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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04143-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-04143-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de junio de 2026 proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-04143-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04143-01
Accionante: Luis Antonio Valencia Parejo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA –
carga argumentativa.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 25 de junio de 2026 por el Consejo de Estado – Sección
Quinta, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.El 28 de mayo de 2026, los señores Luis Antonio Valencia Parejo, César Valencia
Castro, Angie Valencia Suárez, Serafina Suárez Martínez y Sergio Luis Valencia
Suárez presentaron acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del
Magdalena y del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva, igualdad y prevalencia del derecho
sustancial.

2. Consideraron que dichas prerrogativas fueron lesionadas con los autos de 30 de
julio de 2025 y 25 de marzo de 2026, proferidos en el medio de control de reparación
directa1, que promovieron en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional y la Rama Judicial, con el fin de que se les reparara por las
afectaciones que sufrieron con ocasión de un yerro en los registros públicos, que
implicó, entre otras cosas, la privación de la libertad del señor Valencia Parejo en
varias ocasiones.

3. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta, a través de auto
de 30 de julio de 2025 rechazó la demanda por caducidad del medio de control, al
estimar que el mencionado término debía contarse a partir del día siguiente de la
fecha en que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de

1 Radicado 47001-33-33-003-2025-00009-00/01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04143-01
Accionante: Luis Antonio Valencia Parejo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Barranquilla corrigió el error de digitación que se había cometido en la orden de
captura, lo cual tuvo lugar el 3 de agosto de 2010.

4. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante auto del 25 de marzo de 2026,
confirmó la decisión de primera instancia. Sin embargo, consideró que la actuación
que ocasionó el daño se presentó en el año 2006 cuando se produjo la primera
detención y posterior privación de la libertad de Luis Antonio Valencia, por lo que el
término de caducidad debía contabilizarse a partir del día siguiente en el que fue
puesto en libertad, teniendo así hasta el año 2008 para presentar la demanda.

5. Los accionantes indicaron que en las sentencias T-310 de 2003, SU-458 de 2012
y T-995 de 2012, la Corte Constitucional ha sostenido que el habeas data permite
exigir la actualización o cancelación de registros erróneos para evitar privaciones
arbitrarias de la libertad, y que el manejo inadecuado de antecedentes y
requerimientos puede comprometer derechos como la locomoción y el trabajo. Con
base en ello, sostuvieron que no era constitucionalmente admisible que las
providencias acusadas redujeran todo el debate a la sola corrección formal del error
judicial en el 2010, ignorando que la Policía Nacional mantuvo el error y prolongó el
daño durante más de una década por no depurar sus bases de datos, a pesar de la
orden de corrección.

6. Manifestaron que las accionadas incurrieron en los siguientes defectos:

7. Defecto sustantivo, debido a que interpretaron el artículo 164 del CPACA de
forma aislada, fragmentaria y materialmente irrazonable, al asumir que el daño debía
entenderse consolidado desde el 2010 por el hecho de haberse expedido una
corrección judicial formal. Se prescindió del verdadero contenido de la demanda de
reparación directa, en la que se alegó no solo el error inicial de identificación, sino,
de manera especial, la omisión posterior de la Policía Nacional en actualizar la base
de datos.

8.Defecto fáctico porque omitieron valorar debidamente el fallo de tutela de 23 de
noviembre de 2022 y la respuesta de la Policía Nacional del 11 de ese mismo mes y
año, de los cuales se desprendía que el requerimiento o antecedente erróneo seguía
activo hasta ese momento y solo entonces fue subsanado. Además, se dejó de
apreciar que el juez constitucional tuvo por cierta la afectación a la libertad y las
pérdidas de oportunidades laborales alegadas por la víctima directa.

9.Desconocimiento del precedente judicial, por desechar la regla jurisprudencial
según la cual, cuando el daño se prolonga en el tiempo o adquiere notoriedad con
posterioridad, el cómputo de la caducidad no puede fijarse artificialmente en un
momento previo a su consolidación real.

10. Violación directa de la Constitución, al desconocerse los artículos 29, 228 y

229 Constitucionales, en tanto se privilegió una comprensión puramente formal del
término de caducidad.

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Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

11. Exceso ritual manifiesto, en la medida en que el análisis de admisibilidad fue

transformado en una barrera definitiva para impedir el estudio de fondo del litigio,
privilegiando una lectura formal del término de caducidad sobre la comprensión
material del daño alegado, pues se cerró anticipadamente el acceso a la jurisdicción
mediante una confusión entre la corrección documental del error y la cesación real
de la afectación.

B. Sentencia de primera instancia

12.
En fallo del 25 de junio de 2026, el Consejo de Estado – Sección Quinta declaró
improcedente el amparo. Adujo que la controversia carecía de relevancia
constitucional comoquiera que las inconformidades planteadas no contenían la carga
argumentativa necesaria que diera cuenta de las razones por las cuales se requería
la intervención del juez constitucional.

13.
Además, se evidenciaba que el desconcierto de la parte actora recaía sobre los
criterios interpretativos asumidos por el juez natural de la causa, y el debate
propuesto se contraía a una discusión de naturaleza legal, relacionada con la
interpretación de las normas y jurisprudencia que regulan la caducidad en el medio
de control de reparación directa.

14.
En ese orden, adujo que, si bien los actores intentaron exponer las razones por
las cuales consideraban que las accionadas incurrieron en una vulneración de sus
garantías constitucionales, en realidad lo que se evidenciaba era una inconformidad
con lo dispuesto en las providencias censuradas, y la conclusión a la cual arribaron,
lo cual, per se, no implicaba una trasgresión de derechos, pretendiendo los tutelantes
mutar el amparo constitucional a una tercera instancia.

C. La impugnación

15.
La parte accionante sostuvo que la sentencia impugnada redujo indebidamente
un problema constitucional a una mera discusión legal, pese a que el asunto
planteado no se limitaba a discutir una fecha, sino a determinar si las accionadas
desconocieron los derechos fundamentales demandados al omitir valorar que el
daño no se agotó con el error judicial inicial, sino que se prolongó por la omisión de
la Policía Nacional en actualizar y depurar la base de datos pese a la corrección
ordenada desde 2010.

16.
Manifestó que el aparato judicial identificó el daño de forma incompleta, y
prescindió de pruebas decisivas, cerrando el acceso a una decisión de fondo
mediante una lectura rígida de la caducidad, sin analizar el efecto lesivo y prolongado
del daño al mantenerse un dato errado.

17.
Por otra parte, afirmó que las pruebas demostraban el motivo por el cual se exigía
la intervención del juez constitucional; en la medida en que acreditaban de manera
directa que el dato erróneo siguió activo en el sistema policial hasta noviembre de
2022 y que su corrección material ocurrió sólo en esa fecha. Por lo que no era
jurídicamente admisible afirmar que los actores no explicaron por qué el caso
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

ameritaba intervención constitucional, cuando en el expediente se exhibía evidencia
de que la vulneración persistió más allá del 2010.

18.
Agregaron que la jurisprudencia constitucional hacía indispensable un examen de
fondo del asunto, pues aquella reconoce que la administración defectuosa de datos
penales puede comprometer derechos, y las pruebas del proceso acreditaban
precisamente esa persistencia lesiva. Por lo que no era razonable cerrar el examen
constitucional bajo la fórmula de que faltó desarrollo argumentativo. Indicó que el
juez de tutela debía mirar más allá de la forma del reparo para verificar si las
providencias judiciales acusadas invisibilizaron un hecho constitucionalmente
determinante, el cual era la permanencia del dato errado hasta el 2022.

19.
Finalmente, aseveraron que la providencia concluyó que no había carga
argumentativa suficiente, sin confrontar con la debida profundidad el peso probatorio
de la respuesta policial y del fallo de tutela del 2022.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Análisis del caso concreto

20.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19912.

E. Análisis del caso concreto

21. La revisión de los planteamientos aducidos en el escrito de tutela y en la
impugnación, así como las pruebas allegadas al plenario, permite anticipar que se
confirmará la decisión de primera instancia, al constatar la falta de relevancia
constitucional del asunto.

22.
La Sala de Subsección advierte una falencia argumentativa, no solo en la presente
acción constitucional -como se explicará más adelante-, sino también en el proceso
ordinario dentro del cual se emitieron las decisiones cuestionadas; circunstancia que
incidió en la forma en que las autoridades accionadas delimitaron el problema
jurídico.

23.
En la demanda de reparación directa, los demandantes no lograron establecer con
claridad cuál era el daño cuya reparación pretendían, pues expusieron diversos
hechos y situaciones que le ocurrieron al señor Luis Antonio Valencia Parejo con
ocasión del error de digitación en una orden de captura, pero no precisaron cuál de
ellos constituía el daño objeto de reparación. En particular, no diferenciaron con la
omisión que, según afirman, se habría prolongado, con el daño cuya reparación
reclamaban, circunstancia que se desprende del contenido de dicha demanda.

.2 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

24.
El relato expuesto en la demanda da cuenta de que se presentó un error en la
digitación del documento de identidad en una orden de captura, que conllevó a que
el señor Valencia Parejo fuera privado de la libertad en 2006, situación que se superó
tras varios días, luego de las verificaciones correspondientes por parte de la Policía.
Indican que esa situación se repitió en varias ocasiones, hasta que en el año 2010
el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Barranquilla se percató del error, lo
corrigió y libró un oficio a la Policía para que depurara su base de datos, lo cual no
ocurrió. Según los demandantes, esa omisión le generó al señor Valencia una
vulneración sistemática a su libertad y le afectó laboralmente, pues perdió varias
oportunidades de ese tipo. Esto último fue una afirmación general, pues no se
precisaron hechos concretos de privación de la libertad o situaciones laborales
específicas.

25.
Continuaron su relato, indicando que “con el pasar del tiempo el señor LUIS
ANTONIO VALENCIA PAREJO, ante la premura y temor de que los agentes de
policía lo capturaban al encontrar anotaciones judiciales, estos nunca actualizaron la
base de datos, vulnerando su derechos a la libertad por lo que mediante el ejercicio
del derecho de petición solicitó a la SIJIN - POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA el 07 de abril de 2022, si en la base de datos que reposaba en la
SIJIN DE LA POLICIA , HABIA ANOTACIONES para el numero de cedula (…) a
nombre del señor LUIS ANTONIO VALENCIA PAREJO, (…)”. Ante la falta de
respuesta, el mencionado señor presentó una tutela para que se amparara su
derecho de petición. Dicha acción correspondió al Juzgado Segundo Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta, que en fallo del 23 de
noviembre de 2022 resolvió: (i) declarar la carencia de objeto respecto a la
vulneración del derecho al habeas data, en tanto la Policía -en oficio del 11 de
noviembre de 2022- informó sobre la corrección del dato; y, (ii) amparar el derecho
de petición, pues la referida entidad no entregó la certificación que el accionante
solicitó.

26. Según lo indicado por los accionantes en la demanda de reparación directa “(…)

con el respectivo fallo de tutela se revivió el término (sic) para acudir a la jurisdicción
contencioso administrativo y demandar los perjuicios ocasionados al señor LUIS
ANTONIO VALENCIA PAREJO, así como las pérdidas de oportunidades
presentadas en su oportunidad por culpa u omisión de la actualización de la base de
datos de la sijin de la POLICIA (sic) NACIONAL del error que puso en conocimiento
el Juzgado Penal Del Circuito Especializado de barranquilla al percatarse del error
que había cometido, corrigió el error por medio de oficio No. 2071 del 03 de agosto
de 2010, por lo que es la policía la encargada de actualizar sus bases de datos
vulnerando el derecho del habeas datas del señor LUIS ANTONIO, ocasionando
perjuicios tanto materiales como morales y que se hacen notoria a simple vista
objetivamente una falla en la prestación del servicio por parte de la NACION (sic)-
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO (sic)- MINISTERIO DE DEFENSA-
POLICIA (sic) NACIONAL DE COLOMBIA.”.

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27.
En virtud de lo anterior, el juzgado de primera instancia entendió que el medio de
control se promovió con ocasión de los perjuicios derivados de la privación injusta de
la libertad que aquel padeció en reiteradas oportunidades, a causa del error de
digitación contenido en la orden de captura expedida por el Juzgado Penal del
Circuito Especializado de Barranquilla. Es decir, delimitó el problema jurídico a un
reclamo judicial en el que el daño consistía en la privación de la libertad.

28.
Esta circunstancia no fue controvertida por la parte actora en el recurso de
apelación, pues allí se limitó a insistir en que el término de caducidad debía
contabilizarse desde noviembre de 2022, fecha en la que el Juzgado Segundo Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta profirió el fallo de tutela
en el que amparó su derecho de petición y declaró la carencia actual de objeto
respecto del derecho de hábeas data, y que su daño era continuado. Sin embargo,
no planteó de manera expresa que la afectación derivada de la permanencia del dato
errado constituyera un daño autónomo e independiente de la privación de la libertad.

29.
Dicha falencia argumentativa incidió en la delimitación del problema jurídico
efectuado por las autoridades accionadas, quienes entendieron que el daño cuya
reparación se pretendía estaba relacionado con la afectación de la libertad del señor
Luis Antonio Valencia y, a partir de esa delimitación, aplicaron las normas que
regulan el término de caducidad.

30.
En ese sentido, todos los defectos que a través de esta acción constitucional se
atribuyen a los autos de 30 de julio de 2025 y 25 de marzo de 2026, parten de la falta
de claridad dentro del proceso de reparación directa, al no determinar de forma
específica y clara el daño o los daños que reclamaban y, sobre todo, guardar silencio
frente al problema jurídico que las accionadas delimitaron en sus decisiones.

31.
Si bien los actores identificaron los yerros que, en su criterio, se configuraron y
trataron de exponer las razones por las cuales consideran que las autoridades
judiciales incurrieron en ellos, sus planteamientos resultan insuficientes para
analizarlos de fondo.

32.
Frente al defecto sustantivo, la violación directa a la Constitución Política y el
exceso ritual manifiesto, los actores no explican de manera suficiente, desde una
perspectiva constitucional, por qué la interpretación del artículo 164 del CPACA
comporta una vulneración de sus derechos fundamentales, ni la razón por la cual se
le dio una lectura formal al término de caducidad. Pues, aunque aducen que se
prescindió del verdadero contenido de la demanda de reparación directa y que hubo
una confusión entre la corrección documental del error y la cesación real de la
afectación; se resalta, de nuevo, que las autoridades accionadas entendieron que el
daño objeto de reparación correspondía a la privación de la libertad del señor
Valencia, y los demandantes no dijeron si aquel era o no el correcto, o si la afectación
derivada de la permanencia del dato errado constituía un daño autónomo; por lo que
era jurídicamente procedente aplicar el mencionado artículo 164 y la caducidad de
cara al daño determinado.

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33.
En este punto, se resalta que la parte actora tampoco explicó por qué el cómputo
del término de caducidad efectuado por las autoridades accionadas, a partir del daño
que estas identificaron, constituía una actuación arbitraria o irrazonable desde una
perspectiva constitucional.
34.
Ahora, frente al desconocimiento del precedente judicial, aunque la parte actora
identificó las sentencias T-310 de 2003, SU-458 de 2012 y T-995 de 2012, no explicó
cuál era la regla de decisión contenida en ellas, su identidad fáctica o jurídica con el
asunto debatido, ni la forma en que las providencias cuestionadas se apartaron
injustificadamente de dicho precedente.

35.
Respecto del defecto fáctico, se observa que no se explicó por qué la respuesta
de la Policía y la decisión de tutela de 2022 demostraban la existencia de un daño
distinto del relacionado con la privación de la libertad y, por ende, tenían incidencia
en cambiar la decisión acusada. Además, las dos pruebas aludidas sí fueron tenidas
en cuenta por el Tribunal accionado, pero no se consideraron determinantes para la
solución del caso, debido a que el problema jurídico se centró en la privación de la
libertad del señor Valencia y, en ese sentido, el material probatorio relevante era
aquel que demostraba cuándo se configuró ese daño y en qué momento se pudo
reclamar.

36. En últimas, esa carencia argumentativa de la tutela denota igualmente la intención

de reiterar la discusión sobre el análisis de la caducidad, pues la parte accionante
insiste en que las afectaciones que padeció deben ser valoradas como un todo, o
una suerte de daño continuado que inició desde que fue privado de la libertad en
2006 hasta que la Policía corrigió su base de datos en noviembre de 2022, pues -a
su juicio- en ese momento fue que el daño se consolidó, por lo que el estudio de
caducidad debe considerar el carácter continuado de aquel y contar el término desde
esta última fecha.

37. Las autoridades judiciales accionadas, lo que estimaron fue que, sin perjuicio de

lo relatado por los demandantes, en últimas, el daño antijurídico fue la privación de
la libertad, y a partir de ello adelantaron el estudio de la caducidad. El yerro en la
digitación de la cédula fue entendido como la omisión o falla. En ese contexto resulta
razonable que se considerara que aunque esa situación se prolongó en el tiempo,
no implicó que el daño -la privación de la libertad- siguiera la misma suerte, pues
claramente el señor Valencia no estuvo detenido hasta el 2022.

38. Ahora, la Sala no descarta la posibilidad de que se reclamara la afectación del

derecho al habeas data como un daño autónomo, cuyo análisis de caducidad podría
ser diferente y realizarse en forma separada; pero los accionantes no lo plantearon,
pues su cuestionamiento es que el Tribunal debió integrar la afectación en una
especie de daño continuado desde 2006 hasta 2022, y a partir de ello estudiar incluso
las privaciones de la libertad bajo ese mismo parámetro.

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Accionante: Luis Antonio Valencia Parejo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

39.
En todo caso, si se consideraba que las autoridades judiciales habían omitido
pronunciarse sobre un daño autónomo al habeas data, contaban con los
mecanismos procesales previstos en el ordenamiento para controvertir dicha
omisión, sin que pueda trasladarse posteriormente ese debate a la acción de tutela.
En particular, se pudo incluir esa censura en la apelación del auto de rechazo y
solicitar adición del auto del Tribunal que confirmó esa decisión, si es que se
consideraba que ese era uno de los extremos de la litis, respecto del cual no se
emitió un pronunciamiento.

40.
En ese sentido, se confirmará la sentencia de 25 de junio de 2026 proferida por
el Consejo de Estado – Sección Quinta, que declaró la improcedencia de la tutela.

41.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de junio de 2026 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE3
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

3 VF

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