Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04195-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04195-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04195-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04195-00
Demandante: Heiner Kedi Ariza Royero
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Temas: Tutela contra providencia judicial en el medio de control de
reparación directa por muerte de conscripto / Defecto fáctico y
desconocimiento del precedente judicial
Decisión: Negar la solicitud de amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la solicitud formulada por Heiner Kedi Ariza Royero en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Heiner Kedi Ariza Royero promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 30 de abril de 2026 por el Tribunal Administrativo del Cesar, en
el medio de control de reparación directa identificado con el radicado 20001-33- 33-
002-2021-00214-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó2 demanda en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con la finalidad de que
se les declarara responsables por los perjuicios ocasionados con la muerte de Julián
Guillermo Ariza Beleño, ocurrida el 12 de abril de 2021, cuando fue impactado por un
rayo durante la prestación del servicio militar obligatorio.
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «3ED_Demanda(.pdf) NroActua 2».
2 En conjunto con su núcleo familiar.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Heiner Kedi Ariza Royero
2.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar en
sentencia del 12 de abril de 2023, negó las pretensiones de la demanda al considerar
que, no se acreditó la imputación jurídica del Ejército Nacional respecto de la muerte
de Julián Guillermo Ariza Beleño, pues la misma fue con ocasión del fenómeno
natural ocurrido el 12 de abril en la vereda La Duda [zona rural del municipio de
Agustín Codazzi], que se constituye en una circunstancia de fuerza mayor
imprevisible e irresistible para la administración. En contra de esta decisión interpuso
recurso de apelación.
2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
en sentencia del 30 de abril de 2026 confirmó la decisión del a quo, al concluir que
se configuró un eximente de responsabilidad comoquiera que la caída de un rayo es
considerada como una fuerza mayor que excede los límites previstos para la garantía
que se ha establecido respecto del cuidado que debe tener la administración frente a
quienes prestan el servicio militar obligatorio.
2.4. La autoridad judicial demandada vulneró los derechos fundamentales al
incurrir en defecto fáctico por desacreditar el testimonio de María Lourdes Córdoba,
cuando manifestó que en ese momento el país atravesaba unas tormentas. Si
estimaba insuficiente esa declaración, debió verificarla en ejercicio de sus facultades
oficiosas, bien con decreto de la prueba que él mismo sugirió, o mediante el principio
del hecho notorio. Para ello, podía consultar las condiciones climáticas mediante
fuentes de acceso público, cuya información estadística no requería certificación de
una autoridad competente, tales como CHATGPT.
2.5. Es un hecho notorio que, durante el mes de abril, inicia la primera temporada
de lluvias en el departamento del Cesar, particularmente en el municipio de Codazzi
y la serranía del Perijá, caracterizada por fuertes precipitaciones y tormentas
eléctricas. En consecuencia, esa circunstancia no requería prueba y, de pretender
desvirtuarla, correspondía al Ejército Nacional asumir la carga de demostrar lo
contrario, lo que no ocurrió.
2.6. También se omitió valorar el Informativo Administrativo por Muerte No. 001,
del 19 de abril de 2021, en el que se consignó que, según el comandante del pelotón,
hacia las 00:00 horas comenzó a llover y se presentaron truenos. Aproximadamente
30 minutos después, encontraron sin vida al soldado Julián Guillermo Ariza Beleño.
Ese documento demuestra que el riesgo era previsible.
2.7. En defecto sustantivo por cuanto consideró que la caída de un rayo configuró
un evento de fuerza mayor, pese a que el Consejo de Estado ha sostenido de manera
pacífica y reiterada que las lluvias y temporadas invernales ordinarias en Colombia
no reúnen las condiciones de imprevisibilidad e irresistibilidad propias de dicha
causal. Si el inicio de la temporada de lluvias en la zona, durante el mes de abril,
constituía un hecho notorio, no se advierte en qué radicó la imprevisibilidad del
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Demandante: Heiner Kedi Ariza Royero
suceso, máxime cuando, treinta minutos antes del impacto, el comandante del
pelotón ya había advertido la presencia de lluvia, truenos y descargas eléctricas.
2.8. En desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado3 donde sí
se condenó a las entidades por la muerte de un conscripto durante una operación
militar por la caída de un puente a causa de la caída de un árbol, comoquiera que no
estaba obligado asumir ningún riesgo por su vida o integridad física. Asimismo, del
Juzgado Segundo administrativo de Valledupar4 donde también se condenó por las
lesiones sufridas con ocasión de la caída de un caballo, y del Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar5 donde también se condenó por
cuanto durante la prestación del servicio militar se adquirió la enfermedad de Chagas
con ocasión de la picadura de un chinche.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1) Tutelar el derecho fundamental al Debido Proceso, Acceso a La Administración De
Justicia, y demás que se hayan conculcado por el Tribunal Administrativo del Cesar, en la
sentencia de fecha Treinta (30) de abril de 2026, proferida dentro del medio de control de
reparación directa promovido por el señor HEINER ARIZA ROYERO y OTROS, en contra
de la Nación, Ministerio de Defensa y Ejercito Nacional, radicad bajo No. 20001-33-33-002-
2021- 00214-00.
2) DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del Treinta (30) de abril de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del medio de control de reparación directa
promovido por el señor HEINER ARIZA ROYERO y OTROS, en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa y Ejercito Nacional, radicad bajo No. 20001- 33-33-002-2021-00214-
00.
3) ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar, que, en un término prudencial, a partir
de la notificación del fallo, profiera una nueva sentencia en la que se resuelva declarar
administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa y Ejercito
Nacional, por la muerte del soldado conscripto JULIAN ARIZA BELEÑO, y
consecuentemente ordene la reparación de los daños causados a los demandantes.
4) Las demás que la sala estime pertinentes, conducentes y necesarias para garantizar la
seguridad jurídica. […]» [sic].
3 Al respecto citó la sentencia: i) 2 de marzo de 2022, Sección Tercera, Subsección C, radicado, 05001-
23-31-000-2010-01473-01 (51595).
4 Al respecto citó: i) sentencias del 9 de junio de 2022, reparación directa con radicado 20001-33-33-
002- 2020-00096-00.
5 Al respecto citó: sentencia del 29 de abril de 2025, reparación directa con radicado 20001-33-33-
006-2021-00084-00.
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Demandante: Heiner Kedi Ariza Royero
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar6
si bien allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de
amparo.
5. El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional7 solicitó que se declarara
improcedente la petición de amparo, o en su defecto, se negara, por cuanto no se
acreditó los requisitos para habilitar el análisis de fondo ante la ausencia de
vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues la verdadera intención
de la parte demandante es convertir el amparo en una instancia adicional del proceso
contencioso.
6. El Tribunal Administrativo del Cesar8 reiteró y acogió los fundamentos de
orden constitucional, legal y jurisprudencial expuestos en la providencia enjuiciada,
así como los criterios impartidos por el juez constitucional en la decisión adoptada
dentro del presente proceso.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el numeral 5 del artículo 1° del
Decreto 333 del 6 de abril de 20219 esta Sala es competente para conocer de la
presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del Cesar.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
6 Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado «14RECIBEPRUEBAS_20001333300220210021(.zip)
NroActua 11».
7 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado «15_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua 13».
8
Ver índice 15 de Samai. Archivo denominado
«20RECIBEPRUEBAS_Memorial_MEMORIALESNUEVOSSECG(.pdf) NroActua 15».
9 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
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Demandante: Heiner Kedi Ariza Royero
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema11. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
11. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo12, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
12. Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos14,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Demandante: Heiner Kedi Ariza Royero
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales15.
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
14. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo del Cesar vulneró los derechos fundamentales de Heiner Kedi Ariza
Royero con ocasión de la sentencia del 30 de abril de 2026, mediante la cual confirmó
la decisión del a quo, que negó las pretensiones indemnizatorias al encontrar
configurada la fuerza mayor como eximente de la responsabilidad estatal, con la que
incurrió, presuntamente, en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente
judicial?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
15. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
16. En este punto, la Sala aclara que, si bien el demandante indicó que se incurrió
en defecto sustantivo, lo cierto es que su argumentación no está fundamentada en la
interpretación o aplicación de normas jurídicas, sino que, se enmarca en el defecto
fáctico y desconocimiento del precedente planteados, razón por la cual el estudio se
subsumirá en estos últimos.
2.4.2. Defecto fáctico
17. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional16, tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
18. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»,17 «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
15 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
16 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
17 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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Demandante: Heiner Kedi Ariza Royero
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»18. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»19.
19. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas
que adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.3. Desconocimiento del precedente judicial
20. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.
21. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
22. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
23. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
18 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
19 Sentencia T-538 de 1994.
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esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.4.4. Sobre el caso concreto
24. Heiner Kedi Ariza Royero acudió al juez de tutela con el fin de que se amparen
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 30 de abril de 2026 por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la
cual confirmó la decisión del a quo, que negó las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión del fallecimiento de Julián Guillermo Ariza Beleño, al concluir
que ocurrió con ocasión de un hecho de fuerza mayor.
25. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto fáctico por desacreditar el
testimonio de María Lourdes Córdoba, cuando manifestó que en ese momento el país
atravesaba unas tormentas. Si estimaba insuficiente esa declaración, debió verificarla
en ejercicio de sus facultades oficiosas, bien con decreto de la prueba que él mismo
sugirió, o mediante el principio del hecho notorio.
26. También se omitió valorar el Informativo Administrativo por Muerte No. 001, de
19 de abril de 2021, en el que se consignó que, según el comandante del pelotón,
hacia las 00:00 horas comenzó a llover y se presentaron truenos. Aproximadamente
30 minutos después, encontraron sin vida al soldado Julián Guillermo Ariza Beleño.
Ese documento demuestra que el riesgo era previsible.
27. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por
el Tribunal Administrativo del Cesar, en la sentencia enjuiciada, respecto de la
acreditación de la eximente de responsabilidad de la fuerza mayor como
consecuencia de un hecho de la naturaleza, en los siguientes términos:
«[…] La parte demandante fundamenta su teoría del caso en que, de acuerdo con las
características y particularidades que revisten los daños causados accidentalmente o de
manera fortuita, el Estado sí debe ser declarado responsable por los daños que sufra un
conscripto, bajo el régimen objetivo de daño especial, en tanto lo que allí se produce es
un rompimiento en la igualdad ante las cargas públicas (distinta de la impuesta a los
demás en su mismo estado de conscripción).
Pues bien, respecto a las circunstancias del tiempo, modo y lugar en que se produjo la
muerte del soldado Julián Guillermo Ariza Beleño, se tiene que, el día 12 de abril de 2021,
en cumplimento de la orden de operaciones No. 007 ALCATRAZ de control territorial de
área, éste se desplazó junto a su pelotón a la Vereda la Duda, jurisdicción del municipio
de Agustín Codazzi- Cesar, y siendo las 00:30 horas comenzó a llover, lo que
desencadenó una tormenta eléctrica que hizo que un rayo impactara en su humanidad.
En ese orden de ideas, para la Sala, el daño se produce como resultado de un hecho de
la naturaleza, esto es, una descarga eléctrica producto de un rayo, y, si bien es cierto que
el Estado adquiere un deber de garante respecto de los ciudadanos que son reclutados
para la prestación del servicio militar obligatorio, ello no puede entenderse como una forma
de responsabilidad objetiva en la que todo daño que pueda sufrir un particular vinculado
al servicio militar obligatorio tenga que ser resarcido necesariamente.
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De conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, estima la Corporación, que no
se acreditó que al soldado Ariza Beleño se le haya sido sometido a una situación de riesgo
superior a aquella a la que está sometida el resto de la población vinculada al servicio
militar obligatorio o inclusive a la población en general, pues el riesgo de recibir una
descarga eléctrica proveniente de un rayo es un riesgo común a toda la población.
De otra parte, tampoco se demostró que el lugar donde ocurrieron los hechos Vereda la
Duda- hubiese presencia de estructuras o de instalaciones que por su naturaleza hubiesen
podido atraer la descarga de forma que se haya generado un riesgo cuya gestión haya
resultado indebida y si bien en el testimonio rendido por la señora María Lourdes Córdoba,
al ser interrogada sobre la causa de muerte del soldado Ariza Beleño, esta indicó que
“Bueno, en ese momento sabíamos que el país estaba atravesando por unas tormentas,
había mucha lluvia y la zona por donde él estaba siempre ha sido afectada por los rayos,
todo el tiempo.”, esa circunstancia no se acreditó dentro del plenario con informes
meteorológicos o estadísticos emitidos por el IDEAM o por otra autoridad o profesional
competente.
En ese orden de ideas, para la Sala es imposible que pueda predecirse el momento y
lugar en que se producirá la caída de un rayo, de tal suerte que no se le puede hacer
exigible al demandado adoptar medidas en este sentido y tendientes a la protección de su
personal.
No puede acogerse la tesis del caso planteada por la parte actora pues, si bien es cierto
que existe el mencionado deber de garantía, éste no puede entenderse como absoluto,
de manera que necesariamente procede el exigir la demostración probatoria de alguna
conducta que pueda ser tenida como una falla en el servicio, o que pueda configurar un
régimen especial de responsabilidad.
Al respecto ha sido pacífica la jurisprudencia del Consejo de Estado cuando ha
sostenido20:
“D]e una parte, se demostró: la ocurrencia del hecho dañino, el daño sufrido por la
víctima y el nexo de éste con la caída de un rayo y, de otra parte, no se demostró la
omisión administrativa. Por lo tanto el demandante no probó todos los elementos de
responsabilidad; le correspondía establecer que el hecho dañino provino de una
conducta omisiva de la Administración y no lo hizo. Además podría haber desvirtuado,
mediante la tacha (art. 289 del C.P.C), la presunción de veracidad del informe público
hecho por el comandante respecto de la existencia de antena en el lugar de los hechos.
Desde otro punto de vista la parte actora demostró la existencia del daño padecido por
la víctima directa pero olvidó demostrar su antijuridicidad. Y finalmente aunque se
averiguó el nexo causal, la ligadura del daño está atada a un hecho de fuerza mayor
(caída de un rayo en una tormenta eléctrica) lo que permite concluir que el hecho
enjuiciado no lo causó la Administración.”
Aplicado este criterio al caso concreto se tiene entonces que la caída de un Rayo es
considerada como una fuerza mayor y por ende configura una causal eximente de
responsabilidad que exceden los límites previstos para la garantía que se ha establecido
respecto del cuidado que debe tener la administración respecto de quienes prestan el
servicio militar obligatorio.
La ocurrencia de un hecho de la naturaleza como el que dio origen a la muerte del soldado
y la reparación [que] ahora se reclama supone para la administración un imprevisto
20 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA
• consejera ponente: MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ. 15 de junio de 2000. Radicación número:
CE-SEC3-EXP2000-N12423 Actor: LIGIA FELIZZOLA AHUMADA Y OTROS. Demandado: NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA. Referencia: REPARACIÓN DIRECTA.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04195-00
Demandante: Heiner Kedi Ariza Royero
irresistible y por lo mismo sus consecuencias no pueden ser tenidas como un daño
causado por su actuar o su omisión.
En virtud de lo anterior este elemento de la responsabilidad patrimonial del Estado no
puede detenerse por demostrado. […]» [sic].
28. Como se observa, y a partir de una lectura integral de la sentencia, la Sala
concluye que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, la autoridad judicial
demandada sustentó su decisión en las pruebas allegadas al proceso, entre ellas la
orden de operaciones No. 007 ALCATRAZ, el testimonio de María Lourdes Córdoba
y los demás elementos de convicción relacionados con las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que ocurrió el fallecimiento del soldado Julián Guillermo Ariza
Beleño. Con fundamento en ese material probatorio, concluyó que la muerte fue
ocasionada por la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica, fenómeno que
calificó como un hecho de fuerza mayor, sin que se acreditara una falla del servicio,
la exposición del conscripto a un riesgo superior al que soportaba el resto de la
población o la existencia de una conducta imputable a la administración que
comprometiera su responsabilidad patrimonial.
29. Ahora bien, aunque la parte demandante refirió que durante abril se presenta
la primera temporada de lluvias en el departamento del Cesar, y que en la zona de la
serranía del Perijá son frecuentes las precipitaciones, lo cierto es que ello no permite
concluir que el Ejército Nacional pudiera prever el momento, el lugar y la ocurrencia
específica de la descarga eléctrica que ocasionó la muerte del soldado Julián
Guillermo Ariza Beleño.
30. En efecto, la autoridad judicial demandada explicó que la caída de un rayo
constituye un hecho de la naturaleza cuya materialización resulta impredecible e
irresistible, razón por la cual no era jurídicamente exigible a la administración adoptar
medidas para evitar un evento cuya ocurrencia concreta no podía anticiparse.
Asimismo, destacó que no existía prueba técnica como informes meteorológicos o
estadísticos del IDEAM o de autoridad competente que acreditara que el sitio de los
hechos presentaba un riesgo excepcional de descargas eléctricas o que el soldado
hubiese sido expuesto a un riesgo superior al asumido por el resto de la población o
por los demás conscriptos.
31. De igual forma, si bien la parte demandante refirió que no se tuvo en cuenta el
informativo administrativo por muerte No. 001 del 19 de abril de 2021 lo cierto es que
en la providencia enjuiciada sí se hizo referencia al mismo, y se precisó que «[n]o
existe controversia entre las partes respecto de la vinculación del ciudadano JULIAN
GUILLERMO ARIZA BELEÑO al servicio militar obligatorio siendo adscrito al Ejército
Nacional, así como tampoco respecto de que durante la prestación de dicho servicio falleció
como consecuencia de una descarga eléctrica producida por un rayo. Así quedó consignado
en el informativo administrativo por muerte No. 001 de fecha 19 de abril de 2021, suscrito por
el Comandante del Batallón de Artillería No. 2 la Popa».
32. Al respecto, aunque el demandante consideró que el mismo demostraba la
previsibilidad del riesgo, para la Sala dicho documento da cuenta de que,
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Demandante: Heiner Kedi Ariza Royero
aproximadamente a las 00:30 horas, comenzó a llover y se presentaron truenos antes
de que el soldado fuera hallado sin vida; sin embargo, esa información únicamente
acredita la secuencia de los hechos y la existencia de una tormenta eléctrica, más no
que el Ejército Nacional hubiera podido prever el impacto del rayo o evitar sus
consecuencias.
33. Así, contrario a lo señalado por la parte demandante, no se evidencia que la
autoridad judicial haya incurrido en irregularidad alguna en su labor de búsqueda de
la verdad pues lo cierto es que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 167 del
Código General del Proceso, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
alegado en la demanda, en este caso, la antijuridicidad del daño, y, más aún cuando
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo la justicia es rogada y no de oficio.
Razón por la cual, tampoco prospera el argumento según el cual el tribunal
demandado debió hacer uso de sus facultades oficiosas.
34. Por otra parte, consideró que se incurrió en desconocimiento del precedente
judicial del Consejo de Estado21 donde sí se condenó a las entidades por la muerte
de un conscripto durante una operación militar por la caída de puente a causa de la
caída de un árbol, comoquiera que no estaba obligado asumir ningún riesgo por su
vida o integridad física. Asimismo, del Juzgado Segundo administrativo de
Valledupar22 donde también se condenó por las lesiones sufridas con ocasión de la
caída de un caballo, y del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar23 donde también se condenó por cuanto durante la prestación del servicio
militar se adquirió la enfermedad de Chagas con ocasión de la picadura de un
chinche.
35. Al respecto, frente a las providencias expedidas por los juzgados referidos es
importante precisar que las mismas no son precedente judicial de obligatorio
cumplimiento para la autoridad judicial demandada. Asimismo, si bien el Consejo de
Estado es el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cierto
es que el pronunciamiento referido no constituyó una regla de unificación que hiciera
forzoso su acatamiento. A ello se suma que los asuntos comparados presentaban
supuestos fácticos distintos como la caída de un árbol, la caída de un caballo o la
adquisición de una enfermedad, por lo que las conclusiones allí adoptadas
obedecieron a la valoración de las pruebas y de las circunstancias particulares de
cada caso, sin que resultaran automáticamente trasladables al presente asunto.
36. Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial
demandada no incurrió en los defectos alegados, debido a que la providencia
acusada fue proferida conforme a las normas y jurisprudencia reguladoras de su
función judicial y aquella se apoyó en el material probatorio obrante en el proceso
21 Al respecto citó la sentencia: i) 2 de marzo de 2022, Sección Tercera, Subsección C, radicado,
05001-23-31-000-2010-01473-01 (51595)
22 Al respecto citó: i) sentencias del 9 de junio de 2022, reparación directa con radicado 20001-33-33-
002- 2020-00096-00.
23 Al respecto citó: sentencia del 29 de abril de 2025, reparación directa con radicado 20001-33-33-
006-2021-00084-00.
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Demandante: Heiner Kedi Ariza Royero
para efectuar la interpretación que consideró más ajustada al caso concreto, frente a
lo cual se debe advertir que el juez natural del asunto goza de autonomía funcional y
se presume la buena fe en sus decisiones.
37. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia, lo que
conduce a la denegatoria del recurso de amparo.
38. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
3. Conclusión
39. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales invocados por Heiner Kedi Ariza Royero, en la
solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Cesar.
40. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Heiner Kedi Ariza
Royero, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del
Cesar.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Demandante: Heiner Kedi Ariza Royero
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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