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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04167-00

Fecha
14 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04167-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONCEDER el amparo del derecho fundamental de acceso real y efectivo a la administración de justicia del señor Milton Euclides Lucero Ramos, por los motivos expuestos en esta decisión. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia Veinte (20) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del expediente 68 001 3333 010 2024 00285 00, en atención a las razones expresadas en esta decisión. TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una decisión de reemplazo, en la que atienda las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. QUINTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04167-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

14 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Catorce (14) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-04167-001
Demandante : Milton Eulices Lucero Ramos
Demandados : Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Décimo
: Administrativo del Circuito de Bucaramanga
Vinculadas Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR
Acción : Tutela
Derechos : Igualdad, debido proceso, acceso a la administración de
justicia, defensa y dignidad humana
Tema : Tutela contra providencia judicial, reconocimiento,
liquidación y pago de la asignación de retiro
Decisión : Sentencia de primera instancia - concede

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por el señor Milton Eulices Lucero Ramos contra el Tribunal Administrativo
de Santander y el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso, acceso a la administración de justicia y a la seguridad social.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, de superarse dicho examen, se
resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.

1.2. La demanda de tutela.

2. El señor Milton Eulices Lucero Ramos, quien actúa por intermedio de apoderada

1 Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04167-00
Demandante: Milton Eulices Lucero Ramos
Demandada: Tribunal Administrativo de Santander y otro

judicial, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la seguridad social, presuntamente vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Santander.

3. Por consiguiente, solicitó lo siguiente:

«[…] SEGUNDO. - Consecuencia de la protección de los citados derechos fundamentales,
se DEJE SIN EFECTOS la sentencia de primera instancia de 20 de junio de 2025 proferida
por el JUZGADO DECIMO (10) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA y
la Sentencia de Segunda Instancia del día 20 de noviembre de 2025 , proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, dentro del Medio de Control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho Incoada por mi poderdante MILTON EULICES LUCERO
RAMOS contra la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL con
Radicado No. 68 001 3333 010 2024 00285 00, mediante la cual se DECLARÓ probada la
excepción de cosa juzgada.

TERCERO. - Se ORDENE al JUZGADO DECIMO (10) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE BUCARAMANGA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, proferir decisión
de reemplazo dentro de un término razonable y perentorio a la notificación del fallo de tutela,
emita un nuevo pronunciamiento dentro de la referida acción de nulidad y restablecimiento
del derecho atendiendo a lo dispuesto por el Consejo de Estado en relación con la COSA
JUZGADA RELATIVA y la ASIGNACIÓN MENSUAL DE RETIRO.»

1.3. Hechos2.

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado en el

escrito de tutela, se puede evidenciar que, el accionante promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional en procura que se declare la
nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento, liquidación y pago de
su asignación de retiro.

5. Que, el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Bucaramanga (exp. 68001-33-33-010-2024-00285-
01), quien profirió sentencia de primera instancia el Veinte (20) de Junio de Dos Mil
Veinticinco (2025), en la que, declaró probada la excepción de cosa juzgada;
decisión que, fue objeto de recurso de apelación por parte del accionante.

6. Mediante Sentencia de Veinte (20) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025),

el Tribunal Administrativo de Santander desató la alzada, en el sentido de confirmar

2 Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.

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la determinación de primer grado.

7. Consideró que, las autoridades judiciales erraron en el análisis de la configuración

de la cosa juzgada, en la medida que, el objeto, fundamento y razones del proceso
68001-33-33-010-2024-00285-01, difieren de las demandas que había promovido
con anterioridad, pues, sostiene que, son actos administrativos distintos y los
fundamentos del último medio de control son nuevos.

8.En especial, señaló que, en el último proceso, se hace alusión al Decreto 754 de

2019, y a la declaración de nulidad con efectos ex tunc del artículo 2.° del Decreto
1858 de 2012.

II. TRÁMITE PROCESAL

9. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de

Cuatro (4) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), admitió la presente acción de
tutela. En dicha decisión se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Santander
y al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, en los términos
del artículo 13 del Decreto 2591 de 19913; se ordenó la vinculación de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR; y se reconoció personería a la
abogada que funge como apoderada del accionante.

2.1 Contestaciones de la acción.

10. 2.1.1 El Tribunal Administrativo de Santander4 defendió la legalidad y
constitucionalidad de la providencia objeto de reproche, ya que, se apoyó en
normas vigentes y aplicables, concretamente, en los artículos 303 del Código
General del Proceso y 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

11. Adujo que, se verificó la concurrencia de los elementos que estructuran la cosa

juzgada, a saber, la identidad jurídica de partes, de objeto y de causa. En
específico, señaló que, la variación formal del acto administrativo no modificó la
finalidad material del litigio, es decir, obtener el reconocimiento inicial de una
prestación ya negada y sometida a control judicial; además que, el núcleo fáctico y

3 Índice 00005, Samai
4 Índice 00010 de Samai.

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jurídico permaneció inalterado, por lo que, la invocación de nuevas providencias o
de argumentos jurídicos adicionales no transforma, por sí solo, la causa del litigio.

12. Aseveró que, no existe violación directa de la Constitución por desconocimiento

del debido proceso y el acceso a la administración de justicia; por el contrario, el
actor ha acudido a la jurisdicción en varias oportunidades, en las que, ha obtenido
decisiones motivadas y sujetas a contradicción. Tampoco, se desconoció el
precedente, por cuanto explicó por qué la regla invocada no era aplicable.

13. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de tutela.

14. 2.1.2 La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional5 señaló que, no

existe vulneración alguna por parte de los accionados, ni de la Caja de Retiro de la
Policía Nacional. Además, indicó que la acción carece de relevancia constitucional,
y lo que, pretende el accionante es crear una tercera instancia que sea favorable a
sus intereses.

15. 2.1.3 El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga
guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

16. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción

17. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de

5 Índice 00011 de Samai.

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otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico

18. Se contrae a determinar si el presente asunto supera el examen de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela, para estudiar de fondo la queja
constitucional planteada contra la Sentencia de Veinte (20) de Noviembre de Dos
Mil Veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

19. En caso afirmativo, corresponde analizar si la referida providencia incurrió en un

defecto sustantivo, el cual, haya lesionado el derecho fundamental al acceso real y
efectivo a la administración de justicia del accionante.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales

20. La acción de tutela contra providencia judicial es una medida excepcional de

control judicial frente a las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales, que
posee una serie de requisitos de procedibilidad estrictos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

21. Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
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al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

22. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra

sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la
cual, solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.

23. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la

decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

3.5. Defecto sustantivo

24. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que

los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

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25. La jurisprudencia constitucional6 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y
aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez.
Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de
una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que
obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales7.

3.6 Sobre la cosa juzgada

26. Al respecto, la cosa juzgada es «una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga

a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas»8. Esta figura busca entonces asegurar que las

controversias que ya han sido decididas por las autoridades judiciales competentes
sean reabiertas, y garantiza la seguridad jurídica de los fallos. En caso de concurrir
en un proceso determinado la identidad jurídica de las partes, de causa y objeto,
se estará ante cosa juzgada.

27. La identidad de las partes supone que al proceso concurren «las mismas partes e

intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada»9;

la identidad de causa implica que, tanto el proceso que hizo tránsito a cosa juzgada
como la nueva demanda deben sustentar la pretensión en los mismos fundamentos
fácticos10; y la identidad de objeto supone revisar si la demanda versa sobre las
mismas pretensiones sobre las que se predica la cosa juzgada11.

28. En los eventos en que, se estudia la configuración de la cosa juzgada respecto

de dos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se debate la

6 Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
7 Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8 Corte Constitucional, sentencias C-774 de 2001, C-100 de 2019, T-249 de 2019, T-082 de 2017 y T-249 de

2016, entre otras.
9 Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2021.
10 Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2021.
11 Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2021.

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legalidad de actos administrativos distintos, la Corte Constitucional12 ha dicho:

122. La motivación es un elemento estructural del acto administrativo que se deriva del artículo
42 del CPACA, el cual exige que las decisiones de la administración estén motivadas. Esta es
fundamental porque garantiza la transparencia, elimina cualquier arbitrariedad y permite a las
partes conocer las razones que sustentan la decisión, lo cual facilita la viabilidad de los recursos
y medios de control. También permite el control de la actividad administrativa por parte de la
opinión pública, como expresión del principio de publicidad consagrado en el artículo 209 de la
Constitución Política, que establece que “la función administrativa está al servicio de los
intereses generales”, y en el artículo 123, según el cual “los servidores públicos están al servicio
del Estado y de la comunidad”.

123. Bajo estos términos, el sustento jurídico, al formar parte integral de la motivación del acto
administrativo, y siendo esta a su vez un elemento estructural del mismo, cumple una función
determinante en la individualización y diferenciación de los actos administrativos. Por tanto,
aun cuando dos actos coincidan en las partes y el objeto, si se fundan en disposiciones
normativas distintas, no pueden considerarse idénticos, pues la norma aplicada incide
directamente en el contenido, los efectos y el alcance de la manifestación administrativa.
[Negrilla y subrayado propios].

3.7 Solución al caso concreto.

29. En el asunto sub judice, la Sala observa que, el actor pretende que, por esta vía,

se deje sin valor y efecto la Sentencia del Veinte (20) de Noviembre de Dos Mil
Veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander (exp. 68
001 3333 010 2024 00285 00), ya que, considera lesionados sus derechos al debido
proceso y de acceso real y efectivo a la administración de justicia, al haber incurrido
en un defecto material y en violación directa de la Constitución, pues, en su
entender, no se configuró el fenómeno de cosa juzgada respecto de los dos
procesos adelantados previamente13.

3.7.1. Examen de los requisitos generales de procedencia

30. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que, recae sobre la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, la debida administración de justicia y seguridad social del tutelante; (ii)
contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta
que, la providencia atacada quedó ejecutoriada el Cuatro (4) de Diciembre de Dos

12 Corte Constitucional, sentencia T-104 de 2026. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
13 Radicados 47001-33-33-004-2015-00135-00 y 47-001-33-33-004-2019-00385-00

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Mil Veinticinco (2025) y la solicitud de amparo se presentó el Primero (1.°) de Junio
de esta anualidad, es decir, dentro de un plazo prudencial; y (v) el fallo acusado no
obedece a uno de tutela.

3.7.2 De la configuración del defecto sustantivo en la sentencia objeto de
acción de tutela

31. Al verificar la providencia cuestionada, se observa que, el Tribunal Administrativo

de Santander, realizó un análisis comparativo entre los tres procesos con el fin de
establecer si existía identidad de partes y objeto; sobre este último, indicó que, la
controversia era sustancialmente la misma, es decir, la nulidad de los actos
administrativos que negaron el reconocimiento de la asignación de retiro, y el
respectivo restablecimiento del derecho, además de precisar que, «[s]i bien en el último
proceso se impugna un oficio distinto (11 de septiembre de 2024) frente a los oficios de 2015 y 2018
cuestionados en los procesos anteriores, la pretensión principal y su alcance económico es el
mismo».

32. En cuanto, a la identidad de causa petendi, la autoridad judicial consideró:

[…] se ha mantenido inalterada en los tres procesos: i) la desvinculación del señor Milton
Eulices Lucero Ramos por destitución el 29 de noviembre de 2012; ii) el cómputo de 15 años,
11 meses y 18 días de servicios; y iii) las decisiones administrativas que negaron el
reconocimiento pretendido, Oficio No. 3108/GAG-SDP del 12 de marzo de 2015; Oficio No.
E-1524 201825780-CASUR Id. 381348 del 4 de diciembre de 2018; y Oficio con radicado No.
202421000077851 Id. 892550 del 11 de septiembre de 2024, todas fundadas en la aplicación
del régimen del Nivel Ejecutivo y en la exigencia de un mayor tiempo de servicios cuando la
separación se produce por sanción de destitución.

33. En ese orden, nótese que, el Tribunal accionado estimó que, la situación fáctica

era idéntica, en la medida que, subsiste el planteamiento de (i) la prestación de
servicio por más de 15 años en la Policía Nacional; (ii) la desvinculación por
destitución el Veintinueve de Noviembre de Dos Mil Doce (2012); y (iii) las
decisiones administrativas que niegan el derecho.

34. Sin embargo, a diferencia de lo considerado por el accionado, esta Sala de

Decisión observa que, en el asunto bajo examen no existe identidad de causa
petendi, por los motivos que se pasan a exponer y, para lo cual, se estima pertinente

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realizar un recuento detallado de las premisas fácticas que sustentan el reclamo
prestacional del señor Lucero Ramos.

35. Recuento de la situación fáctica:

• El Veintinueve (29) de Noviembre de Dos Mil Doce (2012), se produjo el
retiro del accionante del servicio como miembro de la Policía Nacional, por
la causal de destitución.

• El Veintiséis (26) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014), el actor solicitó
a CASUR el reconocimiento y pago de la asignación de retiro por haber
laborado más de Quince (15) años al servicio de la Policía Nacional.

• El Doce de Marzo de Dos Mil Quince (2015), CASUR expidió el Oficio No.
3108/GAG-SDP, en el que negó la petición del accionante ya que, no se
acreditaron los Veinticinco (25) años de servicio, con fundamento en los
Decretos 1091 de 1995, 4433 de 2004, y 1858 de 2012.

• El accionante demandó en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho la anterior resolución, el cual le correspondió al
Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta bajo el radicado núm. 47001-
33-33-004-2015-00135-00.

• El referido estrado judicial profirió la sentencia del Quince (15) de Abril de
Dos Mil Dieciséis (2016), en la que negó las pretensiones, al considerar que,
el accionante no era beneficiario del Decreto 1213 de 1990, por haber
ingresado a la institución de manera automática en el nivel ejecutivo.

• En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Magdalena, en
sentencia del Treinta y Uno de Enero de Dos Mil Dieciocho (2018), confirmó
la decisión, pues, al señor Lucero Ramos le era aplicable el artículo 2 del
Decreto 1858 de 2012.

• El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, declaró la nulidad
del artículo 2.° del Decreto 1858 de 2012, mediante sentencia del Tres (3)
de Septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018) (exp. 11001-03-25-000-2013-
00543-00).

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• El Veintitrés (23) de Noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018), el accionante
solicitó, nuevamente, el reconocimiento y pago de la asignación de retiro por
haber prestado más de 15 años de servicio a la Policía Nacional.

• El Cuatro (4) de Diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018), mediante Oficio E-
1524-201825780-CASUR, se resolvió la petición en el siguiente sentido:

En atención a la solicitud primera. segunda y tercera del oficio de la referencia, me
permito informar que una vez revisado el sistema y su expediente administrativo que
obran en esta Entidad, se constató la existencia de un Proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho No. 00135-2015 por concepto de reconocimiento de
asignación mensual de retiro, ante el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Santa
Marta, en el cual figura usted como apodera de la parte demandante.

Por lo anterior, es necesaria la existencia de sentencia judicial a su favor, para
proceder con al reconocimiento de asignación mensual de retiro […]

• El accionante promovió la acción de tutela con número de radicado 1100103-
15-000-2018-03676-00, orientada a dejar sin efecto las sentencias
proferidas en el marco del proceso contencioso con radicado 47001-33-33-
004-2015-00135-00.

La primera instancia le correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, autoridad que, mediante fallo del Seis (6) de Marzo de Dos Mil
Diecinueve (2019), declaró improcedente el amparo por incumplir el requisito
de inmediatez.

Al desatar la alzada propuesta, la Sección Segunda, Subsección A de la
misma Corporación, revocó la decisión al considerar que, sí era procedente
el estudio de fondo de asunto. No obstante, negó el amparo al concluir que,
no se configuró el defecto sustantivo alegado.

• El Once (11) de Septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), el accionante,
nuevamente promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en procura de obtener el reconocimiento, liquidación y pago de la
asignación de retiro.

En esa oportunidad, atacó los actos administrativos contenidos en los
Oficios núm. 3108/GAG SDP del 12 de marzo de 2015 y E1524-
201825780-CASUR del 4 de diciembre de 2018.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-04167-00
Demandante: Milton Eulices Lucero Ramos
Demandada: Tribunal Administrativo de Santander y otro

Dicho acto procesal le correspondió, por reparto, al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Santa Marta bajo el radicado No. 47-001-33-
33-004-2019-00385-00, en el que, declaró probada la excepción de Cosa
Juzgada mediante sentencia del Veintiuno (21) de Octubre de Dos Mil
Veintiuno (2021).

Tal decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, a
través de la sentencia del Siete (7) de Diciembre de Dos Mil Veintidós (2022).

• El accionante promovió nueva acción de tutela, bajo el radicado 11001-03-
15-000-2023-03143-00, cuya primera instancia 14 negó lo pretendido al no
evidenciar vulneración alguna a los derechos fundamentales; mientras que,
la segunda instancia15 revocó y, en su lugar, declaró improcedente el amparo
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

• El Seis (6) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), el actor presentó
nueva solicitud de asignación de retiro ante CASUR.

• El Once (11) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), CASUR expidió
el oficio con Radicado 20242100007785, en el que negó la petición, con
fundamento en el artículo 1.° del Decreto 754 de 2019.

36. Del anterior recuento, se observa que, de manera constante el señor Milton

Eulices Lucero Ramos ha pretendido el reconocimiento de la asignación de retiro,
al considerar tener derecho a ella por el tiempo prestado en la Policía Nacional;
respecto a lo cual, ha obtenido respuestas negativas por parte de la administración,
lo que ha ocasionado que concurra ante la jurisdicción con el objetivo de dirimir
dicha controversia.

37. En las oportunidades que ha acudido ante el Juez ordinario para debatir la
legalidad de los actos administrativos, siempre ha obtenido un resultado contrario
a sus pretensiones, tanto en primera como en segunda instancia. Además, en los
dos primeros procesos, las providencias proferidas fueron objeto de escrutinio
constitucional en dos acciones de tutela, también estudiadas en ambas instancias.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta

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Demandante: Milton Eulices Lucero Ramos
Demandada: Tribunal Administrativo de Santander y otro

38. Estos antecedentes judiciales dan apariencia que, la inconformidad del
accionante ha sido atendida y resuelta oportunamente, por lo que, de un examen
ligero, la conclusión de la configuración de la cosa juzgada resulta plausible. No
obstante, esta Sala de Decisión advierte que, los considerandos de la providencia
que hoy se cuestiona omiten el análisis del acto administrativo acusado para
determinar si el fundamento jurídico es el mismo, así como, para determinar si la
declaratoria de nulidad del artículo 2° del Decreto 1858 de 2012 por parte de esta
Corporación tiene incidencia para la configuración o no de la cosa juzgada.

39. Así las cosas, en este asunto, en un primer momento, CASUR negó la petición

del accionante16 con fundamento en el Decreto 1858 de 2012; en una segunda
oportunidad, la entidad no negó expresamente el reconocimiento del derecho, sino
que, lo supeditó a la sentencia favorable en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que estudiaba el primer acto administrativo; y,
finalmente, en la tercera ocasión, se negó lo pedido con fundamento en el Decreto
754 de 201917.

40. En ese orden de ideas, los actos administrativos que fueron sometidos al control

de la jurisdicción distaban en su motivación, pues, se edificaron en supuestos
normativos distintos, situación que, conforme lo expuesto por la jurisprudencia
constitucional, implicaba una transformación sustantiva de la causa petendi y,
consecuencialmente, impedía la configuración de la cosa juzgada.

41. De otra parte, la providencia objeto de tutela tampoco realizó un pronunciamiento

respecto de la declaratoria de nulidad del artículo 2.° del Decreto 1858 de 201218,
y si tal situación tenía un efecto diferencial en relación con la cosa juzgada.

42. Al respecto, es oportuno traer a colación lo dicho por la Corte Constitucional

sobre la transformación sustantiva de la causa petendi19:

Además, la decisión del Consejo de Estado implica una transformación sustantiva de la causa
petendi en los casos que versan sobre el derecho a la asignación de retiro, pues pasa de ser
una controversia centrada en el cumplimiento de un acto administrativo, a una disputa sobre
la aplicación del marco normativo y la protección de derechos fundamentales. La sentencia
permite el reconocimiento de una prestación económica pensional a personas a quienes se
les negó previamente este derecho bajo un decreto ahora declarado nulo por inconstitucional

16 Mediante Oficio No. 3108/GAG-SDP del Doce de Marzo de Dos Mil Quince (2015), CASUR.
17 Mediante Oficio 20242100007785 del Once (11) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), CASUR.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de Tres (3) de Septiembre de Dos Mil

Dieciocho (2018).
19 Corte Constitucional. Sentencia T-104 de 2026.

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e ilegal, con base en una interpretación que vulneraba los principios de imprescriptibilidad de
la seguridad social, igualdad y mínimo vital.

La Corte concluye que la sentencia del Consejo de Estado no puede ser tratada como un
mero cambio interpretativo sin efectos en la situación jurídica de los destinatarios del acto
anulado, en especial, cuando no representa un derecho consolidado objeto de protección
constitucional en los términos del artículo 48, en tanto se trata de un decreto reglamentario
ilegal e inconstitucional. Por el contrario, constituye un pronunciamiento que reconfigura las
condiciones normativas de acceso a una prestación pensional, por lo que debe reconocerse
como un hecho nuevo que habilita el reexamen de controversias decididas con anterioridad
a su expedición, en coherencia con los principios constitucionales y el precedente establecido
por esta Corte en casos de prestaciones periódicas y derechos fundamentales en juego.

43. En ese orden de ideas, en el análisis de configuración de cosa juzgada era
indispensable el estudio de la declaratoria de nulidad del artículo 2 del Decreto 1858
de 2012, que, sea dicho de paso, fue la norma en la que se fundamentó la primera
negativa en reconocer la asignación de retiro del señor Lucero Ramos; ya que, en
términos de la Corte Constitucional, tal circunstancia puede reconocerse como un
hecho nuevo que habilita el reexamen de controversias decididas con anterioridad,
máxime, cuando los efectos de la declaratoria fueron ex tunc.

44. Así las cosas, en este caso, al haberse declarado la configuración de la cosa

juzgada sin un análisis respecto de la variación del sustento normativo de los actos
administrativos y de la declaratoria de nulidad del citado artículo, se colige que, el
Tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo y, en consecuencia, vulneró
las garantías constitucionales del accionante, puesto que, no ha logrado obtener un
pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada, de acuerdo con las
particularidades fácticas y jurídicas expuestas, lo que, evidentemente, le ha
impedido acceder de manera real y efectiva a la administración de justicia, lo que
amerita conceder el amparo de esta garantía constitucional.

45. En consecuencia, se amparará el derecho de acceso real y efectivo a la

administración de justicia del accionante y se dejará sin efecto la Sentencia
Veinte (20) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025) proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander (exp. 68 001 3333 010 2024 00285 00) para que dicha
Corporación, en el término de Veinte (20) días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una decisión de reemplazo, en la que analice las
circunstancias particulares del accionante, en punto de los hechos que han podido
implicar una transformación sustantiva de la causa petendi.

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IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONCEDER el amparo del derecho fundamental de acceso real y
efectivo a la administración de justicia del señor Milton Euclides Lucero Ramos, por
los motivos expuestos en esta decisión.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia Veinte (20) de Noviembre de Dos
Mil Veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro
del expediente 68 001 3333 010 2024 00285 00, en atención a las razones
expresadas en esta decisión.

TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, en el término
de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera
una decisión de reemplazo, en la que atienda las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.

CUARTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

QUINTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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