Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04155-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04155-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04155-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
10 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04155-00
Accionante: Renzo Mosquera Echeverry
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04155-00
Accionante: Renzo Mosquera Echeverry
Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial-Carácter excepcional. Requisitos generales y especiales
de procedencia. Improcedencia por falta de cumplimiento del requisito de Inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por Renzo Mosquera
Echeverry contra el Tribunal Administrativo del Chocó.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela.
El 29 de mayo de 2026, Renzo Mosquera Echeverry, actuando en nombre propio,
promovió acción de tutela en procura de la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó.
Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 27 de febrero de 2025, mediante la cual dicha
corporación confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda. Asimismo, cuestionó el auto del 24 de junio de 2025, que rechazó la solicitud
de aclaración presentada por el actor, y el auto del 30 de abril de 2026, mediante el cual
se rechazó, por improcedente, el recurso de súplica interpuesto contra esa decisión;
providencias proferidas dentro del medio de control de reparación directa identificado con
el radicado núm. 27001-33-33-005-2022-00764-00/01.
2. Hechos.
La solicitud de tutela se sustenta en los siguientes hechos:
2.1. El accionante indicó que el 12 de julio de 2004 fue reubicado como docente de
Matemáticas y Física en la Institución Educativa San Joaquín de las Ánimas, donde,
además de desempeñar sus funciones académicas, desarrolló actividades deportivas con
los estudiantes.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04155-00
Accionante: Renzo Mosquera Echeverry
2.2. Señaló que el 24 de octubre de 2011 presentó un derecho de petición ante la
Secretaría de Educación Departamental del Chocó para denunciar presuntos actos de
acoso laboral y que, posteriormente, formuló una denuncia ante la Procuraduría por
presuntas irregularidades en la administración del plantel educativo.
2.3. Manifestó que la Secretaría de Educación Departamental del Chocó inició un proceso
disciplinario en su contra con fundamento en un oficio fechado el 12 de septiembre de
2012.
2.4. Indicó que, mediante fallo disciplinario del 13 de febrero de 2017, fue sancionado con
suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por cuatro (4) meses, decisión
frente a la cual interpuso recurso de apelación.
2.5. Señaló que el 1.º de septiembre de 2018 solicitó la declaratoria de prescripción de la
acción disciplinaria, petición que fue resuelta desfavorablemente el 25 de octubre del
mismo año.
2.6. Sostuvo que la autoridad disciplinaria contabilizó erróneamente el término de
prescripción de la acción disciplinaria y que, para cuando resolvió el proceso, dicho
fenómeno jurídico ya se había configurado, por lo que carecía de competencia para
imponer la sanción. Agregó que el 7 de noviembre de 2018 reiteró dicha solicitud y advirtió
que la administración había excedido el término legal para resolver el recurso de
apelación.
2.7. Afirmó que el fallo disciplinario de segunda instancia no le fue notificado
personalmente y que solo obtuvo copia de esa decisión el 23 de abril de 2019. Añadió
que el acto administrativo incumplió las exigencias previstas en el artículo 67 de la Ley
1437 de 2011, pues no indicó los recursos procedentes, la autoridad competente para
resolverlos ni los términos para interponerlos.
2.8. Indicó que el 11 de marzo de 2021 presentó solicitud de conciliación extrajudicial
como requisito de procedibilidad y que, para la fecha de presentación de la demanda, la
Procuraduría aún no había convocado la respectiva audiencia.
2.9. Promovió demanda de reparación directa, cuyo conocimiento correspondió al
Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, bajo el radicado núm. 27001-
33-33-005-2022-00764-00.
2.10. Mediante sentencia del 1.º de noviembre de 2023, el Juzgado declaró probadas, de
oficio, las excepciones de indebida escogencia del medio de control y de caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en consecuencia, negó las
pretensiones de la demanda.
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Accionante: Renzo Mosquera Echeverry
2.11. Inconforme con la decisión, el accionante interpuso recurso de apelación. El
Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia del 27 de febrero de 2025 confirmó
la decisión de primera instancia.
2.12. Manifestó que el 10 de marzo de 2025 solicitó la aclaración de esa sentencia,
petición que fue rechazada mediante auto del 24 de junio de 2025.
2.13. Contra esa decisión interpuso recurso de súplica. Posteriormente, por auto del 3 de
septiembre de 2025, el Tribunal ordenó devolver el expediente a la Secretaría General
para surtir el trámite correspondiente.
2.14. Indicó que el 11 de febrero de 2026 presentó un escrito de insistencia mediante el
cual reiteró los argumentos expuestos en el recurso y solicitó que se analizara la presunta
contradicción entre la motivación y la parte resolutiva de la providencia recurrida.
2.15. Finalmente, señaló que, mediante auto del 30 de abril de 2026, el Tribunal
Administrativo del Chocó rechazó por improcedente, el recurso de súplica interpuesto
contra el auto del 24 de junio de 2025.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela.
3.1. La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia. En consecuencia, pidió dejar sin efectos la
sentencia del 27 de febrero de 2025, el auto del 24 de junio de 2025 y el auto del 30 de
abril de 2026, proferidos por el Tribunal Administrativo del Chocó dentro del medio de
control de reparación directa. Igualmente, solicitó ordenar a esa corporación que profiera
una nueva decisión en la que estudie de fondo la demanda y analice la alegada ejecución
irregular del acto administrativo sancionatorio.
3.2. Como fundamento de la solicitud de amparo, sostuvo que la sanción disciplinaria le
fue impuesta cuando la acción disciplinaria, a su juicio, ya había prescrito y que el acto
administrativo fue ejecutado sin una notificación válida. Argumentó que el daño cuya
reparación pretendía derivaba de la ejecución irregular del acto administrativo y no de su
legalidad, por lo que consideró procedente el medio de control de reparación directa.
Agregó que el Tribunal omitió pronunciarse sobre ese aspecto y que el rechazo de la
solicitud de aclaración y del recurso de súplica le impidió obtener la corrección de dicha
omisión.
3.3. Para sustentar la configuración de los defectos que atribuyó a las providencias
cuestionadas, alegó que el Tribunal: i) incurrió en defecto sustantivo, al interpretar de
manera restrictiva las reglas sobre procedencia del medio de control de reparación directa
y desconocer la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a los daños derivados de
la ejecución irregular de actos administrativos; ii) incurrió en incongruencia, al reconocer
circunstancias relacionadas con la notificación del acto disciplinario sin derivar de ellas
las consecuencias jurídicas que, a su juicio, correspondían; y iii) incurrió en defecto
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Accionante: Renzo Mosquera Echeverry
procedimental por exceso de ritual manifiesto, al privilegiar una consideración de carácter
formal sobre el estudio de fondo de las pretensiones.
4. Trámite de tutela e intervenciones.
4.1. Mediante auto del 1° de junio de 20261, se admitió la solicitud de tutela, se dispuso
la vinculación como terceros con interés, al Juzgado Quinto Administrativo Oral del
Circuito de Quibdó y al Departamento del Chocó y, se les requirió para que remitieran al
trámite constitucional el expediente identificado bajo el radicado núm. 27001-33-33-005-
2022-00764-00/01.
4.2. El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó2 emitió el enlace
de acceso al expediente judicial electrónico, alojado en la plataforma OneDrive,
correspondiente al proceso con radicado núm. 27001-33-33-005-2022-00764-00. No
obstante, no se pronunció sobre los hechos ni sobre las pretensiones de la solicitud de
amparo.
4.3. Renzo Mosquera Echeverry3 allegó memorial mediante el cual informó que
interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia proferida por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Chocó. Sostuvo que la providencia efectuó
una valoración incompleta del material probatorio y una motivación insuficiente para
ordenar el archivo de la actuación disciplinaria, al omitir el análisis de aspectos relevantes
relacionados con un error procesal, la presunta mora judicial, la carga laboral del
despacho, la complejidad del asunto y el estándar de certeza exigido para disponer el
archivo definitivo. Agregó que la decisión otorgó mayor valor a las explicaciones del
funcionario investigado que a los demás elementos probatorios de la actuación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia.
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991.
2. Legitimación en la causa.
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Renzo
Mosquera Echeverry, al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado
1 Índice 00004 del aplicativo SAMAI. Certificado núm. E3188D0B85334DE4 71C7E865682152D9 689461B1748DC2B3
F39A32D172324D6E.
2Índice 00011 del aplicativo SAMAI. Certificado núm. 62D28422ADDC24B4 96692D9727B2ABD8
E2A55201895AE4C1 EF3099E3410B9D97.
3 Índice 00013 del aplicativo SAMAI. Certificado núm. A5BDD93DE72567E0 7C2AF97B90823775 2E5E378844458B29
727D6813886CC206.
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Accionante: Renzo Mosquera Echeverry
que actuó como demandante en el trámite del medio de control de reparación directa
adelantado bajo el radicado núm. 27001-33-33-005-2022- 00764-00/01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Chocó, por cuanto actuó como juez dentro del proceso mencionado, y
fue su actuación a la que la parte accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías
constitucionales.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez constitucional debe, de forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el actor plantea en función de los defectos que aduce
a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20054 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela5 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto6.
4 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
6 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos
o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna
de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad
judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el
material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina
en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o
existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad
judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
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Accionante: Renzo Mosquera Echeverry
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”7.
4.1. Inmediatez
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la
premisa de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos
fundamentales.
Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta como
una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica que la
acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable8, según las condiciones de
tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose de acciones de tutela
contra providencias judiciales, la garantía de los principios que dirigen la
administración de justicia exige mayor rigurosidad9, al punto que la Corte
Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6) meses10.
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
8 La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente
sentido: “Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de
caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso
concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro
de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. || Si bien el término para
interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la
obligación de verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor
de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción
(…)”. || La seguridad jurídica es un elemento determinante para la realización de la justicia, por lo que este requisito
debe ser más exigente. Así, cuando el objeto de la tutela es una providencia judicial precisó la sentencia T- 038 de
2017 “(…) si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera
de una controversia constitucional”.
9 Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos: “la Corte ha considerado en los
asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el análisis de inmediatez debe ser más
estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues ´la firmeza de las decisiones
judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente´. En otras palabras, ser laxo con la exigencia de
inmediatez en estos casos significaría ´que la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la
controversia constitucional que, en cualquier momento, sin límite de tiempo… En un escenario de esta naturaleza nadie
podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de [e]stos, con lo cual se produciría una violación
del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones
judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica´”. || Sobre este punto, ver también las sentencias T-315 de
2005, T-541 de 2006, T-1009 de 2006, T-594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras.
10 Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han definido
como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude a este criterio a
partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la que,
explícitamente, “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también en
las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible a partir
de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la ya mencionada
sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de 2013 y T-505 del mismo
año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de
que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional, toda vez que, “(…) en
algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos,
un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las
particularidades del caso”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04155-00
Accionante: Renzo Mosquera Echeverry
El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias fácticas
que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las siguientes
variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante una situación
excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en mención:
“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo,
el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa
y es actual”11.
También precisó la jurisprudencia constitucional que, el requisito de inmediatez se supera
cuando “(…) la demanda de tutela se hubiere presentado en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que generó la presunta vulneración”12. Respecto a
este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el término razonable que define la
inmediatez que es “(…) un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente”13.
En este escenario, el examen de inmediatez en el trámite de tutela en contra de
providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar el
hecho generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza se deriva
de la misma seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales.
Como se expuso, la jurisprudencia constitucional es diáfana al determinar que la eventual
afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene conocimiento de
esta, lo que resulta plenamente identificable desde el trámite en que se perfecciona su
notificación y ejecutoria.
5. Del caso en concreto
La Sala anuncia que declarará improcedente el amparo, por cuanto la presente acción
de tutela no satisface el requisito de inmediatez, por las razones que se exponen a
continuación.
5.1. En el presente asunto, la parte actora sostuvo que las decisiones proferidas por el
Tribunal Administrativo del Chocó dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el radicado núm. 27001-33-33-005-2022-00764-00 vulneraron sus
11 Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la Corte
Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158 de 2006; T-
166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
12 Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
13 Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de 2014.Resaltado
fuera del texto original.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04155-00
Accionante: Renzo Mosquera Echeverry
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En
consecuencia, solicitó dejar sin efectos la sentencia del 27 de febrero de 2025 y los autos
del 24 de junio de 2025 y del 30 de abril de 2026, así como ordenar a esa corporación
proferir una nueva decisión en la que estudie de fondo la demanda y analice la alegada
ejecución irregular del acto administrativo sancionatorio.
Como fundamento de la solicitud de amparo, sostuvo que el Tribunal: (i) incurrió en
defecto sustantivo, al interpretar de manera restrictiva las reglas relativas a la procedencia
del medio de control de reparación directa y desconocer la jurisprudencia del Consejo de
Estado sobre los daños derivados de la ejecución irregular de actos administrativos; (ii)
profirió una decisión incongruente, al reconocer circunstancias relacionadas con la
notificación del acto disciplinario sin derivar de ellas las consecuencias jurídicas que, a
su juicio, correspondían; y (iii) incurrió en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, al privilegiar una consideración de carácter formal que impidió el estudio de
fondo de las pretensiones.
5.2. Al revisar las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario, la Sala observa que
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 27 de febrero de 2025
fue notificada a las partes mediante mensaje de datos remitido a sus correos electrónicos
el 3 de marzo de 202514, según consta en el expediente.
Asimismo, advierte que, con posterioridad a esa decisión, se profirieron dos autos. El
primero, del 24 de junio de 202515, rechazó la solicitud de aclaración de la sentencia, al
considerar que el actor carecía de derecho de postulación y que la petición pretendía
reabrir el debate probatorio y argumentativo ya resuelto. Esa providencia fue notificada
por estado y comunicada mediante mensaje de datos el 25 de junio de 202516. El
segundo, del 30 de abril de 202617, rechazó por improcedente el recurso de súplica, el
cual se notificó por estado el 4 de mayo de 2026 y se comunicó por mensaje de datos el
5 de mayo siguiente.
En ese contexto, si se toma como punto de partida la ejecutoria de la sentencia, el criterio
jurisprudencial que, de manera general, ha considerado razonable un término de seis (6)
meses para promover la acción de tutela vencía el 11 de septiembre de 2025. Aun si
dicho término se contabilizara desde la ejecutoria del auto que rechazó la solicitud de
aclaración, este habría expirado el 2 de enero de 2026. Sin embargo, la solicitud de
amparo solo fue presentada el 29 de mayo de 2026, cuando dicho lapso había
transcurrido ampliamente. En consecuencia, no se satisface el requisito de inmediatez.
14 Índice 00018 del aplicativo SAMAI de proceso ordinario radicado 27001333300520220076401, B2A6FF4F47012032
E165708029BB498F AFA923FE027CCF11 42F064C4E64E1DFB.
15 Índice 00021 del aplicativo SAMAI de proceso ordinario radicado 27001333300520220076401,
CB0BBE87534EADFB 76E8924CB5064E60 DBFBF3616618E2A7 551777297A7697DE.
16 Índice 00024 del aplicativo SAMAI de proceso ordinario radicado 27001333300520220076401.
17 Índice 00044 del aplicativo SAMAI de proceso ordinario radicado 27001333300520220076401, certificado
C3046FC8414B169A 92B0A34F0A8801BC 5D7682342F5C71CF 2349719B2B7BD748.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04155-00
Accionante: Renzo Mosquera Echeverry
5.3. Ahora bien, la Sala tampoco considera procedente tomar como punto de partida para
el cómputo de la inmediatez la ejecutoria del auto del 30 de abril de 2026, mediante el
cual se rechazó por improcedente el recurso de súplica. Al respecto, la jurisprudencia
constitucional18 del Consejo de Estado ha precisado que la interposición de recursos que
no constituyen medios de defensa judicial idóneos y eficaces no tiene la virtualidad de
suspender ni de interrumpir el término de inmediatez. Ello obedece a que la idoneidad de
un mecanismo judicial depende de su aptitud real para proteger los mismos intereses que
posteriormente se pretenden salvaguardar mediante la acción de tutela, circunstancia
que no se configura cuando el recurso únicamente busca reabrir un debate fáctico o
jurídico ya resuelto por el juez natural.
5.4. Ese criterio resulta plenamente aplicable al presente asunto. En efecto, el recurso de
súplica no constituía un mecanismo judicial idóneo que justificara la presentación tardía
de la acción de tutela, máxime cuando fue rechazado por improcedente. Por consiguiente,
la interposición de dicho recurso no alteró el cómputo del requisito de inmediatez ni
habilitó la presentación del amparo una vez vencido el término que la jurisprudencia ha
considerado razonable para acudir al juez constitucional.
5.5. De otra parte, el accionante no expuso ni acreditó circunstancias excepcionales que,
conforme a la jurisprudencia constitucional, permitieran flexibilizar el requisito de
inmediatez, tales como la existencia de un perjuicio irremediable o de una justificación
objetiva y razonable que explicara la demora en la interposición de la acción de tutela.
En consecuencia, al no existir una explicación suficiente sobre el retardo ni elementos
que evidencien la necesidad de una intervención urgente del juez constitucional, no
resulta procedente efectuar un estudio de fondo de los cargos formulados.
En suma, la acción de tutela fue promovida por fuera del término que la jurisprudencia
constitucional ha considerado razonable para acudir a este mecanismo de protección, sin
que se acreditaran circunstancias excepcionales que justificaran flexibilizar dicho
presupuesto. En consecuencia, la Sala declarara improcedente el amparo por
incumplimiento del requisito de inmediatez.
5.6. Así las cosas, la Sala procederá a declarar improcedente el amparo por no superar
el requisito de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Renzo
Mosquera Echeverry en contra del Tribunal Administrativo del Chocó, por no superar el
18 Sentencia del 8 de noviembre de 2021, radicado núm. 11001-03-15-000-2021-03604-01
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04155-00
Accionante: Renzo Mosquera Echeverry
requisito de inmediatez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
ECG
10
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