RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04153-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04153-01

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04153-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01 Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04153-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. LA ACCIÓN
DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO
GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE ACTORA
PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE
ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA. TERCERA INSTANCIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, DEBIDO PROCESO Y
SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 26 de junio de 2026, proferida por la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 que

declaró improcedente la acción de tutela.

I.– ANTECEDENTES

1
En adelante SECCIÓN TERCERA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

I.1.- La Solicitud

El señor LEONARDO LOZANO SABOGAL, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la

seguridad social y a los principios de legalidad y favorabilidad, los

cuales estima vulnerados por el JUZGADO CINCUENTA Y DOS

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ2 y la

SECCIÓN SEGUNDA -“SUBSECCIÓN C”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA3, al proferir,

respectivamente, las sentencias de 18 de marzo de 2025 y 22 de

abril de 2026, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2024-00214-01.

I.2.- Hechos

Indicó que laboró en el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Y CARCELARIO (INPEC)4, desde el 5 de febrero de 1999 hasta el

2
En adelante JUZGADO.
3
En adelante TRIBUNAL.
4
En adelante INPEC.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

30 de abril de 2019, desempeñando como último cargo el de teniente

de prisiones del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional

Penitenciaria y Carcelaria.

Mencionó que el 1o. de mayo de 2019 le fue aceptada su renuncia,

razón por la que mediante Resolución núm. 003002 de 1o. de agosto

de ese año, expedida por el INPEC, se le realizó la liquidación de sus

prestaciones en atención al último año de servicio y la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES)5 le reconoció la pensión de vejez a través de la

Resolución núm. SUB-146463 de 9 de julio de 2020, tomando en

cuenta lo percibido en los últimos diez años de servicio y los factores

salariales establecidos en el Decreto 1158 de 3 de junio de 19946.

Manifestó que durante los últimos años de servicio devengó trece

factores salariales y, que, en la última anualidad percibió solo nueve

conforme a lo previsto en la Circular núm. 000027 de 12 de junio de

20137, proferida por el director general del INPEC.

5
En adelante COLPENSIONES.
6
“Por el cual se modifica el artículo 6 del Decreto 691 de 1994.”
7
Mediante la cual se establecieron los lineamientos para la aplicación del régimen pensional y los
factores salariales para el Cuerpo de Custodia y Vigilancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

Precisó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho contra COLPENSIONES, con

el fin de obtener la nulidad de las resoluciones que efectuaron el

reconocimiento pensional y como restablecimiento que se ordenara

la reliquidación de su pensión teniendo en cuenta el promedio del

75% de todos los factores salariales devengados durante el último

año de servicio.

Afirmó que el referido proceso fue identificado con el número único

de radicación 2024-00214-00 y atribuido para su trámite en primera

instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 18 de marzo de

2025, negó las pretensiones de la demanda, por lo que presentó

recurso de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, a

través de providencia de 22 de abril de 2026, confirmó la decisión

inicial.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto

sustantivo, toda vez que estableció que su pensión se liquidaba con

los aportes hechos en los últimos 10 años de servicio conforme a lo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 19938

y los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994,

desconociendo que había hecho aportes sobre nueve de estos y

obviando lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 1º del Acto Legislativo

01 de 20059.

Sostuvo que también incurrió en defecto fáctico, por cuanto, a su

juicio, no valoró la Circular núm. 000027 de 12 de junio de 2013,

expedida por el director general del INPEC, la certificación de los

factores salariales que cotizó en el último año de servicio y la

Certificación Electrónica de Tiempos Laborados10 (CETIL).

Manifestó que de igual manera incurrió en desconocimiento del

precedente jurisprudencial por cuanto no tuvo en cuenta lo

establecido por esta Corporación en sentencia de 2 de octubre de

202511, en la que se estableció que “[…] en la pensión de los

funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia deben reconocerse

los factores salariales del Decreto 446 de 1994 devengados en el

último año de servicio […]”.

8
"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones."
9
“Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política.”
10
En adelante CETIL.
11
Expediente radicado núm. 11001-03-15-000-2025-04249-01 M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor solicitó lo siguiente:

“[…] 23.1. Se protejan los derechos fundamentales invocados por
mi prohijado.

23.2. En consecuencia, se revoquen las sentencias de primera y
segunda instancia, de 18 de marzo de 2025 y 22 de abril de 2026
proferidas por el Juzgado 52 Administrativo del Circuito de Bogotá
y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda Subsección “C”, respectivamente. En su defecto se ordene
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en plazo razonable
de 20 días expida una sentencia de reemplazo en la que se
reconozca la prestación de mi prohijado con los factores salariales
sobre los que cotizó en el último año de servicios, de asignación
básica mensual, bonificación por servicios prestados,
auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de
navidad, prima de servicios, prima de vacaciones,
sobresueldo y sueldo de vacaciones; de acuerdo a las
certificaciones laborales obrantes en el expediente y conforme lo
establece el inciso 6 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005.
[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El JUZGADO manifestó que la presente acción tutela no

cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por lo que

pidió que se declare improcedente o subsidiariamente se denieguen

las pretensiones de la demanda.

I.5.2.- COLPENSIONES solicitó declarar improcedente la presente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

acción de tutela, comoquiera que no se ha materializado ningún vicio,

defecto o vulneración de los derechos fundamentales alegados.

Además, por cuanto no cumple con los requisitos de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial y los hechos y

derechos expuestos ya fueron objeto de estudio en sede ordinaria.

I.5.3.- El TRIBUNAL sostuvo que no se configuran los requisitos de

procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, sino

que, por el contrario, lo que pretende el actor es que se surta una

tercera instancia al habérsele negado las pretensiones de la demanda

dentro del proceso ordinario cuestionado.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 26 de junio de 2026,

declaró improcedente el amparo solicitado, por cuanto lo pretendido

por el actor es utilizar el presente mecanismo constitucional como

una instancia adicional con el fin de que prevalezca su interpretación

sobre la acogida por el TRIBUNAL.

Señaló que dentro de la providencia cuestionada sí se tuvo en cuenta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

el material probatorio aportado, así como las normas y el precedente

jurisprudencial vigente y aplicable.

Aseguró que la acción constitucional de la referencia no es el

escenario adecuado para examinar si procede o no la reliquidación

de la pensión de jubilación del actor con la inclusión del promedio del

75% de todos los factores salariales devengados en el último año de

servicio que fue negada por la parte demandada, dado el carácter

patrimonial del caso y que este se limita a una controversia de índole

puramente económico.

Resaltó que el reproche formulado como defecto fáctico no cuestiona

la existencia o valoración arbitraria de una prueba, pues lo que

discute el accionante es el alcance jurídico que las autoridades le

dieron a la CETIL, a la Circular 000027 de 2013 del INPEC y a las

certificaciones de factores salariales cotizados, lo que no evidencia

una omisión probatoria sino una discrepancia con la interpretación

normativa empleada.

Concluyó que tampoco se advierte el desconocimiento del

precedente constitucional, pues lo pretendido por el actor es

cuestionar la regla jurisprudencial que el TRIBUNAL estimó

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

aplicable para resolver el asunto, especialmente el relacionado con

el Ingreso Base de Liquidación (IBL)12 y los factores salariales.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia e indicó

que con las decisiones censuradas se violó directamente la

Constitución Política al aplicar lo dispuesto en los decretos 691 y 1158

de 1994 en cuanto a los factores salariales aplicables y

fundamentarse en el régimen de transición establecido en el Decreto

2090 de 200313 y en lo previsto en los artículos 21 y 36 de la Ley

100 de 1993, pues para los funcionarios del cuerpo de custodia del

INPEC que ingresaron antes del 28 de julio de 2003, el referido

Decreto 2090 había sido derogado y dicha situación había sido

refrendada por el parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de

2005.

Manifestó que se omitió realizar el estudio de los defectos

constitucionales planteados, lo que llevó a establecer que la presente

12
En adelante IBL.

13
"Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades".

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

acción de tutela carecía del requisito de la relevancia constitucional,

sin verificar previamente si las irregularidades planteadas

configuraban o no alguna de las causales de procedencia para su

estudio.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se dejen sin efecto las

providencias de 18 de marzo de 2025 y 22 de abril de 2026,

proferidas, respectivamente, por el JUZGADO y el TRIBUNAL,

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2024-00214-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales del actor, pues a su juicio, se desconoció lo

dispuesto en el inciso 6 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005

y el artículo 48 de la Constitución Política frente a la pensión de los

funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC que

ingresaron antes del 28 de julio de 2003. Además, por cuanto se

fundamentaron conforme a las disposiciones establecidas en el

Decreto 2090 de 2003 y el régimen de transición allí previsto, lo cual

no le es aplicable a su caso.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, a través de providencia de 26 de junio de

2026, declaró improcedente la solicitud de amparo, luego de

considerar que incumplía con el requisito general de la relevancia

constitucional, habida cuenta que la controversia examinada buscaba

reabrir un debate que ya había sido zanjado, además que con la

acción de tutela no podía desconocerse la autonomía e independencia

del juez ordinario.

La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y

solicitó que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos

plasmados en el escrito introductorio. Además, insistió en la violación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

directa del inciso 6 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, la

Constitución Política y el desconocimiento de la jurisprudencia de

esta Corporación sobre el reconocimiento de la pensión de los

funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC.

En este punto se advierte que, si bien en la acción de tutela se solicita

dejar sin efecto tanto la providencia de 18 de marzo de 2025

proferida por el JUZGADO, como la de 22 de abril de 2026

proferida por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis

de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados

frente a la decisión de segunda instancia, toda vez que fue esta la

que dio por terminado el proceso.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en los defectos alegados.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional 14, de manera

tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».15

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

14
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
15
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

Sala Plena de esta Corporación16, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [17]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [18].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [19].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus

16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[17] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[18] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[19] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [20].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una

[20] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [21]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así, por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [22].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [23]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose

[21] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[22] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[23] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 16 de junio de 202224, precisó que la

exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

24
M.P. Natalia Ángel Cabo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera

legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir que

esta se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por el actor es que

se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración del

juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

una instancia adicional al proceso ordinario.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,

porque los motivos que fundamentan la inconformidad del accionante

se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial accionada

realizó una errada interpretación de lo dispuesto en inciso 6 del

artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 48 de la

Constitución Política que establece que: “[…] Para la liquidación de

las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales

cada persona hubiere efectuado las cotizaciones […]”; además de la

jurisprudencia de esta Corporación sobre el reconocimiento de la

pensión de los funcionarios del cuerpo de custodia del INPEC.

Ahora bien, la Sala advierte que los argumentos que invoca la parte

actora como fundamento de la presunta vulneración de los derechos

deprecados, fueron objeto de pronunciamiento por el TRIBUNAL

mediante sentencia de 22 de abril de 2026, en la que dijo lo

siguiente:

“[…] CASO CONCRETO

En el asunto bajo examen se encuentra acreditado que el
demandante se desempeñó como Dragoneante y Teniente de
Prisiones del INPEC, y mediante Resolución SUB 146463 del 09

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

de julio de 2020, le fue reconocida una pensión especial de vejez
de alto riesgo a la luz de lo dispuesto en la Ley 32 de 1986,
hecho que no es discutido por las partes, razón por la cual esta
Sala de decisión no entrará a hacer ningún tipo de análisis
relativo al régimen pensional ya reconocido y aceptado por los
extremos de la Litis.

La entidad demandada determinó el IBL de la pensión reconocida
al accionante, con el 75% del promedio de los salarios
devengados en los últimos 10 años de servicios de conformidad
con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, siendo
la fecha de estatus pensional el 01 de marzo de 2019 y la
efectividad fiscal a partir de 01 de mayo del mismo año.

Debe anotarse que se comparte la posición adoptada por el A
quo, en tanto, la Sala considera que las precisiones sobre el
ingreso base de liquidación que efectuó el H. Consejo de Estado
en la sentencia de unificación de 28 de julio de 2022 , donde se
estudió el IBL de los beneficiarios de la pensión especial de
riesgo del DAS, en virtud de la transición prevista en el Decreto
2090 de 2003, son vinculantes frente al régimen pensional del
INPEC, regulado en la Ley 32 de 1986, de manera que, se debe
acoger la regla de unificación que estableció que el ingreso base
de liquidación de los servidores cobijados por el régimen de
transición del Decreto 2090 de 2003 es el previsto por los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores
establecidos en el Decreto 1158 de 1990, sobre los que se
hubieran realizado aportes, en tanto la pensión haya sido
adquirida en vigencia de la Ley 100 de 1993. Valga decir que
esta es la postura adoptada por la Subsección B de la Alta
Corporación.

Para esta Subsección no resulta procedente ordenar la
reliquidación pensional de alto riesgo del personal del INPEC, con
el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados
o subsidiariamente cotizados, durante el último año de servicios,
teniendo en cuenta los emolumentos enlistados en el Decreto
1045 de 1978 o el Decreto 446 de 1994, tal y como se solicita
en la demanda, por el contrario, dado que el actor adquirió su
estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, debe
entenderse que la liquidación de la prestación debe efectuarse
sobre el 75% del promedio de los salarios o rentas que debían
ser base de cotización durante los diez (10) años anteriores al
disfrute efectivo de la pensión, incluyendo para los efectos
únicamente los factores enlistados en el Decreto 691 de 1994
modificado por el Decreto 1158 de 1994.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

No obstante, lo anterior, se debe resaltar que la postura acogida
por esta Sala de Decisión si bien se acompasa con la
jurisprudencia que se ha proferido en torno a la aplicación del
IBL en los diferentes regímenes especiales que cobijan a los
servidores públicos, la misma no es pacífica al interior del H.
Consejo de Estado y no se ha proferido sentencia de unificación
sobre el particular.

Aunado a lo expuesto, la parte actora no precisó ni acreditó
cuales de los factores que devengó y sobre los que se efectuaron
cotizaciones, no fueron tenidos en cuenta por la entidad
demandada al momento de realizar la respectiva liquidación
pensional, de manera que, al no haber sido desvirtuada la
presunción de legalidad que ampara los actos administrativos
demandados, se impone para la Sala confirmar la sentencia de
primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda,
por las razones anteriormente expuestas. […]”.

De acuerdo con lo expuesto en cita, la Sala advierte que el

TRIBUNAL tuvo en cuenta el material probatorio allegado, así como

las normas y el precedente jurisprudencial vigente sobre la materia,

los cuales lo llevaron a establecer que sí era procedente determinar

el IBL de la pensión con el 75% del promedio de los salarios

devengados en los últimos 10 años de servicio, conforme a lo

previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, por haber sido la

fecha de estatus pensional el 1o. de marzo de 2019 y su efectividad

el 1o. de mayo del mismo año.

Asimismo, que no era procedente ordenar la reliquidación con el 75%

del promedio de todos los factores salariales devengados o cotizados

durante el último año de servicio, como se solicitaba en la demanda,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

puesto que el actor había adquirido su estatus pensional en vigencia

de la Ley 100 de 1993, por lo que era procedente incluir únicamente

los emolumentos enlistados en el Decreto 691 de 1994, modificado

por el Decreto 1158 de ese año.

Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo

planteado en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto

de relevancia constitucional, -en los términos señalados en la

jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la

intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible

vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte

actora.

Ahora, en lo que se refiere al desconocimiento del precedente

alegado, es del caso destacar que tampoco se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional en relación con la sentencia invocada

como desconocida, comoquiera que la parte actora no precisó la

relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo resuelto en esa

oportunidad y la controversia del presente asunto.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa

del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

Sección25 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]” (Resaltado fuera del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta transgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la solicitud de

amparo un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso

invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró

improcedente la solicitud de amparo presentada por el actor, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04153-01
Actor: LEONARDO LOZANO SABOGAL

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.