados alegaron para sustentar el impedimento conjunto que estos son parte de la Sala Plena del Consejo de Estado y participaron en la formación del Acuerdo 158 de 2026.

• Surtido el sorteo de conjueces, fueron designados como tal Juan Pablo Araujo Ariza (Conjuez ponente), Héctor Santaella Quintero Y José Ascención Fernández Osorio.

• Mediante auto notificado el 6 de julio de 2026, la Sala de Conjueces declaró fundado el impedimento manifestado por los Magistrados de la Subsección “B” del Consejo de Estado.

• En firme el auto que declaró fundado el impedimento manifestado, se profirió providencia de 15 de julio de 2026, mediante la cual se admitió la acción de tutela, se corrió traslado a la Sala Plena del Consejo de Estado para que ejerciera su derecho a la defensa, se negó la medida provisional solicitada, se resolvió la solicitud que presentó el actor, alegando falta de competencia de la Sala para conocer del presente proceso, y se ordenó vincular a Colpensiones, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial.

• El expediente pasó al Despacho para fallo el 27 de julio de 2026.

• Respuesta de la entidad accionada y de las vinculadas

• Consejo de Estado – Sala Plena

La entidad demandada presentó informe, emitido por la Secretaría General, a través del cual explica los antecedentes que se tuvieron en cuenta para expedir el Acuerdo 158 de 2026, y solicita que se rechace por improcedente la acción de tutela, porque en su criterio existe otro mecanismo de defensa judicial y no se probó la existencia de ningún perjuicio irremediable. Subsidiariamente, solicita que se niegue la acción de tutela, porque considera que “la decisión contenida en el Acuerdo 158 del 20 de mayo de 2026 fue adoptada por la Sala Plena del Consejo de Estado a partir de la información oficial certificada por la Registraduría Nacional del Estado Civil -previa verificación de los antecedentes relevantes y dentro del marco de las competencias legalmente atribuidas a la Corporación-.”

Indica la entidad accionada que ante la discrepancia que existía frente a la edad de nacimiento del demandante se hicieron las verificaciones correspondientes, de manera diligente, y se le solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil que certificara cuál era el registro civil válido. Con base en esa información, emitida por la autoridad competente en la materia, y teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto 1260 de 1970, se profirió el Acuerdo 158 de 2026.

También indica que el retiro del señor Mendieta se hizo con fundamento en lo ordenado en la ley que regula la edad de retiro forzoso en Colombia, y respetando todas las garantías que rigen la actuación administrativa.

Finalmente, manifiesta la entidad accionada que en este caso no resulta aplicable el principio in dubio pro operario alegado en la demanda, porque según ella “la controversia analizada por la Sala Plena no recaía sobre la interpretación de una disposición laboral ambigua ni sobre la existencia de dos interpretaciones jurídicas igualmente válidas respecto de la edad de retiro forzoso, supuesto en el que la jurisprudencia constitucional ha reconocido la aplicación de este principio de favorabilidad. Por el contrario, el asunto administrativo sometido a consideración de esta Corporación versó sobre la determinación de un hecho objetivo, consistente en la fecha de nacimiento que debía tenerse por válida para establecer si se había configurado la edad de retiro forzoso.”

• Colpensiones

Colpensiones presentó escrito, después de vencido el plazo otorgado para pronunciarse sobre la acción de tutela, solicitando que se niegue la acción de tutela por improcedente.

• Consejo Superior de la Judicatura

La directora (E) de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se desvinculara a la entidad que ella representa, o en su defecto, solicitó que se niegue la acción de tutela porque no se ha vulnerado ningún derecho fundamental.

Alega, además, falta de legitimación en la causa por pasiva, porque indica que el Consejo Superior de la Judicatura no expidió el Acuerdo 158 de 2026, ni tiene competencia para modificar la información contenida en el registro civil del demandante.

• Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la acción de tutela y solicitó que se rechazara por improcedente la misma.

Alega en la contestación que el demandante no probó la existencia de un perjuicio irremediable y en consecuencia, la tutela en este caso es improcedente porque existe otro mecanismo de defensa judicial.

Finalmente, se pone de presente que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no está legitimada en la causa por pasiva porque no ha incurrido en ninguna conducta u omisión que afecte los derechos fundamentales del accionante. Sobre este punto textualmente se indica en la contestación:

En ese mismo sentido, de acuerdo con el informe rendido por la División de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad de Talento Humano, no existen registros de solicitudes de reubicación laboral, recomendaciones médico-laborales, restricciones ocupacionales, conceptos de medicina laboral o actuaciones relacionadas con la situación expuesta por el actor, razón por la cual no se evidencia acción u omisión alguna atribuible a la DEAJ que permita endilgarle la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Por las razones expuesta, se solicita que se rechace la acción de tutela por improcedente.

• CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala de Conjueces, tal y como se indicó y se explicó en el auto admisorio de la acción de tutela de 15 de julio de 2026, es competente para conocer y fallar la presente solicitud de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y 1 del Decreto 333 de 2021, que textualmente establece lo siguiente en su numeral 7:

ARTÍCULO  1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo 2 .2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.

(…)

• Problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y las pretensiones formuladas, corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿Es procedente la acción de tutela para solicitar que se deje sin efecto el Acuerdo 158 de 20 de mayo de 2026, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, y para que, como consecuencia de ello, se ordene el reintegro del Señor Carlos Arturo Mendieta Rodríguez al cargo de Magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima?

¿La Sala Plena del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales del actor, especialmente el del debido proceso, al haber proferido el Acuerdo 158 de 20 de mayo de 2026?

• Procedencia excepcional de la acción de tutela para resolver controversias relacionadas con la desvinculación de servidores públicos por haber alcanzado la edad de retiro forzoso.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política “[T]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”

La norma citada, aclara que “[E]sta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”

La acción de tutela es un mecanismo constitucional, preferente y sumario, que puede ejercer cualquier persona con la finalidad de proteger sus derechos fundamentales.

Por su misma naturaleza jurídica, la tutela sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. Es decir, es un mecanismo de defensa de carácter subsidiario.

No obstante, el mismo artículo 86 de la Constitución Política indica que a pesar de existir otro medio de defensa judicial, la acción de tutela se puede interponer, como mecanismo transitorio, cuando su finalidad es evitar un perjuicio irremediable.

El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 también reitera el carácter subsidiario de la acción de tutela, cuando expresamente indica:

La acción de tutela no procederá:

• Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
(…)

En este caso, el accionante pretende que se deje sin efectos el Acuerdo 158 de 20 de mayo de 2026, a través del cual, la Sala Plena del Consejo de Estado ordenó su retiro del cargo de Magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima, por haber cumplido este la edad de retiro forzoso. Además, solicita que se ordene su reintegro al cargo que venía desempeñando.

La Corte Constitucional, en Sentencia T – 521 de 10 de diciembre de 2024, analizó la procedencia de la acción de tutela para cuestionar la legalidad de actos administrativos de contenido particular, con el fin de solicitar el reintegro al ejercicio de un cargo público del que se desvinculó a la parte demandante por haber alcanzado la edad de retiro forzoso, y textualmente estableció:

• Por regla general, el medio de defensa judicial adecuado para reclamar las pretensiones relacionadas con la legalidad de los actos administrativos de carácter particular, con el fin de solicitar el reintegro al ejercicio de un cargo público, es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, medio de control de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En ejercicio de dicho medio de control el accionante puede solicitar medidas cautelares, incluso innominadas, para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso, la efectividad de la sentencia y los derechos fundamentales que subyacen en este tipo de controversias como lo son el mínimo vital, la seguridad social y la estabilidad laboral reforzada, entre otros.

• Pese a lo anteriormente expuesto, la Corte, en su jurisprudencia, ha considerado que la acción de tutela procede, de manera excepcional, para discutir la legalidad del acto administrativo que desvincula del servicio a un funcionario público que alcanzó la edad de retiro forzoso: “(i) como mecanismo directo cuando el mecanismo alternativo  ineficaz o inidóneo para proteger los derechos del accionante, máxime si el retiro del trabajo tiene como consecuencia directa generar una afectación al mínimo vital que exija un amparo preferente y definitivo; o (ii) como mecanismo transitorio, cuando exista la amenaza de la existencia de un perjuicio irremediable que sea inminente, grave y que exija medidas urgentes e impostergables”.

• En este sentido, la Corte ha reiterado que, cuando se trata de solicitudes de reintegro de personas que han sido retiradas de su cargo por haber alcanzado la edad de retiro forzoso, la acción de tutela procede excepcionalmente como mecanismo definitivo cuando (i) al momento de su desvinculación no había logrado el reconocimiento de una pensión que garantizara su derecho al mínimo vital y (ii) no cuenta con otra fuente de ingresos que le permita satisfacer sus necesidades básicas. (Subrayado por fuera del texto)

De acuerdo con lo indicado por la Corte Constitucional en la jurisprudencia citada, la acción de tutela procede de manera excepcional para solicitar el reintegro de una persona que ha sido retirada de su cargo por haber alcanzado la edad de retiro forzoso, cuando esta no haya logrado el reconocimiento de una pensión que garantice su derecho al mínimo vital, y además, no cuenta con otra fuente de ingresos para satisfacer sus necesidades básicas.

En este caso, el actor manifiesta en el hecho 27 de la demanda que “no cuenta a la fecha con reconocimiento pensional por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES- (…).” También indica en el mismo hecho que su salario como Magistrado “constituía su única fuente de sustento económico”.

En ese orden de ideas, considera la Sala que la acción de tutela es procedente, dado que los hechos ventilados en el sub lite encajan dentro del supuesto de hecho excepcional descrito por la jurisprudencia constitucional precitada; en consecuencia, se analizara a continuación, si efectivamente existe alguna vulneración de los derechos fundamentales del demandante, como consecuencia de la expedición del Acuerdo 158 de 2026.

• Aplicación de la causal de retiro forzoso por cumplir edad máxima de 70 años de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

La Ley 1821 de 2016, en su artículo 1, textualmente indica:
La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia.
Lo aquí dispuesto no se aplicará a los funcionaros de elección popular ni a los mencionados en el artículo 1° del Decreto-ley 3074 de 1968.

La norma es clara cuando indica que una vez las personas que desempeñen funciones públicas cumplan 70 años, se causará el retiro inmediato del cargo sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia.

El supuesto de hecho o fáctico que consagra el artículo 1 de la Ley 1821 de 2016 es que el funcionario público cumpla 70 años y la consecuencia jurídica es el retiro inmediato del cargo.

No obstante, la Corte Constitucional en varias decisiones ha indicado que la causal de retiro forzoso por llegar a los 70 años no opera de manera automática, sino que se deben tener en cuenta algunos elementos, para evitar la afectación del derecho al mínimo vital de los funcionarios públicos.

Específicamente, la Corte Constitucional en la Sentencia T – 521 de 2024 ha fijado las siguientes reglas que se deben tener en cuenta al momento de ordenar el retiro de la persona que desempeña funciones públicas por haber llegado a la edad de 70 años, que establece el artículo 1 de la Ley 1821 de 2016:

Como desarrollo de estos derechos fundamentales, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la procedencia de la desvinculación laboral por el cumplimiento de la edad de retiro forzoso no puede operar de forma objetiva y automática cuando al ciudadano o ciudadana que reclama el reconocimiento de dicha prestación: (i) no se le ha reconocido su pensión por la demora en el fondo de pensiones, por inconsistencias en la historia laboral, o por otra circunstancia similar, o (ii) cuando le falta un corto período de tiempo para completar el número de semanas requeridas para acceder a la pensión, exigencia que tradicionalmente se ha vinculado con la acreditación de la condición de prepensionado. De lo contrario, dicha desvinculación podría configurarse como una conducta vulneradora de derechos fundamentales.

Así las cosas, para que la causal de retiro forzoso por cumplir una cierta edad (hoy en día establecida a los 70 años) no se configura como una medida razonable y justificada cuando: (i) el empleador conoce o ha debido conocer situaciones particulares del trabajador a partir de las cuales la desvinculación del empleo puede conllevar a una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, o (ii) cuando tales situaciones hayan sido alegadas por el trabajador, especialmente en lo relacionado con la protección de sus derechos a la seguridad social, a la salud y al mínimo vital.

Por consiguiente, en estas hipótesis, para establecer la razonabilidad de la medida, el empleador debe recurrir al examen de las condiciones de subsistencia del trabajador desvinculado, (a) a efectos de determinar si cuenta con ahorros suficientes para asegurar sus condiciones de vida y las de su familia, en consonancia con sus ingresos y gastos actuales y futuros; (b) así como al análisis de las afectaciones al derecho a la seguridad social, y a la posibilidad de acceder a una pensión, atendiendo a la posible dificultad que, por su edad o por su estado de salud, tenga para reintegrarse a la vida laboral, a partir de su profesión u oficio. (Subrayado por fuera del texto)

La Corte Constitucional en la Sentencia T – 360 de 2017 había indicado que las condiciones para no aplicar automáticamente la causal de retiro del cargo por cumplir la edad de retiro forzoso eran las siguientes:

Las condiciones que deben verificarse para no aplicar automáticamente la causal del cumplimiento de la edad de retiro forzoso son las siguientes:

• Que no haya sido reconocida la pensión por mora en el fondo de pensiones, pese a cumplir con los requisitos para recibir la pensión de vejez o jubilación, o

• Que le falte un corto período de tiempo para completar el número de semanas de cotización requeridas para acceder al derecho a la pensión de vejez.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional se puede concluir que la edad de retiro forzoso, consagrada en el artículo 1 de la Ley 1821 de 2016, no se puede aplicar automáticamente para ordenar el retiro de la persona que desempeña funciones públicas cuando a esta no se le haya reconocido la pensión por mora imputable al fondo de pensiones, o cuando le falte un corto tiempo para completar el número de semanas requeridas para acceder a la pensión, es decir, cuando el funcionario se encuentra en condición de prepensionado.

Los criterios definidos por la Corte Constitucional realmente buscan proteger el derecho al mínimo vital de los funcionarios que están cerca de pensionarse o que no han podido acceder a la pensión por hechos imputables al fondo de pensión o en todo caso, a situaciones ajenas a su voluntad.

Ahora bien, en los demás casos, es decir, cuando la persona que desempeña funciones públicas cumple 70 años y no tiene dificultades para acceder a la pensión, porque cumple el número de semanas requeridas y porque no existe ninguna demora ni inconveniente con el fondo de pensiones, se tiene que aplicar la consecuencia jurídica definida en el Artículo 1 de la Ley 1821 de 2016, que es precisamente el retiro inmediato del cargo.

• El debido proceso

El artículo 29 de la Constitución Política indica que el debido proceso es un derecho fundamental que todo colombiano tiene, y de manera precisa, establece algunas reglas que se deben tener en cuenta tanto en los procesos judiciales como en las actuaciones administrativas. La norma textualmente indica:

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

La Corte Constitucional en la Sentencia T – 521 de 2024 analizó el alcance del derecho fundamental al debido proceso y lo definió de la siguiente manera:

El derecho al debido proceso está consagrado en el artículo 29 de la Constitución y debe ser aplicado a “toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. En ese sentido, la jurisprudencia de este tribunal ha expuesto en diversas ocasiones que el debido proceso está ligado al principio de legalidad porque representa un límite al poder del Estado, en la medida en que protege a los ciudadanos de las actuaciones arbitrarias de las autoridades. El objetivo de esta prerrogativa constitucional es proteger los derechos de quienes son vinculados a cualquier actuación administrativa o judicial que pueda resultar en la creación, modificación o extinción de un derecho o una obligación, lo que conlleva a que en cualquier proceso se deben observar las formalidades que para ese efecto se hayan establecido previamente en la ley, en relación con las forma que se deben adelantar las diferentes etapas de un trámite, la garantía el derecho a la defensa, la interposición de recursos, entre otros.

El derecho fundamental al debido proceso se debe respetar tanto en los procesos judiciales como en las actuaciones administrativas, y su finalidad primordial en estas últimas, es proteger a los ciudadanos de las actuaciones arbitrarias de las autoridades y garantizar el cumplimiento de las formalidades previamente establecidas en la ley.

• Caso concreto

El demandante solicita que se deje sin efectos el Acuerdo 158 de 2026, que ordenó su retiro del cargo de Magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima, por haber cumplido la edad de retiro forzoso, definida en el artículo 1 de la Ley 1821 de 2016. Además, pide que se ordene su reintegro al cargo.

La acción de tutela se presenta en contra de la Sala Plena del Consejo de Estado, quien fue la que profirió el Acuerdo 158 de 2026, porque en criterio del actor, se violó su derecho fundamental al debido proceso, al haber ordenado su retiro del cargo a pesar de existir una controversia sobre su fecha de nacimiento.

El derecho fundamental al debido proceso, como ya se explicó, se encuentra definido en el artículo 29 de la Constitución y su finalidad principal es garantizar que las decisiones que se adopten tanto en los procesos judiciales como en las actuaciones administrativas cumplan las formalidades definidas en la ley y no resulten arbitrarias.

Desde ya advierte la Sala que las pretensiones planteadas en la demanda no tienen vocación de prosperidad por las razones que se explicarán a continuación:

• El Acuerdo 158 de 2026 no vulnera el derecho fundamental al debido proceso del demandante.

La Sala Plena del Consejo de Estado profirió el Acuerdo 158 de 20 de mayo de 2026 teniendo en cuenta sus facultades legales, y con fundamento en lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1821 de 2016, que textualmente indica:
La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia.
La norma de manera categórica indica que una vez el funcionario público cumpla los 70 años de edad se causará su retiro inmediato del cargo.

En este caso, el Acuerdo 158 de 2026 se expide con fundamento en la citada disposición.

Ahora bien, la supuesta violación del derecho fundamental al debido proceso se genera porque existen inconsistencias en la información del Señor Mendieta, que supuestamente no permiten determinar con certeza su edad.

Lo cierto es que en el Acuerdo 158 de 2026 se analiza la situación, las pruebas y los diferentes documentos allegados por el demandante. También se analiza y se tiene en cuenta la información adicional solicitada de oficio por la Sala Plena del Consejo de Estado, como por ejemplo, la comunicación emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la cuál se certifica y aclara cuál es el registro civil de nacimiento válido del actor.

Finalmente, con fundamento en el registro civil de nacimiento identificado con el indicativo serial 55662830, que fue el que certificó la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Acuerdo 158 de 2026 define cuál es la fecha de nacimiento del demandante y ordena su retiro.

Observa la Sala que la entidad demandada no sólo analizó la información allegada por el Señor Mendieta, sino que también verificó, incluso, solicitando de oficio que la Registraduría Nacional del Estado Civil certificara cuál era el registro civil válido y la fecha de nacimiento que se tenía que aplicar.

Alega el accionante que “[L]a decisión del Consejo de Estado Sala Plena, a través del ACUERDO 158 del 20 de mayo de 2026, se adoptó pese a que la totalidad de la información oficial proveniente de las distintas entidades del Estado coincide en que la fecha real de nacimiento de CARLOS ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ es el 21 de mayo de 1957, subsistiendo únicamente una inconsistencia en el sistema de registro civil, derivada de la vigencia formal de un registro que no corresponde a la realidad jurídica debidamente acreditada.” (Subrayado por fuera del texto)

En la misma demanda se reconoce que efectivamente existen inconsistencias en los documentos del Señor Mendieta, y que el registro civil de nacimiento, tal y como lo certificó la Registraduría Nacional del Estado Civil, establece una fecha de nacimiento diferente a la que aparece en los otros documentos presentados.

Es importante recordar que el artículo 105 del Decreto 1260 de 1970 establece que “los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas ocurridos con posterioridad a la vigencia de la ley 92 de 1933, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos”. La Ley establece, entonces, una solemnidad probatoria en lo atinente a “los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas”.

Tal ha sido, por ejemplo, la interpretación que a este precepto ha dado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en cuyo criterio, “[e]l precepto 105 del Decreto 1260 de 1970 prescindió de las pruebas complementarias, de modo que lo relativo a los estados civiles para hechos ocurridos con posterioridad a esa norma, pueden probarse exclusivamente con el registro civil” (negrillas fuera de texto).

No puede perderse de vista que con arreglo a lo previsto por el artículo 256 del Código General del Proceso, “[l]a falta del documento que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato no podrá suplirse por otra prueba”.

Sobre la aplicabilidad de estos preceptos al caso bajo revisión y el alcance de la regla que en él se fija no hay duda alguna, razón por la cual no se encuentra procedente dar cabida a la polémica planteada por el actor en torno a la supuesta necesidad de razonar aquí con apego al principio in dubio pro operario; pues, como fue resaltado en la intervención del Consejo de Estado, no se está ante un supuesto en el que alguna norma de carácter laboral pueda ser objeto de diversas interpretaciones y deba optarse por la más favorable al trabajador.

En la línea de lo expuesto, también la Corte Constitucional, en la Sentencia T – 375 de 2021, analizó y se pronunció sobre la importancia del registro civil de nacimiento de las personas en los siguientes términos:

25. En múltiples oportunidades, esta corporación se ha referido a la importancia que tiene el registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía en el ejercicio de los derechos fundamentales de cualquier persona. En cuanto al registro civil de nacimiento, la Corte ha manifestado que su inscripción es un procedimiento que «sirve para establecer, probar, y publicar todo lo relacionado con el estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte»[52].

26. La Corte Constitucional en la sentencia T-090 de 1995[53] se refirió a la importancia y validez del registro civil de nacimiento y admitió la relación que existe entre el derecho constitucional al reconocimiento de la personalidad jurídica y los atributos jurídicos inherentes a la persona humana, como el estado civil de las personas.

En esa oportunidad, la Corte sostuvo que el estado civil comprende «un conjunto de condiciones jurídicas inherentes a la persona, que la identifican y diferencian de las demás, y que la hacen sujeto de determinados derechos y obligaciones», y que su prueba se realiza por medio del registro civil de nacimiento. Así, señaló que negarle la validez al registro civil de nacimiento de una persona por un error imputable a la administración constituía una vulneración a su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, en la medida en que ello implicaba la negación de varios atributos de su personalidad como el nombre y la filiación.

En esa misma sentencia T – 375 de 2021, la Corte Constitucional concluyó lo siguiente en relación con el registro civil de nacimiento de las personas:

En esa medida, la Corte insistió en que el registro civil de nacimiento es el instrumento por medio del cual se da cuenta de la existencia jurídica de las personas naturales en el territorio nacional, pues, aunque el ordenamiento jurídico reconoce la personalidad jurídica de las personas como elemento inherente de la existencia humana[56], es el registro civil el documento que contiene la información sobre el momento del nacimiento, así como otros datos de identificación que constituyen los demás atributos de la personalidad[57].

El Acuerdo 158 de 2026 se profirió de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia en Colombia (Ley 1821 de 2016 y Decreto 1260 de 1970) y respetando el derecho de defensa del accionante.

Ahora bien, la demora para el ejercicio de las acciones procedentes para aclarar la fecha de nacimiento en el registro civil, imputable únicamente al accionante, quien es abogado y tiene amplios conocimientos jurídicos, pues ejerce como magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima desde el 13 de enero de 2003, no es un argumento válido para ampliar la edad de retiro forzoso en Colombia, de manera indefinida, ni mucho menos para inaplicar el artículo 1 de la Ley 1821 de 2016.

En ese orden de ideas, considera la Sala que no existe vulneración al debido proceso del demandante, porque se analizaron todas las pruebas y documentos aportados por este y además, el retiro se hizo de conformidad con lo establecido por la ley.

• La desvinculación del demandante no afectó sus derechos fundamentales porque no se cumplen en este caso las excepciones definidas por la Corte Constitucional.

El artículo 1 de la Ley 1821 de 2016 establece claramente que una vez el funcionario público cumple los 70 años tiene que ser retirado inmediatamente del cargo.

No obstante, como ya se explicó, la Corte Constitucional en varias decisiones ha indicado que el retiro de los funcionarios públicos por cumplir la edad de retiro de forzoso no se puede aplicar de manera automática cuando se presentan dos situaciones: 1) no se ha reconocido la pensión del funcionario que cumple la edad por demora en el fondo de pensiones o por inconsistencias en la historia laboral, es decir, por hechos que no son imputables al solicitante y 2) cuando falta un corto periodo de tiempo para cumplir el número semanas exigidas para reconocer la pensión.

Desde ya se advierte que las dos excepciones van encaminadas a proteger al funcionario que, a pesar de haber sido diligente, no ha podido acceder a su pensión, ya sea por demora del fondo de pensiones o porque le hacen falta pocas semanas para cumplir los requisitos definidos en el sistema de seguridad social.

En este caso, no se cumplen ninguna de las excepciones, porque el demandante no demuestra ni alega ninguna demora por parte de Colpensiones, que es el fondo de pensiones al que se encuentra afiliado. De hecho, ni siquiera la incluye como demandada en la acción de tutela.

Adicionalmente, en los documentos aportados con la demanda que obran en el expediente se encuentra una comunicación de 23 de diciembre de 2025, dirigida por COLPENSIONES al Señor Mendieta en la que textualmente se indica:

Reciba un especial saludo de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES. En respuesta a su petición relacionada con: “(…) La fecha exacta en la que fui vinculado al sistema de seguridad social en pensiones como cotizante, en el extinto seguro sociales (…)”, le confirmamos que, usted se encuentra vinculada al Régimen de Prima Media (RPM) a cargo de nuestra Entidad sin inconsistencias en su afiliación, tal como lo puede observar a continuación y como registra en el Sistema de Información de Administradoras de Fondos de Pensiones (SIAFP).

En esa misma comunicación de 23 de diciembre de 2025, emitida por Colpensiones, también se indica:

De acuerdo a lo anterior, le sugerimos radicar su solicitud de reconocimiento de prestación, por medio del formulario correspondiente para el estudio del trámite.

Además, obra en el expediente documento denominado “extracto de semanas cotizadas a pensiones” que indica que el Señor Mendieta tenía 1902 semanas cotizadas, al momento en el que se expidió dicha certificación.

Si bien el demandante afirma que no se le ha reconocido la pensión, lo cierto es que dicha situación, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, no se ha presentado por demora de Colpensiones, pues en la comunicación de 23 de diciembre de 2025 lo invitan a iniciar el trámite para obtener la mencionada prestación.

Tampoco se aportó ninguna prueba que demuestre que el demandante solicitó la pensión, pero la misma no ha sido reconocida porque existen inconsistencias en la historia laboral. Por el contrario, en la comunicación de 23 de diciembre de 2025 COLPENSIONES textualmente indica que no existen inconsistencias en su afiliación.

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente y con los hechos de la demanda se puede concluir que no existe demora en el reconocimiento de la pensión, imputable a COLPENSIONES. De hecho, no existe claridad sobre si el trámite fue iniciado por el accionante, porque este no dice nada al respecto, y el mencionado fondo de pensiones tampoco aclara el tema en el informe enviado.

Considera la Sala que en este caso tampoco se cumple la segunda excepción porque según la información que obra en el expediente, el demandante tiene más de 1902 semanas cotizadas, tiempo suficiente para cumplir con el requisito establecido por el legislador para acceder a la pensión.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que el demandante no cumple ninguna de las dos excepciones definidas por la Corte Constitucional que impiden que se aplique el retiro del cargo cuando se cumplen los 70 años, para evitar la vulneración de derechos fundamentales.

A la luz de lo demostrado en el proceso, parece claro que en el caso del actor la situación que origina la presente solicitud de amparo constitucional (esto es, llegar a la edad de retiro forzoso sin el previo reconocimiento de la pensión de vejez, pese a contar ya ampliamente con el número de semanas legalmente requerido para ello) no es imputable a nadie distinto al propio actor y a su falta de diligencia en este frente.

La demora del demandante para iniciar los tramites judiciales procedentes para aclarar su fecha de nacimiento o la inacción para iniciar el tramite correspondiente para el reconocimiento de su pensión, a pesar de sus amplios conocimientos jurídicos, no pueden ser argumentos válidos para alegar la vulneración de sus derechos fundamentales y mucho menos, para inaplicar el artículo 1 de la Ley 1821 de 2016, pues nadie puede alegar su propia culpa en beneficio propio.

En consecuencia, a pesar de encontrar esta Sala que se reúnen los requisitos de procedencia de la acción de tutela interpuesta, examinado el fondo del asunto, por las razones expuestas, no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales alegados.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO. NEGAR la acción de tutela presentada por Carlos Arturo Mendieta Rodriguez contra el Consejo de Estado, Sala Plena, por inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales reclamados.
SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes y a los terceros interesados por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. En el evento que esta decisión no sea impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITASE el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese y cúmplase.

JUAN PABLO ARAUJO ARIZA
Conjuez

JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO
Conjuez

HÉCTOR SANTAELLA QUINTERO
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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