Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04197-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04197-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04197-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04197-01
Accionante: Ana Emilse Benítez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
– Subsección A
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Confirma
declaratoria de improcedencia por falta de relevancia constitucional
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 25 de junio de 2026 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 1° de junio de la presente anualidad, Ana Emilse Benítez Castro instauró acción
de tutela, en busca se dejara sin efectos la sentencia del 12 de marzo de 2026,
proferida por la autoridad accionada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho1 que promovió en contra del Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de
Integración Social, con la pretensión de obtener la declaratoria de nulidad del acto
administrativo que le negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral.
2. A través de la providencia cuestionada, la Sección Segunda, Subsección A del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de primera instancia2
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Consideró que la parte
accionante no logró acreditar el elemento de subordinación en el desarrollo de las
actividades para las cuales fue contratada.
3. Como fundamento de la presente acción, la tutelante sostuvo que la autoridad
demandada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo
a la administración de justicia, trabajo y seguridad social, al incurrir en los siguientes
yerros:
1 Con radicado número 11001-33-35-014-2023-00099-00/01.
2 El fallo dictado el 25 de junio de 2025 por el Juzgado 14 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04197-01
Accionante: Ana Emilse Benítez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
4. Defecto fáctico, al omitir valorar de manera conjunta el material probatorio que
demostraba la existencia de una relación laboral encubierta con la Secretaría Distrital
de Integración Social. Afirmó que aunque el Tribunal afirmó haber examinado las
pruebas obrantes en el expediente, el análisis se concentró en determinar si existían
órdenes directas, memorandos, llamados de atención o sanciones disciplinarias, sin
considerar que la subordinación también podía establecerse a partir de las
condiciones objetivas en que se desarrolló la actividad como coordinadora o
responsable de una unidad operativa de atención integral a la primera infancia.
5. Adujo que ese enfoque le impuso una carga probatoria irrazonable y
desproporcionada, pues exigió la acreditación de manifestaciones expresas de
subordinación que, de acuerdo con la jurisprudencia, no constituyen requisitos
indispensables para demostrarla. En particular, reprochó que el fallador no hubiera
valorado como indicios la continuidad y permanencia de las funciones, el
sometimiento a lineamientos institucionales, la asistencia a reuniones y
capacitaciones, la elaboración de informes, el seguimiento por parte de referentes y
subdirectores y la integración funcional de la demandante a la estructura operativa
de la entidad, todo lo cual daba cuenta los testimonios recaudados.
6. Indicó que aunque el Tribunal reconoció la celebración de contratos sucesivos
durante varios años, con objetos sustancialmente similares y relacionados con
actividades permanentes de atención integral a la primera infancia, así como el
desempeño de funciones como responsable de jardines infantiles y unidades
operativas, descartó la relevancia de tales circunstancias al considerar que solo
evidenciaban coordinación contractual.
7. Defecto sustantivo, por resolver la controversia como una contratación ordinaria
de apoyo a la gestión y no a partir del régimen jurídico propio del servicio público
educativo y de las funciones docentes y directivas. En particular, señaló que la Ley
115 de 1994 establece que la vinculación de personal docente, directivo y
administrativo al servicio público educativo sólo puede efectuarse mediante
nombramiento dentro de la planta aprobada por la entidad territorial, lo que impedía
considerar la función docente estatal como una labor autónoma y ocasional de
prestación de servicios.
8. En ese sentido, arguyó que la autoridad accionada aplicó de manera formalista el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, al asumir que las labores desarrolladas obedecieron
a una relación de coordinación, aun cuando los objetos contractuales, estudios
previos y lineamientos evidenciaban que la función para la cual fue contratada
correspondía a actividades de educación inicial y atención integral a la primera
infancia, cuya ejecución se encontraba sometida a condiciones institucionales
previamente determinadas.
9.Desconocimiento del precedente, al desatender las sentencias de unificación
CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de
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septiembre de 2021 proferidas por el Consejo de Estado. Explicó que la primera
desarrolló la tesis de la subordinación connatural de la labor docente contratista
sometida a reglamentos, directrices, jornada y autoridades educativas, mientras que
la segunda fijó criterios para identificar indicios de subordinación en contratos de
prestación de servicios. Entre ellos, el lugar y horario de trabajo, la dirección y control
efectivo, la permanencia de la actividad y su equivalencia funcional con las labores
desempeñadas por personal de planta.
10. Añadió que dicha postura fue reiterada recientemente por el Consejo de Estado
en sentencia del 27 de febrero de 2025. Expuso que allí se resolvió una acción de
tutela3 promovida por Sandra Elena Chacón Toro, quien también desempeñó
funciones de dirección y coordinación dentro del servicio educativo público.
11. Resaltó que, como sustento de la decisión adoptada, se recopilaron decisiones de
la Sección Segunda de la misma Corporación en las que se precisó que las funciones
docentes y directivas docentes no constituyen actividades independientes o
autónomas. Asimismo, se reiteró que las labores de dirección, planeación,
coordinación, administración y programación relacionadas directamente con el
proceso educativo hacen parte de la función docente y pueden ser desarrolladas por
los directivos docentes, entre ellos, los coordinadores. Manifestó que ese criterio
también ha sido acogido por la Subsecciones C y E de la Sección Segunda del
Tribunal accionado en asuntos sustancialmente análogos4.
12. Adujo que la autoridad accionada se limitó a aplicar criterios generales sobre
coordinación contractual y omitió aquellos específicos para las labores docentes,
pedagógicas y de coordinación desarrolladas en el marco del servicio público de
educación.
B. Sentencia de primera instancia
13. Mediante fallo del 25 de junio de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito general de
relevancia constitucional. Consideró que la parte actora pretendía utilizar el
mecanismo de amparo como una instancia adicional al proceso ordinario, con el fin
de reabrir un debate ya resuelto por el juez de la causa.
C. Impugnación
14. La parte accionante alegó que sus cuestionamientos no se limitan a plantear una
interpretación probatoria alternativa, ni pretende convertir la tutela en una tercera
instancia. Precisó que su propósito es que se examine si el Tribunal aplicó
materialmente los precedentes que invocó, si explicó por qué los hechos que tuvo
por acreditados carecían de valor indiciario para demostrar la inserción de la actora
3 Con radicado número 11001-03-15-000-2025-00249-00.
4 Con radicado número 11001-33-42-056-2022-00520-01, 11001-33-35-009-2022-00352-01, 11001-33-35-014-
2018-00401-01, 11001-33-35-010-2021-00310-01.
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en el poder organizativo de la entidad y si justificó el trato diferenciado frente a casos
comparables. En particular, señaló que si bien en la sentencia cuestionada se hizo
alusión a las sentencias de unificación del 25 de agosto de 2016 y del 9 de
septiembre de 2021, no se confrontaron los hechos acreditados con los criterios allí
establecidos ni se explicó por qué estos no resultaban relevantes frente a la situación
de una maestra coordinadora de jardines infantiles de la SDIS.
15. Añadió que la relevancia constitucional se ve reforzada por la sentencia del 27 de
febrero de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro de la
acción constitucional promovida por la señora Sandra Elena Chacón Toro. Insistió
que dicho asunto presenta similitudes fácticas y jurídicas que ameritan
consideración.
16. De otra parte, cuestionó la conclusión del a quo, según la cual no había
identificado una arbitrariedad judicial, ni demostrado la afectación de un derecho
fundamental, sino que únicamente había manifestado su desacuerdo con la
valoración probatoria, cuando en los mismos antecedentes de la decisión dejó
constancia de que en el escrito de tutela se formularon los defectos fáctico y
sustantivo, así como un desconocimiento del precedente.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
17. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
E. Análisis del caso concreto
18. Esta Subsección confirmará el fallo impugnado, tras constatar que la solicitud de
amparo carece de relevancia constitucional, pero por las razones que se expondrán
a continuación.
19. En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que para que se
habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial,
es necesario que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Esta exigencia no se satisface con la enunciación formal de alguna
de las causales específicas de procedibilidad, sino que impone a la parte actora
desplegar una carga argumentativa orientada a demostrar que la decisión acusada
adolece de un yerro con la entidad suficiente de comprometer los derechos
fundamentales que se invocan.
20. De la rigurosidad en ese ejercicio dependerá que la crítica planteada a la
providencia sea admitida como un verdadero reproche constitucional y no
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simplemente como la pretensión de generar una suerte de instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia que se acusa.
21. Tratándose de cuestionamientos de orden fáctico, esta exigencia argumentativa
cobra mayor relevancia, si se tiene en cuenta que la labor del juez -en sede de tutela-
no puede estar orientada a realizar un nuevo examen del material probatorio como
si se tratara de una instancia judicial adicional, sino que su labor se debe encaminar
a verificar que la solución de los procesos judiciales sea coherente y razonable con
la valoración ponderada de los elementos probatorios obrantes en el plenario, en
aras de garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales que les
asiste a las partes en el marco del proceso que se cuestiona.
22. Aunque la actora alegó la ocurrencia de un defecto fáctico, sustantivo y un
desconocimiento del precedente, a partir de un examen de los argumentos que
sirvieron de fundamento a los mismos, se advierte que los dos primeros convergen
en un mismo reproche, esto es, la inconformidad con la valoración probatoria
efectuada por la autoridad accionada y con la conclusión a la que arribó acerca de
la inexistencia del elemento de subordinación.
23. Para la Sala, los cuestionamientos de orden fáctico, lejos de evidenciar la
existencia de un yerro que amerite protección constitucional, se orientan a reabrir la
discusión probatoria que fue zanjada de forma razonable por el juez de lo
contencioso-administrativo, mientras que aquellos relacionados con un presunto
desconocimiento del precedente adolecen de la carga argumentativa exigida para
controvertir una providencia judicial.
24. Como sustento de la vulneración alegada, la tutelante sostuvo que una
apreciación conjunta del material probatorio habría permitido tener por acreditada la
subordinación, a partir de circunstancias como el cumplimiento de horarios, la
sujeción a directrices y lineamientos institucionales, la asistencia a reuniones y
capacitaciones, la elaboración de informes, el seguimiento por parte de referentes y
subdirectores y su integración funcional a la estructura operativa de la entidad. Tales
elementos, en su criterio, constituían un conjunto de indicios que demostraban la
existencia de una relación laboral subordinada; argumentos sobre los cuales
también se edificó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
25. A efectos de abordar el estudio relativo al elemento de la subordinación, la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
acudió al marco normativo y jurisprudencial sobre la materia. En particular, trajo a
colación la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016
proferida por el Consejo de Estado, en la cual, destacó, se abordó el concepto de la
subordinación. También hizo alusión a la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-
2021 de 2021, en la cual se establecieron los siguientes indicios para determinar la
existencia de subordinación: el lugar de trabajo, el horario, la dirección y el control
efectivo de las actividades y la correspondencia entre las labores desarrolladas y
aquellas asignadas a los servidores de planta. A partir de dichos parámetros, la
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autoridad judicial realizó un examen de las pruebas documentales y testimoniales
recaudadas en el proceso.
26. En relación con la permanencia y continuidad de la vinculación, constató que,
aunque la demandante celebró varios contratos de prestación de servicios con la
entidad, entre algunos de ellos existieron interrupciones de larga duración, incluso
de 94, 84 y 70 días. Con fundamento en ello, concluyó que las sucesivas
contrataciones evidenciaban la existencia de varios vínculos temporales y que, por
sí solas, no permitían inferir la configuración de una relación laboral.
27. Con el fin de analizar la equivalencia funcional con el personal de planta, verificó
los objetos y obligaciones de cada uno de los contratos suscritos por la demandante
y los contrastó con el cargo que aquella había señalado como parámetro de
comparación. El Tribunal encontró que las funciones correspondientes al empleo de
instructor se relacionaban principalmente con el desarrollo de actividades en el aula
con los niños, mientras que las obligaciones de la demandante, en su condición de
responsable de una unidad operativa, comprendían labores de monitoreo,
acompañamiento y retroalimentación de los procesos pedagógicos, psicológicos,
nutricionales, sanitarios y administrativos desarrollados en dicho espacio. A partir de
esa diferenciación, concluyó que no existía una equivalencia funcional que permitiera
asimilar las actividades contratadas con las funciones del cargo de planta invocado.
28. A su vez, valoró el testimonio recaudado y la declaración de parte. A partir de
estos, encontró que la demandante, como profesional encargada de la unidad
operativa, desarrollaba actividades de orientación y seguimiento relacionadas con el
funcionamiento de los jardines infantiles y con la atención de las novedades que se
presentaran durante la prestación del servicio. Para el juzgador, dichas labores
correspondían a las obligaciones previstas en los contratos de prestación de
servicios y no permitían, por sí mismas, inferir la existencia de subordinación.
29. En cuanto a la dirección y el control de las actividades, señaló que los testimonios
no daban cuenta de situaciones concretas como llamados de atención o
instrucciones precisas que permitieran establecer que la demandante ejecutaba sus
obligaciones bajo órdenes impartidas por un superior. Por el contrario, destacó que
la prueba testimonial indicaba que la actora participaba periódicamente en reuniones
con otros coordinadores y gestores y que, dentro de la unidad operativa, ejercía
funciones de supervisión y seguimiento respecto del personal a su cargo.
30. La autoridad judicial también analizó las referencias a las reuniones en las que se
recordaba a las coordinadoras la necesidad de asignar grupos a los niños y de
verificar determinadas situaciones relacionadas con el personal. Consideró que tales
circunstancias no demostraban la existencia de órdenes sobre la forma en que la
demandante debía desarrollar sus actividades, sino que guardaban relación con las
funciones que le correspondía ejercer como responsable de la unidad operativa.
Además, destacó que la testigo identificó a la actora como su superior jerárquico y
como la persona encargada de ejercer seguimiento sobre la ejecución de su contrato.
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31. Respecto del cumplimiento de un horario y de la necesidad de informar o coordinar
determinadas ausencias, el juzgador estimó que, atendiendo a la naturaleza del
servicio prestado, dichas circunstancias no constituían elementos suficientes para
demostrar subordinación. Arguyó que el carácter esencial y presencial del servicio
de educación exigía la existencia de jornadas y turnos para garantizar su adecuada
prestación y que la obligación de informar las ausencias obedecía a necesidades de
coordinación del servicio, particularmente porque la demandante tenía a su cargo el
funcionamiento de la unidad operativa y debía garantizar la continuidad de sus
actividades.
32. Asimismo, analizó lo relativo al sometimiento de la demandante a las guías,
disposiciones y lineamientos técnicos y pedagógicos expedidos por la Secretaría
Distrital de Integración Social. Consideró que la obligación de observar tales
parámetros no implicaba, por sí misma, la pérdida de autonomía en la ejecución de
las actividades contratadas, pues se trataba de pautas relacionadas con la adecuada
prestación del servicio de educación y con la garantía de condiciones mínimas para
su desarrollo.
33. Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal concluyó que el acervo probatorio era
insuficiente para acreditar la existencia de una relación laboral subordinada, pues lo
que evidenciaban era un margen de autonomía en el cumplimiento de las funciones
de la demandante, incluso respecto de las labores de supervisión y seguimiento que
desarrollaba dentro de la unidad operativa.
34. Del contenido de la sentencia objetada, se desprende que la autoridad accionada
no se limitó a citar los precedentes de unificación sin aplicarlos al caso concreto. Por
el contrario, identificó los parámetros fijados por la Sección Segunda de esta
Corporación para determinar la existencia de subordinación en la sentencia cuyo
desconocimiento se invoca y, a su vez, los confrontó con las pruebas obrantes en el
expediente.
35. Frente al criterio de equivalencia funcional con el personal de planta, el fallador
examinó los objetos y obligaciones contractuales y los comparó con las funciones
del empleo que la demandante señaló como parámetro. A partir de ese ejercicio,
concluyó que las labores no eran equiparables. Del mismo modo, respecto de la
dirección y el control efectivo, concluyó que los elementos de juicio no permitían
establecer la existencia de un poder de dirección sobre la forma en que la actora
debía ejecutar sus obligaciones. Antes bien, consideró que la prueba testimonial
evidenciaba que ella misma ejercía funciones de seguimiento respecto del personal
vinculado a la unidad operativa.
36. Lo propio ocurre con el cumplimiento de un horario y la sujeción a lineamientos
institucionales. Si bien reconoció la existencia de jornadas, reuniones y directrices
aplicables al desarrollo del servicio, contrario a lo expuesto por la actora, explicó de
forma suficiente y motivada por qué, dadas las características de la actividad
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04197-01
Accionante: Ana Emilse Benítez Castro
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
contratada y del servicio educativo, tales circunstancias no resultaban suficientes
para demostrar la existencia de subordinación. Así, la conclusión adoptada no
obedeció a la omisión de estos elementos, sino a la valoración del alcance que
podían tener dentro del conjunto probatorio.
37. En consecuencia, no puede afirmarse que la autoridad enjuiciada efectuó una
valoración fragmentada o parcializada del acervo probatorio, ni que hubiera pasado
por alto los elementos de juicio que la tutelante consideraba determinantes. Por el
contrario, fue precisamente su apreciación conjunta lo que condujo al Tribunal a
determinar que estos no resultaban suficientes para tener por acreditada la
subordinación.
38. Dicha conclusión no se muestra arbitraria o caprichosa, sino que, por el contrario,
se enmarca dentro de la sana crítica y la razonabilidad jurídica. Tampoco supone la
imposición de una carga probatoria excesiva o desproporcionada, pues encuentra
respaldo en la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, según la cual
correspondía a la parte demandante acreditar los elementos constitutivos de la
relación laboral, conforme lo exige el artículo 167 del Código General del Proceso,
máxime cuando las circunstancias fácticas examinadas no se enmarcaban dentro de
las excepciones contempladas jurisprudencialmente para flexibilizar o invertir la
carga de la prueba.
39. En ese orden, no puede afirmarse que el Tribunal hubiera impuesto una tarifa
legal para demostrar la subordinación o exigido la acreditación de un medio de
prueba determinado. La autoridad valoró de forma conjunta los elementos de juicio
obrantes en el plenario y, al encontrarlos insuficientes para demostrar el ejercicio de
un poder efectivo de dirección sobre la demandante, echó de menos otros elementos
de juicio que permitieran corroborar las circunstancias alegadas y dotarlas de mayor
fuerza demostrativa.
40. En ese ejercicio, la referencia a órdenes, llamados de atención, instrucciones
concretas o mecanismos de control no se impuso como requisito indispensable para
acreditar la subordinación, sino que se mencionó como circunstancias que, de
encontrarse demostradas y apreciadas conjuntamente con los demás elementos del
expediente, podían constituir indicios relevantes de una relación subordinada.
41. El hecho de que el juez natural no haya arribado a la conclusión que pretende la
parte actora no configura, por sí mismo, un yerro de carácter probatorio ni permite
predicar la vulneración de sus derechos fundamentales.
42. Si bien tanto en la demanda, como en la impugnación la parte actora insistió en
que no pretendía reabrir el debate probatorio, sino evidenciar que la decisión
adoptada por el Tribunal no corresponde a lo acreditado en el proceso, se hace
evidente que sus argumentos se encaminan a que el juez constitucional examine
nuevamente los elementos de prueba y les otorgue un alcance distinto al otorgado
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por el juez de la causa, bajo discrepancias valorativas que no justifican la
intervención del juez constitucional.
43. Lo expuesto, no solo da cuenta de la intención de la tutelante de emplear el
mecanismo de amparo como una instancia adicional al proceso ordinario, sino que
los argumentos sobre los que edificó la presunta vulneración de sus derechos
tampoco resultan suficientes para evidenciar que la autoridad judicial se haya
apartado injustificadamente del precedente que resultaba aplicable al caso.
44. En lo que respecta a las sentencias de unificación invocadas como desconocidas,
la autoridad accionada no solo se limitó a citarlas de manera formal. Como quedó
expuesto, acudió expresamente a sus criterios para identificar los elementos
relevantes en la determinación de la subordinación y los confrontó con las
circunstancias acreditadas en el proceso. Otra cosa es que, aún en aplicación de
dichos lineamientos, hubiese arribado a una conclusión distinta a la pretendida.
45. En cuanto a la sentencia de tutela cuyo desconocimiento se alega, debe
precisarse que esta fue proferida en el marco de una acción constitucional, por lo
que no resultaba vinculante para la autoridad accionada, menos aun cuando no se
trataba de una providencia en la que se hubiera fijado una regla de unificación en
materia de contrato realidad.
46. Frente a las demás decisiones citadas por la parte actora, se tiene que las mismas
fueron adoptadas por otras Salas de Decisión del mismo Tribunal, y tampoco se
puede presentar un análisis comparativo, sin considerar los elementos de convicción
allegados a cada uno de los procesos.
47.Asílas cosas, la Sala concluye que la accionante no desplegó un ejercicio
argumentativo suficiente para evidenciar que la autoridad accionada se apartó de
forma injustificada de algún precedente, ni mucho menos que hubiese realizado una
valoración probatoria manifiestamente contraevidente.
48. Por lo expuesto, se confirmará la sentencia del 25 de junio de 2026, por medio de
la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela.
49. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 25 de junio de 2026 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04197-01
Accionante: Ana Emilse Benítez Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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