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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04158-00

Fecha
21 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04158-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad material, acceso al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa invocados por la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO. LEVANTAR la medida provisional decretada mediante el auto admisorio de la tutela proferido el Veinticinco (25) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026). TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04158-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

21 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintiuno (21) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-04158-00
Accionante : Fiscalía General de la Nación
Accionado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C
Vinculados : Agrupación sindical ACEP NACIONAL
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial – recurso de insistencia
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por la Fiscalía General de la Nación contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad material, acceso al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y defensa.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos
expuestos por la parte actora frente a la providencia judicial objeto de censura;
luego, revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente,
resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.

La demanda de tutela

3. La Fiscalía General de la Nación formula las siguientes pretensiones:

PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
acceso a la administración de justicia.

SEGUNDA. Dejar sin efectos la sentencia de 20 de mayo de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, dentro

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Accionantes: Fiscalía General de la Nación
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

del recurso de insistencia radicado 25000-23-41-000-2026-00437- 00, que declaró
mal denegada la petición elevada el 6 de febrero de 2026 por ACEP Nacional.

TERCERA. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C, proferir sentencia de reemplazo en el proceso con radicado 25000-
23-41-000-2026-00437-00, en la cual se declare bien denegada la solicitud
relacionada con el punto 1 de la petición elevada el 6 de febrero de 2026 por ACEP
Nacional, en atención a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y la Directiva 001 de 3
de enero de 2022.

SUBSIDIARIAS

Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C, que profiera sentencia de reemplazo en la que valore de manera directa el
contenido del acta solicitada y aplique de forma objetiva la regla de reserva de los
documentos que contienen opiniones o puntos de vista dentro del proceso
deliberativo de los servidores públicos contenidas en la Ley 1712 de 2014 y la
Directiva 001 de 3 de enero de 2022.

Ordenar que se estudie la procedencia de una entrega parcial, segmentada o con
supresiones, únicamente respecto de los apartes no amparados por reserva, previa
verificación material del contenido del documento.

Hechos

4. El 6 de febrero de 2026, la agrupación sindical ACEP NACIONAL solicitó a
la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, entre otros
puntos, remitir copia del acta de sesión de comisión del veintinueve (29) de enero
de dos mil veintiséis (2026).

5. El 16 de febrero de 2026, la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía
General de la Nación dio respuesta de fondo a la petición, aclarando que no podía
entregar copia del acta de comisión solicitada en razón a que la misma estaba
revestida de reserva en atención a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y a la
Directiva 001 de 3 de enero de 2022, por contener consideraciones, opiniones o
puntos de vista dentro de un proceso deliberatorio de los servidores que hacen
parte de la Comisión.

6. El 3 de marzo de 2026, la organización sindical radicó recurso de
insistencia con el fin de insistir en que se le entregara el documento reservado,
argumentando que, la reserva no puede ser predicable a los empleados y
organizaciones sindicales, puesto que: «… no existen razones ni fundamento jurídico
válido a la Comisión de la Carrera Especial en negar, suministrar los documentos e
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información solicitada con fundamento al carácter reservado de los mismos, pues, si bien
el ordenamiento jurídico dispuso esa situación para con algunos documentos, para el
caso en concreto no son aplicables ante los empleados ni organización sindical.»

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección C declaró mal denegada la solicitud y concluyó que, la reserva «-en
este momento-, no es razonable y proporcional al fin que persigue» por lo que, ordenó
la entrega del acta solicitada.

8. La entidad expone que, la sentencia cuestionada dejó un problema jurídico
sobre la relatividad de la reserva de los documentos, de los cuales, desde una
estipulación legal, se determina que son reservados. En efecto, reconoció
expresamente que, «el proceso deliberativo de los servidores del Estado es
confidencial, ya que les permite adoptar decisiones sin interferencia y presiones
externas»; sin embargo, aplicó un criterio interpretativo de una ley que, de forma
objetiva, establece los documentos sujetos a reserva, y concluyó que la misma es
relativa.

9. Señala que, el Tribunal fundamentó su decisión en la sentencia C-860 de
2007 para sustentar los principios de razonabilidad y proporcionalidad; sin
embargo, dicha providencia fue utilizada de manera descontextualizada. En
efecto, el Tribunal citó un aparte en el cual la Corte Constitucional alude a tales
principios, pero, omitió que esta referencia se realiza en el marco del análisis de
las condiciones que deben cumplir las normas que establecen reservas al acceso
a la información. Esto implica que la exigencia de razonabilidad y proporcionalidad
está dirigida al Legislador —o, en su caso, al Ejecutivo, cuando actúa en ejercicio
de facultades extraordinarias— al momento de consagrar dichas reservas en la
ley o en decretos con fuerza de ley.

10. En consecuencia, tal precedente no se refiere a los criterios de
interpretación que deban aplicar las entidades administrativas para decidir sobre
la entrega de información sometida a reserva, sino, al control de
constitucionalidad de las normas que establecen dichas limitaciones.

11. La sentencia del Tribunal también utilizó como fundamento de su decisión
la sentencia T-527 de 2005, providencia que, al igual que la referenciada en el
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numeral anterior, trata de la aplicación de los principios de razonabilidad y
proporcionalidad para la determinación de la reserva desde la norma con fuerza
de ley, pero no desde la aplicación de criterios subjetivos de aplicación por parte
de las entidades para determinar la entrega de información solicitada.

12. Asimismo, la colegiatura se remitió a la sentencia C-491 de 2007,
providencia que responde al análisis jurídico de un contexto distinto, en el cual,
se discutía la naturaleza normativa que debía contener las excepciones al acceso
a la información. En este sentido, el aparte citado de la sentencia, así como, la
conclusión relativa al deber de prueba de las entidades, fueron
descontextualizados. El Tribunal pasó por alto que la providencia referida
concluye que:

«En los términos de la Constitución, la regla general de la publicidad sólo puede
tener excepciones en virtud de leyes que, de manera específica, establezcan los
casos concretos en los cuales ciertas autoridades claramente definidas pueden
establecer que determinada información es reservada. Adicionalmente, la reserva
sólo resulta procedente si el legislador aporta razones suficientes para justificarla.
En este sentido la Corte ha señalado estrictas condiciones para que el legislador
pueda establecer excepciones a la regla general prevista en el artículo 74
Superior.» (Subraya fuera de texto)

13. En ese contexto, expone que, el Tribunal desconoció la realidad normativa
vigente y aplicable al caso en cuestión, toda vez que, la Ley 1712 de 2014
establece de manera objetiva las excepciones al acceso a la información. Estas
disposiciones han sido además objeto de examen por parte de la Corte
Constitucional, particularmente en la sentencia C-274 de 2013.

14. Por último, señala que, la providencia adolece de defecto fáctico, toda vez
que, la decisión se adoptó sin haber examinado directamente el acta, ni haber
identificado qué apartes contenían opiniones, puntos de vista o discusiones
internas. Sin esa verificación, el juicio sobre la reserva se apoyó en supuestos y
en hechos externos —la publicación de las resoluciones y el supuesto
incumplimiento de la carga argumentativa de la entidad—, pero no, en el
documento objeto del litigio. Así, el Tribunal resolvió la controversia sobre la
reserva documental sin constatar el insumo fáctico indispensable para hacerlo: si
el acta contenía efectivamente material deliberativo reservado y en qué medida.
Esa omisión probatoria tuvo incidencia directa en la orden de entrega total del
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documento.

II. TRÁMITE PROCESAL

15. A través de auto del Veinticinco (25) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar (i) a la autoridad
judicial accionada; y (ii) a la Agrupación sindical ACEP NACIONAL, en los términos
del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

16. Asimismo, se decretó la medida provisional solicitada por la parte
accionante, por lo que, se ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Primera – Subsección C suspender los efectos de la sentencia del Veinte
(20) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026) dentro del proceso tramitado bajo el
número 25000-23-41-000-2026-00437-00, hasta que se resuelva de mérito la
acción de tutela de la referencia o se disponga su revocatoria (lo que suceda
primero), en virtud del inciso 5.º del artículo 7.º del Decreto 2591 de 1991.

2.1. Contestaciones de la acción

17. 2.1.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se opuso a la
prosperidad de la acción de tutela, argumentando que, contrario a lo indicado en la
tutela, las sentencias de la Corte Constitucional que se citan en el fallo cuestionado
(C-860/07; T-527/05; C-491/07), constituyen el fundamento jurisprudencial al que
acudió la Sala para contextualizar de forma general el derecho de acceso a la
información pública y los presupuestos para alegar la reserva de la misma.

18. Al descender al caso concreto, se destacó la sentencia C-274 de 2013, por
medio de la cual, la Corte analizó la constitucionalidad de la Ley 1712 de 2014, para
concluir que, el periodo de 15 años de reserva de las informaciones contenidas en
el artículo 19 -incluido su parágrafo-, no es un límite absoluto para todos los
asuntos, pues, dicho lapso se encuentra sometido a un test de razonabilidad y su
extensión dependerá, en cada caso, «(…) que las condiciones materiales que
justificaron la reserva se mantengan a lo largo de todo el período. Sólo en esas condiciones
ese plazo resulta razonable y acorde con los derechos de petición, de información y del
libre acceso a los documentos públicos, así como a los principios de la función pública,
consagrados en los artículos 20, 23, 74 y 209 de la Carta».

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19. Así pues, la Sala sí acudió al pronunciamiento concreto y específico
efectuado por la Corte Constitucional respecto de la norma que la entidad
accionante invocó para soportar la reserva de la información solicitada y, con
fundamento en éste, así como, en lo manifestado por la propia entidad en las
respuestas a la parte peticionaria, construyó la decisión que ahora se reprocha.

20. Respecto del defecto fáctico alegado, el cual, en criterio de la entidad, se
configuró porque el Tribunal no valoró el contenido del acta cuya reserva se invocó,
señaló que la Sala atendió lo manifestado por la propia entidad en la respuesta
emitida a la parte peticionaria 2, respecto del contenido específico del acta
solicitada: «en sesión del 29 de enero de 2026, la Comisión de la Carrera Especial de la
Fiscalía General de la Nación, aprobó las listas de elegibles resultantes del Concurso de
Méritos FGN 2024, identificadas con los siguientes códigos de OPECE I-102-M-01-(419) e
I-102-M-SAI-(1), que corresponden a la denominación de empleo FISCAL DELEGADO
ANTE JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS, las cuales pueden ser
consultadas en la página oficial https://www.fiscalia.gov.co/ y en la aplicación SIDCA3, en
el botón “Listas de Elegibles” 3.»

21. Además, precisó que si bien el artículo 26-1 del CPACA establece que el
funcionario judicial puede solicitar copia de los documentos sobre cuya divulgación
deba decidir, la Corte Constitucional en sentencia T-482/24 precisó que, dicha
disposición no constituye un imperativo legal para el juez de insistencia, sino, más
bien, un poder discrecional que debe utilizarse adecuadamente, de acuerdo con lo
que resulte necesario para la correcta decisión del recurso:

“(…) el juez podrá decidir el recurso de insistencia, sin acceder directamente los
documentos respecto de los cuales se alega la reserva, cuando el asunto, por
ejemplo, pueda decidirse a partir de la tipología o condición general del documento o
de su descripción. Pero en aquellos casos en los que el contenido o información
específica del documento es la fuente de la reserva, aumenta la necesidad de valorar
los documentos solicitados, con el fin, no solo de establecer si la reserva encuadra
en las categorías legales, sino también, para determinar el riesgo derivado de su
publicación.”

22. En este caso, la FGN precisó y delimitó el contenido mismo del acta de la
sesión solicitada y que coincide con la petición elevada: aprobación de las listas de
elegibles resultantes del Concurso de Méritos FGN 2024. Por ello, esa Corporación
no encontró necesario requerir dicho documento. Adicionalmente y, en lo que

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respecta a la reserva alegada por la entidad, advirtió que, en la respuesta a la parte
peticionaria, indicó de forma genérica que «las actas de la Comisión de la Carrera
Especial están revestidas de reserva legal por interés público y por contener
consideraciones, opiniones o puntos de vista dentro de un proceso deliberatorio de los
servidores» (parág. art. 19 L.1712/14).

23. Por tanto, como la Fiscalía no delimitó la reserva de la información de forma
concreta y específica a dicha acta, frente a la cual, no advirtió que se hubiese
discutido temática diferente a la aprobación de las listas de elegibles, materializado
en las resoluciones cuya publicación ya se había realizado en la página web de la
entidad, la sentencia no adolece del defecto fáctico alegado.

24. De otra parte, precisó que la sentencia no está incursa en el defecto
sustantivo alegado por aplicación irrazonable de la regla de reserva prevista en el
parágrafo del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 y por no distinguir entre el acto
final adoptado (resoluciones) y el soporte deliberativo en el que constan opiniones,
argumentos y discusiones, en la medida en que:

(i) La publicación de las resoluciones mediante las cuales se adoptó la lista
de elegibles, efectuada en la página web de la entidad el 2 de febrero de
2026, esto es, con anterioridad a la radicación de la solicitud (6 de
febrero). Así, en razón a que la sesión, cuya acta se solicita, versó sobre
la adopción de dichas listas, la reserva que impone el parágrafo del
artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, a la fecha, ya no es razonable ni
proporcional al fin que persigue: las decisiones (proceso deliberativo)
fueron adoptadas sin interferencia y presiones externas y se concretaron
en las resoluciones publicadas.

(ii) El incumplimiento de la carga argumentativa de la entidad de acuerdo
con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014, pues, no
basta con que se enuncie de forma general la norma en la que se
fundamenta la reserva de la información, como ocurrió en este caso, sino
que, la misma debe justificarse y soportarse debidamente (razones y
pruebas).

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Adicional a lo anterior, la FGN señala en la tutela que la orden judicial
impone la entrega íntegra del acta sin examinar si procedía, en su caso,
una solución menos intensa, como la separación de apartes o la
exclusión de fragmentos eventualmente protegidos. Sobre el particular,
insistió en que, la entidad no indicó que se hubiese discutido temática
diferente a la aprobación de las listas de elegibles y sobre la cual proceda
la reserva invocada, sin que se advierta que hubiese manifestado lo
contrario en la presente acción constitucional.

25. 2.1.2. La agrupación sindical ACEP NACIONAL pidió que se nieguen las
pretensiones de la tutela, para lo que argumentó que, la Fiscalía General de la
Nación sostiene erróneamente que el acta de la sesión de la Comisión de la Carrera
Especial goza de una reserva absoluta al amparo del parágrafo del artículo 19 de
la Ley 1712 de 2014, por el contenido de opiniones o puntos de vista deliberativos.

26. Sin embargo, las reservas legales fundadas en procesos deliberativos no
son eternas ni estáticas; por el contrario, estas decaen materialmente una vez la
decisión administrativa ha sido adoptada y publicada. El proceso deliberativo
adelantado por la Comisión respecto al Concurso de Méritos FGN 2024 concluyó y
se materializó de forma definitiva, como lo reconoció el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; ello tiene razón de ser porque el 2 de febrero de 2026 se publicó
oficialmente las Resoluciones 0005 y 0006 del 29 de enero de 2026, actos
administrativos mediante los cuales se conformaron y adoptaron de manera
definitiva las listas de elegibles.

27. La finalidad constitucional de la reserva deliberativa es proteger la
independencia y libertad de opinión de los servidores públicos, únicamente
mientras se debate y adopta la decisión, evitando interferencias externas en la
construcción de la voluntad estatal. Una vez materialice en actos administrativos
definitivos, se surten a cabalidad sus efectos jurídicos ante terceros, como ocurrió.

28. En consecuencia, la condición material que justificaba el secreto desaparece
por sustracción de materia, provocando el inmediato decaimiento de la reserva.
Ahora, el hecho que la Fiscalía General de la Nación pretenda mantener la reserva
a la fecha, constituye una flagrante violación al principio de publicidad. Ocultar el
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soporte documental de los actos administrativos definitivos desnaturaliza
plenamente los fines de la Ley 1712 de 2014 e impide de forma arbitraria e
injustificada que la agrupación sindical ACEP NACIONAL ejerza su derecho
legítimo al control social y la veeduría sobre la Carrera Especial, concluyéndose
que, la restricción impone un sacrificio desproporcionado a los derechos de la
agrupación sindical ACEP NACIONAL para proteger un interés deliberativo
ineficaz, pues el proceso ya terminó, y, contrario a ello, la entidad expone riesgos
meramente especulativos que no fueron demostrados.

29. La Fiscalía General de la Nación exhibe una conducta abiertamente
renuente frente al fallo derivado del recurso de insistencia, al punto que, el presente
trámite constitucional se origina para continuar vulnerando de los derechos
fundamentales de petición y acceso a la información pública, ante la negativa
injustificada frente la entrega de los documentos requeridos en el primer punto de
la solicitud del 6 de febrero de 2026.

30. La acción de tutela resulta improcedente contra providencia judicial, lo cual,
resulta jurídicamente inaceptable, en consideración a que, luego de haberse
agotado el debate procesal y existir una orden judicial en firme que ampara los
derechos de la organización sindical ACEP NACIONAL, es instrumentalizada la
acción de tutela como un mecanismo evasivo para desacatar lo ordenado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

31. El recurso de insistencia comparte una naturaleza de cierre análoga a la de
la acción de tutela en el ámbito específico del derecho de acceso a la información
pública. Ante la persistente negativa de la administración, la insistencia constituye
el recurso como la última garantía constitucional y legal para salvaguardar el
derecho fundamental de petición, operando como una instancia definitiva de
protección para la Organización Sindical ACEP NACIONAL y a quienes representa.

32. Por consiguiente, pretender reabrir una discusión judicial configura un abuso
desmedido del derecho que lesiona gravemente el principio de seguridad jurídica y
los fines esenciales de la administración de justicia.

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33. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca constató que el proceso
deliberativo ya concluyó y se materializó, las decisiones derivadas de esa sesión
fueron publicadas el 2 de febrero de 2026. Ocultar un documento preparatorio que
soporta una decisión ya consolidada y de conocimiento público no es un medio apto
para proteger a los funcionarios de «interferencias», dado que, la etapa de
deliberación es un hecho superado fáctica y temporalmente. Por tanto, como lo
señaló el Tribunal, debe prevalecer el principio de máxima publicidad para el titular
universal, frente a la negativa de la administración, que resulta una restricción
inconstitucional y desproporcionada que hace imperativa la entrega de la
información.

34. Finalmente, dilatar el cumplimiento de la sentencia de insistencia del veinte
(20) de mayo de dos mil veintiséis (2026) genera una afectación a la agrupación
sindical al establecer una barrera jurídica, vulnerando derechos fundamentales al
acceso a la información pública, derecho de petición, acceso a los documentos
públicos, al control social y a la veeduría de los concursos de méritos, trabajo
imperioso y urgido que desarrolla ACEP NACIONAL en pro de los intereses de la
colectividad y de los trabajadores aspirantes dentro del proceso de selección FGN
2024

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

35. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela
en virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983
de 2017 y 333 de 2021.

3.2. La acción

36. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta
Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000
y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los
derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata
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de ellos cuando quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3. Problema jurídico

37. Se contrae a determinar si la acción de tutela es procedente para examinar
si la sentencia del veinte (20) de mayo de dos mil veintiséis (2026) proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C
incurrió en los defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente.

3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales

38. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional1 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado2, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

39. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)

1 Sentencia C-590 de 2005.
2 Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth

García González.
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cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

40. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

41. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado
reviste de relevancia constitucional, pues, recae sobre la presunta configuración de
los defectos fáctico y sustantivo en la providencia censurada; lo cual, de
comprobarse, vulneraría los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia de la entidad accionante; (ii) contra la decisión objeto
de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que
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originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que, no transcurrieron más
de 6 meses entre la expedición de la providencia cuestionada y la interposición de
la acción de tutela; y (v) la sentencia acusada no obedece a una de tutela.

3.4.1. Defecto sustantivo

42. El artículo 230 de la Constitución Política prevé que, los jueces se encuentran
sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades
judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que regulan
la materia, como expresión del principio de legalidad.

43. La jurisprudencia constitucional3 ha estimado que, la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro
en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé
lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de
los derechos constitucionales4.

44. Ahora bien, el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i)
como causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial
cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo
241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia5, y la segunda hace referencia a cuando la

3 Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
4 Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
5 Sentencia T-360 de 2014: “[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias
de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad

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autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin
justificación suficiente, lo que lleva a concluir que, la providencia adolece de un
defecto sustantivo6, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe7.

3.4.2. Defecto fáctico

45. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por

defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 8.

46. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en
los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra9.

3.5. Caso concreto

47. En el presente asunto, la Fiscalía General de la Nación cuestiona la providencia
del veinte (20) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026) mediante la cual, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró mal denegada la solicitud relacionada en
el punto 1 de la petición formulada el seis (6) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
por ACEP NACIONAL y, en consecuencia, le ordenó a la entidad que, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esa providencia, proporcione

condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional
a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
6 Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995

M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel
José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
7 Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P.

Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
9
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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la copia del acta de la sesión realizada el veintinueve (29) de enero de dos mil
veintiséis (2026) por la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de
la Nación, en relación con el concurso de méritos FGN 2024.

48. Al respecto, manifiesta que, la providencia adolece de defecto sustantivo por

desconocimiento del precedente constitucional, puesto que, en su criterio, aplicó de
manera descontextualizada las sentencias T-527 de 2005, C-860 de 2007, C-491
de 2007 y C-274 de 2013.

49. Con el fin de desatar el problema jurídico planteado, la Sala recuerda el análisis

efectuado por el Tribunal en la providencia censurada:

«La FGN10 respalda su respuesta en el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1712 de
201411:

“ARTÍCULO 19. INFORMACIÓN EXCEPTUADA POR DAÑO A LOS INTERESES
PÚBLICOS. Es toda aquella información pública reservada, cuyo acceso podrá ser
rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes
circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una
norma legal o constitucional:

(…)

PARÁGRAFO. Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones
o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores
públicos” (destacado).

Así mismo, la entidad hace referencia al artículo 41 de la Directiva interna 001 del 3
de enero de 202212, el cual desarrolla la disposición normativa antes transcrita:

“41. Opiniones de servidores públicos en procesos deliberativos. Los documentos que
contienen opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los
servidores públicos son reservados, por lo cual, puede negarse su acceso. Entre ellos
se encuentran actas de comités, juntas, documentos preparatorios y en los que consten
discusiones internas.” (Destacado).

Con base en la norma en la que la entidad fundamenta la restricción, se destaca el
artículo 22 de la Ley 1712 de 2014, que señala que “(…) la reserva de las
informaciones amparadas por el artículo 19 no deberá extenderse por un periodo
mayor a quince (15) años”. Así, se tiene que el legislador dispuso un techo temporal
para la viabilidad de la reserva de las informaciones señaladas en el referido artículo
19, el cual aplica igualmente a la dispuesta en su parágrafo, cuyo vencimiento trae
como consecuencia la publicidad de la información.

10 Subdirección de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial.
11 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública

Nacional y se dictan otras disposiciones.
12 Por la cual se establecen lineamientos en materia de derechos de petición y acceso a la información.

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Ahora, dicho periodo de 15 años de reserva no es un límite absoluto para todos los
asuntos, pues, a juicio de la Corte Constitucional13, el plazo máximo está sometido a
un test de razonabilidad y su extensión dependerá, en cada caso, “(…) que las
condiciones materiales que justificaron la reserva se mantengan a lo largo de todo el
período. Sólo en esas condiciones ese plazo resulta razonable y acorde con los
derechos de petición, de información y del libre acceso a los documentos públicos,
así como a los principios de la función pública, consagrados en los artículos 20, 23,
74 y 209 de la Carta”. Por ello, no es admisible manifestar, sin más, el plazo máximo
de los 15 años de reserva pues, la autoridad deberá justificar que la reserva es válida
según las condiciones materiales del asunto objeto de información.

En este caso, la Subsección no desconoce que el proceso deliberativo de los
servidores del estado es confidencial, ya que les permite adoptar decisiones sin
interferencia y presiones externas. Sin embargo, se tiene que la reserva que impone
el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 – en este momento –, no es
razonable y proporcional al fin que persigue: (i) según se advierte en la página oficial
de la FGN14, el 2 de febrero de 2026 la Comisión de la Carrera Especial de la entidad
publicó los actos administrativos por medio de los cuales se conformaron y adoptaron
las listas de elegibles resultantes del Concurso de Méritos FGN 2024
específicamente las Resoluciones 000515 y 0006 del 29 de enero de 202616, decisión
que se adoptó en sesión ordinaria de esa misma fecha; y (ii) la FGN no precisó ni
justificó la necesidad de mantener la reserva de la información contenida en el acta
solicitada.

Frente a este último punto, se trae a colación lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 1712 de 201417, disposición que no fue acatada por la entidad en la respuesta
emitida:

“ARTÍCULO 28. CARGA DE LA PRUEBA. Le corresponde al sujeto obligado aportar
las razones y pruebas que fundamenten y evidencien que la información solicitada
debe permanecer reservada o confidencial. En particular, el sujeto obligado debe
demostrar que la información debe relacionarse con un objetivo legítimo establecido
legal o constitucionalmente. Además, deberá establecer si se trata de una excepción
contenida en los artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación de la información
causaría un daño presente, probable y específico que excede el interés público que
representa el acceso a la información”.

Así, como quiera que ya se encuentran publicados los actos cuya decisión fue
adoptada en sesión adelantada por la Comisión de la Carrera Especial de la FGN y,
ante la ausencia de motivación expresa y concreta de mantener la reserva de la
información, no es razonable la restricción invocada sobre el acta de dicha sesión.

13 Sentencia C-274/13.
14 https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/ofertas-de-empleo/lista-de-elegibles-concurso-de-meritos-
2024/
15 Para proveer 419 vacantes definitivas del empleo denominado Fiscal Delegado ante Jueces Penales del

Circuito Especializados, identificado con el código OPECE No. I-102-M-01-(419), en la modalidad de ingreso.
16 Para proveer 1 vacante definitival empleo denominado Fiscal Delegado ante Jueces Penales del Circuito

Especializados, identificado con el código OPECE No. I-102-M-SAI-(1), en la modalidad de ingreso.
17 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública

Nacional y se dictan otras disposiciones.
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Por lo anterior y en decisión mayoritaria, se accederá a la petición elevada en el
punto 1 de la solicitud elevada el 6 de febrero de 2026, relacionada con el acta de
sesión llevada a cabo el 29 de enero de 2026 por la Comisión de la Carrera Especial
de la FGN, pues goza del principio de máxima publicidad18, atendiendo a que,
conforme a los principios instituidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-951
de 2014, el Estado tiene la carga de acreditar la reserva de la información, sin que,
en este caso, la FGN hubiese cumplido con ello.»

50. De lo anterior se colige que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se

apoyó en dos razones para considerar que la entidad debía entregar al sindicato
peticionario el acta solicitada:

1) Que el dos (2) de febrero de dos mil veintiséis (2026), la Comisión de la
Carrera Especial publicó los actos administrativos por los cuales, se
conformaron y adoptaron las listas de elegibles resultantes del Concurso de
Méritos FGN 2024, por lo que, ya no existían razones para pensar que podría
darse alguna interferencia o presión externa al conocer la deliberación
realizada; y
2) Que la entidad no precisó ni justificó la necesidad de mantener la reserva de
la información contenida en el acta.

51. Sobre estos argumentos, la entidad expone en la demanda de tutela que, dicha
información debe conservar su reserva porque así lo dispone la ley; sin embargo,
no se observa que, en sede administrativa, y tampoco, que, en esta sede
constitucional, argumentara las razones por las cuales, es necesario mantener la
reserva, tal como lo exige el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014.

52. Si bien es cierto, tal como lo explicó el Tribunal, la referida ley dispone la reserva

de actas de comités, no es menos cierto que, la misma norma contempla, en su
artículo 28, la carga en cabeza de la autoridad obligada de aportar las razones y
pruebas que fundamenten y evidencian que la información solicitada debe
permanecer reservada o confidencial, por lo que, no basta invocar la reserva sino
que, debe exponer, además, que la revelación de la información causaría un daño
presente, probable y específico. Así lo dispone dicho artículo:

18 Ley 1712 de 2014, artículo 2. Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en

posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por
disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley. (Destacado).
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ARTÍCULO 28. Carga de la prueba. Le corresponde al sujeto obligado aportar las razones y
pruebas que fundamenten y evidencien que la información solicitada debe permanecer
reservada o confidencial. En particular, el sujeto obligado debe demostrar que la información
debe relacionarse con un objetivo legítimo establecido legal o constitucionalmente. Además,
deberá establecer si se trata de una excepción contenida en los artículos 18 y 19 de esta ley
y si la revelación de la información causaría un daño presente, probable y específico que
excede el interés público que representa el acceso a la información.

53. Así las cosas, la Sala echa de menos que la entidad expusiera esas razones

ante la autoridad judicial encargada de resolver el recurso de insistencia, pues, su
reproche se centra en el argumento según el cual, el documento es reservado por
disposición legal pero, no se observa que señalara razones adicionales a fin de
acreditar que la información solicitada debe permanecer reservada o confidencial,
tal como lo exige la Ley 1712 de 2014, de ahí que, no es dable concluir que, el
Tribunal incurriera en defecto sustantivo o que hubiera omitido analizar algún
argumento relevante, de manera que sus conclusiones puedan calificarse como
irrazonables o caprichosas.

54. Tampoco se advierte una consideración descontextualizada de la jurisprudencia

en la que se apoyó para adoptar su decisión. Veamos:

55. La sentencia C-860 de 2007, efectivamente, sostuvo que, las excepciones al

principio general de publicidad de la información sólo pueden estar establecidas por
la ley, deben sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad y deben
ser temporales, como a continuación se observa:

8.2.4.1. Sólo pueden ser estipuladas por ley. En relación con la reserva de ley para
imponer restricciones al derecho de acceso a los documentos públicos, la Corte ha
señalado que, si bien el artículo 74 autoriza que se establezcan excepciones a este
derecho por medio de la ley, no especifica un tipo especial de ley. En consecuencia,
aunque no se requiera de ley estatutaria, tales limitaciones deben estar
contempladas en una ley ordinaria o, en su caso, en un decreto con fuerza de ley,
como los expedidos en virtud de la delegación de competencias que puede efectuar
el Congreso con fundamento en el artículo 150, numeral 10, de la Constitución.19

8.2.4.2. Tales excepciones deben sujetarse a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, e igualmente estar relacionadas con la protección de derechos
fundamentales, como es el caso de la intimidad, o de valores constitucionalmente
protegidos, como sucede con la seguridad y la defensa nacional20.

19 Cfr. sentencia C-872/2003.
20 Cfr. sentencia T-527/2005.

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8.2.4.3. Deben ser temporales, en la medida en que la ley debe fijar un plazo
después del cual los documentos pasan al dominio público.

56. Sin embargo, no puede desconocerse que, dicha sentencia, se profirió en sede

de control de constitucionalidad de una norma que estableció la reserva de cierta
información, por lo que, naturalmente, sus referencias se encaminan a examinar
una norma y ello, por sí solo, no implica que el Tribunal no pudiera traer a colación
dichas consideraciones, puesto que, en todo caso, es la Ley 1712 de 2014 la que
prevé la carga de la prueba que, en criterio del tribunal, no fue cumplida por la
entidad para mantener la reserva.

57. De otra parte, la sentencia T-527 de 2005 fue proferida por la Corte
Constitucional en sede de tutela, en la que, abordó consideraciones generales
sobre el derecho fundamental de acceso a documentos públicos y sus limitaciones,
lo que, de ninguna forma, puede considerarse excluyente de manera que no fuera
dable al Tribunal hacer referencia a las mismas.

58. Igual situación ocurre con la referencia realizada de la sentencia C-491 de 2007,

puesto que, en ella, además de reiterar las consideraciones respecto de la
consagración legal de la reserva, se precisó:

«12) En estrecha relación con las consideraciones anteriores, la Corte ha
considerado que corresponderá al juez que ejerce el control sobre la decisión de no
entregar determinada información, definir si tal decisión se encuentra soportada de
manera clara y precisa en una ley y si la misma resulta razonable y proporcionada al
fin que se persigue. Al respecto ha dicho la Corte:

“Aún cuando el derecho de acceso a los documentos públicos puede ser
limitado por el legislador por disposición del artículo 74 de la Constitución
Política, como se hizo con relación a la defensa o seguridad nacional, el
escrutinio judicial sobre la restricción que a la consulta y expedición de copias
de documentos públicos hagan las autoridades, no se agota con la simple
verificación de que dicha acción se fundamenta en normas jurídicas y que
éstas tengan rango de ley, sino que además debe examinarse la
proporcionalidad de la restricción de cara a los derechos, principios y valores
constitucionales que resulten afectados con la medida. (…) el operador jurídico
no sólo debe valorar que una norma de rango legal autorice la reserva del documento,
sino cuáles derechos, principios y valores constitucionales están afectados con la
restricción, ya que en algunas ocasiones deberán prevalecer los derechos, valores y
principios que inspiran la confidencialidad de la información, y en otros, los que se le
oponen. Así las cosas, ponderados los intereses en juego, puede que la reserva de
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un documento prevalezca ante derechos como a la información; pero debe ceder
frente a otros como los derechos a la defensa y de acceso a la administración de
justicia, los cuales, prima facie, tienen mayor importancia en las sociedades
democráticas modernas.”21»22 (negrillas de esta Sala).

59. Dicha sentencia, entonces, no fue considerada de manera descontextualizada.
De hecho, en ella se precisó que, el juez que adelante el control sobre la decisión
de no entregar determinada información no debe limitarse a la verificación objetiva
de la existencia de la ley que establezca la reserva, sino que, además, deberá
analizar la proporcionalidad de la restricción de cara a los derechos, principios y
valores constitucionales que resulten afectados con la medida, lo que, en efecto,
hizo el Tribunal en la sentencia cuestionada.

60. Finalmente, frente a la sentencia C-274 de 2013, que, en criterio de la entidad,

también fue aplicada de manera descontextualizada, la Sala advierte que, en dicha
providencia, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 19 del proyecto de
ley que se convertiría en la Ley 1712 de 2014, en el entendido que, la norma legal
que establezca la prohibición del acceso a la información debe (i) obedecer a un fin
constitucionalmente legítimo e imperioso; y ii) no existir otro medio menos restrictivo
para lograr dicho fin. Para adoptar esa decisión, la Corte consideró:

«A la luz de los parámetros constitucionales señalados en la sección 3.2. para que
sea posible restringir el acceso a información pública para proteger intereses
públicos, no sólo es necesario que el acceso a tal información tenga la posibilidad
real, probable y específica de dañar esos intereses, sino que el daño a los mismos
sea “significativo.” Estos criterios deberán examinarse en cada caso concreto,
frente a los intereses autorizados en el artículo 19.

No obstante lo anterior, observa en primer lugar la Corte que el listado incluido en el
artículo 19 cobija tanto intereses públicos como materias generales. El artículo
emplea la expresión “circunstancias,”23 como encabezado del listado de intereses
protegidos, pero en realidad no se refiere a ninguna circunstancia particular que
justifique la reserva, sino que directamente hace una remisión a materias o intereses
generales protegidos que en teoría justifican la misma.

Tal como quedó finalmente redactado el inciso primero del artículo 19, parecería que
no cumple en la actualidad los estándares constitucionales que garantizan que la
restricción de acceso no sea el resultado de un acto arbitrario del sujeto obligado,
como señalan algunos intervinientes. No obstante, una lectura sistemática de este
21 Sentencia T-928 de 2004.
22 C-491 de 2007.
23 La referencia a una circunstancia particular estaba en el texto aprobado en la Plenaria del Senado, y se

refería que el acceso “pudiera dañar significativamente los intereses públicos señalados expresamente,” pero
este texto fue suprimido en la Plenaria de la Cámara, y al hacerse la conciliación de los textos, el Congreso
optó por una redacción en la que se suprimió la referencia precisa a la circunstancia que justifica tal restricción.
Ver Gacetas del Congreso No. 77 y 277 de 2012.
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artículo con el artículo 29 del proyecto, permite concluir que en realidad el proyecto
sí exige el cumplimiento de ciertas circunstancias que deben ser probadas por el
sujeto obligado.

A pesar de que el texto del artículo 19 no expresa tales criterios ni cualifica la
motivación que debe presentar el sujeto obligado, la carga probatoria que debe
cumplir éste, fue expresamente recogida en el artículo 29 de este proyecto. Por ello,
el sujeto obligado que niegue el acceso a un documento información pública,
alegando su carácter reservado deberá (i) hacerlo por escrito y demostrar que (ii)
existe un riesgo presente, probable y específico de dañar el interés protegido, y (iii)
que el daño que puede producirse es significativo. Por lo que no encuentra la Corte
que respecto del artículo 19 exista reproche constitucional.

En cuanto el listado de intereses públicos protegidos señalados en los literales del
artículo 19, a la luz de lo dicho previamente, a pesar de la aparente generalidad de
los términos empleados por el legislador estatutario para su consagración, la
posibilidad de que tales intereses en concreto den lugar a una prohibición de
publicidad o al establecimiento de una reserva depende en todo caso de que dicha
restricción obedezca a un interés legítimo e imperioso y no exista otro medio menos
restrictivo para garantizar dicho interés.»

61. Así las cosas, la Corte declaró la exequibilidad de la norma, únicamente porque

encontró, al leerla armónica y sistemática con el artículo 29 del mismo proyecto
(artículo 28 de la Ley 1712 de 2014), que la exigencia expresa al sujeto obligado
de acreditar, por escrito, que existe un riesgo presente, probable y específico de
dañar el interés protegido, y que el daño que puede producirse es significativo,
ajusta dicha restricción a los estándares constitucionales que garantizan que la
restricción de acceso a la información no sea el resultado de un acto arbitrario del
sujeto obligado.

62. En efecto, al analizar el artículo 29 del proyecto de ley (artículo 28 de la Ley 1712

de 2014), que consagró la carga de la prueba en cabeza de la entidad, la Corte
consideró:

«El artículo 29 establece que es el sujeto obligado bajo cuyo control se encuentra un
documento público, quien tiene la carga de la prueba cuando ha invocado que éste
debe permanecer en reserva, con base en alguna de las excepciones contenidas en
los artículos 19 y 20 del proyecto de ley.24

En ese evento, debe expresar las razones que fundamentan la negativa, esto es, que
se trata de una de las excepciones autorizadas en los artículos 18 y 19 del proyecto,
así como las pruebas que evidencian que la información solicitada debe permanecer
en reserva dado que el daño que puede causar permitir su acceso es real, probable

24 El artículo cita erróneamente la numeración de las disposiciones que establecen las excepciones.

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y específica, y que tal daño excede el interés público que representa el acceso a la
información.

Contrario a lo que afirma el Procurador General de la Nación y otro de los
intervinientes, los criterios elegidos por el legislador para definir la carga probatoria y
argumentativa que debe cumplir el sujeto obligado son compatibles con la protección
constitucional que en nuestro ordenamiento tiene el derecho fundamental a acceder
a la información pública.

Los adjetivos empleados por el legislador, lejos de ser ambiguos, recogen el estándar
probatorio constitucional e internacional que se ha empleado para valorar si la
denegación a acceder a un documento público, es un acto arbitrario o un acto legítimo
amparado por la Constitución y la ley.

Dado que la regla general consiste en permitir el acceso ciudadano a todos los
documentos públicos, constituye un deber constitucional que quien deniega
su acceso alegando la existencia de una reserva, demuestre que su decisión
no es acto arbitrario,25 sino el resultado de una decisión administrativa legítima,
responsable, juiciosa y respetuosa de los derechos ciudadanos y acorde con
los deberes que tienen los servidores públicos.

Estas exigencias aseguran la protección máxima del derecho a acceder a
documentos públicos y evitan la actuación discrecional y arbitraria del Estado,
que resulta acorde con los parámetros constitucionales que protegen los
derechos de petición, información, acceso a la información, la libertad de
prensa, la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos políticos, y en
esa medida es compatible con la Carta.

Por las razones anotadas, esta disposición será declarada exequible, en el entendido
de que los artículos a los que se refiere esta disposición, es a los artículos 18,
(Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas) y
19 (Información exceptuada por daño a los intereses públicos) y no a los artículos 19
y 20 como dice actualmente el texto.» (negrillas de esta Sala).

63. Por tanto, no se observa que las referencias jurisprudenciales efectuadas por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca se descontextualizaran o aplicaran de
manera inadecuada, y menos aún que, como lo afirma la entidad, de estas se deba
entender que el análisis de los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad de
la reserva únicamente es exigible al Legislador al momento de expedir la norma
contentiva de la reserva.

64. Por tanto, se concluye que, al resolver el recurso de insistencia, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no estaba limitado a verificar la consagración

25 Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 98.

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Accionantes: Fiscalía General de la Nación
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

objetiva de la reserva, puesto que, conforme a la jurisprudencia constitucional
trascrita, es deber de las autoridades judiciales competentes para resolver el
recurso de insistencia, analizar la proporcionalidad y razonabilidad de mantener la
reserva del documento solicitado, lo que, imponía verificar si la Fiscalía General de
la Nación había cumplido la carga de la prueba prevista en el artículo 28 de la Ley
1712 de 2014.

65. Al respecto, concretamente, el Tribunal insistió en que, la Fiscalía no puso de

presente argumento alguno que evidenciara que, en la sesión en la que se aprobó
el acta solicitada, se hubiese discutido temática diferente a la aprobación de las
listas de elegibles, materializado en las resoluciones cuya publicación ya se había
realizado en la página web de la entidad, por lo que, esta Sala descarta la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la entidad accionante.

66. Así las cosas, no es plausible calificar la sentencia cuestionada como
constitutiva de defecto sustantivo en las modalidades alegadas, puesto que, como
quedó visto, la autoridad judicial demandada debía analizar la proporcionalidad y
razonabilidad de la restricción invocada por la Fiscalía, entidad que, se repite, no
aportó argumentos adicionales a la consagración normativa de la reserva para
justificar la negativa en su entrega.

67. Finalmente, en relación con el defecto fáctico alegado por la entidad, consistente

en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no valoró el contenido del acta
para resolver el recurso de insistencia, es pertinente recordar que, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-482 de 2024, precisó que, para el funcionario
judicial no es un imperativo legal solicitar copia de los documentos cuya divulgación
deba decidir conforme o dispone el artículo 26-1 del CPACA, sino que, se trata de
un poder discrecional que debe utilizarse adecuadamente, de acuerdo con lo que
resulte necesario para la correcta decisión del recurso:

«151.- El inciso 2 y el numeral 1° del artículo 26 del CPACA disponen que, para
decidir el recurso de insistencia:

“el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez
administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se
interrumpirá en los siguientes casos:

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1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los
documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que
requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente”.

152.- Como se advierte, dicha disposición confiere un amplio margen de
discrecionalidad al funcionario judicial para que decida si solicita o no los
documentos respecto de los cuales se alegó la reserva y, por ende, entrega una
amplia discrecionalidad para decidir si los valorará o no, al momento de decidir
el recurso. Así mismo, le permite determinar si requiere cualquier otra
información que estime conveniente.

153. A pesar de que no sea un imperativo legal que el juez de insistencia, en todos
los eventos, deba solicitar y valorar directamente los documentos respecto de los
cuales se denegó el acceso, dicho poder discrecional debe utilizarse
adecuadamente, de acuerdo con lo que resulte necesario para la correcta decisión
del recurso.

154.- Al respecto, el juez podrá decidir el recurso de insistencia, sin acceder
directamente los documentos respecto de los cuales se alega la reserva, cuando el
asunto, por ejemplo, pueda decidirse a partir de la tipología o condición general del
documento o de su descripción. Pero en aquellos casos en los que el contenido o
información específica del documento es la fuente de la reserva, aumenta la
necesidad de valorar los documentos solicitados, con el fin, no solo de establecer si
la reserva encuadra en las categorías legales, sino también, para determinar el riesgo
derivado de su publicación» (negrillas de esta Sala).

68. Por tanto, la autoridad judicial que resuelve el recurso de insistencia no está en
el imperativo legal de acceder directamente a los documentos respecto de los
cuales, se alega la reserva, sino que, por el contrario, cuenta con un amplio margen
de discrecionalidad para decidir si solicita o no los documentos respecto de los
cuales, se invoca la reserva, razón por la que, el hecho que, el Tribunal no
considerara necesario requerir dicha documentación no es constitutivo del defecto
fáctico endilgado.

69. Por las razones expuestas, se concluye que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca circunscribió su decisión a la interpretación de las normas aplicables
al asunto, de acuerdo con los parámetros desarrollados por la Corte Constitucional
en la materia, la cual, por ser razonable y estar suficientemente sustentada, debe
ser respetada en virtud de los principios de independencia y autonomía judicial.

70. Así las cosas, al no acreditarse los defectos sustantivo y fáctico, la Sala negará

el amparo constitucional solicitado por la Fiscalía General de la Nación. Asimismo,
se levantará la medida provisional decretada en el auto admisorio de la tutela del
Veinticinco (25) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026).

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IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad material, acceso al debido proceso, acceso a la administración de justicia
y defensa invocados por la Fiscalía General de la Nación, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO. LEVANTAR la medida provisional decretada mediante el auto
admisorio de la tutela proferido el Veinticinco (25) de Junio de Dos Mil Veintiséis
(2026).

TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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