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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04205-00

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04205-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas y por el Tribunal Superior de Manizales. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela promovida por la señora Nancy Elena Gómez Galvis contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y NEGAR lo demás. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04205-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., dieciocho [18] de junio de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04205-00
Demandante: NANCY ELENA GÓMEZ GALVIS
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Temas: Tutela de fondo. Mora judicial. Carencia actual de objeto por hecho
superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024 de la
Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Mediante escrito presentado el 1. ° de junio de 2026, la señora Nancy Elena Gómez
Galvis, en nombre propio, instauró acción de tutela contra la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, de
petición, al trabajo, al mínimo vital y el principio de confianza legítima.

La vulneración de las referidas garantías constitucionales fue atribuida a la presunta
mora en que ha incurrido la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en resolver una
solicitud de nulidad presentada el 25 de mayo de 2026 «contra la actuación
disciplinaria y contra la sentencia sancionatoria», dentro de la causa identificada con
el radicado 17001-25-02-000-2024-00243-01.

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Nancy Elena Gómez Galvis
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04205-00

PRIMERO: A la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL suspender
provisionalmente la ejecución material y jurídica de la sanción disciplinaria impuesta a la
suscrita.

SEGUNDO: A la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL abstenerse de
consolidar los efectos jurídicos de la sanción mientras se resuelve de fondo la presente
acción constitucional.

TERCERO: A la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL resolver de manera
prioritaria la solicitud de nulidad presentada el día 25 de mayo de 2026.

CUARTO: A la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES
DE LA JUSTICIA – URNA suspender inmediatamente la contabilización del término de
suspensión de cuatro (4) meses impuesto a la suscrita.1.

De otro lado, realizó la siguiente petición:

Con fundamento en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solicito respetuosamente al
despacho decretar como MEDIDA PROVISIONAL URGENTE la suspensión inmediata
de todos los efectos derivados de la sanción disciplinaria impuesta dentro del proceso
radicado No. 17001-25-02-000-2024-00243-01, mientras se resuelve la presente acción
constitucional.

1.3. Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La parte accionante informó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial expidió la
sentencia sancionatoria de 22 de abril de 2026, a partir de la cual modificó parcialmente
la decisión de primera instancia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Caldas dentro del proceso disciplinario identificado con el radicado 17001-25-02-000-
2024-00243-01, en el sentido de imponerle a la señora Nancy Elena Gómez Galvis la
suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro meses.

Indicó que fue notificada de la referida providencia el 19 de mayo de 2026 y, el 25
siguiente, presentó solicitud de nulidad contra «la actuación disciplinaria y contra la
sentencia sancionatoria, remitiéndola desde mi correo electrónico
nancy1987gomez@gmail.com a las direcciones electrónicas
sancionadoscndj@cndj.gov.co y correspondencia<qcndj.gov.co».

Precisó que el 1. ° de junio de 2026 recibió una comunicación proveniente del dominio
«comunicacionurna@cendoj.ramajudicial.gov.co», en la cual se le hizo saber que la
sanción disciplinaria fue registrada y que comenzaría a regir desde el 9 de junio del
mismo año.

1 Cita del texto original con posibles errores.

2

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Demandante: Nancy Elena Gómez Galvis
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04205-00

Adujo que de manera inmediata le informó a esa dependencia que existía una solicitud
de nulidad pendiente por resolver ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
que por ello era improcedente continuar con la ejecución de la sanción. Al respecto, la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia le respondió que
debía dirigir sus manifestaciones a los correos: «regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co»
y «csjsimasoporte@deal.ramajudicial.gov.co».

Adujo que, nuevamente remitió la solicitud de nulidad a las direcciones electrónicas
que le fueron indicadas en el anterior correo y, a la fecha, no ha obtenido un
pronunciamiento de fondo.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte accionante manifestó que «[l]a omisión de resolver la nulidad presentada
vulnera mis derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la
administración de justicia y petición, toda vez que se está ejecutando una sanción
disciplinaria mientras permanece pendiente de resolución una actuación encaminada
precisamente a cuestionar la validez de dicha decisión».

Reprochó que se permita continuar con la contabilización del tiempo de suspensión
mientras permanece sin pronunciamiento la petición de nulidad, lo cual le genera un
perjuicio grave e irremediable en atención a que, para el momento en que esta sea
resuelta, probablemente habría cumplido total o parcialmente con la suspensión.

Agregó que la sanción de la que fue objeto le afecta directamente el ejercicio
profesional como abogada litigante, puesto que es la actividad de la cual se deriva su
sustento económico y el de su núcleo familiar.

1.5. Trámite de la acción en primera instancia

Mediante providencia de 3 de junio de 2026 se admitió la acción de amparo y se ordenó
notificar en calidad de extremo demandado a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia. Adicionalmente se dispuso la vinculación en
calidad de terceros con interés de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Caldas y del Tribunal Superior de Manizales, Sala de Decisión Penal. Finalmente, se
negó la medida provisional luego de concluir que no se acreditó en ese momento
procesal el requisito de urgencia por alto grado de afectación.

3

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Demandante: Nancy Elena Gómez Galvis
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1.6. Contestaciones

1.6.1. El Tribunal Superior de Manizales solicitó su desvinculación del trámite de la
referencia al señalar que, de los reproches contenidos en la demanda de tutela, queda
en evidencia que por su parte no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la
abogada Gómez Galvis, toda vez que ella advirtió que la violación de sus prerrogativas
superiores se deriva de la falta de trámite a una solicitud de nulidad presentada dentro
del proceso disciplinario adelantado en su contra. En ese orden, solicitó su
desvinculación.

1.6.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial informó que, en efecto, recibió
la solicitud de nulidad elevada por la señora Gómez Galvis el 25 de mayo de 2026.
Agregó que, el 4 de junio del mismo año la Secretaría realizó el paso al despacho y,
mediante auto de 5 de junio de 2026 se negó la nulidad, decisión que le fue notificada
en la misma fecha según consta en las siguientes imágenes aportadas:

4

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04205-00

Adicionalmente, aseguró que le impartió una respuesta oportuna al requerimiento de
la accionante y, que, en virtud de los establecido en el artículo 47 de la Ley 1123 de
2007, una vez notificada la sentencia de segunda instancia, la oficina de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia anotará la sanción impuesta y esta
empezará a regir a partir de la fecha del registro. Por ello, precisó que la Secretaría
Judicial notificó la decisión definitiva el 19 de mayo de 2026 y, en el telegrama enviado
se indicó que la URNA le informaría a partir de cuando comenzaría a ejecutarse la
suspensión.

Afirmó que no ha vulnerado los derechos de la señora Gómez Galvis y que, en todo
caso, no existe razón alguna por la cual se deba suspender la sanción, puesto que ello
es una consecuencia jurídica de la determinación de la responsabilidad disciplinaria
en el marco del ejercicio legítimo de ius puniendi del Estado, en ese orden, solicitó que
se niegue la solicitud de amparo constitucional.

5

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1.6.3. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas solicitó su
desvinculación de la tutela de la referencia en atención a que considera que la
demanda no se dirigió en contra de esta judicatura.

1.6.4. La Unidad de Registro Nacional de Abogaos y Auxiliares de la Justicia pidió
que se nieguen las pretensiones del mecanismo constitucional con sustento en que su
intervención se limita al registro de la sanción de conformidad con el artículo 47 de la
Ley 1123 de 2007.

Lo anterior, comoquiera que cualquier solicitud de nulidad relacionada con el proceso
disciplinario y con la sentencia sancionatoria corresponde a un asunto de competencia
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por ser la autoridad que dictó la decisión
objeto de este medio constitucional. En ese orden, resaltó que no podría pronunciarse
sobre la procedencia, el trámite o los efectos de la solicitud interpuesta por la
accionante, así como para suspender, modificar o dejar sin efectos una sanción cuya
anotación fue requerida por la autoridad competente en cumplimiento de lo dispuesto
en la referida norma.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Nancy Elena Gómez Galvis, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021 y, los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Cuestión previa

La Sala anuncia que despachará negativamente las solicitudes de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Caldas y del Tribunal Superior de Manizales
concerniente a su desvinculación del trámite de la referencia por carecer de
legitimación en la causa por pasiva en atención a que fueron llamadas a integrar el
contradictorio en calidad de terceros por presentar interés en el resultado que se
obtenga, comoquiera que fungieron, respectivamente, como juez disciplinario de
primera instancia e informante de la conducta que dio lugar a la sanción de la abogada
Gómez Galvis.

6

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2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales
de la parte accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la presunta
falta de respuesta a la solicitud de nulidad radicada el 25 de mayo de 2026.

Para el efecto se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza de la acción de
tutela; (ii) la mora judicial; y (iii) el caso concreto.

2.4. La naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable2.

2.5. La mora judicial

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar
a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos
casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la
complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de
carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión
sistemática de sus deberes3.

Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»4.

En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:

2 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
3 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
4 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor
tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para
valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la
jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden
vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso
recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la
complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del
operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o
de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por
el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación
injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su
comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada en
relación con la existencia de mora judicial5, según la cual solo se predica si hay dilación
injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En el evento
de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un proceso.

2.6. Caso concreto

2.6.1. En el asunto de la referencia el extremo accionante alegó la vulneración de sus
derechos fundamentales con ocasión de la presunta falta de respuesta a la solicitud
de nulidad elevada ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el 25 de mayo de
2026, dentro del expediente identificado con el radicado 17001-25-02-000-2024-
00243-01.

2.6.2. Esta colegiatura anuncia que declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado, por cuanto, durante el trámite de esta acción constitucional se acreditó el
cese de la posible causa de la transgresión iusfundamental alegada por la parte actora.

Lo anterior obedece llanamente a que, como quedó demostrado a partir del informe
presentado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la providencia por medio
de la cual se resolvió de fondo la nulidad elevada por la señora Nancy Elena Gómez
Galvis es de 5 de junio de 2026, la cual fue notificada en la misma fecha, mientras que
la solicitud de amparo fue promovida el 1. ° de junio de 2026.

5 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-2012-

01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal Administrativo
de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014, Rad. No.: 25000-
23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado: Procuraduría General de
la Nación.

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Por lo tanto, para la Sala de decisión, en este evento lo que procede no es negar el
amparo constitucional, sino declarar la carencia actual de objeto por hecho superado,
en tanto, con la notificación del auto por el cual se desató la petición de nulidad, se
puso fin a la presunta causa vulneradora de los derechos fundamentales invocados
por la parte actora, pero, en el transcurso de esta acción de tutela.

De conformidad con lo anterior, esta colegiatura destaca que en anteriores
oportunidades6 se ha referido a la acción de tutela y ha explicado que este mecanismo
de defensa judicial ha sido instituido como un instrumento preferente y sumario,
dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean vulnerados o
amenazados de una manera actual e inminente.

Del mismo modo, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o
efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el transcurso de la
acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional
tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos
fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos de hecho:
(i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación
sobreviniente.

En ese sentido, dicha alta corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la Sala cita
como criterio auxiliar, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los
derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo
tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.7

6 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; (ii)
de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de 2019,
Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
7 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se

transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».

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A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo
la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o
que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro
ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original).

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita
salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular,
se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente
descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho
superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar
por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente8.

Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de
los derechos fundamentales.

(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición de
la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela, por lo
que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta perenne.

Al respecto ha sostenido el Tribunal Constitucional: «[l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con
la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer
cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden al respecto»9.

(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los

8 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se

transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
9 «Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».

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derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela,
pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño
consumado y hecho superado.

La citada corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:

El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas
Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el
concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no
se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho
superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra circunstancia que
determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la
demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío’. No se
trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada10.

En ese orden, en atención a que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial expidió y
notificó el auto por el cual resolvió la solicitud de nulidad elevada por la abogada Nancy
Elena Gómez Galvis, en fecha de 5 de junio de 2026, cualquier orden que se dicte por
parte de esta colegiatura resultaría inane, dado que la presunta vulneración cesó con
la actuación de dicha corporación durante el trámite de esta acción.

2.6.3. Finalmente, la Sala señala que, en relación con la pretensión cuarta, consistente
en que se le ordene a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia suspender la contabilización del término de la sanción, será denegada.

Lo anterior, en atención a que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 47 de la
Ley 1123 de 2007, una vez notificada la sentencia de segunda instancia, a la oficina
de Registro solo le corresponde anotar la sanción impuesta por el término que la
autoridad disciplinaria haya dispuesto, en ese orden, lo pedido legalmente se
encuentra fuera de la esfera funcional de la unidad accionada.

2.7. Conclusión

La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la solicitud
de amparo invocada por la señora Nancy Elena Gómez Galvis contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, y negará lo demás.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de

10 «Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».

11

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Demandante: Nancy Elena Gómez Galvis
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04205-00

la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Caldas y por el Tribunal Superior de Manizales.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción
de tutela promovida por la señora Nancy Elena Gómez Galvis contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y NEGAR lo demás.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

12

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