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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04164-00

Fecha
29 de julio de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04164-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Juzgado Veinte (20) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en el presente trámite constitucional como tercero con interés, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Octavio Burgos Guio, por conducto de apoderado, contra la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04164-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

29 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04164-00
Accionante: OCTAVIO BURGOS GUIO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a los derechos
adquiridos y a la legalidad – Principios constitucionales de justicia rogada y favorabilidad en
materia laboral y pensional / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO – Reconocimiento de pensión de sobrevivientes / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Se plantea una discusión de contenido legal y económico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por el señor Octavio Burgos Guio, por conducto de apoderado, de conformidad con
lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 29 de mayo de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad jurídica, a los derechos adquiridos, a la legalidad, así como
de los principios de la justicia rogada y favorabilidad en materia laboral y pensional.

Hechos relevantes

2. La señora Ana Sixta Lizarazo de Burgos prestó sus servicios a la Secretaría de
Educación de Boyacá desde el 15 de febrero de 1962 hasta el 30 de diciembre de
1984, siendo su último cargo el de profesora de enseñanza secundaria.

3. Por lo anterior, a través de las Resoluciones núms. 6784 del 1.° de octubre de
1992 y 13940 del 22 de diciembre de 1994, la Caja Nacional de Previsión Social
(CAJANAL) E.I.C.E. en liquidación, reconoció y pagó a la causante una pensión de
jubilación gracia, de conformidad con lo establecido en las Leyes 4.ª de 1966, 33 de

1 Que ingresó para fallo el 8 de julio de 2026.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04164-00
Accionante: Octavio Burgos Guio
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
Referencia: Acción de tutela

1985, 62 de 1985 y 1848 de 1969 y en los Decretos 81 de 1976, 1045 de 1978 y 01
de 1984. Dicha prestación se hizo efectiva a partir del 1.° de junio de 1992.

4. El 27 de diciembre de 2022, la señora Ana Sixta Lizarazo de Burgos falleció.

5. Como consecuencia de lo anterior, el señor Octavio Burgos Guio, en su calidad
de cónyuge supérstite, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes, por haber contraído matrimonio con la causante el 26 de junio de
1967 y haber convivido los cinco (5) años antes de su muerte.

6. Mediante la Resolución núm. RDP 009125 del 24 de abril de 2023, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) negó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes. Posteriormente, por medio de la Resolución núm. RDP 016387 del
22 de junio de 2023, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra aquel acto
administrativo y lo confirmó en todas sus partes.

7. Inconforme con las decisiones precitadas, el señor Octavio Burgos Guio promovió
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la UGPP, con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos que
negaron el reconocimiento pensional.

8. El proceso correspondió al Juzgado Veinte (20) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá que, a través de sentencia del 7 de marzo de 2025, accedió a las
pretensiones de la demanda.

9. Como fundamento de su decisión, el a quo consideró que el debate se
circunscribía a establecer si el demandante cumplía los requisitos previstos en el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para acceder a la sustitución de la pensión gracia,
sin que en ese proceso correspondiera examinar la legalidad del reconocimiento de
la pensión otorgada a la causante. Señaló que la UGPP disponía de los mecanismos
administrativos y judiciales para controvertir los actos que la reconocieron y que no
podía pretender que ese análisis se adelantara en el asunto bajo estudio, máxime
cuando la demanda de reconvención presentada por la entidad no había sido
tramitada por incumplir los requisitos del artículo 177 del CPACA.

10. La UGPP presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
y expuso que la señora Ana Sixta Lizarazo de Burgos no dejó causado en vida el
derecho a la pensión gracia para ningún pretendiente beneficiario, pues laboró en
el departamento de Boyacá y en el Ministerio de Educación Nacional y el último
cargo que desempeñó fue como maestra consejera en la Escuela Normal Nacional
Mixta Sagrado Corazón en Chitá (Boyacá), por lo que incurrió en la prohibición
contenida en el numeral 3º del artículo 4º de la Ley 114 de 1913.

11. El trámite de segunda instancia correspondió a la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, mediante proveído del
26 de noviembre de 2025, revocó lo fallado por el Juzgado Veinte (20)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04164-00
Accionante: Octavio Burgos Guio
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
Referencia: Acción de tutela

12. A juicio del ad quem, “la causante no cumplió la totalidad de requisitos legales
para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, pues no acreditó 20 años de
servicios como docente nacionalizada, distrital, municipal o departamental, por lo
que, contrario a lo considerado por el a quo, y tal como es alegado en el recurso de
apelación, la UGPP no está en la obligación de sustituir un derecho que se recibió
sin justa causa. En efecto, como no existe una causa legal para que la causante
devengara la pensión gracia, en este caso no es posible hablar de derechos
adquiridos, y si la señora Ana Sixta Lizarazo de Burgos [q.e.p.d.] legalmente no
tenía derecho a la pensión gracia, esta tampoco es sustituible a sus beneficiarios”2.

Pretensiones

13. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“1. AMPARAR los derechos AL DEBIDO PROCESO (decisión extra petita),
IGUALDAD, A LA SEGURIDAD JURIDICA, DERECHOS ADQUIRIDOS,
LEGALIDAD, y principios del derecho como JUSTICIA ROGADA,
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA LABORAL Y PENSIONAL
entre otros derechos y principios de orden superior constitucional del señor
OCTAVIO BURGOS GUIO.

2. ORDENAR al el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “C”,”, en amparo a los derechos
enunciados emitir un nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta lo
desarrollado en sede ordinaria, dentro de las reglas de derecho contencioso
administrativo, respecto a lo demostrado dentro del proceso, teniendo en
que se trata de una sustitución pensional y no de una acción de lesividad.

3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los
derechos aquí tutelados”3.

Fundamentos de la demanda de tutela

14. La parte demandante sostiene que la decisión enjuiciada incurrió en un defecto
procedimental absoluto y un defecto fáctico, por cuanto considera que la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
decidió un proceso de lesividad en un medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, “donde las pretensiones son diferentes, usurpando una acción por otra,
y desplazando las pretensiones del actor por las pretensiones de la entidad
demanda (sic), itero, cuando no era el medio adecuado”4.

15. Señaló que la autoridad judicial no tuvo en cuenta que “la entidad no solo estaba
pretendiendo emplear un proceso que no era pertinente para sus intereses, sino
que, el despacho instauró de manera inadecuada una demanda de reconveción
(sic), lo que no admite esta parte es que se haya “acolitado” la contrariedad de la
entidad a través de la sentencia de segunda instancia, situación que debió estudiar

2 Folio 24. Archivo “015RECIBEMEMORIAL_7_Sentencia_62023003”.
3 Folio 18 del escrito de tutela.
4 Folio 6 ibid.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04164-00
Accionante: Octavio Burgos Guio
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
Referencia: Acción de tutela

otro juzgador en otro mecanismo, y no denegarle el derecho al actor con
argumentos que NO ERAN DEL CASO”5.

16. Por otro lado, alega un desconocimiento del precedente fijado en las
sentencias C-131 de 2002, SU-1184 de 2001 y T-329 de 2017, por medio de las
cuales la Corte Constitucional ha reiterado que las decisiones ultra y extra petita
vulneran el derecho fundamental al debido proceso porque el juez excede el marco
de lo pedido.

17. Finalmente, señala que con la expedición de la sentencia del 26 de noviembre
de 2025 se configura una violación directa de la Constitución por la afectación
de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad
jurídica y a los derechos adquiridos, así como los principios constitucionales de
legalidad, justicia rogada y favorabilidad en materia laboral y pensional.

Trámite procesal

18. El 1.° de junio de 20266, la Secretaría General de esta Corporación remitió el
asunto al despacho para decidir sobre su admisión.

19. Sin embargo, a través de providencia del 2 de junio de 2026 7, el magistrado
sustanciador consideró que la demanda no reunía los requisitos mínimos para la
representación judicial por lo que requirió al abogado Jairo Iván Lizarazo Ávila para
que, en el término de 3 días contados a partir de la comunicación efectiva de la
decisión, allegara el poder que lo facultara para presentar la acción de tutela de la
referencia.

20. Esta decisión fue notificada a las partes el 3 de junio de 20268.

21. Por medio de memorial del 5 de junio de 2026, el abogado Jairo Iván Lizarazo
Ávila aportó el poder para ejercer la representación judicial del señor Octavio Burgos
Guio, con el cumplimiento de los requisitos legales.

22. El 12 de junio de 20269, el expediente ingresó al despacho para continuar con
el trámite pertinente.

23. A través de auto de 16 de junio de 202610, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionada y al
Juzgado Veinte (20) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la UGPP, al
Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del medio de control de

5 Folio 7 ibid.
6 Obra en certificado 807C6C03A54D3EDB 531EDDA6DAF6B49D 28A11ADC0CA43505
ECA77791AE0D0BD5, índice 2 de Samai.
7 Ver índice 3 de Samai.
8 Ver índice 4 de Samai.
9 Ver índice 10 de Samai.
10 Ver índice 11 de Samai.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04164-00
Accionante: Octavio Burgos Guio
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
Referencia: Acción de tutela

nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 11001-33-35-020-2023-
00324-00/01 como terceros con interés.

24. Asimismo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.

Intervenciones

25. El Juzgado Veinte (20) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
realizó un recuento de las actuaciones adelantadas en el trámite del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el señor Octavio
Burgos Guio contra la UGPP. Adujo que la sentencia del 7 de marzo de 2025 fue
adoptada conforme la normativa aplicable y la jurisprudencia que, al momento de
proferir el fallo, había dispuesto el Consejo de Estado. Además, precisó que en el
curso del proceso se tuvo en cuenta el material probatorio allegado al plenario de
manera oportuna por todas las partes.

26. En ese orden de ideas, pidió su desvinculación del presente trámite de tutela,
en razón a que la inconformidad de la parte accionante se genera por la decisión
adoptada por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.

27. La UGPP solicitó que se declare improcedente la acción de la referencia por
cuanto la decisión adoptada por el juez natural de la causa se ajustó al
ordenamiento legal regulador de la pensión de sobrevivientes. En ese sentido, adujo
que la parte actora no puede pretender usar este mecanismo constitucional como
una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente
de lo contencioso administrativo.

28. Asimismo, señaló que no existe violación al debido proceso en razón a que, de
la revisión del proceso judicial, era posible advertir que se le garantizaron a la parte
tutelante sus derechos de contradicción y defensa, lo que hace que el objeto de
inconformismo con esa decisión no pueda ser catalogado como violatoria de
derecho fundamental alguno.

29. Finalmente, expuso que en este caso preexiste la cosa juzgada porque la
actuación hoy cuestionada ya fue resuelta por el juez natural de la causa.

30. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca manifestó que realizó un estudio juicioso de las pruebas y arribó a
la conclusión de que las pretensiones no estaban llamadas a prosperar. Así, alegó
que no actuó con arbitrariedad, vías de hecho ni mucho menos desconocimiento de
la ley y el precedente jurisprudencial vigente sobre la materia.

31. De ese modo, indicó que “las pretensiones de protección de los derechos
invocados como violados deben negarse en razón a que de conformidad con la
reiterada jurisprudencia constitucional, según la cual en el Estado Social de Derecho
la prevalencia de los derechos fundamentales compromete las actuaciones de las
autoridades públicas, la tutela es absolutamente excepcional en tanto que la

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04164-00
Accionante: Octavio Burgos Guio
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C
Referencia: Acción de tutela

seguridad jurídica y el respeto al debido proceso impiden el carácter temporal de
tales decisiones, un proceder en contrario sería considerar la tutela como última
instancia de todos los procesos y acciones”11.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

32. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

33. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, particularmente, el de relevancia
constitucional?

34. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si la Subsección C
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la
expedición de la sentencia del 26 de noviembre de 2025, proferida en el curso del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 11001-
33-35-020-2023-00324-01, incurrió en los defectos procedimental y fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución y, por
consiguiente, en la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad jurídica, a los derechos adquiridos, a la legalidad, así como
de los principios de justicia rogada y favorabilidad en materia laboral y pensional de
la parte accionante?

35. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional; y (iii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

36. Conforme con el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200512,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

37. De manera frecuente, la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela

11 Folio 2. Archivo “013RECIBEMEMORIAL_20260416400Contestac”.
12 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04164-00
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Referencia: Acción de tutela

debe verificar13: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela14, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional15 o el Consejo de Estado16,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP17; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable18 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Del requisito de relevancia constitucional

38. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

39. La Corte Constitucional indicó19 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

40. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el evento

13 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
14 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
16 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
18 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-04164-00
Accionante: Octavio Burgos Guio
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Referencia: Acción de tutela

en que pretende reabrir el debate20, a saber: (i) la discusión debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

41. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
transgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia21.

Análisis del caso concreto

42. En el presente asunto, el señor Octavio Burgos Guio, mediante apoderado,
solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad jurídica, a los derechos adquiridos y a la legalidad, así como
de los principios de justicia rogada y favorabilidad en materia laboral y pensional,
presuntamente vulnerados con ocasión de la expedición de la sentencia del 26 de
noviembre de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado núm. 11001-33-35-020-2023-00324-01.

43. En ese orden de ideas, la Sala examinará, en primer lugar, la legitimación en la
causa y, en segundo lugar, verificará si en el presente trámite constitucional se
cumplen las causales generales de procedibilidad de la acción de tutela,
particularmente, el requisito de relevancia constitucional.

De la legitimación en la causa por activa y pasiva

44. En primer lugar, el señor Octavio Burgos Guio cuenta con legitimación en la
causa por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales
cuya vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente
afectada por la presunta vulneración de derechos fundamentales en que incurrieron
las autoridades judiciales accionadas.

45. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad a
la cual se le atribuye la transgresión de los derechos fundamentales reclamados por
el demandante.

46. Asimismo, se mantendrá la vinculación del Juzgado Veinte (20) Administrativo
de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, de la UGPP y del Ministerio Público, por

20 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.

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Referencia: Acción de tutela

ser el juez que conoció la primera instancia y los intervinientes, respectivamente,
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm.
11001-33-35-020-2023-00324-00/01.

Del requisito de relevancia constitucional

47. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de relevancia constitucional. Al respecto, se tiene que, en la decisión cuestionada,
la autoridad judicial consideró lo siguiente (Se transcribe con posibles errores):

“[…] 98. En atención a que el motivo por el cual la UGPP negó la sustitución
de la pensión gracia que en vida devengaba la señora Ana Sixta Lizarazo
de Burgos [q.e.p.d.] a su cónyuge, el señor Octavio Burgos Guio consiste
en señalar que la causante no tenía derecho a esa pensión, por haberse
desempeñado como docente nacional desde el año 1975, contrario a lo
señalado por el a quo, debe esta Sala de Decisión efectuar el análisis
correspondiente en el que se determine si en efecto, a la causante le
asistía el derecho al reconocimiento y pago de esta pensión, pues de
no ser así, ese habría sido un reconocimiento contrario a derecho y sin
causa legal, por lo que la UGPP no estaría en la obligación de sustituir
un derecho que se recibió sin justa causa.

99. Del análisis del material probatorio aportado se concluye que la
causante, señora Ana Sixta Lizarazo de Burgos [q.e.p.d.] cumplió con el
requisito de edad exigido en la normatividad que regula la pensión gracia,
toda vez que, nació el 26 de noviembre de 1939, lo que significa que el
mismo día y mes del año 1989 alcanzó los 50 años de edad.

100. Respecto al tiempo de servicio, es pertinente efectuar el siguiente
análisis: i) En el expediente se encuentra acreditado que, en primer lugar, la
señora Ana Sixta Lizarazo de Burgos [q.e.p.d.] laboró con el departamento
de Boyacá del 15 de febrero de 1962 al 20 de enero de 1975, para un total
de 12 años, 11 meses y 5 días. Esta vinculación puede ser computada para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia; ii) No ocurre lo mismo con
sus vinculaciones con el Colegio POTIER y con la Escuela Normal
Nacional Mixta Sagrado Corazón de Chitá en Boyacá de 1975 a 1992 no
solo por el carácter nacional de estas instituciones, sino porque en su
nombramiento intervino la Inspección Nacional de Educación. Tan es así,
que las certificaciones de estos periodos son expedidas por el Delegado
Permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el FER de
Boyacá y en ellas se indica con claridad que la señora Ana Sixta Lizarazo
de Burgos [q.e.p.d.] prestó sus servicios al Ministerio de Educación
Nacional como Profesora de Enseñanza Secundaria. Indica lo anterior que
el cargo de la causante durante este periodo fue nacional.

101. En ese orden de ideas, está demostrado que la señora Ana Sixta
Lizarazo de Burgos [q.e.p.d.] no cumplió con el requisito de 20 años de
servicio como docente territorial o nacionalizado, en los términos puntuales
que hemos analizado. Como se indicó, lo esencialmente relevante, para el
reconocimiento de la pensión gracia es la acreditación de la plaza a
ocupar que deviene del acto de nombramiento de la autoridad
territorial, es decir, que esa plaza sea de carácter territorial o
nacionalizado. En el presente asunto, está demostrado que las plazas
ocupadas por la causante a partir de febrero de 1975 fueron como docente
de carácter nacional, en planteles educativos de la misma naturaleza y
que fue nombrado por el Ministerio de Educación Nacional a través de sus
Inspecciones Nacionales de Educación. Y como se analizó en líneas

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Accionante: Octavio Burgos Guio
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anteriores, solamente los docentes territoriales o nacionalizados están
protegidos por la norma especial para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia.

102. En efecto, la jurisprudencia emitida por esta jurisdicción, que a la fecha
es de unificación, resulta de obligatorio acatamiento para esta Sala de
Decisión, señaló que el propósito de esta pensión era retribuir a aquellos
docentes que, por estar vinculados a entidades del orden territorial con
escasos recursos económicos, padecían graves vulneraciones a sus
derechos laborales y fueron sujetos de olvido y abandono estatal sin derecho
alguno de protección en su vejez.

103. Se deduce entonces que la causante no cumplió la totalidad de
requisitos legales para el reconocimiento y pago de la pensión gracia, pues
no acreditó 20 años de servicios como docente nacionalizada, distrital,
municipal o departamental, por lo que, contrario a lo considerado por el a
quo, y tal como es alegado en el recurso de apelación, la UGPP no está en
la obligación de sustituir un derecho que se recibió sin justa causa. En
efecto, como no existe una causa legal para que la causante devengara la
pensión gracia, en este caso no es posible hablar de derechos adquiridos, y
si la señora Ana Sixta Lizarazo de Burgos [q.e.p.d.] legalmente no tenía
derecho a la pensión gracia, esta tampoco es sustituible a sus
beneficiarios.

104. Lo anterior teniendo en cuenta que los derechos adquiridos son
aquellas «situaciones jurídicas individuales definidas y consolidadas bajo la
vigencia de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas válida y
definitivamente al patrimonio de una persona». Para que un derecho sea
considerado como adquirido, «es necesario que se hayan cumplido los
supuestos que la norma prevé para obtenerlo; es decir, todas las
condiciones y requisitos fijados en esta respecto de un determinado sujeto».
Por lo anterior, en el caso de autos, no es posible alegar un derecho
adquirido, pues se demostró que la causante no cumplió con todos los
supuestos de la norma para ser beneficiaria de la pensión gracia,
especialmente, acreditar 20 años de servicios como docente nacionalizado,
territorial, departamental o distrital. […]”22.

48. De conformidad con lo citado, esta Sala encuentra que la controversia versa
sobre un asunto que tiene dos características que restan su relevancia
constitucional. Primera, implica la reapertura de un debate resuelto por el juez
natural de la causa. Segunda, involucra una discusión meramente legal y
económica. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones que representan
una reapertura de lo decidido por el juez ordinario escapan de la órbita del juez de
tutela23. Lo mismo se ha dicho respecto de las controversias de orden legal relativas
a un derecho de esta naturaleza deben ser resueltas mediante los mecanismos
ordinarios dispuestos para su trámite, puesto que “le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o
reglamentario”, so pena de “involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a
otras jurisdicciones”24.

49. Además, la Corte Constitucional ha considerado que un asunto carece de
relevancia constitucional (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación

22 Folios 23 y 24. Archivo “015RECIBEMEMORIAL_7_Sentencia_62023003”.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-352 de 2025 y T-495 de 2024.
24 Sentencia SU-173 de 2019.

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de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general”25.

50. En ese sentido, la Sala considera que la acción de tutela no es el escenario
adecuado para examinar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que fue
negado por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la sentencia del 26 de noviembre de 2025, dado que pretende
reabrir una controversia que ya fue examinada y decidida por los jueces
competentes dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.
En efecto, no plantea un problema constitucional autónomo ni identifica un defecto
concreto de la providencia cuestionada, sino que reproduce los mismos reparos
probatorios y jurídicos relacionados con la legalidad de la pensión gracia y su
posibilidad de sustitución. En realidad, la inconformidad radica en que el Tribunal no
atribuyó a las pruebas el efecto jurídico pretendido por el actor y concluyó que la
UGPP no estaba obligada a sustituir una prestación reconocida sin causa legal; por
tanto, acudir al amparo para obtener una nueva valoración convertiría
indebidamente la tutela en una tercera instancia y desplazaría al juez natural, pese
a que la decisión fue adoptada de manera razonada en el escenario procesal
correspondiente.

51. Conjuntamente, la controversia planteada carece de relevancia constitucional,
pues se concentra en determinar si, dentro del proceso de sustitución pensional, el
juez podía examinar la legalidad del acto administrativo originario que reconoció la
pensión gracia a la causante y, a partir de ello, verificar si esta había cumplido los
requisitos legales para adquirir la prestación y si, en consecuencia, dicho derecho
era susceptible de ser sustituido en favor del cónyuge supérstite. Se trata, por tanto,
de un debate estrictamente legal relativo al alcance del control judicial sobre el acto
pensional, al cumplimiento de los presupuestos normativos de la prestación
principal y a la posibilidad jurídica de su transmisión, y no de una cuestión que
comprometa, por sí misma, el contenido esencial de un derecho fundamental; de
ahí que la tutela no pueda emplearse como una instancia adicional para revisar la
interpretación y aplicación de las normas pensionales efectuada por el juez natural.

52. Así las cosas, aunque la parte actora formuló su inconformidad bajo la
apariencia de un defecto fáctico, lo cierto es que la providencia cuestionada sí tuvo
en cuenta el material probatorio obrante en el plenario, sólo que no le atribuyó el
efecto jurídico pretendido por el demandante. En esa medida, el debate se contrae
a una discrepancia sobre la determinación tomada por la autoridad judicial
accionada, según la cual, la UGPP no estaba obligada a sustituir un derecho que
se recibió sin justa causa, como lo fue la pensión gracia otorgada a la señora Ana
Sixta Lizarazo de Burgos.

25 Ibidem.

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53. Frente a ello, tampoco es posible declarar configurada la existencia de un
defecto procedimental, en tanto el juez de lo contencioso administrativo concluyó
que no existía una causa legal para que la causante devengara una pensión gracia,
razón por la cual no era posible hablar de derechos adquiridos. Asimismo, se indicó
en la decisión enjuiciada que, dado que la cónyuge del actor no tenía derecho a la
pensión gracia, esta tampoco era sustituible a sus beneficiarios.

54. En igual sentido, sobre el alegado desconocimiento del precedente, la Sala
considera que dicho defecto tampoco se configura en la carga argumentativa
necesaria para estudiar el cuestionamiento de fondo. Si bien la parte actora invoca
las sentencias C-131 de 2002, SU-1184 de 2001 y T-329 de 2017 para sostener
que la autoridad judicial profirió una decisión extra o ultra petita, lo cierto es que las
circunstancias que dieron lugar a tales pronunciamientos no guardan identidad
fáctica ni jurídica con el asunto objeto de estudio. En efecto, la decisión se
circunscribió a determinar la legalidad de los actos administrativos demandados y a
establecer, a partir de los hechos alegados, las pruebas recaudadas y el marco
normativo aplicable, si existía fundamento jurídico para acceder al reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes pretendida. Además, el actor no indicó por qué esas
providencias eran precedente para su caso, y por lo tanto, constituía un criterio
insoslayable en la decisión.

55. En ese contexto, la inconformidad del accionante no deriva del desconocimiento
de la regla jurisprudencial contenida en las providencias citadas, sino del
desacuerdo con las conclusiones probatorias y jurídicas alcanzadas por el juez
natural, circunstancia que resulta insuficiente para estructurar un desconocimiento
del precedente y que, en realidad, evidencia el propósito de reabrir un debate ya
definido dentro del proceso ordinario.

56. De igual modo, no se evidencia que la discusión comprometa un derecho
fundamental en su núcleo esencial, en particular el debido proceso o el acceso a la
administración de justicia en su dimensión sustancial. Tampoco se alegó ni acreditó
una afectación concreta al mínimo vital o una circunstancia excepcional que
permitiera concluir que la discusión sobre la pensión de sobrevivientes trasciende
el plano legal y patrimonial para adquirir relevancia constitucional.

57. En conclusión, la Subsección considera que la intención de la parte demandante
es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y
razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción
de tutela debido al incumplimiento del requisito mencionado anteriormente. En ese
orden de ideas, de conformidad con lo anterior, se declarará improcedente la
petición de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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III. R E S U E L V E

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Juzgado Veinte
(20) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en el presente trámite
constitucional como tercero con interés, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Octavio Burgos Guio, por conducto de apoderado, contra la Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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