Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04160-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04160-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04160-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
9 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-04160-01
Demandante JUAN IGNACIO RAMOS TRUJILLO
Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN C Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Retiro del servicio
por inasistencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Juan Ignacio Ramos Trujillo
contra el fallo de tutela de 26 de junio de 2026, proferido por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B que dispuso lo siguiente:
«(…) 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Juan Ignacio
Ramos Trujillo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia (…)».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 29 de mayo de 2026, el señor Juan Ignacio Ramos Trujillo interpuso acción de
tutela, en nombre propio, contra el Juzgado 56 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso administrativo, al trabajo y de acceso a la administración de justicia, con
ocasión de la sentencia de 4 de marzo de 2026, proferida en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-056-2024-00019-
00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Amparar los derechos fundamentales del señor Juan Ignacio Ramos Trujillo al debido
proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y, de manera consecuencial,
al trabajo.
2. Dejar sin efectos la Sentencia No. 0051 del 4 de marzo de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, dentro
del radicado 11001-33-42-056-2024-00019-01.
3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, que profiera una nueva sentencia
de segunda instancia, dentro del término que fije el despacho constitucional,
respetuosa de los derechos fundamentales del accionante.
4. Ordenar que la nueva providencia resuelva de manera expresa, material, congruente
y suficientemente motivada el cargo central de la apelación relativo a la configuración
estricta de la causal de retiro por inasistencia injustificada superior a diez días
consecutivos.
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Demandante: Juan Ignacio Ramos Trujillo
5. Ordenar que, al emitir la nueva sentencia, el Tribunal examine expresamente: i) el
alcance temporal de la incapacidad médica reconocida hasta el 4 de mayo de 2023; ii)
la orden de presentación del 1 de mayo de 2023; iii) la fecha de retiro del 11 de mayo
de 2023 fijada en la OAP No. 1488; iv) la fecha fiscal del 1 de mayo de 2023; v) la
imposibilidad de contar como injustificados los días cubiertos por incapacidad; vi) si la
ausencia posterior podía validar retrospectivamente el acto; y vii) la falta de aportación
de los soportes documentales del acto administrativo por parte de la entidad
demandada.
6. Disponer que el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá D.C. y las entidades vinculadas acaten la decisión que adopte el juez
constitucional, en lo que corresponda a sus competencias (…)».
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
2.1. El señor Juan Ignacio Ramos Trujillo prestó sus servicios a la Armada Nacional
durante más de 17 años. Desde el año 2022, el accionante puso en
conocimiento de la institución situaciones médico-familiares relevantes y
solicitó continuidad en la guarnición de Bogotá, circunstancia que fue conocida
dentro del expediente judicial.
Entre el 1o y el 30 de marzo de 2023, disfrutó sus vacaciones obligatorias y
durante ese periodo presentó un episodio clínico por el cual fue atendido en el
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en donde permaneció
hospitalizado entre el 30 de marzo y el 4 de abril de 2023. Posteriormente se
le expidió incapacidad médica por treinta (30) días, desde el 5 de abril hasta
el 4 de mayo de 2023.
Mediante comunicado 20230030641898163 del 20 de junio de 2023, la
Dirección de Personal de la Armada Nacional solicitó el inicio del proceso de
retiro del demandante.
Mediante Orden Administrativa de Personal OAP 1488 del 3 de agosto de
2023, la Armada Nacional dispuso su retiro absoluto por «inasistencia al servicio
por más de diez días consecutivos sin causa justificada», con fecha de retiro desde el
11 de mayo de 2023 y efectos fiscales desde el 1 de mayo de 2023.
2.2. El señor Juan Ignacio Ramos Trujillo radicó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa, Armada Nacional solicitando que se declarara la
nulidad del acto administrativo contenido en la OAP 1488 del 3 de agosto de
2023. Como restablecimiento del derecho solicitó su reintegro al servicio
activo, el pago de salarios y demás emolumentos dejados de percibir como
infante de marina profesional por su retiro hasta la fecha de reintegro.
2.3. Mediante sentencia de 27 de junio de 2025, el Juzgado Cincuenta y Seis
Administrativo de Bogotá (radicado 11001-33-42-056-2024-00019-00) negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.
La autoridad judicial explicó que sí se configuró la causal de retiro consagrada
en el artículo 8, literal b) numeral 1 del Decreto 1793 de 2000, pues el
demandante se ausentó por más de 10 días de manera injustificada.
La justificación de ausencia en el servicio por incapacidad médica tuvo
vigencia hasta el 4 de mayo de 2023 y con posterioridad a esa fecha no se
justificó la no presentación al servicio. Era su deber presentarse al día
siguiente una vez finalizada la situación que le impedía presentarse al
servicio. Sin embargo, el demandante no acreditó haberse presentado al
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servicio el 5 de mayo de 2023 y ni siquiera para la fecha en que el acto
demandado fue proferido, esto es el 3 de agosto de 2023.
En consecuencia, el término de 10 días del que tratan los artículos 7 y 8 del
Decreto 1793 de 20001 se superó ampliamente.
2.4. El demandante apeló la sentencia de primera instancia.
2.5. En sentencia de 4 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C confirmó la providencia
apelada. Consideró que, si bien el demandante afirmó que su incapacidad
culminaba el 4 de mayo de 2023, lo cierto es que no obra constancia ni prueba
alguna que acredite que dentro del término de 10 días siguientes a la
finalización de la incapacidad haya presentado justificación válida ante la
autoridad competente.
3. Fundamentos de la acción
La parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ya
que: (i) reviste relevancia constitucional pues se vulnera el derecho al debido
proceso, al convalidar la aplicación de una causal taxativa de retiro sin demostrar
estrictamente el elemento temporal, lo que demuestra que no es un asunto
meramente legal y que las providencias cuestionadas carecen de congruencia y
motivación suficiente; (ii) se agotaron todos los medios de defensa disponibles,
pues se surtió la primera y segunda instancia del medio de control; (iii) se cumple
con el requisito de inmediatez ya que la tutela se interpone dentro de un término
razonable, contado desde la notificación del fallo de segunda instancia; y (iv) se
presentó una irregularidad procesal determinante consistente en que no podía ser
convalidado el acto administrativo, sin una explicación estricta, coherente y
suficiente.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia de segunda instancia en el
medio de control incurrió en un defecto sustantivo, fáctico y violación directa de la
Constitución.
3.1. Defecto sustantivo: Explicó que la causal de retiro contenida en el artículo 8,
literal b), numeral 1 del Decreto 1793 de 2000 es taxativa, restrictiva y de
configuración objetiva. Esta prevé el retiro absoluto por «inasistencia al servicio
por más de diez (10) días consecutivos sin causa justificada».
Las providencias accionadas reconocieron la incapacidad médica hasta el 4
de mayo de 2023. Por tanto, los días comprendidos entre el 1 y el 4 de mayo
no podían ser tratados como ausencia injustificada. Si el eventual conteo
comenzaba el 5 de mayo, para el 11 de mayo de 2023 (fecha de retiro
señalada en el acto administrativo demandado) no se había cumplido el
presupuesto legal de más de diez días consecutivos de ausencia injustificada.
Afirmó que la decisión judicial «sustituyó el análisis exigido por la norma por una
conclusión amplia basada en la ausencia posterior hasta agosto de 2023, desconectada del
momento específico en que la administración fijó el retiro».
3.2. Defecto fáctico: Sostuvo que la providencia cuestionada dio por acreditados
hechos con base en los considerandos del acto administrativo y en la
presunción de legalidad, pese a que la autoridad judicial de primera instancia
reconoció que la entidad demandada no aportó los antecedentes
administrativos del acto demandado como los oficios, memorandos, registros
1 Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares.
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de llamadas y comunicaciones que dijo haber utilizado para sustentar la
decisión de retiro.
Argumentó que la presunción de legalidad del acto administrativo no convierte
automáticamente sus considerandos en prueba plena ni exonera al juez de
verificar, con el acervo probatorio, si se configuró el presupuesto temporal
estricto de la causal. Aun así, tanto la primera como la segunda instancia
terminaron validando el retiro con base en la narrativa contenida en el acto
administrativo demandado, como si sus consideraciones sustituyeran la
prueba de los hechos controvertidos.
Por lo mismo, sostuvo que las providencias accionadas terminaron
sustituyendo la motivación administrativa al validar el retiro. Esa sustitución
resulta constitucionalmente problemática porque el juez no puede reconstruir
la causal de retiro para suplir la falta de demostración estricta del presupuesto
temporal en la fecha escogida por la administración. Si el acto dijo retirar desde
el 11 de mayo por inasistencia superior a diez días, el control judicial debía
verificar si a esa fecha efectivamente se había configurado el supuesto legal.
3.3. Decisión sin motivación: alegó que la sentencia tenía motivación aparente
y puramente formal porque, aunque el tribunal resolvió los puntos de
apelación, las respuestas brindadas resultaron insuficientes, incongruentes y
carentes de explicación material sobre los puntos decididos. Es así porque el
Tribunal aseguró que la ausencia injustificada fue del 5 al 10 de mayo de 2023,
pero no justificó «cómo podía validarse un retiro fijado desde el 11 de mayo de 2023 si
para esa fecha, descontada la incapacidad hasta el 4 de mayo, no se habían cumplido más
de diez días consecutivos sin causa justificada». La providencia se limitó a afirmar que
el actor no probó su reincorporación ni justificó posterior al vencimiento de la
incapacidad. Sin embargo, esa afirmación no resuelve el problema jurídico
realmente planteado, esto es si la causal verdaderamente se configuró para la
fecha de retiro que la administración fijó en el acto acusado.
3.4. Violación directa a la Constitución: señaló que se afecta el debido proceso
y el acceso a la administración de justicia.
3.5. Por otro lado, indicó que existe incongruencia externa porque el Tribunal no
respondió materialmente al cargo de apelación en los términos en que fue
formulado, pues se explicó que gracias a la incapacidad médica el conteo no
podía realizarse desde el 1 de mayo de 2023, de modo que no podía retirársele
el 11 de mayo de la misma anualidad.
3.6. Finalmente, concluyó señalando que como la incapacidad médica fue
reconocida hasta el 4 de mayo de 2023 no había lugar a concluir que los días
1, 2, 3 y 4 de mayo hubo ausencia injustificada. La ausencia injustificada solo
podía iniciar el 5 de mayo de 2023 y en ese escenario no podía señalarse que
el 11 de mayo de 2023 se alcanzaba el umbral legal de más de diez días
consecutivos de ausencia sin causa justificada.
4. Trámite e intervenciones
4.1. Mediante auto de 2 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela interpuesta
por el señor Juan Ignacio Ramos Trujillo contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y el Juzgado 56
Administrativo de Bogotá; se vinculó por tener interés al comandante de la
Armada Nacional; y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.
4.2. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó que se nieguen las pretensiones, pues la
inconformidad planteada en el escrito de tutela ya fue resuelta por el juez
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natural. Aseguró que hizo un estudio juicioso de las pruebas para arribar a la
decisión.
Mencionó que la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
naturaleza subsidiaria, residual y es excepcional, por lo que debe reservarse
para los casos en los que la decisión del juez natural resulte radicalmente
contraria a los principios de la Constitución o transgreda burdamente derechos
fundamentales. Sin embargo, en el caso planteado no se actuó con
arbitrariedad, vías de hecho ni desconocimiento de la ley o el precedente
jurisprudencial de la materia.
4.3. La Armada Nacional manifestó que no ha vulnerado ningún derecho
fundamental del accionante y que la competencia para atender a las
pretensiones del escrito de tutela es de las autoridades judiciales accionadas.
Solicitó que se abstuviera de emitirle órdenes dirigidas a su cargo.
4.4. El Juzgado 56 Administrativo de Bogotá adujo que conoció en primera
instancia la demanda presentada bajo el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Tras señalar las actuaciones surtidas en el proceso indicó que el asunto
planteado en el escrito de tutela, ya había sido decidido de fondo mediante
sentencia y que la acción de tutela se circunscribe al desacuerdo de la parte
demandante con las decisiones adoptadas, tanto en primera como en segunda
instancia.
5. Providencia impugnada
Mediante sentencia de 26 de junio de 2026, el Consejo de Estado, Sección Tercera
Subsección B declaró improcedente la acción de tutela por considerar que no se
cumple con el requisito de relevancia constitucional, puesto que la acción se está
empleando como una tercera instancia.
Sostuvo que los argumentos planteados en el escrito de tutela fueron debidamente
debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de apelación presentado
contra la providencia de primera instancia de 27 de junio de 2025. Explicó que en
el escrito de apelación la parte demandante también argumentó que entre el 1 al 4
de mayo de 2023 aún se encontraba incapacitado, por lo que no era posible retirarlo
del servicio el 11 de mayo de 2023 por una supuesta inasistencia de más de 10
días.
Señaló que en la sentencia cuestionada el Tribunal resolvió cada uno de los
cuestionamientos, puesto que advirtió que el actor no acreditó que dentro del
término de 10 días siguientes a la finalización de la incapacidad haya presentado
una justificación válida para su inasistencia al servicio.
Mencionó que los argumentos de la acción de tutela son similares a los del recurso
de impugnación pues se busca exclusivamente que se reconozca que no se cumplió
el presupuesto legal de los 10 días de inasistencia al servicio sin causa justificada,
sin plantear un problema de relevancia constitucional autónomo distinto de su mero
desacuerdo con la interpretación jurídica efectuada por el juez natural de la causa.
Al verificar que, los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela
son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
apelación y resueltos en la providencia cuestionada, advirtió que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es
reabrir un debate meramente legal y probatorio que era propio del trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y que se agotó al interior del
proceso ordinario.
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6. Impugnación
El tutelante impugnó la sentencia de primera instancia. Consideró que la decisión
impugnada aplicó indebidamente el requisito de relevancia constitucional, pues
convirtió la coincidencia parcial entre el cargo de apelación y el cargo constitucional
en una razón automática de improcedencia. Afirmó que el hecho de que en la
apelación se hubiera planteado que el conteo temporal fue incorrecto no demuestra
falta de relevancia constitucional, sino que corrobora que el cargo fue
oportunamente formulado y que el Tribunal tenía el deber de resolverlo.
Aseguró que el recurso de apelación no fue citado en la tutela para reabrir un debate
legal, sino para demostrar que el Tribunal tuvo conocimiento de que el requisito legal
de más de diez días consecutivos de inasistencia injustificada no se había cumplido
en el caso, por lo que no había lugar para retirarlo del servicio. Sostuvo que este
aspecto no fue abordado en la sentencia cuestionada.
Adujo que la relevancia constitucional del caso radica en que comprometía el debido
proceso en tres dimensiones «i) motivación suficiente; ii) congruencia frente al cargo central
de apelación; y iii) valoración probatoria compatible con el deber legal de allegar los antecedentes
administrativos».
Argumentó que los días 1, 2, 3 y 4 de mayo de 2023 no podían ser tratados como
inasistencia injustificada, pues el accionante estuvo incapacitado, y que la
inasistencia sólo podía contarse a partir del 5 de mayo de 2023. Puso de presente
que, desde esa fecha hasta el 11 de mayo de 2023 no trascurrieron más de 10 días.
Consideró que la sentencia de tutela de primera instancia se limitó a señalar que el
Tribunal sí estudió el asunto y que la parte actora buscaba reabrir el debate, pero
no analizó si la respuesta del Tribunal fue materialmente suficiente. Aseveró que la
sentencia no puede considerarse constitucionalmente válida por el solo hecho de
existir formalmente, pues no resolvió el núcleo del argumento.
De otra parte, el asunto no es meramente económico ni privado, pues lo que
pregunta es «si una persona puede ser retirada de una institución pública bajo una causal estricta
sin que los jueces verifiquen y expliquen suficientemente la configuración temporal de esa causal,
especialmente cuando existe una incapacidad médica reconocida y un déficit de antecedentes
administrativos aportados por la entidad».
Reprochó que, se le haya exigido una carga argumentativa desproporcionada, pues
se aplicó el estándar reforzado propio de tutelas contra providencias de altas cortes,
pese a que la acción de tutela presentada se dirige a cuestionar una providencia
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
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Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una mejor
fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el
análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los
argumentos planteados por los intervinientes.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar la
improcedencia de la acción de tutela a falta del requisito de relevancia
constitucional.
Solo en caso de superar dicho análisis, y de encontrar satisfechos todos los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial, se determinará si al proferir la sentencia de 4 de marzo de 2026, la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en alguno de los defectos alegados por la parte actora.
4. Alcance del requisito de la relevancia constitucional de la tutela contra
providencia judicial
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces,
está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
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Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
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Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
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Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores5.
La Corte Constitucional ha precisado que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales.
Para la verificación de este requisito, le corresponde al juez constitucional verificar
que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional al proceso
en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le corresponde
estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia
cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si estos fueron
resueltos integralmente por el juez natural.
5. Análisis del caso
5.1. Como se desprende de lo expuesto previamente, el cumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, tratándose de tutela contra providencia judicial,
implica un conjunto de elementos que deben reunirse. En ese sentido, son
varios los aspectos que se estudian a fin de definir si un asunto es de
relevancia constitucional. Entre estos elementos, se requiere que la acción
constitucional no se esté empleando como una instancia adicional para reabrir
el mismo debate ya surtido ante el juez natural, que se cumpla con una carga
argumentativa suficiente, entre otras condiciones.
Para verificar que la tutela no se esté utilizando como una instancia adicional,
al juez le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que
se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela
son iguales o semejantes.
Justamente, la Sala encuentra que en el caso la acción constitucional se está
empleando como una tercera instancia, en tanto que los argumentos
mencionados en el escrito de tutela ya fueron objeto de debate ante el juez
natural.
En el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia, así como en la tutela, también se alegaron los siguientes
argumentos:
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A saber: Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción
de tutela.
Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La
discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida
la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04160-01
Demandante: Juan Ignacio Ramos Trujillo
§ Que resulta contradictorio afirmar, por una parte, que el demandante sí se
encontraba con incapacidad laboral que justificó su inasistencia hasta el 4
de mayo de 2023 y, por otra, que se cumplieron los más de diez días
consecutivos de inasistencia sin causa justificada el 11 de mayo de 2023.
§ Que el demandante solo dejó de asistir al servicio sin causa justificada y
de forma consecutiva desde el 5 al 10 de mayo de 2023, es decir 5 días
de los 10 exigidos por la norma para retirarlo del servicio con causa
justificada.
§ Que la OAP orden administrativa de personal 1488 del 3 de agosto de
2023, ordenó retirar al demandante desde el 11 de mayo de 2023, lo que
quiere decir que el demandante desde esa fecha no estaba en el deber
legal de presentarse ante ninguna autoridad.
§ Que se aplicaron indebidamente los artículos 8 y 12 del Decreto 1793 de
2000, que establecen que el retiro procede por inasistencia injustificada
superior a 10 días.
§ Que la entidad demandada tenía una carga probatoria que no cumplió al
contar con acceso a la información médica del demandante.
Se observa, entonces, que la parte actora está empleando la acción como si
fuera una instancia adicional, pues los mismos cargos mencionados en el
escrito de tutela y la impugnación son una reproducción de los reparos
expuestos en el medio de control, los cuales ya fueron resueltos por parte del
juez natural. Así se desprende del contenido de la sentencia de 4 de marzo de
2026 en la cual tales reproches fueron resueltos.
En efecto, en la sentencia de segunda instancia controvertida el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C consideró
que «no obran medios de prueba suficientes que desvirtúen la presunción de legalidad
que ampara el acto administrativo demandado, pues no se acreditó de manera objetiva
la existencia de una causa justificativa posterior al vencimiento de la incapacidad médica
que desvirtuara la inasistencia al servicio en los términos previstos por la normativa
aplicable, ni se aportaron elementos probatorios idóneos que permitieran concluir que la
decisión adoptada por la administración carecía de sustento fáctico o jurídico».
Explicó que, si bien el demandante sostiene que su incapacidad culminó el 4
de mayo de 2023, no aportó ninguna prueba que acredite que dentro de los
10 días siguientes a la finalización de la incapacidad haya presentado
justificación válida ante la autoridad competente.
Señaló que el artículo 12 del Decreto 1793 de 2000 exige que toda ausencia
al servicio sea justificada, lo cual implica que debe ser comunicada y
acreditada de manera oportuna. Sin embargo, el demandante no allegó ningún
medio de prueba que permitiera verificar que informó o sustentó su
inasistencia dentro del plazo legal, lo cual refleja la omisión de su
responsabilidad de poner en conocimiento y respaldar su ausencia en el
término legal.
Precisó que «la sola circunstancia de haber estado incapacitado hasta el 4 de mayo no
extingue la obligación del actor de justificar cualquier ausencia posterior». Por lo tanto,
la administración actuó dentro del marco legal y procedió al retiro por
inasistencia al servicio sin que exista evidencia que desvirtúe la legalidad y
fundamentación del acto administrativo.
Así las cosas, en el caso se corrobora que los cargos expuestos tanto en la
apelación presentada en el medio de control como en el escrito de tutela sobre
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la valoración probatoria, especialmente de la configuración de la causal de
retiro establecida en el artículo 8, literal b), numeral 1 del Decreto 1793 de
2000 ya fueron resueltos por el juez natural.
Se considera, entonces, que la tutela se está utilizando como si fuera un
recurso más, propio del debate ante el juez de la causa y, consecuentemente,
la acción interpuesta carece de la relevancia constitucional necesaria, pues
se está empleando como si esta fuera una instancia adicional del medio de
control.
5.2. Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De acuerdo con la Corte Constitucional, la acción de
tutela contra decisiones judiciales se concibe como un juicio
de validez, mas no de corrección6.
De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. Justamente, lo advertido en el caso
es que la parte actora presentó tutela por no estar de acuerdo con la decisión
de las autoridades accionadas. Sin embargo, tal discrepancia de criterios no
implica una vulneración real a su derecho al debido proceso.
De manera reiterada, se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se
cumplan con rigor cada uno de los requisitos generales señalados
jurisprudencialmente, incluyendo la relevancia constitucional.
En consecuencia, si los requisitos generales de procedibilidad no se cumplen,
no hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente,
proseguir al segundo estadio de análisis consistente en determinar si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por
el tutelante.
6. Conclusión
Con base en lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia impugnada, que declaró
la improcedencia de la acción de tutela, por considerar que no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
6
Corte Constitucional. Sentencia T-022 de 2019.
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1. CONFIRMAR la sentencia de 26 de junio de 2026, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, dadas las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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