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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04157-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04157-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de Bogotá, conforme lo expuesto. 2. NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por Fanny García Lozano, de conformidad con las consideraciones hechas en esta providencia. 3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04157-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-04157-00
Demandante FANNY GARCÍA LOZANO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto, por violación directa de la
Constitución Política y por desconocimiento del precedente. Medio de
control de reparación directa. Suspensión de reconocimiento de cuota
alimentaria. Procedencia del medio de control.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por Fanny García Lozano de conformidad
con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 29 de mayo de 20261, la señora Fanny García Lozano quien actúa en nombre
propio interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, por considerar que esa autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social,
a la prevalencia del derecho sustancial y a la protección reforzada de las personas
de la tercera edad con la sentencia del 14 de mayo de 2026, proferida en segunda
instancia en el medio de control de reparación directa 11001-33-43-062-2021-00298-
00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA Que se tutelen los derechos fundamentales invocados.
SEGUNDA Que se deje sin efectos la sentencia proferida el 14 de mayo de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”, dentro del
proceso radicado No. 110013343062-2021-00298-01.
TERCERA Que se ordene a la autoridad judicial accionada proferir una nueva decisión:
• valorando integralmente el precedente constitucional;
• aplicando el principio de prevalencia del derecho sustancial;
• evitando el exceso ritual manifiesto;
• garantizando acceso material y efectivo a la administración de justicia.
CUARTA Que se ordene valorar integralmente las acreencias alimentarias dejadas de percibir
por la señora FANNY LOZANO DE GARCÍA.
QUINTA Que se adopten las medidas necesarias para garantizar la reparación integral de los
perjuicios causados».

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Escrito de tutela radicado a través la Secretaría On Line del aplicativo SAMAI.

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Demandante: Fanny García Lozano

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. La señora Fanny Lozano de García contrajo matrimonio con el señor Rubén
García Martínez en el año 1963.

2.2. Mediante audiencia de conciliación aprobada judicialmente el 8 de junio de
1999 por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Villavicencio se
reconoció a favor de la señora Fanny Lozano de García una cuota alimentaria
equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente que era descontada
mensualmente de la pensión que percibía el señor Rubén García Martínez por
parte del Ministerio de Defensa.

2.3. El señor Rubén García Martínez falleció el 29 de marzo de 2019 y con ocasión
de su fallecimiento el Ministerio de Defensa suspendió el reconocimiento y
pago de la cuota alimentaria que se venía descontando a favor de la señora
Fanny Lozano de García.

2.4. La señora Lozano de García solicitó se restableciera el reconocimiento y pago
de la cuota alimentaria que venía percibiendo. Petición que fue negada por el
Ministerio de Defensa mediante las resoluciones 3038 del 20 de junio de 2019
y 4117 del 13 de agosto de 2019.

2.5. Por lo anterior, Fanny Lozano de García interpuso acción de tutela la cual fue
resuelta por el Juzgado 15 de Familia de Bogotá en providencia del 18 de
septiembre de 2020 (radicación 11001-31-10-015-2020-00412-00) en la que
ordenó el restablecimiento de la cuota alimentaria. En consecuencia, mediante
resolución 4940 del 22 de septiembre de 2020 el Ministerio de Defensa dio
cumplimiento a la orden judicial.

2.6. El Ministerio de Defensa había reconocido sustitución pensional en un 100%
a favor de la señora Marina Martínez Parada. Sin embargo, la orden de
restablecer el reconocimiento y pago de la cuota alimentaria a favor de la
señora Lozano de García fue con cargo a la mesada de sustitución pensional
que devengaba la señora Martínez Parada.

2.7. La señora Fanny Lozano de García falleció el 26 de agosto de 2021.

2.8. Los señores Fanny, Elvira, Carlos Alberto y Rubén de Jesús García Lozano,
hijos y herederos de la señora Fanny Lozano de García (q.e.p.d.) en ejercicio
del medio de control de reparación directa presentaron demanda en contra de
la Nación, Ministerio de Defensa con el fin de que se declarara administrativa
y patrimonialmente responsable de la omisión antijurídica en el pago de las
cuotas alimentarias mensuales que correspondían a la extinta señora Fanny
Lozano de García por el periodo comprendido entre el 1º de mayo de 2019 y
el 30 de agosto de 2020 e igualmente, se condenara al pago de los perjuicios
materiales por lucro cesante y daño emergente.

2.9. En primera instancia conoció el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de
Bogotá (expediente 11001-33-43-062-2021-00298-00), que en sentencia del 30
de agosto de 2023 negó las pretensiones de la demanda.

Encontró que no se evidenciaba un daño que debiera ser imputable a la
entidad demandada y que si bien para la fecha de los hechos la fallecida
señora Fanny Lozano de García contaba con 77 años aproximadamente se
desconocía la circunstancia que había generado el reconocimiento por vía de

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conciliación y no se demostraron las condiciones de necesidad en las que
estaba para que la obligación alimentaria pudiera subsistir.

Agregó que el hecho de que por vía de tutela se hubiera restablecido el
derecho en favor de Fanny Lozano de García (q.e.p.d.) y que el Ministerio de
Defensa hubiera proferido el acto administrativo correspondiente con el cual
acataba esa orden constitucional, ese era un hecho que por sí solo no podía
determinar la responsabilidad de la entidad demandada por cuanto desconocía
cuáles fueron los argumentos tenidos en cuenta por el Juez constitucional para
proteger los derechos de la interesada, aunado a que tampoco presentó copia
de la resolución 4940 de 2020 por el que se dispuso nuevamente el
reconocimiento del derecho a la interesada.

La decisión fue apelada por la parte demandante.

2.10. Correspondió en segunda instancia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A que, en sentencia del 14 de
mayo de 2026 (notificada a las partes por correo electrónico el 20 de mayo de 2026)
confirmó la decisión de primera instancia.

La razón principal que tuvo el Tribunal fue la falta de idoneidad del medio de
control, pues dijo que era el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y no el de reparación directa el mecanismo que debió ejercer la parte
demandante.

Explicó que las sumas periódicas que fueron negadas y que se pretendía
fueran canceladas como indemnización, tenían su origen en actos
administrativos particulares que continuaban produciendo efectos jurídicos y
que no habían sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo ni revocados por la propia administración, por lo que el medio
de control para controvertirlos era el de nulidad y restablecimiento del derecho.

Precisó que las resoluciones 3038 y 4117 de 2019 no desaparecieron del
mundo jurídico y que si bien hubo una orden por parte del juez constitucional,
esta consistió en modificar dichos actos para que, hacia futuro se continuara
efectuando el descuento y pago de la cuota alimentaria a favor de la señora
Fanny Lozano de García (q.e.p.d.) pero que no anuló ni dejó sin efectos las
decisiones administrativas frente al período anterior que se reclamaba en la
demanda.

Aclaró que la sentencia de tutela no extinguió la presunción de legalidad de
los actos administrativos ni produjo los efectos propios de una sentencia de
nulidad y restablecimiento del derecho sino que su alcance fue estrictamente
constitucional y tuvo como finalidad conjurar la vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante con una orden de protección inmediata y a
futuro e incluso, encontró que la misma sentencia de tutela negó el pago de
las cuotas alimentarias causadas desde el 1º de mayo de 2019 hasta la fecha
de esa providencia, precisamente por considerar que la acción constitucional
no era el mecanismo judicial idóneo para ordenar el reconocimiento de
prestaciones económicas ya causadas y que para obtener tales valores, debía
acudir ante el juez natural competente.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora alegó que la sentencia proferida el 14 de mayo de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A en el
medio de control de reparación directa 11001-33-43-062-2021-00298-00/01 incurrió
en los defectos sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto, por
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desconocimiento del precedente y por violación directa de la Constitución Política.
Las razones fueron las siguientes:

3.1. Defecto sustantivo que sustentó en que se desconoció el precedente
constitucional de la sentencia de tutela que le fue favorable, la naturaleza
fundamental del derecho alimentario, la protección reforzada de adultos
mayores y el principio de reparación integral del daño antijurídico.

Dijo que el Tribunal redujo el análisis a una consideración meramente formal
sobre el medio de control procedente, ignorando que ya existía un
reconocimiento constitucional expreso sobre la ilegalidad material de la
suspensión de la cuota alimentaria.

3.2. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto por cuanto en su sentir
la sentencia cuestionada privilegió desproporcionadamente la forma sobre el
derecho sustancial y que, aunque reconoció la existencia de una controversia
derivada de actos administrativos, concluyó que debía acudirse a un medio
judicial materialmente ineficaz y caducado, convirtiendo el acceso a la justicia
en una garantía puramente formal.

Agregó que la jurisprudencia constitucional ha señalado reiteradamente que
el juez no puede imponer cargas procesales imposibles o inútiles que terminen
anulando la efectividad de los derechos fundamentales.

3.3. Defecto por desconocimiento del precedente frente al que dijo que la
autoridad judicial accionada desconoció la fuerza vinculante de las decisiones
de tutela, el precedente constitucional sobre la prevalencia del derecho
sustancial y la doctrina constitucional relativa a sujetos de especial protección.

3.4. Defecto por violación directa de la Constitución Política citó los artículos
1, 2, 13, 29, 48, 53, 86, 228 y 229 de la Carta Política.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 3 de junio de 2026 el despacho ponente: (i) admitió la acción de
tutela interpuesta por la señora Fanny García Lozano contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A; (ii) ordenó
la notificación de las partes; (iii) negó la medida provisional solicitada por la
parte actora; (iv) como terceros con interés dispuso vincular a la Nación,
Ministerio de Defensa (entidad que actuó como demandada en el medio de control
de reparación directa), al Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de Bogotá
(autoridad judicial que emitió fallo de primera instancia en el citado medio de control);
(v) a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público
(quienes fueron vinculadas en el proceso ordinario) y a los señores Elvira, Carlos
Alberto y Rubén Jesús García Lozano (quienes actuaron como parte demandante
en el medio de control de reparación directa).

4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A intervino por conducto de la magistrada ponente quien indicó
que la tutela de manera general enunciaba la configuración de los defectos
sustantivo, por exceso ritual manifiesto, por desconocimiento del precedente y
por violación directa de la Constitución Política pero que no explicaba de
manera concreta cuál había sido la norma indebidamente aplicada, la regla
constitucional desconocida, qué precedente vinculante resultaba obligatorio
para la Sala, ni por qué la interpretación hecha en la sentencia accionada era
irrazonable, arbitraria o abiertamente contraria al ordenamiento jurídico.

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Sostuvo que en realidad la acción constitucional se limitaba a reiterar que
existía una tutela favorable a la señora Fanny Lozano de García, que la
obligación alimentaria tenía naturaleza fundamental y que la mencionada
señora era sujeto de especial protección constitucional, aspectos que dijo,
fueron expresamente considerados en la sentencia cuestionada y que, en
últimas lo que buscaba era una decisión favorable a sus intereses.

Por lo anterior, pidió que se declare la improcedencia de la presente acción o,
en su defecto, que se nieguen las pretensiones de la demanda de tutela.

4.3. El Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de Bogotá presentó informe por
conducto del titular del despacho quien manifestó que la decisión adoptada en
esa instancia se basó en las pruebas allegadas al expediente, las normas y la
jurisprudencia aplicable sobre la materia.

Sostuvo que el cuestionamiento de la tutela iba dirigido únicamente frente a la
sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A y que en todo caso, lo pretendido por la parte
actora era convertir la tutela en una instancia adicional.

Por lo anterior, pidió ser desvinculado de la presente acción y que se declarara
improcedente el amparo o en su defecto se negaran las pretensiones de la
demanda de tutela.

4.4. El Ministerio de Defensa, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
el Ministerio Público, Elvira, Carlos Alberto y Rubén Jesús García Lozano no
se pronunciaron en esta oportunidad no obstante haber sido notificados de la
existencia de la presente acción.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991,2 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3 y
especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir

2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii)
que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)

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todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Solicitud de desvinculación

El Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de Bogotá manifestó que no le asistía
legitimación en la causa por pasiva en la medida que lo cuestionado era la sentencia
de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A.

Respecto de lo anterior, la Sala precisa que, según lo dispuesto en el auto admisorio
de la acción de tutela, la mencionada autoridad judicial fue vinculada al proceso
constitucional en calidad de tercero con interés y no como parte demandada. Lo
anterior considerando que fue la autoridad judicial que emitió la decisión de primera
instancia en el medio de control de reparación directa 11001-33-43-062-2021-00298-
00/01.

De acuerdo con lo anterior, y al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto
2591 de 19916, a la mencionada autoridad judicial le asiste interés legítimo en el
resultado de este proceso constitucional y por tal motivo debe permanecer vinculada
a éste en la calidad de tercero que le fue reconocido en el auto admisorio de la tutela.
Así las cosas, la Sala negará la solicitud de desvinculación propuesta.

4. Delimitación y planteamiento del problema jurídico

4.1. Lo primero que debe indicar la Sala es que si bien la accionante propuso la
existencia de los defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente, por
violación directa de la Constitución Política y procedimental por exceso ritual
manifiesto, en realidad el estudio que se haga lo será únicamente con respecto
a este último.

Esto por cuanto, del presunto defecto sustantivo no indica cuáles fueron las
normas indebidamente aplicadas o dejadas de aplicar en el caso concreto, del
defecto por desconocimiento del precedente no se evidencia tampoco que
presente ante esta instancia constitucional los pronunciamientos que se
dejaron de observar y aplicar al caso concreto y, del alegado defecto por
violación de la Constitución Política no hay un desarrollo al respecto ni un
análisis que justifique el desconocimiento de los postulados constitucionales

defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
6
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o
el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado
en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se
entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

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pues únicamente citó una serie de artículos de la Constitución Política sin
contexto alguno.

4.2. Precisado lo anterior, lo segundo que corresponde determinar a la Sala, de
acuerdo con los antecedentes del caso, el escrito de tutela y teniendo en
cuenta que se trata de una tutela contra providencia judicial, es verificar
previamente si se cumplen los requisitos de procedencia de tutela contra
providencia judicial y, de encontrarse acreditados los mismos, determinar si el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A al
emitir la providencia del 14 de mayo de 2026 en el medio de control de
reparación directa 11001-33-43-062-2021-00298-00/01 incurrió en el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto propuesto por la parte actora.

5. Verificación de los requisitos de procedencia de tutela contra
providencia judicial

Los requisitos generales de procedibilidad de la acción se encuentran
satisfechos por las siguientes razones:

i. La controversia alude a la posible vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana,
al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social, a la prevalencia del derecho
sustancial y a protección de las personas de la tercera edad propuestos por la
señora Fanny García Lozano, con ocasión de la providencia judicial del 14 de
mayo de 2026 que decidió en segunda instancia el medio de control de
reparación directa relacionado con la solicitud de reconocimiento de la cuota
alimentaria que en vida percibiera su madre fallecida, señora Fanny Lozano de
García y que fue suspendida por un lapso por parte del Ministerio de Defensa, lo
que consideró le causó a ella y a sus hermanos unos perjuicios materiales que
estimaron en la demanda ordinaria debían ser resarcidos por la mencionada
entidad.

ii. La parte actora agotó todos los medios ordinarios de defensa judicial y se advierte
que frente al caso no proceden los recursos extraordinarios;

iii. Se cumplió con el requisito de inmediatez, ya que la acción se interpuso dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia cuestionada, pues la
sentencia fue emitida el 14 de mayo de 2026, fue notificada por correo electrónico
a las partes el 20 de mayo de 2026 y la acción de tutela se presentó el 29 de
mayo de 2026 por lo que se encuentra dentro del lapso considerado como
razonable;

iv. No se trata de una tutela contra sentencia de tutela

v. Se identificaron razonablemente los hechos que generaron la vulneración y los
derechos afectados;

vi. Se cumple con la legitimación en la causa por activa, pues el fallecimiento de
quien inicialmente era titular del derecho de la cuota alimentaria, señora Fanny
Lozano de García, ocurrió el 26 de agosto de 2021, la demanda ordinaria se
interpuso por los hijos dentro de los que se encuentra la accionante Fanny García
Lozano, y fue admitida por el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de Bogotá
quien tuvo como parte demandante a la actora y a los señores Elvira, Carlos
Alberto y Rubén Jesús García Lozano, por lo que le asiste interés a la tutelante
en cuestionar la decisión que le fue adversa a sus intereses como demandante
en el medio de control de reparación directa.

vii. Se cumple con el requisito de la relevancia constitucional pues se cuestiona la
sentencia de cierre en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A que si bien confirmó la decisión del juzgado de
primera instancia, lo hizo por otras razones, concretamente por la indebida

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escogencia del medio de control. De modo que, los fundamentos que tuvo el
recurso de apelación presentado en su momento contra la decisión de primera
instancia del Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de Bogotá tuvo que ver con
aspectos relacionados con el derecho a que se reconocieran los lapsos
interrumpidos de la cuota alimentaria de la que era titular la señora Fanny Lozano
de García (q.e.p.d.). En ese sentido considera la Sala que no se trata de insistir
en argumentos ya propuestos entendiendo la tutela como una instancia adicional
sino en la presunta vulneración de sus derechos fundamentales con la decisión
del Tribunal y las razones expuestas en la sentencia de cierre.

En este orden de ideas, como se anunció, están acreditados los mencionados
requisitos, razón por la que la Sección pasará a estudiar el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto propuesto por la accionante.

6. Defecto procedimental. Análisis en el presente asunto

6.1. En principio, la relación existente entre el derecho al debido proceso y la
prevalencia del derecho sustancial es de complementariedad. No obstante, la
Corte Constitucional ha señalado que, en ocasiones, cuando la justicia
material queda subordinada a los procedimientos se presenta una tensión
entre ambos, de allí que el desarrollo del defecto procedimental como causal
específica de procedibilidad surgió con el fin de romper esa «tensión
aparente».

La Corte Constitucional ha señalado: «El defecto procedimental se causa por un
error en la aplicación de las normas que fijan el trámite a seguir para la resolución de
una controversia judicial. Sin embargo, no se trata de cualquier defecto respecto de
las formas propias de cada juicio, sino uno que tenga la entidad suficiente para negar
la materialización de los derechos fundamentales»7.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, este defecto se configura por
dos modalidades diferentes. La primera ha sido denominada como defecto
procedimental absoluto. Se presenta cuando un funcionario judicial actúa
completamente al margen del procedimiento previsto en la ley. Esta situación
se puede configurar cuando se sigue un trámite ajeno al que se debió emplear
o cuando se «omiten etapas sustanciales del procedimiento establecido»8.

La segunda se llama defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Modalidad que se configura «cuando el funcionario arguye razones formales a
manera de impedimento, las cuales constituyen una denegación de justicia»9. Sobre
esta modalidad, la Corte Constitucional ha dicho:
«El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto puede entenderse, en términos
generales, como el apego estricto a las reglas procesales que obstaculizan la
materialización de los derechos sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adopción de
decisiones judiciales justas. En otras palabras, por la ciega obediencia al derecho procesal,
el funcionario judicial abandona su rol como garante de la normatividad sustancial, para
adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente incompatibles con el
ordenamiento jurídico.
Bajo este supuesto, la validez de la decisión adoptada judicialmente no solo se determina por
el cumplimiento estricto de las reglas procesales, sino que además depende de la protección
de los derechos sustanciales. Por ello, ha sostenido la Corte, el sistema procesal moderno no
puede utilizarse como una razón válida para negar la satisfacción de tales prerrogativas, en la
medida que la existencia de las reglas procesales se justifica a partir del contenido material
que propenden»10 (Negrillas propias).

7
Corte Constitucional. Sentencia SU-061 de 2018.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2018.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2018.
10
Corte Constitucional. Sentencia SU-061 de 2018.

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Demandante: Fanny García Lozano

La jurisprudencia también ha indicado que el error en el trámite procesal debe
tener la entidad suficiente para que vulnere los derechos fundamentales de
las partes y que aquel no debe ser fruto del actor.

6.2. Anticipa la Sala que deberán negarse las pretensiones de la demanda de
tutela, pues este defecto no se configura en la sentencia de cierre proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A conforme las razones que pasan a exponerse a continuación.

6.3. De acuerdo con lo manifestado por la tutelante en los fundamentos de la
presente acción, la sentencia cuestionada privilegió desproporcionadamente
la forma sobre el derecho sustancial y llevó a concluir que por tratarse de una
controversia derivada de actos administrativos era necesario acudir a un medio
de control que calificó de ineficaz y caducado, lo que restringía el derecho de
acceso a la administración de justicia al imponerse cargas imposibles o
inútiles.

Pues bien, debe indicarse que el rigorismo procesal que pretende hacer ver la
parte actora con la presentación de un presunto defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto en realidad no se configura, pues es deber del juez
orientar el proceso conforme a la ley, en este caso, al medio de control que
corresponde según los presupuestos fácticos de la demanda en armonía con
lo dispuesto en el Título III de la Ley 1437 de 2011 que se refiere a los medios
de control y que para el caso, correspondía al de nulidad y restablecimiento
del derecho conforme lo dispuesto en el artículo 138 de la mencionada norma
que dispone:
«Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior».

El Tribunal accionado sostuvo en la decisión objeto de análisis lo siguiente:
«50. Previo a realizar el análisis de los cargos de la apelación, la Sala advierte que el medio
de control de reparación directa no resulta procedente para el análisis del presente asunto,
sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, como pasa a explicarse:
(…)
[d]e las pruebas obrantes en el expediente se advierte que el Ministerio de Defensa Nacional
profirió la Resolución 3038 del 20 de junio de 2019, mediante la cual reconoció la sustitución
pensional del señor Rubén García Martínez a favor de la señora Marina Martínez Parada y
negó el reconocimiento y pago de suma alguna a favor de la señora Fanny Lozano de García.
Posteriormente, mediante Resolución 4117 del 13 de agosto de 2019, la entidad resolvió el
recurso interpuesto por esta última y confirmó la negativa, incluso frente a su solicitud de que
se continuara pagando la cuota alimentaria que venía siendo descontada de la mesada
pensional del causante.
57. Así las cosas, la suspensión del pago de la cuota alimentaria no constituyó una omisión
material desligada de una decisión administrativa, sino la consecuencia directa de actos
administrativos particulares que definieron la situación jurídica de la señora Fanny Lozano de
García frente a la sustitución pensional y frente a la posibilidad de continuar recibiendo la cuota
alimentaria con cargo a dicha prestación. Por tanto, si la interesada consideraba que el
Ministerio de Defensa interpretó erróneamente el alcance de la obligación alimentaria,
desconoció la orden judicial que había fijado la cuota o vulneró sus derechos al negar el pago
de las sumas reclamadas a través de la Resolución 3038 y de la que la confirmó 4117, debió
controvertir la legalidad de tales actos a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
58. No cambia la anterior conclusión el hecho de que, con posterioridad, el Juzgado 15 Civil
del Circuito de Bogotá, en sede de tutela, hubiera amparado los derechos fundamentales al
mínimo vital y al debido proceso de la señora Fanny Lozano de García y ordenado al Ministerio
de Defensa modificar las Resoluciones 3038 y 4117 de 2019. Ello por cuanto la orden

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constitucional no tuvo el alcance de anular, revocar o retirar del ordenamiento jurídico tales
actos administrativos, sino el de disponer su modificación para que, a partir del fallo de tutela,
la entidad continuara descontando de la pensión sustituida el valor correspondiente a la cuota
alimentaria que venía percibiendo la accionante.
59. En otras palabras, la sentencia de tutela no extinguió la presunción de legalidad de los
actos administrativos ni produjo los efectos propios de una sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho. Su alcance fue estrictamente constitucional y tuvo como
finalidad conjurar la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, mediante
una orden de protección inmediata y a futuro. Por tanto, no puede afirmarse que, por virtud de
dicha decisión, las Resoluciones 3038 y 4117 de 2019 hubieran desaparecido del mundo
jurídico, ni que el debate sobre los valores dejados de pagar antes del fallo constitucional
hubiera quedado automáticamente trasladado al campo de la responsabilidad
extracontractual.
60. Por el contrario, la propia sentencia de tutela negó el pago de las cuotas alimentarias
causadas desde el 1º de mayo de 2019 hasta la fecha de esa providencia, precisamente por
considerar que la acción constitucional no era el mecanismo judicial idóneo para ordenar el
reconocimiento de prestaciones económicas ya causadas, pues se indicó a la accionante que,
para obtener tales valores, debía acudir ante el juez natural competente.
61. Si bien el juez de tutela señaló que dicho juez sería el de familia, para esta Sala la autoridad
judicial llamada a conocer esa reclamación era la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en la medida en que lo discutido era la tendiente a discutir la legalidad de actos administrativos
expedidos por el Ministerio de Defensa Nacional que negaron el pago de una suma con cargo
a una prestación pensional sustituida.
62. Bajo esa perspectiva, la pretensión formulada en este proceso no tenía por objeto reparar
un daño autónomo e independiente de los actos administrativos, sino obtener el pago de las
cuotas alimentarias que la entidad dejó de cancelar con fundamento en las Resoluciones 3038
y 4117 de 2019. De ahí que la reparación directa no podía ser utilizada para convertir en
indemnización lo que, en realidad, correspondía a un restablecimiento económico derivado de
la eventual ilegalidad de esos actos.
63. Por ende, los actos administrativos que negaron a la señora Fanny Lozano de García el
pago de las sumas reclamadas no han sido objeto de control a través de esta jurisdicción ni
revocados por la administración, pues la orden de tutela no equivale a una declaratoria de
nulidad o a una revocatoria directa, pues aquella se limitó a ordenar una modificación con
efectos de protección constitucional hacia futuro, sin disponer el pago de las cuotas causadas
con anterioridad. Precisamente por ello, frente a los valores reclamados por el período
comprendido entre mayo de 2019 y agosto de 2020, subsistía la necesidad de acudir al juez
contencioso administrativo mediante el medio de control idóneo, esto es, la nulidad y
restablecimiento del derecho.
64. En consecuencia, para la Sala, la reparación directa no era el medio de control procedente
para reclamar el pago de las cuotas alimentarias suspendidas por el Ministerio de Defensa
Nacional, toda vez que la fuente del daño alegado se encuentra en actos administrativos
particulares que negaron el reconocimiento y pago de esas sumas, actos que no han sido
expulsados del ordenamiento jurídico y cuya legalidad debía ser controvertida por la vía
procesal correspondiente. Por tanto, no es posible acceder a las pretensiones de la demanda
en sede de reparación directa».

6.4. Tal circunstancia de indicar la vía procesal correcta a la que debía acudirse no
implica un defecto en la providencia, por el contrario, garantiza el debido
proceso de acuerdo a las formas propias de cada juicio.

En esa línea, como lo advirtió la sentencia, no era el medio de control de
reparación directa el idóneo para discutir lo pretendido por los demandantes
pues era un asunto que había sido definido en unos actos administrativos que
gozan de presunción de legalidad y que, en principio debieron ser
cuestionados por la parte actora, independientemente del fallo de tutela que
amparó unos derechos fundamentales que en su momento observó
vulnerados pero que en modo alguno impedían acudir a la vía ordinaria judicial
como lo indicó expresamente el fallo cuestionado.

Lo anterior permite concluir que no se hizo una aplicación estricta e irreflexiva
de las normas procesales, por el contrario, se advierte un análisis de la
situación fáctica concreta que rodeó el caso de cara a lo pretendido en la

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demanda ordinaria para concluir que, el medio de control era equivocado,
ejercicio que correspondía desarrollar al juez natural como en efecto lo hizo
de modo detallado en la sentencia.

6.5. Las anteriores consideraciones resultan suficientes para entender que no se
actuó ni por fuera del procedimiento establecido ni con un exceso de
ritualismos que impidieran la materialización del derecho sustancial, por lo que
la Sala concluye que no se configura este cargo.

7. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la demanda
de tutela al no configurarse el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Sesenta y Dos
Administrativo de Bogotá, conforme lo expuesto.

2. NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por Fanny García
Lozano, de conformidad con las consideraciones hechas en esta providencia.

3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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