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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04182-00

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-04182-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04182-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04182-00
Accionante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN PRIMERA - SUBSECCIÓN A Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente por cuestionar una sentencia proferida dentro de otra acción
de tutela y no cumplir el requisito general de legitimación en la causa por
activa.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el Ministerio de Defensa Nacional
• Policía Nacional contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del
Circuito de Bogotá.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
en conexidad con los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, cuya
vulneración le atribuyó a las providencias de 2 de marzo, 12 y 20 de mayo de 2026,
proferidas por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro de la acción de tutela con número de radicación 11001-33-36-035-2026-
00007-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que mediante la Resolución núm. 000045 del 8 de enero de 2026 mediante
la cual se dispuso el retiro por llamamiento a calificar servicios del Teniente Coronel
Sergio Alberto Peñaranda Ramírez, y a través de la Resolución núm. 04209 del 21
de noviembre de 2025 se ordenó su traslado al Departamento de Policía del Cauca,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

razón por la cual el señor Peñaranda Ramírez interpuso acción de tutela con radicado
núm. 11001-33-36-035-2026-00007-00/01 contra la Policía Nacional - Dirección
General - Dirección de Inteligencia Policial - Grupo de Seguridad Institucional -
Dirección de Talento Humano - DICAR al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la vida e integridad personal, unidad familiar, seguridad personal
frente a riesgo extraordinario, estabilidad laboral y el interés superior de su hijo menor
que nació prematuro.

2.2. Manifestó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante sentencia
de 29 de enero de 2026, resolvió:

“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la vida, seguridad
personal frente a riesgo extraordinario, salud y derecho a la unidad familiar de
su menor hijo y del señor teniente coronel Sergio Alberto Peñaranda Ramírez,
por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: SUSPENDER los efectos jurídicos de la Resolución 04209 del 21
de noviembre de 2025 que ordenó su traslado y la Resolución 000045 del 08
de enero de 2026 que lo llamó a calificar servicios hasta tanto se defina el tema
de la seguridad personal por riesgo extraordinario invocado por el referido
oficial.

TERCERO: ORDENAR a la Policía Nacional, a través de las dependencias
competentes, que en el término de 30 días a la notificación de esta sentencia,
(i) concluya y le comunique al señor teniente coronel Sergio Alberto Peñaranda
Ramírez los resultados del análisis de seguridad por riesgo extraordinario
solicitado; y a su vez dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la
notificación de esta sentencia, (ii) le haga entrega de la copia de la solicitud
realizada por el director general de la Policía Nacional, contenida en la
exposición de motivos del 5 de enero de 2026, para la expedición de la
Resolución 0045 del 08 de enero de 2026, para lo que a su juicio considere
pertinente […]”.

2.3. Adujo que “[…] el 04 de febrero de 2026 la Policía Nacional allegó al despacho
judicial escrito de impugnación […]”. Al igual que, “[…] el señor teniente coronel
Peñaranda Ramírez también presentó impugnación por considerar que “aunque la
sentencia reconoció la vulneración de sus derechos fundamentales y ordenó la
suspensión de los efectos de las Resoluciones 04209 de 2025 y 000045 de 2026,
la protección otorgada resulta insuficiente, pues no tuvo en cuenta los hechos
sobrevinientes ocurridos durante el trámite de la tutela […]”.

2.4. Enfatizó que el señor Sergio Alberto Peñaranda Ramírez, mediante memorial de
6 de febrero de 2026, solicitó al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito
de Bogotá, el cumplimiento del fallo de tutela.

2.5. Señaló que, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante auto de 9 de febrero de 2026, requirió al señor General Oswaldo Rincón
Zambrano, con el fin de que acreditara el trámite realizado para dar cumplimiento al
fallo de tutela proferido el 29 de enero de 2026.

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Accionante: Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

2.6. Resaltó que el General Oswaldo Rincón rindió informe el 12 de febrero de 2026,
en el cual señaló las actuaciones adelantadas para dar cumplimiento a la decisión
judicial.

2.7. Informó que el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante auto de 20 de febrero de 2026, resolvió tener por cumplido el fallo de
tutela, no abrir incidente de desacato y archivar el expediente.

2.8. Agregó que, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, profirió sentencia de segunda instancia el 2 de marzo de 2026,
en la cual confirmó el amparo.

2.9. Señaló que el señor Peñaranda Ramírez solicitó aclaración de la sentencia de
segunda instancia al considerar que existe una supuesta ambigüedad entre la parte
motiva y la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia, específicamente
en lo relacionado con el alcance de la suspensión de los actos administrativos objeto
de la tutela.

2.10. Sostuvo que, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia de 29 de abril de 2026, negó
la solicitud de aclaración, comoquiera que lo pretendido desbordaba el ámbito de la
aclaración y se aproximaba a una modificación o adición de la sentencia, lo cual
resultaba improcedente.

2.11. Añadió que el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante auto de 12 de mayo de 2026, ordenó que se obedezca y cumpla lo
siguiente:

“[…] “PRIMERO: OBEDECER Y CUMPLIR lo dispuesto por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” en
providencia del 29 de abril de 2026, mediante la cual dispuso negar la solicitud
de aclaración presentada por el accionante, de la sentencia del 02 de marzo
de 2026 proferida por esa Corporación.

SEGUNDO: REQUERIR, por Secretaría, al general William Oswaldo Rincón
Zambrano, Director General de la Policía Nacional, o quien haga sus veces,
para que, dentro del término de dos (02) días siguientes al recibo de la
notificación de esta providencia, acredite el trámite realizado para dar
cumplimiento al fallo de tutela proferido el 29 de enero de 2026 que ordenó la
suspensión de los efectos jurídicos de las Resoluciones 04209 del 21 de
noviembre de 2025 y 000045 del 08 de enero de 2026, que llamó a calificar
servicios del señor Sergio Alberto Peñaranda Ramírez, confirmado por el
superior el 02 de marzo de 2026, en el sentido de (i) reintegrar de forma
inmediata al señor Sergio Alberto Peñaranda Ramírez al cargo que ostentaba
dentro de la Institución, (ii) restablecer el esquema de seguridad otorgado,
como funcionario activo. En caso de no ser el encargado del cumplimiento del
fallo, indique quién es, precisando su cédula y correo electrónico institucional,
y le haga cumplir la orden dada.

TERCERO: INSTAR al incidentante para que ejerza la acción para
controvertir la legalidad de los actos administrativos (Resoluciones 04209 del
21 de noviembre de 2025 y 00045 del 08 de enero de 2026), en un término

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Accionante: Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de segunda instancia del 02 de
marzo de 2026, so pena de cesar los efectos de la sentencia de tutela (art 8
del Decreto 2591 de 1991) […]”. [Negrilla del texto]

2.12. Finalmente, señaló que el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito
de Bogotá mediante auto de 20 de mayo de 2026, resolvió abrir incidente de
desacato en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: ADMITIR el incidente de desacato presentado por el señor
Sergio Alberto Peñaranda Ramírez, en contra del general William Oswaldo
Rincón Zambrano C.C. […], en calidad de Director General de la Policía
Nacional, o quien haga sus veces.

SEGUNDO: REQUERIR al general William Oswaldo Rincón Zambrano C.C.
79.503.630, en calidad de Director General de la Policía Nacional, o quien haga
sus veces para que, de conformidad con lo señalado en el artículo 27 del
Decreto 2591 de 1991, dentro del término de dos (2) días siguientes al recibo
de la notificación de esta providencia, acredite el cumplimiento del fallo de tutela
proferido por este Despacho el 29 de enero de 2026, confirmado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, el 02 de
marzo de 2026, que explicó el “alcance, finalidad y naturaleza jurídica” de la
decisión de suspensión de los efectos jurídicos de las Resoluciones 04209 del
21 de noviembre de 2025 y 000045 del 08 de enero de 2026, que llamó a
calificar servicios del señor Sergio Alberto Peñaranda Ramírez, en el sentido de
(i) reintegrar de forma inmediata al señor Sergio Alberto Peñaranda Ramírez al
cargo que ostentaba dentro de la Institución, (ii) restablecer el esquema de
seguridad otorgado, como funcionario activo.

En el evento en que el referido director general de la Policía no sea el encargado
de dar cumplimiento a la orden dada en el fallo de tutela, la institución policial
deberá informarlo de manera inmediata a este Despacho.

Notificar la presente decisión al citado, a la cuenta de correo electrónico de
notificaciones de la entidad.

REQUERIR a Talento Humano de la Policía Nacional para que suministre a
este Despacho la cuenta de correo personal institucional del general William
Oswaldo Rincón Zambrano y/o de quien sea el encargado de cumplir el fallo de
tutela.

TERCERO: ADVERTIR a la parte accionada que conforme al artículo 52 del
Decreto 2591 de 1991, la persona que incurriere en desacato será sancionada
con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos
mensuales […]”. [Negrilla del texto]

2.13. Consideró que las providencias mencionadas supra vulneraron sus derechos
fundamentales indicados por haber incurrido en un defecto procedimental absoluto.

2.14. Señaló que se configuró “[…] El Defecto Procedimental Absoluto, en atención a
que al dictar órdenes en un incidente de desacato que no estaban en el fallo de
tutela original, el juez está pretermitiendo etapas y creando un trámite ajeno. El
incidente de desacato tiene como único fin sancionar el incumplimiento de lo ya
ordenado, no convertirse en una "tercera instancia" para generar nuevas
obligaciones, yendo en contra de las garantías constitucionales de la Policía
Nacional y contrariando principios como el de seguridad jurídica. La contradicción

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Accionante: Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

flagrante entre lo que el juez motiva (considerandos) y lo que finalmente ordena
(resolutiva) rompe la estructura legal […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRETENSIONES

PRIMERO: levantar la suspensión transitoria de los actos administrativos nro.
04209 del 21 de noviembre de 2025 y 000045 del 08 de enero de 2026, a través
de los cuales se causó el traslado y retiro por la causal de llamamiento a calificar
servicios del señor teniente coronel Sergio Alberto Peñaranda Ramírez y en su
lugar, declarar el cumplimiento de las decisiones judiciales, dentro de la acción
de tutela con radicado nro. 11001333603520260000700/01.

SEGUNDO: Declarar la nulidad de la sentencia de segunda instancia del 02 de
marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Primera -Subsección “A” y posteriores actuaciones adelantadas por el
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección
Tercera, bajo radicado 11001333603520260000700/01, por configurarse la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, administración
de justicia, defensa y contradicción, principio de cosa juzgada y seguridad
jurídica de la Policía.

TERCERO: requerir al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá - Sección Tercera para que remita a su honorable despacho
judicial el expediente de tutela de radicado nro.
11001333603520260000700/01, con todas las piezas procesales […]”. [Negrilla
del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 22 de junio de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso a los señores Sergio Alberto Peñaranda
Ramírez y William Oswaldo Rincón Zambrano.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. LaSubsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó declarar improcedente la acción de tutela, comoquiera que
“[…] la providencia de segunda instancia proferida por esta Corporación se limitó a
resolver la impugnación formulada por el señor Sergio Peñaranda dentro del marco
de las competencias previstas en el Decreto 2591 de 1991. La decisión fue
debidamente motivada, analizó los argumentos expuestos por las partes y confirmó
la sentencia recurrida con fundamento en las pruebas obrantes y en la
jurisprudencia constitucional aplicable […]”.

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5.2. El Juzgado Treinta y Cinco del Circuito de Bogotá manifestó lo siguiente:

“[…] Se promovieron dos incidentes de desacato: el primero se decidió
mediante auto del 20 de febrero de 2026 teniendo por cumplido el fallo de
tutela y disponiendo no abrir el incidente. El segundo se presentó luego de
que el superior resolviera la impugnación, y como el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” confirmó la suspensión
de los efectos jurídicos de las Resoluciones de traslado y de llamado a
calificar servicios, pero en la parte considerativa del fallo del 02 de marzo de
2026 precisó aspectos accidentales como tiempo y modo de tal suspensión
al concederlo como medida provisional, fue necesario modular las órdenes
impartidas en la sentencia mediante proveído del 12 de mayo de 2026 para
precisar que la Policía Nacional debía “(i) reintegrar de forma inmediata al
señor Sergio Alberto Peñaranda Ramírez al cargo que ostentaba dentro de la
Institución, (ii) restablecer el esquema de seguridad otorgado, como
funcionario activo”, con el propósito de hacer posible su cumplimiento. El 20
de mayo de 2026 se admitió el desacato, y el 23 de junio de 2026 se cerró el
trámite incidental por haber sido cumplido lo ordenado en el fallo de tutela,
confirmado por el superior.

Ahora, respecto de los hechos y pretensiones de la acción de tutela, se
observa que tienen relación directa con lo decidido por el superior funcional y
lo actuado dentro del segundo incidente de desacato. En consecuencia, este
Despacho no puede efectuar pronunciamiento frente a lo decidido por el
superior. Respecto del segundo incidente de desacato, suficiente es
manifestar que no es cierto que lo allí actuado constituya una vía de hecho
por defecto fáctico ni sustantivo (autos del 12 y 20 de mayo de 2026). Como
ya se indicó, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia de
segunda instancia, indicó que la decisión de suspender los efectos jurídicos
del acto que ordenó el retiro del accionante del servicio se adoptó como
medida de protección provisional, por lo que dentro del trámite incidental se
modularon las órdenes impartidas en la sentencia, respetando el principio de
cosa juzgada y sin alterar el contenido esencial de lo decidido originalmente,
considerando los elementos del contexto, para hacer posible su cumplimiento,
sin que con ello se vulneraran los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, ni derecho fundamental alguno de los
intervinientes, principios de cosa juzgada, congruencia y seguridad jurídica,
por lo cual se debe negar el amparo solicitado […]”.

5.3. El señor Sergio Alberto Peñaranda Ramírez solicitó declarar improcedente la
acción de tutela y que se ordene a la Policía Nacional que se dé cumplimiento
inmediato e integral a lo solicitado en el trámite constitucional.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.

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de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto procedimental absoluto.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de

3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
6
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
8
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

9

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VI.4. Sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas
dentro del trámite incidental de desacato en un proceso de tutela

16. A través de la sentencia SU-034 de 201811, la Corte Constitucional
condicionó la procedencia de acción de tutela contra los autos dictados en el marco
de un incidente de desacato, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

“[…] i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada;
es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de
finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso.

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una
de las causales específicas (defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes
con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que
a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron
pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar
de oficio […]”.

VI.5. El caso concreto

17. El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia en conexidad con los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, cuya
vulneración le atribuyó a las providencias de 2 de marzo, 12 y 20 de mayo de 2026,
proferidas por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro de la acción de tutela con número de radicación 11001-33-36-035-2026-
00007-00/01.

18. Precisado lo anterior, la Sala estudiará i) la improcedencia de la acción de tutela
por dirigirse contra un fallo proferido en un proceso de idéntica naturaleza y ii) la
legitimación en la causa por pasiva para cuestionar la apertura de un trámite
incidental de desacato.

VI.5.1. De la improcedencia de la acción de amparo por dirigirse contra una
sentencia de tutela

19. Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra una sentencia proferida
en otro proceso de tutela, se destaca que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-
627 de 2015, unificó criterio y precisó lo siguiente:

“[…] 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

11
Corte Constitucional. Sala Plena. Exp.T-6.017.539, M.P. Alberto Rojas Ríos. 3 de mayo de 201.

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4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación […]”12. [Negrilla fuera de texto].

20. Esta Sección considera que la presente acción constitucional es improcedente
porque uno de los cargos se dirige contra las providencias de 2 de marzo de 2026,
proferidas por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro de la acción de tutela con número de radicación 11001-33-
36-035-2026-00007-00/01; es decir, cuestiona un fallo proferido en un proceso de
idéntica naturaleza, sin que se demostrara que dicha decisión fue proferida con
ocasión de un fraude, sino que lo pretendido por la parte accionante es que se expida
una nueva sentencia de tutela favorable a sus intereses.

21. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
en razón a que se dirige contra una sentencia dictada en otro proceso de igual
naturaleza y no está acreditado el supuesto previsto en la sentencia SU-627 de 2015.

22. La Sala precisa que respecto a la pretensión de “[…] levantar la suspensión
transitoria de los actos administrativos nro. 04209 del 21 de noviembre de 2025 y
000045 del 08 de enero de 2026 y en su lugar, declarar el cumplimiento de las
decisiones judiciales […]”, i) esto atañe la orden de amparo impartida por el juez de
tutela, respecto de la cual como se advirtió supra esta acción de tutela es
improcedente; y ii) es el juez natural en el trámite del desacato la autoridad
competente para determinar o no el cumplimiento de la decisión judicial.

VI.5.2. De la falta de legitimación en la causa por activa en el caso sub examine

23. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la
prestación de un servicio público.

12
Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. T- 4.496.402, M.P. Mauricio González Cuervo; 1 de octubre de 2015.

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24. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:

“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.

25. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando
la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es promovida
por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de amparo es
interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa en calidad de
agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del agenciado de
actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida por el Defensor
del Pueblo o los personeros municipales.

26. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:

“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por
tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el
juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa
que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Adicionalmente, la
legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de
un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y
la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual
la tutela se torna improcedente […]”13. [Subrayado fuera del texto]

27. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, solicitó el amparo
a sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia en conexidad con los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, cuya
vulneración le atribuyó a las providencias de 12 y 20 de mayo de 2026, proferidas
por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá.

13
Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo

12

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28. Al respecto, la Sala advierte que el trámite incidental de desacato se admitió
contra “[…] el general William Oswaldo Rincón Zambrano C.C. […], en calidad de
Director General de la Policía Nacional […]”, por lo que es la persona legitimada
para presentar la acción de tutela, en la medida en que atendiendo al carácter
subjetivo del desacato y dada la naturaleza disciplinaria de la sanción, este se dirige
contra la persona responsable del presunto incumplimiento del fallo, frente al cual
se analiza su actuar negligente respecto de su obligación14.

29. En ese sentido, se considera que la parte accionante no tiene la legitimación en
la causa por activa para cuestionar las providencias proferidas en el trámite de
desacato de la referencia.

30. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela por cuestionar una sentencia proferida dentro de otra acción de
tutela y no cumplir el requisito general de legitimación en la causa por activa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

14
En la Sentencia T-763 de 1998, con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional indicó:
“Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una
responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo,
no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento”.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04182-00
Accionante: Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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