RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04215-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04215-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04215-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solicitud de desvinculación promovida por la Contraloría General de Santander, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído. Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Lisímaco García Amaya en contra del Tribunal Administrativo de Santander, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04215-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04215-00
Accionante: Lisímaco García Amaya
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso
ejecutivo

Decisión: Negar el amparo porque no se acreditaron los defectos endilgados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por el señor Lisímaco García Amaya, quien actúa por conducto
de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Santander, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva, trabajo y reparación integral,
ocurrida con ocasión de la providencia del 6 de noviembre de 2025 proferida por la
autoridad judicial accionada, al interior del proceso ejecutivo con radicado 68001-33-
31-010-2012-00206-00 [01-02].

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Lisímaco García Amaya en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho demandó al Departamento de Santander y a la
Contraloría de dicho ente territorial, con el propósito de que se declarara la nulidad
de los actos administrativos por medio de los cuales se suprimió el cargo que ocupa
en propiedad y fue retirado del servicio.

3. El proceso correspondió al Juzgado Trece Administrativo del Circuito de
Bucaramanga, autoridad judicial que, mediante sentencia del 27 de junio de 2008
resolvió acceder a las pretensiones de la demanda porque se acreditó que el
Gobernador de Santander carecía de competencia para expedir los actos
administrativos demandados. Para lo cual ordenó:

«PRIMERO: Se DECLARA LA NULIDAD del Decreto 401 de fecha 30 de diciembre
de 1999, en cuanto se refiere a la Supresión del cargo de REVISIÓN 550 de la planta
de personal de la Contraloría Departamental, que desempeñaba el accionante

1 Acción de tutela presentada el 2 de junio de 2026.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04215-00
Accionante: Lisímaco García Amaya

LISIMACO GARCÍA AMAYA, identificado (…), de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA al DEPARTAMENTO
DESANTANDER (sic) Y CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL REINTEGRAR al
demandante LISIMACO GARCÍA AMAYA al mismo cargo que venía desempeñando
al momento de producirse su desvinculación, o en su defecto a otro de igual jerarquía.

TERCERO: Se condena al DEPARTAMENTO DE SANTANDER y CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE SANTANDER, a pagar a LISIMACO GARCÍA AMAYA
debidamente indexados, los salarios y prestaciones o beneficios económicos
causados y que ha dejado de percibir a partir de la fecha de su desvinculación
laboral hasta su efectivo reintegro, descontándose también indexada la suma
recibida por concepto de indemnización, en la forma indicada en la parte motiva del
presente proveído.

CUARTO: Se declara para todos los efectos legales que entre la fecha de
desvinculación y la fecha de reintegro no existe solución de continuidad o
interrupciones en la prestación del servicio.»

4. Decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander a través
de la sentencia 17 de julio de 2009.

5. Con ocasión de lo anterior, el 19 de junio de 2012, el accionante presentó una
demanda ejecutiva teniendo como título la sentencia del 17 de julio de 2009, razón
por la que el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga por medio de
providencia del 18 de septiembre de 2012 libró mandamiento de pago y ordenó el
reintegro.

6. Con posterioridad, dicha autoridad judicial por medio de sentencia del 9 de agosto
de 2017 declaró probada la excepción de pago parcial, toda vez que la ejecutada
mediante la Resolución 8820 del 22 de junio de 2012, canceló al señor García Amaya
$277.979.599, monto que debía computarse a los intereses y a los salarios y
prestaciones que dejó de recibir durante el lapso que fue desvinculado por la
Contraloría General de Santander. En consecuencia, ordenó seguir adelante con la
ejecución de la obligación respecto del saldo adeudado de los emolumentos y a la
indemnización derivada de la imposibilidad de reintegro.

7. En sede apelación, el Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del
13 de marzo de 2025 resolvió:

«Primero: REVOCAR parcialmente la sentencia de primera instancia proferida por
el Juzgado Décimo Administrativo Oral de esta ciudad el día 09 de agosto de 2017,
en cuanto ordenó seguir adelante con la ejecución por los dineros correspondientes
al reconocimiento y pago de la indemnización por compensación por imposibilidad de
reintegro, acorde con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia,
CONFIRMANDO en los demás apartes la sentencia.»

8. Al respecto, indicó que, la pretensión de librar mandamiento ejecutivo por la
indemnización compensatoria por el eventual no reintegro al cargo que
desempeñaba el ejecutante, no encontraba sustento en el título ejecutivo, por cuanto
la sentencia de 27 de junio de 2008 no dispuso que en el evento de que no pudiese
ser reintegrado al cargo que venía desempeñando en la Contraloría General debía
indemnizarlo.

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04215-00
Accionante: Lisímaco García Amaya

9. Así las cosas, el señor Lisímaco García Amaya promovió una acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Santander, con el propósito de que se
salvaguardara sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia,
debido proceso, trabajo, seguridad social y reparación integral, presuntamente
vulnerados al proferir la decisión del 13 de marzo de 2025.

10. El
proceso correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que,
mediante sentencia del 23 de octubre de 20252 dispuso:

«1. Denegar la solicitud de desvinculación formulada por la Contraloría General de
Santander.

2. Declarar improcedente la tutela en relación con la excepción de pago parcial
dispuesta en la providencia cuestionada, por no colmar las exigencias de relevancia
constitucional y subsidiariedad.

3. Amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al
debido proceso y a la reparación integral de Lisímaco García Amaya. En
consecuencia, se dispone:

4. Dejar sin efectos la sentencia del 13 de marzo de 2025, en relación con lo decidido
sobre la indemnización por la imposibilidad de reintegro, con la que el Tribunal
Administrativo de Santander decidió en segunda instancia el proceso ejecutivo
68001-33-31-010-2012-00206-00/01.»

11. Declaró la improcedencia del mecanismo constitucional por ausencia del requisito
de relevancia constitucional respecto de la pretensión relacionada con la excepción
de pago parcial, al considerar que dicho asunto ya había sido resuelto por la
autoridad judicial accionada dentro del proceso ejecutivo, propósito para el cual no
estaba prevista la acción de tutela. Asimismo, estimó incumplido el requisito de
subsidiariedad, toda vez que será en la etapa de liquidación del crédito dentro del
proceso ejecutivo donde se determinará si efectivamente se produjo o no el pago
parcial de la obligación.

12. Ahora, frente a los cargos relacionados con la indemnización por la imposibilidad
del reintegro, resolvió amparar los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, debido proceso y reparación integral, al estimar que el
Tribunal desconoció la prerrogativa que les asiste a los servidores de carrera
administrativa de recibir una compensación económica cuando no es posible
vincularlos nuevamente, disposición normativa prevista en el artículo 44 de la Ley
909 de 2004.

13. Indicó que la autoridad accionada le imposibilitó al accionante acceder a la
indemnización por la imposibilidad de reintegro, pese a que el ordenamiento jurídico
le permitía acceder a ella, lo que denotaba desconocimiento de sus derechos
laborales, los cuales había pretendido proteger por más de 25 años, pues fue en
1999 cuando fue retirado del servicio mediante un acto administrativo contrario al
ordenamiento jurídico y aún no ha sido posible la salvaguarda integral de sus
prerrogativas de carrera administrativa.

14. A partir de lo anterior, concluyó que la autoridad judicial incurrió en los defectos
sustantivo y fáctico, puesto que no advirtió que las pruebas obrantes en el

2
Proceso con radicado 11001-03-15-000-2025-05342-00

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04215-00
Accionante: Lisímaco García Amaya

expediente, en especial las sentencias que decidieron la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, daban cuenta de que se dispuso el reconocimiento de
la indemnización por la imposibilidad de reintegrar al accionante; y desatendió los
artículos 44 de la Ley 909 de 2004 y 495 del Código de Procedimiento Civil que
habilitaban dicha indemnización.

15. En sede de impugnación, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
a través de sentencia del 21 de enero de 2026 resolvió confirmar la anterior decisión.

16. En cumplimiento del fallo de tutela, el Tribunal Administrativo de Santander a
través de sentencia del 6 de noviembre de 20253 resolvió confirmar la decisión del 9
de agosto de 2017 por medio de la cual se declaró probada la excepción de pago
parcial y se ordenó seguir adelante con la ejecución de la obligación respecto del
saldo adeudado de los emolumentos y a la indemnización derivada de la
imposibilidad de reintegro.

2.2. Fundamento jurídico

17. La parte actora alega un defecto fáctico por omisión en la valoración del material
probatorio, particularmente hizo referencia al «hallazgo del propio TAS en consulta
de desacato, certificado oficial de equivalencia expedido por la Secretaría General
de la Contraloría General de Santander, cadena de provisionalidades y reintegros al
cargo equivalente, juramento estimatorio y mandamiento ejecutivo».

18. Sobre el particular, alegó que si el Tribunal hubiera valorado esas documentales
no habría podido declarar que no existe prueba alguna, por ende, habría encontrado
que la Contraloría emitió resoluciones de reintegro al cargo equivalente mientras
dicha autoridad alegaba imposibilidad reintegro.

19. Asimismo, alegó que la sentencia cuestionada adolece de un defecto sustantivo
por indebida aplicación de lo preceptuado en el artículo 44 de la Ley 909 del 2004;
así como también el Decreto 1227 de 2005, por el cual se reglamentaba la
disposición normativa en mención.

20. Lo anterior, teniendo en cuenta que dichas normativas regulan los derechos del
empleado de carrera como consecuencia de la supresión administrativa del empleo,
lo que era sustancialmente distinto del incumplimiento de una orden judicial de
reintegro por supresión declarada ilegal.

21. Además de un desconocimiento de precedente judicial contenido en las
sentencias proferidas por la Sección Segunda de Consejo de Estado proferidas el 20
de febrero 20174 y 16 de octubre de 20255 relacionadas con el reintegro de
empleados de carrera administrativa en los procesos ejecutivos.

22. Así como también, alegó que se profirió una decisión sin motivación, toda vez
que considera que la sentencia acusada no solo redujo la indemnización
compensatoria mediante la aplicación de los artículos 189 del CPACA y 44 de la Ley
909 de 2004, sino que dejó sin parámetros objetivos mínimos la forma de liquidar la

3
Radicado 68001-33-31-010-2012-00206-01
4
Radicado 11001-03-15-000-2016-03152-00
5
Radicado 68001-23-33-000-2014-00679-01

www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04215-00
Accionante: Lisímaco García Amaya

condena, por lo que, a su juicio, la sentencia cuestionada era materialmente
indeterminada.

23. Finalmente, señaló que el Tribunal incurrió en una violación directa de la
constitución por que aplicó el tope contemplado en la Ley 909 de 2004, el cual se
encontraba previsto para supresión legítima y no una supresión declarada ilegal e
incumplimiento prolongado de orden judicial de reintegro.

2.3. Pretensiones

24. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
1. TUTELAR los derechos fundamentales del señor Lisímaco García Amaya al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, trabajo,
estabilidad en el empleo de carrera y reparación integral.

2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 6 de noviembre de 2025 (comunicada como
del 25 de noviembre de 2025) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
dentro del proceso ejecutivo rad. 68001-33-31-010-2012-00206-01.

3. Si esta Sala profiere sentencia de reemplazo directa, ORDENAR que en ella
sevalore expresamente el material probatorio obrante en los fls. 274-280 manuscrito /
547-559 digital (consulta de desacato), fl. 281 manuscrito / 561 digital (certificación
oficial de equivalencia) y fls. 288-311 manuscrito / 575-621 digital (cadena de
provisionalidades y reintegros), así como el memorial del 21 de julio de 2022 y sus
anexos; se aplique el régimen de los artículos 495, 504 inciso 2° y 211 del C.P.C. para
cuantificar la indemnización, tomando como base el juramento estimatorio inobjetado
(fl. 42 manuscrito / 83 digital); y se pronuncie sobre la eficacia jurídica de la Resolución
000670/2009 a la luz de su anulación por tutela.

4. En subsidio, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, dentro del
plazo perentorio que esta Sala fije, profiera nueva sentencia que: (i) valore
expresamente el material probatorio de los cargos equivalentes, vacantes,
provisionalidades y reintegros señalado con folio exacto; (ii) aplique el régimen de los
artículos 495, 504 inciso 2° y 211 del C.P.C. para la cuantificación de la indemnización,
sobre la base del juramento estimatorio inobjetado; (iii) analice expresamente la línea
Emérita Arenas Arenas — Efraín Olarte Olarte y precise qué regla es aplicable o la
distinga razonadamente.

5. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, al proferir la nueva
sentencia, fije parámetros completos, verificables y ejecutables de liquidación del
crédito, indicando expresamente: (i) la fecha jurídica de conversión de la obligación de
reintegro en indemnización compensatoria; (ii) la razón por la cual subsiste o cesa la
obligación de reintegro frente a las pruebas de equivalencia, vacantes y
provisionalidades; (iii) la base salarial aplicable al cargo Revisor 550 o su equivalente
Auxiliar Administrativo 407; (iv) los factores salariales y prestacionales legales
incluidos; (v) el tratamiento de las cesantías bajo régimen de retroactividad derivado
de la vinculación del 7 de enero de 1993 y de la declaración de no solución de
continuidad; (vi) la tasa, base y período de intereses comerciales moratorios sobre
cada ítem; (vii) la forma de imputar el pago parcial de $277.979.599 recibido el 29 de
junio de 2012; (viii) la relación entre salarios, prestaciones, indemnización moratoria,
indemnización compensatoria e indexación; y (ix) las reglas concretas que permitan
presentar una liquidación objetiva sin reabrir indefinidamente el litigio sobre sus bases.

6. ORDENAR a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander certificar la
fecha real de discusión, aprobación, firma, registro, cargue en SAMAI, comunicación y
notificación de la sentencia acusada, y remitir copia íntegra del Acta No. 22 de 2025.
(…)»

2.4. Intervenciones

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04215-00
Accionante: Lisímaco García Amaya

25. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 3 de junio de
2026 en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Santander como
accionado, al Departamento de Santander, a la Contraloría General de Santander y
al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, como
terceros interesados en el resultado del proceso.

26. La Contraloría General de Santander solicitó que se declare la improcedente la
acción de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, en la medida que
lo que pretende la parte actora con su interposición es utilizar el mecanismo
constitucional para reabrir un debate que ya fue resuelto por su juez natural en el
marco de un proceso ejecutivo laboral.

27. De otra parte, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que no vulneró los derechos fundamentales invocados en
protección.

28. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

29. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20196 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

30. Sobre el particular, se tiene que, si bien la Contraloría General de Santander,
solicita la desvinculación del presente proceso por falta de legitimación en la causa
por pasiva, lo cierto es que esta Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a
dicha pretensión, toda vez que se acreditó que actuó como parte dentro del proceso
ordinario, por lo tanto, le asiste interés.

31. En ese orden de ideas, la Sala procederá a negar la solicitud de desvinculación
promovida por la Contraloría General de Santander, conforme a lo expuesto en
precedencia.

3.3. Problema jurídico

32. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si el Tribunal Administrativo de Santander, al proferir la sentencia del 6 de noviembre
de 2025, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva, trabajo y reparación integral, al
incurrir en los defectos fáctico, desconocimiento de precedente, violación directa a la
Constitución, decisión sin motivación y sustantivo.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

33. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política

6 Reglamento interno del Consejo de Estado.

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04215-00
Accionante: Lisímaco García Amaya

de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades
o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto
anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para
hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de
residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

34. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de
ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la carta le impone.

35. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado
equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de
los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de
los derechos constitucionales fundamentales.

36. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04215-00
Accionante: Lisímaco García Amaya

3.5.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde la ejecutoria de la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el 9
de diciembre de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 2 de junio
de 2026.

3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental del derecho
fundamental al debido proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial
efectiva, trabajo y reparación integral, al incurrir en los defectos fáctico,
desconocimiento de precedente, violación directa a la Constitución, decisión sin
motivación y sustantivo, los cuales se encuentran razonadamente fundamentados.

37. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

38. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional7 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa8, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, y sin razón valedera da por no
probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende la indebida valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez.

b. Una dimensión positiva9, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

39. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta
más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»10.

40. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a

7 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-

567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
8 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
9 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04215-00
Accionante: Lisímaco García Amaya

obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

41. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»11.

42. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad
de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial
respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso
determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales
con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por
el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para
los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia
judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso
absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual
Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte
en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda
el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido
derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es
claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de

11Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.

www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04215-00
Accionante: Lisímaco García Amaya

inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv)
porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a
pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual
se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador»12.

43. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.

3.7. Decisión sin motivación como causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales

44. La jurisprudencia constitucional13 ha señalado que el defecto conocido como
«decisión sin motivación» se configura cuando la providencia atacada carece de
fundamentos fácticos y jurídicos que la soporten, lo cual deriva en una decisión
arbitraria que desconoce derechos fundamentales.

45. En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional14 ha establecido los criterios
que se deben tener en cuenta para establecer si existió un defecto por falta de
motivación, ya que dicha ausencia no puede estructurarse en cualquier descuerdo
que exista con la justificación de la providencia atacada. Para ello y con el fin de
respetar el principio de autonomía y razonamiento del juez, su configuración
procederá cuando la argumentación sea defectuosa, insuficiente o inexistente y «se
activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación
decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir en
una arbitrariedad».15

46. Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional16 que cuando se señale que una
providencia judicial incurrió en falta de motivación debido a la ausencia de
razonamientos que sustenten lo decidido el juez constitucional debe salvaguardar el
derecho de los accionantes a obtener respuestas razonadas que además les
permitan ejercer su derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que no
sustente las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la función judicial que
ostentan los administradores de justicia, situación que además conllevaría a una
flagrante violación del derecho al debido proceso.

3.8. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

47. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad
respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 189617, precisó que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de
la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho
en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los

12 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.
13 Sentencia C-590 de 2005.
14 Sentencia T-233 de 2007.
15 Sentencia T-709 de 2010.
16 Sentencia T-041 de 2018.
17 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.

www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04215-00
Accionante: Lisímaco García Amaya

fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

48. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

49. Respecto del precedente vertical18, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

50. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso19.

51. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación20.

52. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.9. Violación directa de la Constitución

53. La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que este defecto que
se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por el
cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta Política según el
cual «la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales.»21

54. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este defecto se
configura cuando se omite la aplicación de un precepto ius fundamental necesario
para la decisión, lo que puede ocurrir cuando: “(a) en la solución del caso se dejó de
interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c)
el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución22”23.

18 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
19 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
20 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
21 SU-336 de 2017, Corte Constitucional
22 Al respecto, ver entre otras, las Sentencia T-199 de 2005, T-590 de 2009 y SU-198 de 2013 y T-809 de 2010.
23 Sentencia T-369 de 2015.

www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04215-00
Accionante: Lisímaco García Amaya

55. Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que esta causal específica de
procedencia de la acción de tutela se concreta cuando el juez da aplicación a una
disposición de rango legal contraria a la Carta Política y no utiliza la figura de la
excepción de inconstitucionalidad24.

3.10. Análisis de los presuntos defectos antes mencionados

56. La parte actora alega un defecto fáctico por omisión en la valoración del material
probatorio, particularmente hizo referencia al «hallazgo del propio TAS en consulta
de desacato, certificado oficial de equivalencia expedido por la Secretaría General
de la Contraloría General de Santander, cadena de provisionalidades y reintegros al
cargo equivalente, juramento estimatorio y mandamiento ejecutivo».

57. Asimismo, alegó que la sentencia cuestionada adolece de un defecto sustantivo
por indebida aplicación de lo preceptuado en el artículo 44 de la Ley 909 del 2004;
así como también el Decreto 1227 de 2005, por el cual se reglamenta la disposición
normativa en mención.

58. Además de un desconocimiento de precedente judicial contenido en las
sentencias proferidas por la Sección Segunda de Consejo de Estado proferidas el 20
de febrero 2017 y 16 de octubre de 2025 relacionadas con el reintegro de empleados
de carrera administrativa en los procesos ejecutivos.

59. Así como también, alegó que se profirió una decisión sin motivación, toda vez que
considera que la sentencia acusada no solo redujo la indemnización compensatoria
mediante la aplicación de los artículos 189 del CPACA y 44 de la Ley 909 de 2004,
sino que dejó sin parámetros objetivos mínimos la forma de liquidar la condena, por
lo que, a su juicio, la sentencia cuestionada es materialmente indeterminada.

60. Finalmente, señaló que el Tribunal incurrió en una violación directa de la
constitución porque aplicó el tope contemplado en la Ley 909 de 2004, el cual se
encontraba previsto para supresión legítima y no una supresión declarada ilegal e
incumplimiento prolongado de orden judicial de reintegro.

61. Sobre el particular, se tiene que el Tribunal Administrativo de Santander, en la
providencia cuestionada consideró:

«Se observa de esta manera que el título ejecutivo condenó al DEPARTAMENTO DE
SANTANDER y la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER a que,
además del reintegro del señor LISÍMACO GARCÍA AMAYA al cargo que se
encontraba desempeñando al momento del retiro o a otro de igual o superior categoría,
se le debía pagar todo lo dejado de percibir desde cuando fue retirado de la entidad y
hasta que el reintegro fuera efectivo.

Pues bien, frente al cumplimiento de la obligación de pago de los dineros dejados de
percibir por el ejecutante con ocasión de su retiro del servicio, obra en el proceso la
Resolución No. 008820 del 22 de junio de 2012 a través de la cual, se resolvió
“…reconocer a favor de IGNACIO ANDRES BOHORQUEZ BORDA identificado con
cédula de ciudadanía número 91.075.403 portador de la T.P. No.- 105.417 del C.S.J.
en calidad de apoderado de LISIMACO GARCIA AMAYA la suma de DOSCIENTOS
SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE
($277.979.599,00) por concepto de sueldos, prestaciones sociales, por el período
comprendido del 4 de enero de 2000 al 15 de junio de 2012, e intereses, en

24 Sentencia SU-198 de 2013.

www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04215-00
Accionante: Lisímaco García Amaya

cumplimiento de condena impuesta (…).

Quedó en evidencia además que la suma reconocida fue efectivamente girada a favor
del Abogado IGNACIO ANDRES BOHORQUEZ BORDA -como apoderado del señor
LISIMACO GARCÍA AMAYA- según comprobante de egreso No. 000005143 del 29 de
junio de 2012, habiéndose emitido cheque de gerencia No. -678631.

Con ese norte, de conformidad con los lineamientos antes expuestos, es claro que la
excepción declarada por la primera instancia encuentra vocación de prosperidad pues
está acreditada la existencia de la consignación de dineros que provienen del
cumplimiento de la obligación impuesta en la sentencia de fecha 27 de junio de 2008
proferida por el Juzgado Trece Administrativo de esta ciudad, monto que deberá ser
tenido en cuenta al momento de efectuar la liquidación del crédito cobrado.
(…)
Finalmente, la Sala precisa que el debate planteado en torno al cálculo de los intereses
de la suma por la que se ejecuta, corresponde a la etapa de liquidación del crédito
acorde con lo establecido en el artículo 521 y siguientes del C.P.C., oportunidad en
que las partes podrán realizar las objeciones que estimen convenientes frente al
cálculo del saldo insoluto de la obligación.
(…)
Acorde con lo anterior, debe entenderse que, para el presente caso, la obligación de
hacer que se reclama referente a la orden de reintegro del señor LISIMACO GARCIA
AMAYA al cargo que se encontraba desempeñando al momento del retiro o a otro de
igual o superior categoría, se materializó a través de la expedición del acto
administrativo que se pronunció al respecto. Frente a este tópico, el proceso cuenta
con la Resolución No. 000670 del 24 de septiembre de 2009 a través de la cual, la
Contraloría General de Santander -antes Contraloría Departamental de Santander-
declaró la imposibilidad del reintegro del ejecutante (…).

Ahora, si bien, como lo puso de presente la parte ejecutante, se conoce que la
Resolución No. 00670 del 24 de septiembre de 2009 fue dejada sin efecto mediante
sentencia de tutela proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de esta ciudad el
día 22 de octubre de 2009; no lo es menos que tal decisión, referente a la imposibilidad
de reintegrar al señor GARCIA AMAYA a la planta de personal de la entidad ejecutada
fue reiterada mediante Resolución No. 001149 del 18 de enero de 2013, a través de la
cual, el Gobernador de Santander resolvió el recurso de reposición interpuesto por el
ejecutante (…).

(…) Al respecto, la Sala considera que en el sub examiné no obra certificación o
constancia sobre la existencia de otros cargos de igual o superior categoría al que la
ejecutante se encontraba desempeñando al momento del retiro, ni se acredita si reunía
los requisitos para ocupar otro cargo equivalente, ni que el empleo estuviera vacante
u ocupado por una persona con menor derecho, pues resulta indispensable que una
prueba en tal sentido integrara el título para poder establecer si, como lo pregona el
señor LISIMACO GARCIA AMAYA, la entidad ejecutada se sustrajo de manera
deliberada del cumplimiento de la obligación de hacer, ya que de lo contrario, como
aquí ocurre, la obligación deviene en inexigible. Ello, por cuanto no se puede pretender
que el Juez ordene al deudor que se ejecute la obligación de reintegrar al ejecutante
sin tener pleno conocimiento sobre el cargo que podría ocupar y bajo qué
circunstancias se ejecutaría la orden, de manera que ello constituía una carga
probatoria de la parte accionante a efectos de conformar el título ejecutivo, lo cual en
esta oportunidad no cumplió. (…).

Al respecto, se tiene que la indemnización por la imposibilidad de reintegrar al señor
GARCÍA AMAYA encuentra sustento tanto en la sentencia base de ejecución en tanto
dispuso pagar los emolumentos dejados de recibir «sin solución de continuidad hasta
la fecha en que se produzca su reintegro y sin que se altere su calidad de empleado
de carrera administrativa», lo cual conlleva implícita la prerrogativa de recibir
indemnización cuando no es posible el reintegro, acorde con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 909 de 2004: “ARTÍCULO 44. Derechos del empleado de carrera
administrativa en caso de supresión del cargo (...) La anterior posibilidad encuentra
sustento igualmente en lo dispuesto en el artículo 495 del C.P.C., que indica (…).
(…).
(…) En consecuencia, la “indemnización compensatoria” solo puede asimilarse a la
prevista en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, que surge en reemplazo del

www.consejodeestado.gov.co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04215-00
Accionante: Lisímaco García Amaya

reintegro cuando éste resulta imposible o improcedente, y no a una reparación
plena de perjuicios.

Cabe destacar que, el juramento estimatorio (arts. 206 y 211 del CGP) no tiene
efectos vinculantes frente a indemnizaciones reguladas por ley especial. El proceso
ejecutivo deriva de una sentencia judicial, y la liquidación del crédito debe ceñirse al
título base de recaudo y a la ley aplicable. Su finalidad es facilitar la tasación de
perjuicios en materia civil o de reparación directa, no sustituir los parámetros objetivos
de la administración pública.
(…)»

62. De las transcripciones relacionadas se desprende que la autoridad judicial
accionada realizó un análisis probatorio integral en consonancia con las reglas de la
sana critica, lo que le permitió concluir que en el presente asunto se debía confirmar
la decisión que declaró probada la excepción de pago parcial y, en consecuencia,
ordenó seguir adelante con la ejecución de la obligación respecto del saldo adeudado
de los emolumentos y a la indemnización derivada de la imposibilidad de reintegro.

63. Al respecto, la Sala observa que el Tribunal no incurrió en una ausencia de
valoración del material probatorio como lo alega en la demanda de tutela, puesto que
se advierte que examinó el contenido del título ejecutivo, así como también las
resoluciones por las cuales se declaró la imposibilidad del reintegro del ejecutante,
los pagos efectuados por concepto de salarios y prestaciones dejadas de percibir, lo
que le permitió concluir que no era posible reintegrar al señor García Amaya a la
planta de personal de la entidad ejecutada.

64. Indicó que no obraba en el expediente material probatorio suficiente para
determinar con grado de certeza la existencia del cargo igual o superior, vacante o
susceptible de ser ocupado por el ejecutante, ni elementos que permitieran concluir
que la entidad ejecutada se sustrajo deliberadamente del cumplimiento de la
obligación de hacer efectivo el reintegro.

65. En ese sentido, lo que se evidencia es una discrepancia por parte del accionante
respecto a las conclusiones a las que arribó el juez natural de la causa, pues, en
efecto no se acredita que la pruebas que afirma omitidas tuvieran la entidad
suficiente de modificar sustancialmente el sentido de la decisión, puesto que resulta
evidente que su inconformidad radica es en el mérito que el Tribunal asignó al acervo
probatorio.

66. En ese orden de ideas, para la Sala no se incurre en un defecto fáctico porque la
autoridad judicial accionada no ignoró el material probatorio relevante ni efectuó una
valoración arbitraria del mismo, pues, por el contrario, se observa que valoró
íntegramente los medios probatorios que reposaban en el proceso ejecutivo.

67. En ese sentido, para Sala la decisión cuestionada no se basó en la omisión o
exclusión injustificada de medios de prueba, sino en una ponderación
suficientemente razonada de los elementos obrantes en el expediente, incluidos
aquellos señalados por la parte actora como desconocidos.

68. Ahora, lo mismo ocurre respecto del presunto defecto sustantivo, en la medida
que el Tribunal señaló que la indemnización obedecía a la imposibilidad material de
ejecutar la obligación de reintegro y que, ante la ausencia de una norma específica
sobre la forma de compensar dicha imposibilidad, resultaba jurídicamente factible
acudir al régimen previsto para la indemnización derivada de la supresión del cargo
contenido en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, en armonía con las disposiciones

www.consejodeestado.gov.co 14
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04215-00
Accionante: Lisímaco García Amaya

normativas que regulan la conversión de obligaciones de hacer en obligaciones
indemnizatorias.

69. Así las cosas, para la Sala, el hecho de que el accionante considere que la
situación obedecía al incumplimiento de una orden judicial y no a un supuesto de
supresión administrativa ilegal no configura, por sí mismo, un defecto sustantivo, en
la medida que en el presente asunto no se advierte una aplicación arbitraria o
caprichosa por parte del Tribunal, sino por el contrario constituye un ejercicio
interpretativo en virtud de la autonomía judicial respecto de una situación que la
autoridad judicial accionada consideró como análoga.

70. En efecto, para la Sala, la autoridad judicial no incurrió en un defecto sustantivo
como lo alega la parte actora en la demanda de tutela, en la medida que efectuó un
análisis detallado de los elementos probatorios conforme a las disposiciones
normativas y precedente jurisprudencial vigente aplicable al asunto.

71. De otra parte, el accionante alega un desconocimiento de precedente judicial
contenido en las sentencias proferidas por la Sección Segunda de Consejo de
Estado proferidas el 20 de febrero 2017 y 16 de octubre de 2025 relacionadas con
el reintegro de empleados de carrera administrativa en los procesos ejecutivos.

72. Sobre el particular, no se evidencia que la providencia cuestionada en sede de
tutela hubiera omitido deliberadamente una regla jurisprudencial vinculante ni que
hubiera desconocido un precedente consolidado que impusiera necesariamente la
orden de un reintegro.

73. Lo anterior, teniendo en cuenta que la primera de las mencionadas que alega
como desconocida corresponde a un fallo de tutela que no es vinculante, además
que se desconoce su contenido, pues no se adjuntó al presente trámite y no se
encuentra disponible en el aplicativo de SAMAI.

74. En cuanto a la decisión del 16 de octubre de 2025, nótese que dista del asunto
en cuestión, en la medida que allí se demostró que la demandante renunció al
reintegro, por lo tanto, se le dio un trato distinto, mientras que el sub examine no obra
prueba de una renuncia voluntaria a la reincorporación, lo que impide predicar la
identidad fáctica necesaria para la configuración del precedente alegado.

75. De modo que, para que se configure este defecto, es necesario acreditar la
existencia de una regla jurisprudencial clara, uniforme y aplicable al caso concreto,
así como la ausencia de una justificación suficiente para su inaplicación.

76. Por ende, no es factible entender que se incurrió en un desconocimiento de
precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o caprichosa, pues, lo que
se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con la conclusión a la
que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la transgresión de derechos
fundamentales.

77. Ahora, tampoco prospera el cargo relacionado con una decisión sin motivación,
puesto que, emerge con claridad que el Tribunal en la providencia cuestionada
expuso de manera suficiente las razones por las cuales concluyó que existía un
cumplimiento parcial de la obligación. Asimismo, explicó por qué resultaba
procedente continuar con la ejecución respecto del saldo insoluto y por qué la
imposibilidad de efectuar el reintegro debía ser compensada mediante una

www.consejodeestado.gov.co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04215-00
Accionante: Lisímaco García Amaya

indemnización calculada conforme al régimen jurídico que consideró aplicable.

78. Además, precisó que los cuestionamientos sobre intereses y cuantificación
definitiva del crédito debían resolverse en la etapa procesal correspondiente a la
liquidación del crédito, razón por la que no se advierte una decisión indeterminada ni
carente de argumentos como lo alega la parte actora en la demanda de tutela. En
consecuencia, la Sala estima que en el presente asunto no se configura una decisión
sin motivación.

79. En cuanto a la presunta violación directa de la Constitución, la Sala considera que
la autoridad judicial accionada no negó en abstracto el derecho del ejecutante a
obtener una reparación económica por el no reintegro al empleo, sino que consideró
que dicha compensación debía sujetarse al marco normativo que estimó aplicable al
caso concreto, para lo cual acudió al régimen previsto en el artículo 44 de la Ley 909
de 2004 y a las disposiciones normativas que lo regulan.

80. En ese orden de ideas, no evidencia que el Tribunal hubiera desconocido
directamente una regla constitucional, pues lo que se advierte es una discrepancia
sobre el alcance indemnizatorio derivado de la imposibilidad de ejecutar la obligación
de reintegro y sobre el régimen jurídico que regula dicha situación.

81. Lo anterior, permite inferir que el cargo de violación directa de la Constitución no
está llamado a prosperar, dado que la censura se dirige a controvertir la
interpretación normativa realizada por el juez natural y no a demostrar una
contradicción manifiesta e inmediata entre la providencia cuestionada y la carta
política.

82. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún defecto,
sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación efectuada
por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad prevista para la
tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.

83. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez25, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso.

84. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a negar
el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

25
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.

www.consejodeestado.gov.co 16
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04215-00
Accionante: Lisímaco García Amaya

FALLA

Primero: Negar la solicitud de desvinculación promovida por la Contraloría General
de Santander, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente
proveído.

Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Lisímaco García Amaya
en contra del Tribunal Administrativo de Santander, conforme a las consideraciones
plasmadas en esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 17
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.