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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04153-00

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04153-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Leonardo Lozano Sabogal, por conducto de apoderado, contra el Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04153-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04153-00
Accionante: LEONARDO LOZANO SABOGAL
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN C Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso
y a la seguridad social – Principios constitucionales de legalidad y favorabilidad / MEDIO
DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Reliquidación de
pensión de jubilación – IBL / REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se
plantea un debate de contenido legal y económico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por el señor Leonardo Lozano Sabogal, por conducto de apoderado, de conformidad
con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El 29 de mayo de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra el
Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y a la seguridad social, así como de los principios constitucionales de
legalidad y favorabilidad.

Hechos relevantes

2. El señor Leonardo Lozano Sabogal fue empleado del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), desde el 5 de febrero de 1999 hasta el 30 de
abril de 2019, es decir, que laboró para esa institución por 20 años, 2 meses y 25
días.

3. Mediante Resolución núm. SUB-146463 de 9 de julio de 2020, la entidad
demandada reconoció a su favor pensión de jubilación en una cuantía equivalente
a $1.719.289, con los 10 últimos años de servicio y con los factores salariales
establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

1 Que ingresó al despacho para fallo el 16 de junio de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04153-00
Accionante: Leonardo Lozano Sabogal
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

4. El 14 de julio de 2020, el actor afirma que interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación en contra de la referida decisión administrativa, los cuales fueron
resueltos por la entidad accionada, por medio de las Resoluciones Núms. SUB-
161315 de 28 de julio de 2020 y DPE-10682 de 5 de agosto de 2020, en el sentido
de mantener lo adoptado en el acto administrativo de reconocimiento pensional.

5. Inconforme con lo anterior, la parte actora promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), con el fin de obtener la nulidad de los
actos administrativos que efectuaron el reconocimiento pensional.

6. A título de restablecimiento del derecho, el demandante solicitó que se ordenara
a Colpensiones reliquidar su pensión de jubilación con el promedio del 75% de todos
los factores salariales devengados durante el último año de servicios, tales como
asignación básica mensual, bonificación por servicios prestados, prima de
capacitación, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de navidad, prima
de riesgo, prima de servicios, prima de vacaciones, sobresueldo, subsidio de unidad
familiar y sueldo de vacaciones, por haber sido devengados de manera continua,
regular y permanente.

7. El proceso correspondió al Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá que, por medio de sentencia del 18 de marzo de 2025,
negó las pretensiones de la demanda.

8. Como fundamento de su decisión, el a quo indicó que el ingreso base de
liquidación (IBL) no hace parte de los beneficios que se conceden a los trabajadores
que se rigen por la Ley 32 de 1986, debido a que las prerrogativas que trae esa
norma se circunscriben al tiempo de servicios y no a la base de liquidación.
Respecto de los factores salariales, manifestó que no eran los establecidos en el
Decreto núm. 1045 de 1978 o el Decreto 446 de 1994, como lo pretendía la parte
accionante, sino que eran aquellos sobre los cuales se hubieren efectuado los
correspondientes aportes, además de los contemplados en los Decretos núms. 691
y 1158 de 1994.

9. Finalmente, el Juzgado accionado recalcó que el demandante no se encontraba
amparado por el régimen de transición previsto en el artículo 6.º del Decreto núm.
2090 de 2003, por cuanto, al momento de entrada en vigencia de dicha disposición,
no acreditaba las 500 semanas de cotización exigidas para tal efecto. En ese
sentido, señaló que, si se tenía en cuenta que ingresó al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) el 5 de febrero de 1999, para el 28 de julio de
2003 únicamente había cotizado aproximadamente 233 semanas, circunstancia que
descartaba la aplicación de la Ley 32 de 1986.

10. La parte accionante formuló recurso de apelación contra la sentencia primera
instancia. Señaló que la decisión recurrida vulneró el artículo 48 de la Constitución
Política y se contradijo al aplicar el régimen de transición del Decreto núm. 2090 de
2003 a una persona cobijada bajo la Ley 32 de 1986.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04153-00
Accionante: Leonardo Lozano Sabogal
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

11. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de providencia del 22 de abril de 2026, confirmó lo fallado
por el Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

12. En criterio del ad quem, para el caso del actor eran aplicable las consideraciones
a las que arribó la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 28
de julio de 2022, que estableció una regla de unificación respecto del ingreso base
de liquidación, según la cual, los servidores amparados por el régimen de transición
del Decreto núm. 2090 de 2003 se rigen por lo previsto en los artículos 21 y 36 de
la Ley 100 de 1993 y los factores salariales del Decreto núm. 1158 de 1990 sobre
los que hubieran realizado aportes.

Pretensiones

13. En el presente proceso de tutela, la parte demandante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“Como pretensiones presento las siguientes:

23.1. Se protejan los derechos fundamentales invocados por mi prohijado.

23.2. En consecuencia, se revoque las sentencias de primera y segunda
instancia, de 18 de marzo de 2025 y 22 de abril de 2022 (sic) proferidas por
el Juzgado 52 Administrativo del Circuito de Bogotá y por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda Subsección “C”,
respectivamente. En su defecto se ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que en plazo razonable de 20 días expida una sentencia de
reemplazo en la que se reconozca la prestación de mi prohijado con los
factores salariales sobre los que cotizó en el último año de servicios, de
asignación básica mensual, bonificación por servicios prestados,
auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de navidad, prima
de servicios, prima de vacaciones, sobresueldo y sueldo de
vacaciones; de acuerdo a las certificaciones laborales obrantes en el
expediente y conforme lo establece el inciso 6 del artículo 1º del Acto
Legislativo 01 de 2005”2.

Fundamentos de la demanda de tutela

14. La parte accionante sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo por la violación directa del artículo 48 de la Constitución
Política, según el cual, como lo establece en el inciso 6.° del artículo 1.° del Acto
Legislativo 01 de 2005, “para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones”3.

15. En ese sentido, indica que “en ambas providencias las autoridades judiciales
reconocen que mi poderdante durante el último año de servicios hizo aportes para
pensión sobre nueve factores salariales de asignación básica mensual, bonificación
por servicios prestados, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de
navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, sobresueldo y sueldo de
vacaciones. Sin embargo decide que no tiene derecho a que su pensión se liquide

2 Folios 42 y 43 del escrito de tutela.
3 Folio 15 ibid.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04153-00
Accionante: Leonardo Lozano Sabogal
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

teniendo en cuenta dichos factores. No lo digo yo, lo dicen la Circular 000027 de 12
de junio de 2013, la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados CETIL y la
certificación de factores salariales aportados al SGSS”4.

16. Asimismo, plantea un defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas
decretadas dentro del proceso, particularmente, la Circular núm. 000027 de 12 de
junio de 2013, proferida por el director general del INPEC, la certificación de los
factores salariales cotizados en el último año de servicios y la Certificación
Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL).

17. El actor manifiesta que todos estos documentos demuestran que, durante el
último año de servicios, tanto él como su empleador realizaron aportes para revisión
sobre nueve factores salariales establecidos en los Decretos núms. 446 de 1994 y
1045 de 1978, así como sobre tres factores del Decreto núm. 1158 de 1994. De
igual modo, alega que dicha información fue avalada por Colpensiones y por las
providencias judiciales enjuiciadas.

18. Finalmente, señala un desconocimiento del precedente jurisprudencial
fijado por el Consejo de Estado en la sentencia del 2 de octubre de 2025 5, que
dispuso que “[c]on respecto a los factores salariales, tal como se sostuvo líneas
atrás, deben incluirse los previstos en el Decreto 446 de 1994, esto es: las primas
de navidad (artículo 2), de vacaciones (artículo 3) y de servicios (artículo 4), los
subsidios de transporte (artículo 13) y de alimentación (artículo 14), y la bonificación
por servicios prestados (artículo 18). Por el contrario, no constituyen factor salarial
los siguientes: la prima de riesgo (artículo 11), y el subsidio familiar (artículo 15)”6.

Trámite procesal

19. Por medio de auto del 1.° de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Juzgado Cincuenta y Dos (52)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionados y a
Colpensiones, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 11001-33-42-052-
2024-00214-00/01 como terceros con interés en las resultas del proceso.

20. De igual modo, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

Intervenciones

21. Colpensiones solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la
referencia por considerar que no se ha materializado ningún vicio, defecto o
vulneración de derechos fundamentales por parte de las autoridades judiciales
accionadas. Por lo anterior, indicó que el proceso bajo estudio no cumple con los
requisitos de procedibilidad del artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, además, los

4 Ibid.
5 Expediente radicado núm. 11001-03-15-000-2025-04249-01. Consejero ponente: Juan Enrique
Bedoya Escobar.
6 Folio 23 del escrito de tutela.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04153-00
Accionante: Leonardo Lozano Sabogal
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

fundamentos de hecho y de derecho sobre los cuales versa la presente tutela ya
fueron objeto de estudio judicial.

22. El Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá señaló que el presente asunto no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por lo cual pidió que se declare la improcedencia de la acción o,
subsidiariamente, se nieguen las pretensiones.

23. Al respecto, indicó que el demandante no está en el régimen de transición que
contempla el artículo 6.° del Decreto núm. 2090 de 2003, comoquiera que no
contaba con 500 semanas de cotización a la entrada en vigencia de la citada norma.
Más, si se tiene en cuenta que ingresó como trabajador del INPEC el 5 de febrero
de 1999 y, desde esa fecha hasta el 28 de julio de 2003, tenía 233 semanas
aproximadamente, lo que descarta la aplicación de la Ley 32 de 1986.

24. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca sostuvo que en el presente caso no se configuran los requisitos
dispuestos por la Corte Constitucional para que la acción de tutela proceda contra
providencias judiciales, sino que, por el contrario, lo que pretende la parte
accionante es que se surta una tercera instancia, por cuanto fueron negadas sus
pretensiones.

25. Frente a ello, recordó “que los principios de independencia y autonomía
funcional les permiten a los jueces escoger, entre diversas opciones hermenéuticas,
la que consideren más ajustada al ordenamiento jurídico. Por ello, la Corte
Constitucional ha insistido en que la acción de tutela es improcedente cuando se
trata de dirimir discrepancias sobre interpretación y aplicación normativa, ni
constituye una instancia más para revivir las actuaciones judiciales que fueron
desfavorables a las pretensiones de las partes”7.

26. Pese a haber sido notificadas en debida forma8, las demás partes guardaron
silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

27. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

28. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela

7 Folio 3. Archivo “013RECIBEMEMORIAL_Memorial_RTATUTELA202604153LE”.
8 Véase índices 7, 8 y 17 de Samai.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04153-00
Accionante: Leonardo Lozano Sabogal
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

cumple con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales,
particularmente, el de relevancia constitucional?

29. De resultar afirmativo la respuesta al anterior interrogante, se resolverá ¿si el
Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
con la expedición de las providencias del 18 de marzo de 2025 y del 22 de abril de
2026, respectivamente, proferidas dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado núm. 11001-33-42-052-2024-00214-00/01,
incurrieron en un defecto fáctico, un defecto sustantivo y un desconocimiento del
precedente y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso y a la seguridad social, así como de los principios
constitucionales de legalidad y favorabilidad de la parte accionante?

30. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) las
causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso
concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

31. Conforme con el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20059, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

32. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar10: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela11, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional12 o el Consejo de Estado13,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP14; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que

9 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
10 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
11 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
13 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04153-00
Accionante: Leonardo Lozano Sabogal
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable15 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

33. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

34. La Corte Constitucional indicó16 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

35. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el evento
en que pretende reabrir el debate17, a saber: (i) la discusión debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o que tenga una trascendencia para la aplicación y
el desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

36. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
transgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia18.

15 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
17 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04153-00
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Caso concreto

37. En el caso bajo estudio, el señor Leonardo Lozano Sabogal presentó acción de
tutela contra las providencias del 18 de marzo de 2025 y del 22 de abril de 2026,
proferidas por el Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, respectivamente. Sin embargo, la Subsección considera que no hay
lugar a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, por cuanto no se cumple
con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

38. Revisada integralmente la demanda de tutela, se advierte que la parte
accionante pretende reabrir el debate jurídico en torno a cuestiones que ya fueron
examinadas y resueltas por el juez natural en ambas instancias del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Aunque la parte accionante invoca defectos
sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución, la Sala advierte que dichos cargos se dirigen, en realidad, a
controvertir la interpretación que el juez natural hizo sobre el IBL y los factores
salariales computables para la reliquidación pensional. En esa medida, la tutela no
plantea una afectación constitucional autónoma, sino un desacuerdo con la
aplicación del régimen legal pensional.

39. Al respecto, se tiene que, la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la sentencia del 22 de abril de 2026, la cual
puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consideró lo
siguiente (Se transcribe con posibles errores):

“[…] La entidad demandada determinó el IBL de la pensión reconocida al
accionante, con el 75% del promedio de los salarios devengados en los
últimos 10 años de servicios de conformidad con lo establecido en el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, siendo la fecha de estatus pensional el
01 de marzo de 2019 y la efectividad fiscal a partir de 01 de mayo del
mismo año.

Debe anotarse que se comparte la posición adoptada por el A quo, en
tanto, la Sala considera que las precisiones sobre el ingreso base de
liquidación que efectuó el H. Consejo de Estado en la sentencia de
unificación de 28 de julio de 2022, donde se estudió el IBL de los
beneficiarios de la pensión especial de riesgo del DAS, en virtud de la
transición prevista en el Decreto 2090 de 2003, son vinculantes frente al
régimen pensional del INPEC, regulado en la Ley 32 de 1986, de manera
que, se debe acoger la regla de unificación que estableció que el ingreso
base de liquidación de los servidores cobijados por el régimen de transición
del Decreto 2090 de 2003 es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993 y los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1990 (sic),
sobre los que se hubieran realizado aportes, en tanto la pensión haya sido
adquirida en vigencia de la Ley 100 de 1993. Valga decir que esta es la
postura adoptada por la Subsección B de la Alta Corporación.

Para esta Subsección no resulta procedente ordenar la reliquidación
pensional de alto riesgo del personal del INPEC, con el 75% del promedio
de todos los factores salariales devengados o subsidiariamente cotizados,
durante el último años (sic) de servicios, teniendo en cuenta los
emolumentos enlistados en el Decreto 1045 de 1978 o el Decreto 446 de
1994, tal y como se solicita en la demanda, por el contrario, dado que el
actor adquirió su estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993,

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04153-00
Accionante: Leonardo Lozano Sabogal
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

debe entenderse que la liquidación de la prestación debe efectuarse sobre
el 75% del promedio de los salarios o rentas que debían ser base de
cotización durante los diez (10) años anteriores al disfrute efectivo de la
pensión, incluyendo para los efectos únicamente los factores enlistados en
el Decreto 691 de 1994 modificado por el Decreto 1158 de 1994.

No obstante lo anterior, se debe resaltar que la postura acogida por esta
Sala de Decisión si bien se acompasa con la jurisprudencia que se ha
proferido en torno a la aplicación del IBL en los diferentes regímenes
especiales que cobijan a los servidores públicos, la misma no es pacífica
al interior del H. Consejo de Estado y no se ha proferido sentencia de
unificación sobre el particular.

Aunado a lo expuesto, la parte actora no precisó ni acreditó cuales de los
factores que devengó y sobre los que se efectuaron cotizaciones, no fueron
tenidos en cuenta por la entidad demandada al momento de realizar la
respectiva liquidación pensional, de manera que, al no haber sido
desvirtuada la presunción de legalidad que ampara los actos
administrativos demandados, se impone para la Sala confirmar la
sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la
demanda, por las razones anteriormente expuestas”19.

40. De conformidad con lo citado, esta Sala encuentra que la controversia versa
sobre un asunto meramente legal y económico. Según la jurisprudencia
constitucional, las discusiones de orden legal relativas a un derecho de esta
naturaleza deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para su trámite, puesto que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de
“involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones”20.

41. Además, la Corte Constitucional ha considerado que un asunto carece de
relevancia constitucional (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general”21.

42. En ese sentido, la Sala considera que la acción de tutela no es el escenario
adecuado para examinar si procede la reliquidación de la pensión de jubilación del
demandante con la inclusión del promedio del 75% de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios que fue negada por las autoridades
judiciales accionadas. Ello, dado el innegable carácter patrimonial que implica dicha
temática, sumado al carácter eminentemente legal de la discusión planteada en el
mecanismo de amparo y a que el debate planteado se limita a una controversia de
índole puramente económica.

43. A pesar de que la demanda invoca el artículo 48 de la Constitución y el parágrafo
transitorio 5.º del Acto Legislativo 01 de 2005, la Sala advierte que el reproche no

19 Folios 40 y 41. Archivo “002ED_Anexos”.
20 Sentencia SU-173 de 2019.
21 Ibidem.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04153-00
Accionante: Leonardo Lozano Sabogal
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

se dirige a la negativa del derecho pensional ni al desconocimiento del régimen
especial de acceso a la pensión, sino al alcance del ingreso base de liquidación y
de los factores salariales que debían integrarlo. En esa medida, la controversia se
ubica en el plano de la interpretación legal y jurisprudencial sobre la liquidación de
una prestación ya reconocida, sin que la parte actora acredite una afectación
autónoma, intensa y actual del núcleo esencial de la seguridad social, del mínimo
vital o del debido proceso.

44. Así las cosas, aunque la parte actora formuló su inconformidad bajo la
apariencia de unas causales específicas de procedibilidad, lo cierto es que la
providencia cuestionada sí tuvo en cuenta el material probatorio aportado, así como
las normas y el precedente jurisprudencial vigente, sólo que no le atribuyó el efecto
jurídico pretendido por el demandante. En esa medida, el debate se contrae a una
discrepancia sobre los factores salariales que conforman el ingreso base de
liquidación, asunto de naturaleza legal y patrimonial que fue resuelto por el juez
natural de la causa.

45. El reproche formulado como defecto fáctico no cuestiona propiamente la
existencia, decreto, práctica o valoración arbitraria de una prueba. Lo que discute la
parte accionante es el alcance jurídico que las autoridades judiciales dieron a la
CETIL, a la Circular 000027 de 2013 del INPEC y a las certificaciones de factores
salariales cotizados. En esa medida, el cargo no evidencia una omisión probatoria
manifiesta, sino una discrepancia con la interpretación normativa sobre los factores
que podían integrar el IBL pensional.

46. La invocación del artículo 48 de la Constitución y del Acto Legislativo 01 de 2005
no convierte, por sí sola, la controversia en un asunto de relevancia constitucional.
En este caso, el debate no recae sobre la protección mínima del derecho a la
seguridad social ni sobre la negativa del reconocimiento pensional, sino sobre la
forma de liquidar una prestación ya reconocida y sobre los factores salariales que
deben integrar su base. Esa discusión corresponde, en principio, al juez contencioso
administrativo.

47. Tampoco se advierte, en esta etapa de procedibilidad, un desconocimiento del
precedente con entidad constitucional. La controversia planteada por el accionante
se dirige a cuestionar la regla jurisprudencial que el Tribunal estimó aplicable al
caso, especialmente en relación con el IBL y los factores salariales. Sin embargo,
esa discrepancia sobre la interpretación y alcance de los precedentes de la Sección
Segunda del Consejo de Estado no basta para habilitar la intervención del juez
constitucional, salvo que se demuestre un apartamiento arbitrario, irrazonado o
abiertamente contrario a una regla vinculante, carga que no se satisface en este
asunto.

48. De igual modo, no se evidencia que la discusión comprometa un derecho
fundamental en su núcleo esencial, en particular el debido proceso o el acceso a la
administración de justicia en su dimensión sustancial. Tampoco se alegó ni acreditó
una afectación concreta al mínimo vital o una circunstancia excepcional que
permitiera concluir que la discusión sobre la reliquidación pensional trasciende el
plano legal y patrimonial para adquirir relevancia constitucional.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04153-00
Accionante: Leonardo Lozano Sabogal
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

49. De esta manera, la Subsección concluye que los argumentos alegados por la
parte actora: (i) se limitan a presentar las razones de disenso jurisprudencial con la
decisión atacada, precedente unificado tanto por el Consejo de Estado como por la
Corte Constitucional en materia de IBL; (ii) no muestran la manera en la que se
vulneró un derecho fundamental ni cómo esa interpretación constituyó un defecto;
(iii) acuden a la acción de tutela para ventilar razones que fueron discutidas dentro
de las instancias del proceso, y en esa medida, se utiliza la acción constitucional
como una tercera instancia para cuestionar la conclusión razonable de las
autoridades judiciales accionadas; y (iv) ante reconocimiento pensional del que
goza el actor, el asunto se convierte en un aspecto económico en el que se pretende
acrecentar una prestación, pero no se discute un derecho fundamental en sí mismo.

50. Así las cosas, la tutela pretende reabrir el análisis efectuado por el juez de lo
contencioso administrativo en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, desacuerdo que, por sí solo, no habilita la intervención del juez
constitucional. En conclusión, la intención de la parte demandante es someter a un
nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y razonable por el juez
natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción de tutela por falta
de relevancia constitucional.

51. En ese orden de ideas, de conformidad con lo anterior, se declarará
improcedente la petición de amparo por el incumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Leonardo Lozano Sabogal, por conducto de apoderado, contra el Juzgado
Cincuenta y Dos (52) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04153-00
Accionante: Leonardo Lozano Sabogal
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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