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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04177-00

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04177-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04177-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04177-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: LUZ MARÍA ISAZA VALLEJO
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA
PARTE ACTORA PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON
OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SEGURIDAD SOCIAL, PROPIEDAD
PRIVADA, MÍNIMO VITAL, VIDA DIGNA, IGUALDAD Y VEJEZ.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM. 24 DE LA SALA

PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO

DE ESTADO1.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora LUZ MARÍA ISAZA VALLEJO, actuando a través de

apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

1
En adelante SALA ESPECIAL DE DECISIÓN.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04177-00
Actora: LUZ MARÍA ISAZA VALLEJO

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la seguridad social, a la propiedad

privada, al mínimo vital, a la vida digna, a la igualdad, a la vejez y a

los principios de seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima,

cosa juzgada y de no regresividad, los cuales estima vulnerados por

la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN, al haber proferido la providencia

de 20 de febrero de 2026 dentro del recurso extraordinario de

revisión identificado con el número único de radicación 2014-03314-

00.

I.2.- Hechos

Manifestó que su cónyuge, el señor CARLOS ARTURO ÁNGEL

ARANGO, se desempeñó como senador de la república entre el 2 de

noviembre de 1999 al 19 de julio de 2002, por lo que mediante la

Resolución núm. 593 de 13 de abril de 2004, el FONDO DE

PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA2 le

reconoció la pensión de jubilación, a partir del 8 de diciembre de

2002.

2
En adelante FONPRECON.

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3

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Actora: LUZ MARÍA ISAZA VALLEJO

Destacó que el señor CARLOS ARTURO ÁNGEL ARANGO solicitó la

reliquidación de su pensión de jubilación, de conformidad con lo

establecido en la Ley 4ª de 18 de mayo de 19923 y los decretos 1359

de 12 de julio de 19934 y 1293 de 22 de junio de 19945, -régimen

especial de congresistas-, la cual fue resuelta de manera

desfavorable a través de las resoluciones núms. 2002 de 3 de

diciembre de 2004 y 0070 de 26 de enero de 2005 por FONPRECON.

Adujo que por lo anterior, el señor ÁNGEL ARANGO promovió

demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho contra FONPRECON, con el fin de que se declarara la

nulidad de los actos administrativos mencionados.

Mencionó que al proceso le fue asignado el número único de

radicación 2005-04625-00 y le correspondió por reparto a la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA6 que, en sentencia de 22

de junio de 2007, denegó las pretensiones de la demanda.

3
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”
4
“Por el cual se establece un régimen especial de pensiones, así como de reajustes y sustituciones de
las mismas, aplicable a los Senadores y Representantes a la Cámara.”
5
“Por el cual se establece el régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del
Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan normas sobre
prestaciones sociales y económicas de tales servidores públicos”.
6
En adelante TRIBUNAL.

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4

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Actora: LUZ MARÍA ISAZA VALLEJO

Advirtió que, ante el fallecimiento del señor CARLOS ARTURO

ÁNGEL ARANGO (q.e.p.d.), en calidad de cónyuge supérstite y

sustituta pensional, interpuso recurso de apelación, que fue desatado

por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE

ESTADO7 en sentencia de 21 de octubre de 2011, a través de la cual

revocó la decisión del a quo y accedió a las pretensiones de la

demanda.

Adujo que FONPRECON mediante la Resolución núm. 0803 de 11 de

octubre de 2012, reliquidó la mencionada pensión de jubilación.

Manifestó que, con fundamento en lo dispuesto en la sentencia C-

258 de 7 de mayo de 20138, proferida por la Corte Constitucional,

FONPRECON formuló recurso extraordinario de revisión contra la

anterior decisión, al cual le fue asignado el número único de

radicación 2014-03314-00 y decidido por la SALA ESPECIAL DE

DECISIÓN en providencia de 20 de febrero de 2026, que lo declaró

fundado e infirmó el fallo de 21 de octubre de 2011 y confirmó el de

22 de junio de 2007, dictado por el TRIBUNAL.

7
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
8
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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Actora: LUZ MARÍA ISAZA VALLEJO

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Manifestó que la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN incurrió en

defecto procedimental absoluto al asumir la competencia y

resolver el recurso extraordinario de revisión, pues, a su juicio,

carecía de facultad para hacerlo, toda vez que el término para

presentarlo había caducado.

En efecto, advirtió que así lo asintió el magistrado GERMÁN

EDUARDO OSORIO CIFUENTES en su salvamento de voto, en el

que indicó que la sentencia de 21 de octubre de 2011 quedó

ejecutoriada el 28 de marzo de 2012 (sic), durante la vigencia del

Código Contencioso Administrativo (CCA), por lo tanto, el término

aplicable era de dos años conforme a lo previsto en su artículo 187;

en consecuencia, este venció el 27 de marzo de 2014, mientras que

el recurso se interpuso de manera extemporánea el 12 de noviembre

de ese año.

Destacó que la autoridad judicial accionada también incurrió en

defecto sustantivo por desconocimiento del precedente,

comoquiera que aplicó de forma retroactiva dos decisiones judiciales

dictadas con posterioridad al fallo de 21 de octubre de 2011, esto es,

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las sentencias C-258 de 2013 y CE-SUJ2-018-20 de 8 de octubre de

20209, proferidas, respectivamente, por la Corte Constitucional y el

Consejo de Estado.

Advirtió que esta última decisión reconoció que los conflictos

judiciales ya resueltos están amparados por el principio de cosa

juzgada y son inmodificables. Además, que el numeral i) del ordinal

tercero de la sentencia C-258 de 2013 estableció que el régimen del

artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 no puede extenderse a quienes, con

anterioridad al 1o. de abril de 1994, no estuvieran afiliados a este, y

que si bien allí se ordenó aplicar lo establecido en los artículos 19 y

20 de la Ley 797 de 29 de enero de 200310, para los demás casos de

pensiones reconocidas de manera irregular, esto presupone la

existencia de un proceso válido y oportuno.

Sostuvo que se incurrió en violación directa de la Constitución,

especialmente al desconocer los principios de cosa juzgada, a los

derechos adquiridos y a la confianza legítima, pues como sustituta

pensional actuó de buena fe y ajustó su situación económica y vital

9
M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
10
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales”.

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a la decisión judicial que en su momento ordenó la reliquidación de

la mesada pensional.

Finalmente, resaltó que se incurrió en desconocimiento del

precedente judicial fijado en la sentencia C-835 de 23 de

septiembre de 200311, proferida por la Corte Constitucional, en la

que se declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 19 y 20

de la Ley 797 de 2003, bajo el entendido de que en el trámite del

recurso extraordinario de revisión se deben garantizar las

prerrogativas del derecho al debido proceso, entre ellas, el respeto a

los plazos previstos por el legislador conforme a la normativa vigente

al inicio del término. Asimismo, destacó que es inadmisible

desconocer un derecho pensional adquirido mediante sentencia

judicial ejecutoriada a través de mecanismos procedimentales

irregulares.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

11
M.P. Jaime Araújo Rentería.

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“[…] SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 20 de
febrero de 2026 proferida por la Sala Especial de Decisión 24 del
Consejo de Estado, dentro del proceso radicado No. 11001-03-
15-000-2014-03314-00, por haber incurrido en defecto
procedimental absoluto al tramitar y decidir de fondo un recurso
extraordinario de revisión presentado fuera del plazo legal.

3. TERCERO. - ORDENAR a la Sala Especial de Decisión 24 del
Consejo de Estado o a quien haga sus veces que, para que se
profiera nueva sentencia en la que DECLARE LA CADUCIDAD del
recurso extraordinario de revisión interpuesto por FONPRECON
el 12 de noviembre de 2014 y, en consecuencia, RESTABLEZCA
la plena vigencia de la sentencia de 21 de octubre de 2011
proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado.

4. CUARTO.- ORDENAR a FONPRECON que, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia de
tutela, proceda a RELIQUIDAR Y PAGAR la pensión de la
accionante conforme a los términos establecidos en la sentencia
de 21 de octubre de 2011, reconociendo las diferencias
adeudadas desde la fecha en que se produjeron las afectaciones
ilegales, con la correspondiente indexación e intereses de mora
[…] (se transcribe de forma literal y fidedigna del original)”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La SALA ESPECIAL DE DECISIÓN solicitó que se deniegue

el amparo deprecado, por no existir vulneración alguna de los

derechos fundamentales invocados por la actora.

Destacó que el régimen aplicable al asunto objeto de debate era el

establecido en el CPACA, toda vez que el recurso extraordinario de

revisión fue presentado el 10 de noviembre de 2014, de tal forma

que, de conformidad con lo previsto en el artículo 251 ibídem, el

término dispuesto para hacer uso de este era de 5 años y se tenía

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hasta el 26 de marzo de 2017 para presentarlo, lo que descarta el

defecto procedimental alegado.

Afirmó que en la sentencia objeto de debate se refirió al examen de

constitucionalidad realizado sobre el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992

por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, y también

le explicó a la demandante que el régimen especial pensional de

congresistas fue objeto de unificación jurisprudencial por parte de la

Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la

sentencia CE-SUJ2-018-20 de 8 de octubre de 2020.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- FONPRECON sostuvo que la acción de tutela de la referencia

carece del requisito de la relevancia constitucional, comoquiera que

los argumentos expuestos por la actora se limitan a exponer su

inconformidad con la decisión cuestionada, sin que se advierta la

ocurrencia de los defectos alegados.

Refirió que independientemente de si el término aplicable era de dos

(2) años -conforme a lo dispuesto en el Decreto 01 de 1984- o de

cinco (5) -según lo establecido en la Ley 1437 de 2011-, en el

presente asunto el plazo comenzó a correr a partir de la

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comunicación de la sentencia C-258 de 2013; por lo tanto, para la

fecha de interposición del recurso extraordinario de revisión

censurado, no habían transcurrido ni siquiera dos anualidades.

Aseguró que no se puede desconocer lo establecido por la Corte

Constitucional que determinó un nuevo inicio del cómputo para

interponer el mencionado recurso, con el fin de viabilizar la

información de sentencias que, a la luz del derecho viviente,

contrariaran la jurisprudencia constitucional.

Por lo anterior, solicitó que se declare improcedente el amparo o en

su lugar, se denieguen las pretensiones de la acción de tutela.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

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Cuestión previa

Se destaca que mediante auto de 25 de junio de 2026, la Sala12

declaró fundado el impedimento manifestado por el magistrado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES al encontrarse incurso

en la causal prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de

Procedimiento Penal, por cuanto suscribió la providencia de 20 de

febrero de 2026, cuestionada, dentro del recurso extraordinario de

revisión objeto de la acción constitucional de la referencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

12
Conformada por los magistrados Pablo Andrés Córdoba Acosta y Carlos Fernando Mantilla Navarro y
los conjueces Camilo Calderón Rivera y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En dicha decisión también
se declaró infundado el impedimento manifestado por la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría

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el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

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deje sin efecto la providencia de 20 de febrero de 2026, proferida

por la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN dentro del recurso

extraordinario de revisión identificado con el número único de

radicación 2014-03314-00.

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada vulneró sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la seguridad social, a la propiedad

privada, al mínimo vital, a la vida digna, a la igualdad, a la vejez y a

los principios de seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima,

cosa juzgada y de no regresividad, toda vez que incurrió en los

defectos procedimental absoluto, sustantivo,

desconocimiento del precedente judicial y violación directa de

la Constitución, al tramitar y decidir de fondo el recurso

extraordinario de revisión objeto de cuestionamiento, el cual fue

interpuesto de manera extemporánea, pues, a su juicio, el término

para determinar si se encontraba caducado era el dispuesto en el

CCA y no en el CPACA.

Aclarado lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico

que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente

caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la

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acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal

derrotero; ii) establecer si la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN

vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en los

defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

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esenciales, propias del debido proceso constitucional 13, de manera

tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».14

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación15, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [16]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [17].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte

13
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
14
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[16] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[17] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [18].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [19].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción

[18] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[19] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [20]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así, por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [21].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [22]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los

[20] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[21] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[22] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito general de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una

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afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera

legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir que

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por la actora es

que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración

del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de

una instancia adicional al recurso extraordinario de revisión

cuestionado.

En efecto, la divergencia radica en que la normativa aplicable para

contabilizar el término para hacer uso del recurso extraordinario de

revisión era la prevista en el CCA y no en el CPACA y, que, como la

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decisión objeto de revisión cobró ejecutoria el 27 de marzo de 2012,

el plazo para presentarlo era de 2 años, y no de 5 como

erróneamente lo determinó la providencia enjuiciada.

Dichos aspectos, derivan de la interpretación normativa y

jurisprudencial que la parte actora pretende que se dé a su situación

particular y giran en torno a la inconformidad con la decisión

adoptada por el juez natural del asunto, la cual fue resuelta por la

SECCIÓN SEGUNDA, así:

“[…] Término para su interposición. Antes de decidir si en el
presente asunto, se configura la causal de revisión invocada,
resulta necesario precisar el régimen jurídico aplicable, toda vez
que, el recurso extraordinario de revisión fue presentado el 10 de
noviembre de 2014 (f. 1 c. ppal.), contra la sentencia de segunda
instancia proferida el 21 de octubre de 2011 (ff. 182 a 207 c. 1
expediente ordinario), ejecutoriada el 26 de marzo de 2012 (f. 290
c. 1 expediente ordinario).

Conforme al artículo 251 del CPACA, «En los casos previstos en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la
providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro
del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del
acuerdo transaccional o conciliatorio».

Esta última norma resulta aplicable, toda vez que la demanda
extraordinaria se presentó con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 1437 de 201123.

23Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 22 de febrero de 2016, rad. 11001-
03-25-000-2014- 00753-00 (2343-14): «Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como
las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de
conformidad con el régimen jurídico anterior.”. La disposición transcrita es clara en señalar que la
vigencia del nuevo código se estableció a partir del 2 de julio de 2012 y ordenó además, su aplicación
a todos los procesos, demandas, trámites, procedimientos o actuaciones que se inicien con
posterioridad a dicha fecha, pero también señaló expresamente que las actuaciones en curso al

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En este orden de ideas, comoquiera que la providencia objeto del
presente recurso extraordinario de revisión alcanzó su ejecutoria el
27 de marzo de 2012 (f. 290 c. 1 del expediente ordinario), el
término de 5 años para presentarlo vencía los mismos día y mes
de 2017, y en esa medida, como en el sub lite ello ocurrió el 10 de
noviembre de 2014 (f. 1 c. ppal.), se tendrá como oportunamente
interpuesto.

[…]

En atención a las anteriores reglas de unificación (que si bien
fueron determinadas con posterioridad a la fecha de la sentencia
que se recurre en revisión, constituyen el derrotero actual en la
materia), para la Sala es claro que la exigencia más relevante para
acceder al régimen especial pensional de congresistas es el factor
temporal, pues se requiere principalmente que quien pretende el
reconocimiento de tal derecho tuviere una vinculación al Congreso
de la República entre el 18 de mayo de 1992 y el 1º de abril de
1994.

3.6.2 Sobre el reajuste especial. Como quedó anotado en el acápite
precedente, en consideración a que al sistema general de seguridad
social en pensiones de la Ley 100 de 1993 se incorporaron los
senadores, representantes a la Cámara, empleados del Congreso
de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso24, se
profirió el Decreto 1293 de 1994 que modificó el artículo 17 del
Decreto 1359 de 1993, de la siguiente manera:

[…]
Al respecto, la sala plena de la sección segunda de esta
Corporación, a través de la sentencia CE-SUJ-S2- 017 de 3 de
septiembre de 202025, que comporta el derrotero actual, en el tema
relacionado con el reajuste especial de la pensión de jubilación de
congresistas consagrado en el artículo 17 del Decreto 1359 de
1993, modificado por el artículo 7 del Decreto 1293 de 1994, fijó
las siguientes reglas de unificación:

[…]

Es decir, que los excongresistas cuya pensión fue reconocida con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992, tendrían
derecho a un reajuste especial equivalente al 50% «[…] del

momento de entrar a regir la Ley 1437 de 2011, se regularán por el régimen jurídico precedente, es
decir, el Decreto Ley 01 de 1984».
24
Artículos 273 de la Ley 100 de 1993 y 1º (letra b) del Decreto 691 de 1994.

25
Expediente 25000-23-25-000-2008-00097-02 (2694-2016).

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24

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promedio de las pensiones a que tendrían derecho los actuales
congresistas»; sin embargo, la Corte Constitucional, en sentencia
T-456 de 199426, consideró:

[…]

Así las cosas, los senadores o representantes a la Cámara
pensionados con anterioridad a la Ley 4ª de 1992 son beneficiarios
del reajuste especial equivalente al 50% al que se refieren los
Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, con efectos fiscales a
partir del 1º. de enero de 1994.

[…]

De los antecedentes expuestos, la Sala advierte que a la fecha en
que entró en vigencia de la Ley 4ª de 1992 (18 de mayo de 1992),
el señor Carlos Arturo Ángel Arango no ejercía el cargo de
congresista y pese a que contaba con más de 40 años al 1º de abril
de 1994, para significar que se encontraba amparado por el
régimen de transición general establecido en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, lo cierto es que no resultaba beneficiario del
régimen especial contemplado en el Decreto 1293 de 1994, porque
este último fue consagrado para quienes ostentaban la condición
de congresista entre el 18 de mayo de 1992 y el 1º de abril de
1994, tal como se expuso en los acápites anteriores.

En efecto, al señor Carlos Arturo Ángel Arango no le era aplicable
el régimen especial de los congresistas consagrado en el Decreto
1359 de 1993, por cuanto a la fecha de entrada en vigencia de la
Ley 4ª de 1992, esto es, 18 de mayo de 1992, no ocupaba el cargo
de senador de la República o de representante a la Cámara, ni se
encontraba afiliado a Fonprecon.

[…]

Corolario de lo expuesto, estima la Sala que se configuró la causal
contenida en la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por
lo que, se infirmará la sentencia de 21 de octubre de 2011,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado y, en su lugar, se procederá a emitir sentencia de
reemplazo, de conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la
Ley 1437 de 2011, reformado por el artículo 70 de la Ley 2180 de
2021, mediante la cual se negarán las pretensiones de la demanda,
porque el criterio de la sentencia objeto de revisión, resulta

26
M. P. Alejandro Martínez Caballero.

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25

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contrario al postulado de la sostenibilidad fiscal […]”. (Destacado
pertenece al texto).

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN, de una parte, dedicó un

acápite a analizar el término para hacer uso del recurso

extraordinario de revisión, frente a lo cual determinó que el régimen

aplicable al asunto era el dispuesto en el artículo 251 del CPACA,

comoquiera que este fue presentado el 10 de noviembre de 2014,

esto es, estando en vigencia lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Así las cosas, consideró que comoquiera que la ejecutoria de la

providencia objeto de revisión se dio el 26 de marzo de 2012, el

término de 5 años para presentar el recurso extraordinario de

revisión vencía el mismo día de marzo de 2017, lo que advertía que

fue interpuesto dentro del término establecido para el efecto.

De otra parte, estimó que el señor CARLOS ARTURO ÁNGEL

ARANGO (q.e.p.d.) no era beneficiario del régimen especial de

congresistas previsto en el Decreto 1293 de 1994, toda vez que a la

entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992, no ostentaba el cargo de

senador ni se encontraba afiliado a FONPRECON.

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En efecto, aseveró que de conformidad con la jurisprudencia

proferida por el Consejo de Estado y la normativa dispuesta para ello,

para acceder al régimen especial pensional de congresistas se

requiere que quien pretende el reconocimiento del derecho debía

estar vinculado al Congreso de la República entre el 18 de mayo de

1992 y el 1º de abril de 1994, lo cual no ocurrió en el presente

asunto, pues aun cuando el causante para este momento contaba

con más de 40 años y estaba amparado por el régimen de transición

general establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no era

beneficiario del régimen pensional cuya aplicación solicitó.

Así las cosas, para la Sala ni el análisis, ni la decisión contenida en la

providencia controvertida resultan caprichosos o arbitrarios, sino que

fueron adoptados a partir del alcance dado a la normativa y a la

jurisprudencia dispuesta para el asunto. Situación distinta es que la

parte actora no comparta la tesis allí dispuesta, al ser adversa a sus

intereses, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN decidió el asunto

sometido a su consideración.

Sobre el particular, se resalta que, en un asunto similar, la SECCIÓN

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SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO en

sentencia de 13 de diciembre de 202427, despachó

desfavorablemente las pretensiones dentro de una acción de tutela

en la que también se controvertía una providencia dictada dentro de

un recurso extraordinario de revisión, y se alegaba y pretendía que

el término de caducidad se rigiera por lo establecido en el CCA, al ser

la normatividad vigente al momento de formularse la demanda de

nulidad y restablecimiento del derecho objeto del recurso.

Por último, en lo que respecta al cargo del desconocimiento del

precedente jurisprudencial, este carece de vocación de prosperidad,

en la medida en que la sentencia C-835 de 2003, la Corte

Constitucional declaró inexequible la expresión "en cualquier tiempo"

del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que habilitaba la interposición

ilimitada del recurso extraordinario de revisión contra fallos

27
Expediente 11001-03-15-000-2024-05452-00, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, en dicha oportunidad
se dijo: “[…] La parte accionante considera que, en la providencia cuestionada, el Consejo de
Estado, Sala de Decisión núm. 18, desconoció el contexto en el que se presentó la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, para el momento de su interposición, esto
es, para el 10 de abril de 1996, se encontraba vigente el Decreto 01 de 1984 […]

Debe tenerse en cuenta que la interpretación normativa de la Sala de Decisión se fundamentó
en la providencia de unificación del 25 de junio de 2014, en la que se analizó la entrada en
vigor del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Además, en la providencia objeto de reproche, se justificó de forma argumentada las razones
por las cuales el término de caducidad se rige por lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, sin
que se pueda considerar que las razones sean arbitrarias o caprichosas […]

En relación con los reproches realizados en este aspecto, se advierte que no se dejó de aplicar
ninguna disposición constitucional de forma directa, ni que hubiera lugar a aplicar alguna
excepción de inconstitucionalidad al caso concreto. Por el contrario, la decisión se adoptó
con base en la interpretación que de la caducidad ha hecho la Sala Plena del Consejo de
Estado, por lo que tampoco se puede afirmar válidamente que se haya desconocido
directamente la Constitución Política […]” (Resaltado fuera del texto original).

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pensionales irregulares, lo cual no ocurrió en el presente caso, pues

como se expuso previamente, la providencia cuestionada cobró

ejecutoria el 26 de marzo de 2012, por lo que el término de los 5

años para presentarlo vencía en marzo de 2017, lo que demuestra

que se hizo uso del mismo dentro del plazo legal establecido.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

demandante, sino una divergencia que obedece a la interpretación

dada por el juez natural del asunto a la norma dispuesta para el caso,

en el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar

a la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

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En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

de amparo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente

providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

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