Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04142-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04142-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04142-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04142-00
Accionante: ÓSCAR ALBEY GÓMEZ VANEGAS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Riohacha y el Tribunal Administrativo de La
Guajira.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Óscar Albey Gómez Vanegas solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a la administración de justicia, a
la igualdad y tutela judicial efectiva en conexidad con el principio de prevalencia del
derecho sustancial, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 3 de
diciembre de 2025 y 29 de abril de 2026 proferidas por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Riohacha y el Tribunal Administrativo de La Guajira,
respectivamente, dentro del medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo con número de radicación 44001-33-40-004-2025-00151-
00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Señaló que presentó demanda en ejercicio de la acción de grupo núm. 44001-33-
40-004-2025-00151-00/01 contra el Ministerio de Defensa Nacional - Dirección
General Marítima, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de
Minas y Energía, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Distrito Especial,
Turístico y Cultural de Riohacha - Secretaría de Salud, la Corporación Autónoma
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04142-00
Accionante: Óscar Albey Gómez Vanegas
Regional de La Guajira - Corpoguajira, Aqualia S.A.S. E.S.P. y la Empresa
Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. - ESEPGUA S.A. E.S.P.
2.2. Refirió que el propósito del citado mecanismo consistió en solicitar la declaratoria
de responsabilidad solidaria de las entidades demandadas por los perjuicios
ocasionados con las falencias en la prestación de servicios públicos de acueducto y
alcantarillado en el municipio de Riohacha.
2.3. Precisó que el conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia al
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Riohacha, autoridad judicial que,
mediante providencia de 18 de noviembre de 2025, inadmitió la demanda con sustento
en que no se había acreditado la pluralidad mínima, la individualización del grupo y la
presunta existencia de pretensiones propias de una acción de esta índole.
2.4. Indicó que, pese a aportar un escrito de subsanación donde alegó haber incluido lo
requerido, el Juzgado rechazó la demanda mediante auto de 3 de diciembre de 2025.
2.5. Adujo que el recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal Administrativo de La
Guajira mediante auto de 29 de abril de 2026, que confirmó la providencia de primera
instancia.
2.6. Manifestó que la providencia mencionada supra vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a la administración de justicia, a
la igualdad y tutela judicial efectiva en conexidad con el principio de prevalencia del
derecho sustancial, por haber incurrido en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación
directa de la Constitución.
2.7. Como fundamento del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, el
accionante sostuvo que este se configuró debido a que el tribunal interpretó la
norma de forma excesivamente formalista al sostener que se debían identificar
veinte (20) personas determinadas antes de la admisión de la demanda y no tuvo
en cuenta que la parte accionante identificó el hecho común, delimitó el daño, señaló
criterios objetivos de pertenencia al grupo y determinó condiciones uniformes de
afectación. Dicha conducta desproporcionada y restrictiva desconoce la naturaleza
constitucional y colectiva de esta acción.
2.8. Adujo que hubo desconocimiento del precedente constitucional por cuanto no se
tuvo en cuenta que la Corte Constitucional ha reiterado que los jueces no pueden
convertir requisitos procesales en barreras irrazonables de acceso a la jurisdicción.
Al respecto, señaló que las sentencias C-590 de 2005, SU-817 de 2010, T-264 de
2009, SU-061 de 2018 y C-215 de 1999 establecían que se debe favorecer la
efectividad del derecho sustancial y evitar interpretaciones que hagan nugatorio el
acceso a la justicia.
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Accionante: Óscar Albey Gómez Vanegas
2.9. Expresó que se incurrió en una violación directa de los artículos 228 y 229 de la
Constitución Política debido a que las decisiones judiciales privilegiaron el formalismo
sobre la garantía material de los derechos colectivos.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y prevalencia del
derecho sustancial de los accionantes.
SEGUNDO DEJAR SIN EFECTOS:
• El Auto interlocutorio No. 897 del 3 de diciembre de 2025 proferido por el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Riohacha.
• La providencia del 29 de abril de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo
de La Guajira.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de
Riohacha que proceda a admitir la demanda o, subsidiariamente, emitir una
nueva decisión respetando los parámetros constitucionales del acceso efectivo
a la justicia y prevalencia del derecho sustancial.
CUARTO: ORDENAR la suspensión de cualquier efecto definitivo derivado del
archivo del proceso mientras se resuelve de fondo la presente acción
constitucional. […]”. [Negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 19 de junio de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de
terceros con interés directo en el resultado del proceso al Ministerio de Defensa
Nacional - Dirección General Marítima, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Salud y Protección
Social, al Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha - Secretaría de Salud,
a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - Corpoguajira, a Aqualia S.A.S.
E.S.P., a la Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira ESEPGUA S.A. E.S.P. y a los
señores Hugo Fernelis Carrillo Sile, Eliseo Antonio Solano Carrillo, Viano Antoni
Gamarra Gamarra y Zoraida Cárdenas Saravia.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a los
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Tribunal Administrativo de La Guajira indicó que el accionante no subsanó
adecuadamente la demanda, reiteró lo señalado en la providencia cuestionada y
4
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04142-00
Accionante: Óscar Albey Gómez Vanegas
manifestó que no se evidenció vulneración alguna de derechos fundamentales, por
lo que no se puede tener esta acción como una instancia adicional.
5.2. La Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. – ESEPGUA S.A.
E.S.P. solicitó la desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa
por pasiva debido a que la controversia se encuentra dirigida a cuestionar la
legalidad y constitucionalidad de las decisiones judiciales adoptadas en el proceso
contencioso, lo cual no es atribuible a dicha entidad.
5.3. La Corporación Autónoma Regional de La Guajira - Corpoguajira manifestó
que no ha incurrido en vulneración de derechos fundamentales y que carece de
legitimación en la causa por pasiva debido a que no tiene competencia para
reconocer ninguno de los derechos invocados en el escrito de tutela ni comparece
como vulneradora de derechos. Por lo anterior, solicitó su desvinculación del
proceso.
5.4. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adujo que los argumentos
del accionante cuestionan una decisión que corresponde al ámbito propio de la
autonomía judicial sin que ello constituya una vulneración de derechos
fundamentales.
5.5. El Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima advirtió que
tiene por objeto la dirección, coordinación y control de las actividades marítimas en
los términos que señala el Decreto Ley 2324 de 18 de septiembre de 19841 y demás
normas concordantes. Por lo tanto, lo solicitado se encuentra por fuera de sus
competencias y, en ese sentido, solicitó su desvinculación del proceso.
5.6. ElMinisterio de Minas y Energía explicó que entre sus competencias
establecidas en el Decreto 0381 de 16 de febrero de 20122 no se encuentra lo
pretendido en esta acción constitucional. Adujo que su vinculación se realizó por su
participación en el proceso ordinario, sin embargo, al no encontrar demostrada
conducta atribuible a vulneración de derechos fundamentales solicitó ser
desvinculado del proceso por carecer de legitimación en la causa por pasiva.
5.7. ElJuzgado Cuarto Administrativo de Riohacha sostuvo que los
planteamientos del accionante reflejaban, en realidad, una inconformidad frente a
las decisiones adoptadas dentro del trámite ordinario. Finalmente, destacó que la
demanda no delimitó un grupo determinado de personas afectadas, sino que puso
de presente un interés difuso de carácter colectivo, propio del ámbito de protección
de la acción popular.
1
“[…] Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria. […]”.
2
“[…] Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía […]”.
5
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04142-00
Accionante: Óscar Albey Gómez Vanegas
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20215 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20256, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20197, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20248.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se resolverá,
resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de desvinculación
procesal presentadas por la Empresa Departamental de Servicios Públicos
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. –
ESEPGUA S.A. E.S.P., la Corporación Autónoma Regional de La Guajira –
Corpoguajira, el Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima y el
Ministerio de Minas y Energía.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T-1001 de 20069, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción
[…]’ […]” (subrayado fuera del texto).
3
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
4
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
5
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
6
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
7
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
8
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.
9
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04142-00
Accionante: Óscar Albey Gómez Vanegas
9. Teniendo en cuenta que la Empresa Departamental de Servicios Públicos
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. -
ESEPGUA S.A. E.S.P., la Corporación Autónoma Regional de La Guajira -
Corpoguajira, el Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima y el
Ministerio de Minas y Energía fueron demandadas dentro de la acción de grupo
cuestionada, la Sala considera que a estas entidades sí les asiste el interés jurídico
para ser vinculadas a esta acción constitucional.
10. Por lo anterior, se negarán las solicitudes de desvinculación presentadas, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
11. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de su derecho fundamental a las
providencias de 3 de diciembre de 2025 y 29 de abril de 2026 proferidas por el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Riohacha y el Tribunal Administrativo
de La Guajira, respectivamente. Sin embargo, la Sala solo analizará si la providencia
de 29 de abril de 2026 vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante
porque esta decisión fue la que finiquitó la litis.
12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por los accionantes, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en desconocimiento del
precedente judicial y en la causal de violación directa de la Constitución
13. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
14. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04142-00
Accionante: Óscar Albey Gómez Vanegas
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
15. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.
18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en dichos
parámetros.
19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
13
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González
Cuervo.
8
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04142-00
Accionante: Óscar Albey Gómez Vanegas
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
20. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
21. El señor Óscar Albey Gómez Vanegas solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a la administración de justicia, a
la igualdad y tutela judicial efectiva en conexidad con el principio de prevalencia del
derecho sustancial, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 3 de
diciembre de 2025 y 29 de abril de 2026 proferidas por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Riohacha y el Tribunal Administrativo de La Guajira,
respectivamente, dentro del medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo con número de radicación 44001-33-40-004-2025-00151-
00/01.
22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
23. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental14 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones15.
24. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales16, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces17.
25. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación18, sostuvo que:
14
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
15
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
16
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
17
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
18
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
9
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04142-00
Accionante: Óscar Albey Gómez Vanegas
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
26. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202219 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04142-00
Accionante: Óscar Albey Gómez Vanegas
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].
27. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202320.
28. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucren derechos fundamentales21.
29. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio el accionante alegó que el Tribunal Administrativo de La Guajira vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y tutela judicial efectiva en conexidad con el principio de
prevalencia del derecho sustancial, por haber incurrido, presuntamente, en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en desconocimiento del
precedente judicial y en la causal de violación directa de la Constitución.
30. Como fundamento del defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto se configuró por cuanto el tribunal interpretó la norma de forma
excesivamente formalista al sostener que se debían identificar veinte (20) personas
determinadas antes de la admisión de la demanda y no tuvo en cuenta que el
accionantes identificaron el hecho común, delimitaron el daño, señalaron criterios
20
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
11
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04142-00
Accionante: Óscar Albey Gómez Vanegas
objetivos de pertenencia al grupo y determinaron condiciones uniformes de
afectación. Dicha conducta desproporcionada y restrictiva desconoce la naturaleza
constitucional y colectiva de esta acción.
31. Adujo que hubo desconocimiento del precedente constitucional por cuanto no se
tuvo en cuenta que la Corte Constitucional ha reiterado que los jueces no pueden
convertir requisitos procesales en barreras irrazonables de acceso a la jurisdicción.
Al respecto, señaló que las sentencias C-590 de 2005, SU-817 de 2010, T-264 de
2009, SU-061 de 2018 y C-215 de 1999 establecían que se debe favorecer la
efectividad del derecho sustancial y evitar interpretaciones que hagan nugatorio el
acceso a la justicia.
32. Expresó que se incurrió en una violación directa de los artículos 228 y 229 de la
Constitución Política debido a que las decisiones judiciales privilegiaron el formalismo
sobre la garantía material de los derechos colectivos.
33. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto.
34. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales […]”.
35. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo,
acceso a la administración de justicia, a la igualdad y tutela judicial efectiva en
conexidad con el principio de prevalencia del derecho sustancial, no está poniendo
de presente que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad
judicial, sino que el motivo que fundamenta su inconformidad se sustenta en que la
decisión controvertida fue desfavorable a sus intereses.
36. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de La Guajira en la providencia cuestionada:
“[…] 31. Visto lo anterior, se evidencia que en efecto no se subsanó el defecto
indicado, debiéndose precisar que el recurso de apelación no es el momento
procesal para cuestionar el defecto señalado, sino que debió presentar recurso
de reposición contra el auto que inadmitió la demanda, en lugar de ello,
cuestiona las órdenes contenidas en dicho auto cuando fue rechazada la
demanda, lo cual no resulta procedente, dado que la vía adecuada para
controvertir esa decisión era interponer el recurso de reposición en el momento
oportuno.
12
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04142-00
Accionante: Óscar Albey Gómez Vanegas
32. Cuando el demandante no impugna el auto de inadmisión, está obligado a
cumplir con lo ordenado en el mismo, de no hacerlo, como ocurrió en este caso,
la consecuencia legal es el rechazo de la demanda, conforme lo establece la
normativa vigente.
33. No obstante, lo anterior, encuentra el Tribunal que no le asiste razón en su
inconformismo, habida cuenta que el grupo demandante está compuesto por 4
personas, lo cual desconoce el número mínimo de integrantes para este tipo de
acción […].
35. El criterio jurisprudencial sostenido por el Honorable Consejo de Estado ha
señalado que no es necesario que todas las personas que integran el grupo
afectado concurran al momento de presentación de la demanda, siempre que
quien (sic) presentan la demanda sean por lo menos 20 personas, pues de
conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de
1998 […] si los demandantes pueden demostrar que las pretensiones se dirigen
a la indemnización de perjuicios causados a un número mínimo de 20 personas
que reúnen condiciones uniformes respecto de la causa que los originó, procede
el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, y el juez
debe darle el trámite correspondiente […]’.
36. De acuerdo con las normas citadas, es claro que cuando se pretenda el
ejercicio de la acción de grupo, la parte actora deberá estar compuesto por al
menos veinte (20), que reúnan condiciones uniformes respecto la causa que lo
originó, presupuesto que no se cumplió en este caso, dado que se determinan
e identifican solo a 4 perdonas (sic) como integrantes del grupo demandante.
37. No es de recibo el argumento de la parte actora referente a que no es
necesario identificar a 20 personas, dado que es suficiente con que una persona
actué (sic) en representación de (sic) grupo, el cual en este asunto está
integrado por todos los habitantes del Distrito de Riohacha, ello, por cuanto
realiza una indebida interpretación de la norma, pues si bien el parágrafo del
artículo 48 de la Ley 472 de 1998 dispone que “en la acción de grupo el actor o
quien actúe como demandante, representa a las demás personas que hayan
sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de
que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya
otorgado poder”, ello no lo exime de determinar al (sic) número mínimo que
exige la ley. […]”.
37. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
38. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”22. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04142-00
Accionante: Óscar Albey Gómez Vanegas
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”23. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”24.
39. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Empresa
Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de La Guajira S.A. E.S.P. - ESEPGUA S.A. E.S.P., la Corporación Autónoma
Regional de La Guajira - Corpoguajira, el Ministerio de Defensa Nacional - Dirección
General Marítima y el Ministerio de Minas y Energía, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
23
Ibidem
24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04142-00
Accionante: Óscar Albey Gómez Vanegas
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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