Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04215-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04215-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04215-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04215-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: LISÍMACO GARCÍA AMAYA
TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ LAS
PRETENSIONES Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD
DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE
LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LA
ACCIÓN DE TUTELA YA FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE
DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA. ASUNTO ECONÓMICO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, TRABAJO Y
REPARACIÓN INTEGRAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 25 de junio de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
denegó el amparo solicitado.
1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04215-01
Actor: LISÍMACO GARCÍA AMAYA
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor LISÍMACO GARCÍA AMAYA, actuando mediante
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, al trabajo y al
principio de reparación integral, los cuales estima vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER2, al haber
proferido la providencia de 6 de noviembre de 2025 dentro del
proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación
68001-33-31-010-2012-00206-01.
I.2.- Hechos
Indicó que laboró en la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE
SANTANDER3 como empleado de carrera administrativa en el cargo
revisor código 550, hasta el 30 de diciembre de 1999, fecha en la
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En adelante TRIBUNAL.
3
En adelante CONTRALORÍA.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04215-01
Actor: LISÍMACO GARCÍA AMAYA
cual mediante Decreto núm. 401 de 30 de diciembre de 1999, se
suprimió dicha plaza.
Señaló que presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el DEPARTAMENTO
DE SANTANDER4 y la CONTRALORÍA, con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos por medio de los
cuales se suprimió el cargo que ocupaba en propiedad y fue retirado
del servicio, la cual le correspondió al JUZGADO TRECE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA que,
mediante sentencia de 27 de junio de 2008, accedió a las
pretensiones, decisión que fue confirmada por el TRIBUNAL a través
del fallo de 17 de julio de 2009.
Afirmó que, debido a lo anterior, presentó demanda ejecutiva
teniendo como título valor la sentencia de 17 de julio de 2009,
proceso que fue identificado con el número de radicación 2012-
00206-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO DÉCIMO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
4
En adelante DEPARTAMENTO.
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Actor: LISÍMACO GARCÍA AMAYA
BUCARAMANGA5 que, mediante sentencia de 9 de agosto de 2017,
declaró probada la excepción de pago parcial y ordenó seguir
adelante con la ejecución de la obligación respecto del saldo
adeudado de los emolumentos y la indemnización derivada de la
imposibilidad de reintegro.
Manifestó que al resolver el recurso de apelación, el TRIBUNAL
mediante sentencia de 13 de marzo de 2025, revocó parcialmente la
decisión del a quo, por considerar que la pretensión de librar
mandamiento ejecutivo por la indemnización compensatoria por el
eventual no reintegro al cargo que desempeñaba el ejecutante, no
encontraba sustento en el título ejecutivo, por cuanto la sentencia no
dispuso que en el evento de que no pudiese ser reintegrado, este
debía ser indemnizado.
Sostuvo que promovió acción de tutela contra el TRIBUNAL, con el
fin de que se ampararan sus derechos fundamentales presuntamente
vulnerados con la decisión de 13 de marzo de 2025, la cual fue
conocida en primera instancia por la SECCIÓN CUARTA DEL
CONSEJO DE ESTADO que, mediante sentencia de 23 de octubre
5
En adelante JUZGADO.
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Actor: LISÍMACO GARCÍA AMAYA
de 2025, declaró improcedente la solicitud frente a la excepción de
pago parcial y amparó en relación con lo decidido sobre la
indemnización por la imposibilidad de reintegro, con fundamento en
que el TRIBUNAL accionado desconoció la prerrogativa que les
asiste a los servidores de carrera administrativa de recibir una
compensación económica cuando no es posible vincularlos
nuevamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la
Ley 909 de 23 de septiembre de 20046. Decisión confirmada en sede
de impugnación por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- de
esta Corporación a través de sentencia de 21 de enero de 2026.
Precisó que, en cumplimiento de lo anterior, el TRIBUNAL profirió
sentencia de reemplazo de 6 de noviembre de 2025, por medio de la
cual confirmó la decisión de declarar probada la excepción de pago
parcial y ordenó seguir adelante con la ejecución de la obligación
respecto del saldo adeudado de los emolumentos y la indemnización
derivada de la imposibilidad de reintegro.
I.3. Fundamentos de derecho
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“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones”.
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Actor: LISÍMACO GARCÍA AMAYA
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
fáctico por omisión en la valoración del material probatorio, debido
a que los documentos aportados al expediente demostraban que la
CONTRALORÍA expidió resoluciones de reintegro al cargo
equivalente al suyo, pese a que alegaba imposibilidad en su caso.
Adujo que la sentencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo
por indebida aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 909
de 2004 y el Decreto 1227 de 21 de abril de 20057, normas que
regulan los derechos del empleado de carrera como consecuencia de
la supresión administrativa del empleo, supuesto sustancialmente
distinto del incumplimiento de una orden judicial de reintegro por
supresión declarada ilegal.
Resaltó que el TRIBUNAL incurrió en desconocimiento de
precedente judicial contenido en las sentencias de 20 de febrero
20178 y 16 de octubre de 20259, proferidas por la SECCIÓN
SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO, las cuales están
relacionadas con el reintegro de empleados de carrera administrativa
7
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998”.
8
Identificada con el número de radicado 11001-03-15-000-2016-03152-00.
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Identificada con el número de radicado 68001-23-33-000-2014-00679-01.
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Actor: LISÍMACO GARCÍA AMAYA
dentro de procesos ejecutivos.
Finalmente, agregó que también incurrió en decisión sin
motivación, toda vez que la sentencia cuestionada no solo redujo la
indemnización compensatoria mediante la aplicación de los artículos
189 del CPACA y 44 de la Ley 909 de 2004, sino que dejó sin
parámetros objetivos mínimos la forma de liquidar la condena y en
violación directa de la Constitución porque aplicó el tope
establecido en esta última normativa, el cual se encontraba previsto
para supresión legítima y no para una declarada ilegal y el
incumplimiento prolongado de una orden judicial de reintegro.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 6 de noviembre de
2025 (comunicada como del 25 de noviembre de 2025) proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso
ejecutivo rad. 68001-33-31-010-2012-00206-01.
3. Si esta Sala profiere sentencia de reemplazo directa, ORDENAR
que en ella se valore expresamente el material probatorio obrante
en los fls. 274-280 manuscrito / 547-559 digital (consulta de
desacato), fl. 281 manuscrito / 561 digital (certificación oficial de
equivalencia) y fls. 288-311 manuscrito / 575-621 digital (cadena
de provisionalidades y reintegros), así como el memorial del 21 de
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julio de 2022 y sus anexos; se aplique el régimen de los artículos
495, 504 inciso 2° y 211 del C.P.C. para cuantificar la
indemnización, tomando como base el juramento estimatorio
inobjetado (fl. 42 manuscrito / 83 digital); y se pronuncie sobre la
eficacia jurídica de la Resolución 000670/2009 a la luz de su
anulación por tutela.
4. En subsidio, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander
que, dentro del plazo perentorio que esta Sala fije, profiera nueva
sentencia que: (i) valore expresamente el material probatorio de
los cargos equivalentes, vacantes, provisionalidades y reintegros
señalado con folio exacto; (ii) aplique el régimen de los artículos
495, 504 inciso 2° y 211 del C.P.C. para la cuantificación de la
indemnización, sobre la base del juramento estimatorio inobjetado;
(iii) analice expresamente la línea Emérita Arenas Arenas — Efraín
Olarte Olarte y precise qué regla es aplicable o la distinga
razonadamente.
5. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, al
proferir la nueva sentencia, fije parámetros completos, verificables
y ejecutables de liquidación del crédito, indicando expresamente:
(i) la fecha jurídica de conversión de la obligación de reintegro en
indemnización compensatoria; (ii) la razón por la cual subsiste o
cesa la obligación de reintegro frente a las pruebas de equivalencia,
vacantes y provisionalidades; (iii) la base salarial aplicable al cargo
Revisor 550 o su equivalente Auxiliar Administrativo 407; (iv) los
factores salariales y prestacionales legales incluidos; (v) el
tratamiento de las cesantías bajo el régimen de retroactividad
derivado de la vinculación del 7 de enero de 1993 y de la
declaración de no solución de continuidad; (vi) la tasa, base y
período de intereses comerciales moratorios sobre cada ítem; (vii)
la forma de imputar el pago parcial de $277.979.599 recibido el 29
de junio de 2012; (viii) la relación entre salarios, prestaciones,
indemnización moratoria, indemnización compensatoria e
indexación; y (ix) las reglas concretas que permitan presentar una
liquidación objetiva sin reabrir indefinidamente el litigio sobre sus
bases.
6. ORDENAR a la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Santander certificar la fecha real de discusión, aprobación, firma,
registro, cargue en SAMAI, comunicación y notificación de la
sentencia acusada, y remitir copia íntegra del Acta No. 22 de 2025.
[…]”.
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I.5. Defensa
I.5.1.- La CONTRALORÍA solicitó ser desvinculada por falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no existe nexo de
causalidad entre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el actor y alguna acción u omisión por
parte de la entidad.
I.5.2.- El TRIBUNAL solicitó valorar la existencia de la acción de
tutela identificada con el número 2026-04051-00, en cuanto guarda
estrecha relación con varios de los hechos que sirven de fundamento
en la presente solicitud de amparo, para lo cual remitió copia del
informe rendido en esa oportunidad.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 25 de junio de 2026,
negó la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva presentada por la CONTRALORÍA, así como el
amparo solicitado, por considerar que se advertía un simple
desacuerdo del actor con la conclusión a la que llegó la autoridad
judicial accionada, lo que no conllevaba la transgresión de los
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derechos fundamentales invocados.
Sostuvo que el TRIBUNAL no incurrió en una ausencia de valoración
del material probatorio como lo alega el accionante y, por el contrario,
examinó el contenido del título ejecutivo, así como también las
resoluciones por las cuales se declaró la imposibilidad del reintegro
del ejecutante, los pagos efectuados por concepto de salarios y
prestaciones dejadas de percibir, lo que le permitió concluir que no
era posible reintegrar al señor GARCÍA AMAYA a la planta de
personal de la entidad ejecutada.
Resaltó que el hecho de que el accionante considere que su situación
obedecía al incumplimiento de una orden judicial y no a un supuesto
de supresión administrativa ilegal no configura, por sí mismo, un
defecto sustantivo, en la medida en que en la sentencia cuestionada
no se advertía una aplicación arbitraria o caprichosa por parte de la
autoridad judicial, sino un ejercicio interpretativo en virtud de la
autonomía judicial respecto de una situación que el TRIBUNAL
consideró como análoga.
Frente al desconocimiento del precedente judicial invocado, precisó
que no se evidenciaba que el TRIBUNAL hubiera omitido
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deliberadamente una regla jurisprudencial vinculante ni que hubiera
desconocido un precedente consolidado que impusiera
necesariamente la orden de un reintegro en un asunto similar al
suyo.
Resaltó que tampoco se incurrió en una decisión sin motivación, por
cuanto el TRIBUNAL expuso de manera suficiente las razones por
las cuales concluyó que existía un cumplimiento parcial de la
obligación y, asimismo, por qué resultaba procedente continuar con
la ejecución respecto del saldo insoluto y por qué la imposibilidad de
efectuar el reintegro debía ser compensada mediante una
indemnización calculada conforme al régimen jurídico que consideró
aplicable.
Finalmente, concluyó que el cargo de violación directa de la
Constitución no estaba llamado a prosperar, dado que la censura del
actor se dirige a controvertir la interpretación normativa realizada
por el juez natural y no a demostrar una contradicción manifiesta e
inmediata entre la providencia cuestionada y la Carta Política.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
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El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN SEGUNDA
bajo el argumento de que el a quo no resolvió de manera material
los cargos constitucionales propuestos, convirtió la omisión
probatoria denunciada en una supuesta discrepancia interpretativa,
validó una aplicación analógica del artículo 44 de la Ley 909 de 2004,
que no corresponde al supuesto fáctico debatido y descartó los
antecedentes y precedentes invocados.
Alegó que el caso no podía resolverse como si se tratara de una
imposibilidad administrativa ordinaria de reincorporación, pues la
controversia gira en torno a la ejecución de una sentencia judicial
ejecutoriada que reconoció derechos de carrera y cuya obligación de
hacer, ante la frustración del cumplimiento específico, debía
convertirse en una indemnización de perjuicios compensatorios, con
parámetros suficientes para permitir la liquidación efectiva del
crédito.
Insistió en que pese a que la providencia cuestionada conserva como
fecha formal el 6 de noviembre de 2025, únicamente quedó
perfeccionada con la incorporación de las firmas electrónicas entre el
25 y el 26 siguientes, por lo que al momento en que adquirió
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existencia y eficacia jurídica conforme a lo dispuesto en el artículo
279 del CGP, ya habían sido proferidas las sentencias invocadas de
la SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO, razón por la
que, a su juicio, dichos precedentes, o al menos antecedentes, ya
integraban el marco jurisprudencial aplicable.
Por último, reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial para
argumentar la configuración de los defectos invocados.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
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como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de reemplazo 6 de noviembre de
2025, proferida por el TRIBUNAL, mediante la cual confirmó la
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decisión del JUZGADO que declaró probada la excepción de pago
parcial y ordenó seguir adelante con la ejecución de la obligación
respecto del saldo adeudado de los emolumentos y la indemnización
derivada de la imposibilidad de reintegro dentro del proceso ejecutivo
identificado con el número único de radicación 2012-00206-01.
A las citadas providencias el actor le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, al trabajo y al
principio de reparación integral, habida cuenta que, a su juicio, el
TRIBUNAL incurrió en defecto fáctico por omisión en la valoración
de los documentos aportados al expediente que demostraban que la
CONTRALORÍA expidió resoluciones de reintegro al cargo
equivalente al suyo, pese a que alegaba imposibilidad en su caso y
defecto sustantivo por indebida aplicación de lo dispuesto en las
normas que regulan los derechos del empleado de carrera como
consecuencia de la supresión administrativa del empleo, supuesto
sustancialmente distinto del incumplimiento de una orden judicial de
reintegro por supresión declarada ilegal.
Alegó que también se incurrió en el desconocimiento del
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precedente contenido en las sentencias de 20 de febrero 2017 y 16
de octubre de 2025, proferidas por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, las cuales están relacionadas con el reintegro de
empleados de carrera administrativa dentro de procesos ejecutivos.
Por último, agregó que incurrió en decisión sin motivación y en
violación directa de la Constitución porque aplicó el tope
establecido en la Ley 909 de 2004, el cual se encontraba previsto
para supresión legítima y no para una declarada ilegal y el
incumplimiento prolongado de una orden judicial de reintegro, como
era su caso.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 25 de junio de
2026, denegó la solicitud de amparo por considerar que el
TRIBUNAL no incurrió en los defectos alegados y lo que se advertía
era un simple desacuerdo del actor con la conclusión a la que llegó
la autoridad judicial accionada y no la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en
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primera instancia, manifestando que el a quo no resolvió de manera
material los cargos constitucionales propuestos, convirtió la omisión
probatoria denunciada en una supuesta discrepancia interpretativa,
validó una aplicación analógica del artículo 44 de la Ley 909 de 2004
que no corresponde al supuesto fáctico debatido y descartó los
antecedentes y precedentes invocados como desatendidos.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados e incurrió en los defectos alegados.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional 10, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».11
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación12, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
10
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia. El segundo aspecto, esto es, la relevancia
constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para
efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [14].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [15].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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amparo constitucional [16].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [19]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial […]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; (ii) impedir que esta se convierta en una instancia o
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recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii)
preservar la competencia y la independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que, contrario a lo
considerado por el a quo, la presente acción de tutela no cumple con
el requisito general de la relevancia constitucional, en la medida en
que lo pretendido por el actor es que se realice un nuevo análisis del
asunto puesto a consideración del juez natural, como si este
mecanismo constitucional se tratara de una instancia adicional al
proceso ordinario.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto ya resuelto, porque
los motivos que fundamentan la inconformidad del actor se
sustentan, básicamente, en que, a su juicio, la sentencia cuestionada
adolece de parámetros objetivos, claros y ejecutables para liquidar
el crédito, la indemnización compensatoria, los intereses, la
imputación del pago parcial y los efectos prestacionales de la
continuidad laboral ordenada en el título ejecutivo.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión de mera legalidad que gira
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en torno a la inconformidad con la decisión adoptada por el juez
natural del asunto, lo cual fue resuelto y aclarado de forma admisible
por el TRIBUNAL que, en la sentencia de reemplazo de 6 de
noviembre de 2025, explicó lo siguiente:
“[…] Al respecto, se tiene que la indemnización por la imposibilidad
de reintegrar al señor GARCÍA AMAYA encuentra sustento tanto en
la sentencia base de ejecución en tanto dispuso pagar los
emolumentos dejados de recibir «sin solución de continuidad hasta
la fecha en que se produzca su reintegro y sin que se altere su
calidad de empleado de carrera administrativa», lo cual conlleva
implícita la prerrogativa de recibir indemnización cuando no es
posible el reintegro, acorde con lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley 909 de 2004 (…)
Ahora bien, el apelante pretende que se reconozca la
indemnización compensatoria conforme a lo “estimado bajo
juramento” en la demanda. Sin embargo, en este tipo de casos la
cuantificación del perjuicio no se rige por la estimación subjetiva
del demandante, sino por las reglas especiales que determinan
la forma y base de liquidación de las indemnizaciones
derivadas de la supresión del cargo, previstas en el artículo
44 de la Ley 909 de 2004 y desarrolladas por los artículos 87
a 90 del Decreto 1227 de 2005, hoy compilados en los artículos
2.2.11.2.1 a 2.2.11.2.6 del Decreto 1083 de 2015. Estas
disposiciones son de orden imperativo y de aplicación directa,
pues constituyen el régimen legal que regula el derecho a la
indemnización frente a la imposibilidad de reintegro o la supresión
de cargos en la administración pública. Por tanto, el juez no puede
sustituir la norma especial por un juramento estimatorio, que solo
opera en materia civil o cuando la ley no regula el modo de
cuantificar el perjuicio.
El reconocimiento ordenado en la sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho deriva del restablecimiento de una
relación legal y reglamentaria. En consecuencia, la “indemnización
compensatoria” solo puede asimilarse a la prevista en el artículo
44 de la Ley 909 de 2004, que surge en reemplazo del
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reintegro cuando éste resulta imposible o improcedente, y
no a una reparación plena de perjuicios.
El monto de dicha indemnización debe seguirse entonces acorde
con las pautas establecidas en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004
en consonancia con el artículo 90 del Decreto 1227 de 2005.
Por ello, resulta improcedente atender una liquidación efectuada
con base en una proyección subjetiva “hasta la edad de retiro
forzoso” o según estimaciones juradas, porque ello desconocería el
principio de legalidad del gasto público.
Cabe destacar que, el juramento estimatorio (arts. 206 y 211
del CGP) no tiene efectos vinculantes frente a indemnizaciones
reguladas por ley especial. El proceso ejecutivo deriva de una
sentencia judicial, y la liquidación del crédito debe ceñirse al título
base de recaudo y a la ley aplicable. Su finalidad es facilitar la
tasación de perjuicios en materia civil o de reparación directa, no
sustituir los parámetros objetivos de la administración pública.
Cuando existe una norma expresa que define la forma de
calcular el reconocimiento económico, el juez debe ceñirse a
ella. La estimación jurada de perjuicios no releva al juez de aplicar
las disposiciones especiales que regulan la forma de tasar la
indemnización en el ámbito del empleo público. Por tanto, el valor
pretendido por la parte ejecutante carece de sustento normativo.
Finalmente, en lo que tiene que ver con el cálculo de intereses, el
mismo corresponde a una etapa posterior en la que se realizará la
liquidación del crédito acorde con lo establecido en el artículo 521
y siguientes del C.P.C.
De la obligación de hacer:
En el presente asunto, no le asiste razón al ejecutante cuando
sostiene que la obligación de hacer —consistente en su reintegro al
cargo suprimido o a uno de igual o superior jerarquía— permanece
incumplida. Ello por cuanto dicha obligación, de acuerdo con la
naturaleza misma del reintegro en sede contencioso
administrativa, no supone la realización de una obra material ni la
ejecución forzosa propia de las obligaciones reguladas en los
artículos 499 y 500 del Código de Procedimiento Civil, sino la
exteriorización de la voluntad del obligado mediante la expedición
de un acto administrativo. En estos eventos, la satisfacción de la
obligación de hacer se concreta con la emisión del respectivo acto
administrativo que decide sobre el reintegro, por tratarse de una
manifestación de la función pública que no puede ser sustituida por
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el juez ejecutivo, ya que corresponde exclusivamente a la
Administración en virtud del principio de competencia.
(…)
En el expediente obra demostrado que la Administración cumplió
con la obligación de hacer mediante la expedición de los actos
administrativos que decidieron sobre el reintegro: la Resolución
000670 del 24 de septiembre de 2009 y la Resolución 001149 del
18 de enero de 2013, actos en los cuales se expuso la imposibilidad
material y jurídica de reintegrar al ejecutante debido a la
inexistencia del cargo en la planta de personal, la falta de empleos
equivalentes y la ausencia de competencia para crearlos o
modificarlos. Dichos actos gozan de presunción de legalidad, de
conformidad con el artículo 88 del CPACA, y no fueron desvirtuados
a través de los mecanismos ordinarios de control; por tanto,
producen plenos efectos jurídicos y satisfacen la obligación
impuesta por la sentencia que constituye el título ejecutivo. Debe
advertirse además que el proceso no cuenta con prueba alguna que
demuestre la existencia real de cargos equivalentes o vacantes que
permitieran materializar el reintegro del señor Lisímaco García
Amaya. Para que la orden de reintegro sea exigible, el ejecutante
debía acreditar la existencia del empleo, su disponibilidad, la
equivalencia funcional y salarial, y demás condiciones que
permitieran establecer la posibilidad real de cumplimiento. Sin
embargo, tal carga probatoria no fue satisfecha, lo que impide
considerar incumplida la obligación y convierte el reintegro en una
prestación inexigible en sede ejecutiva, pues no puede ordenarse
al deudor el cumplimiento de una obligación sin conocer las
circunstancias objetivas que permitirían su ejecución. […]”
(Resaltado del texto original).
De los apartes transcritos de las providencias objeto de tutela, se
evidencia que el TRIBUNAL al realizar un análisis del material
probatorio obrante en el expediente de cara a la normativa aplicable,
concluyó que se debía confirmar la decisión que declaró probada la
excepción de pago parcial y, en consecuencia, ordenó seguir adelante
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con la ejecución de la obligación respecto del saldo adeudado de los
emolumentos y la indemnización derivada de la imposibilidad de
reintegro.
La autoridad judicial accionada precisó que en el expediente ordinario
no obraba prueba alguna que demostrara la existencia real de cargos
equivalentes o vacantes que permitieran materializar el reintegro del
actor, razón por la que consideró que se encontraba probada la
obligación de hacer mediante los actos administrativos expedidos por
la CONTRALORÍA, en los cuales se expuso la imposibilidad material
y jurídica de reintegrar al ejecutante debido a la inexistencia del
cargo en la planta de personal, la falta de empleos equivalentes y la
ausencia de competencia para crearlos o modificarlos.
Asimismo, el TRIBUNAL determinó que la indemnización
compensatoria solo podía asimilarse a la prevista en el artículo 44 de
la Ley 909 de 2004, que surge en reemplazo del reintegro cuando
éste resulta imposible o improcedente y no a una reparación plena
de perjuicios.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL aclaró,
precisamente, los aspectos que el actor reclama, sin que se
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vislumbre que pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria
o desbordado los límites del principio de la autonomía judicial, por lo
que el asunto carece del requisito general de la relevancia
constitucional.
Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,
lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de
conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, la autoridad judicial accionada decidió el asunto
sometido a su consideración.
Ahora, sobre el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional en los debates que versan sobre un asunto
meramente económico y cuya falta de reconocimiento no
compromete ningún derecho fundamental, la Corte Constitucional en
la sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 201920, sostuvo lo
siguiente:
“[…] 3.6. Ausencia de relevancia constitucional
45. La finalidad de la acción de tutela es conjurar aquellas
situaciones en que la decisión de la autoridad judicial incurre
en graves falencias, de relevancia constitucional, que conllevan
una decisión incompatible con la Constitución. Por tal razón, la
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
20
7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido
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jurisprudencia constitucional ha reiterado que uno de los
requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales es que el asunto tenga
evidente relevancia constitucional; esto es, que se oriente a la
protección de derechos fundamentales, “involucre garantías
superiores y no sea de competencia exclusiva del juez
ordinario”.
46. Dado que “la garantía de que cada órgano goce de
autonomía, en el sentido que debe poder desenvolverse y
desplegar su actividad por sí mismo, y autogobernarse, son
actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en el
ejercicio del poder público”, los órganos judiciales de cierre
“tienen entre sus competencias ‘la unificación de jurisprudencia
como forma de precisar con autoridad y vocación de
generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del
ordenamiento jurídico”. […]
En tales términos, la acreditación de esta exigencia, más allá
de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo
mismo que una simple relación con aquel.
47.Con fundamento en lo anterior, esta Corte ha manifestado
que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: (i) preservar la competencia y la independencia
de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii)
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones
de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
48.Primero, la controversia debe versar sobre un asunto
constitucional, pero no meramente legal y/o económico.
Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones
de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho
de índole económico, deben ser resueltas mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de
forma imprudente en asuntos de carácter netamente
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legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse en
[cuestiones] que corresponde definir a otras
jurisdicciones”. En tales términos, un asunto carece de
relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i)
cuando la discusión se limita a la mera determinación de
aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación
o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”,
salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los derechos
y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones
particulares o privadas, “que no representen un interés
general”.
49. Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico
que gir[e] en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental”. La Corte ha sostenido al unísono que la
cuestión debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional, dado que el único objeto de la tutela
es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los
derechos constitucionales fundamentales. Por tal razón, es
necesario que “la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Esto
significa que el asunto debe ser trascendente para (i) “la
interpretación del estatuto superior”, (ii) su aplicación, (iii)
desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance
de los derechos fundamentales. Lo anterior, exige al juez
“indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.
50. Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del
juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una
sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría
“la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como
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de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios. […]
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación patrimonial
privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta
afectación de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el
debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se
advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la
autoridad judicial […]”.
Así las cosas, la Sala observa que la divergencia planteada en la
solicitud de amparo deviene también de un asunto de contenido
económico, derivado de un debate estrictamente normativo y legal.
De otra parte, se advierte que frente al defecto por desconocimiento
del precedente jurisprudencial invocado por el actor tampoco se
cumple el requisito de la relevancia constitucional, dado que sus
afirmaciones no cumplen con la carga argumentativa, por cuanto se
limitó a citar la providencia de 16 de octubre de 2025 proferida
dentro de un proceso ejecutivo, sin precisar la relación fáctica y
jurídica que pudiese existir entre lo resuelto en esa oportunidad y la
controversia del presente asunto. Maxime, si se tiene en cuenta que
en dicho proceso se demostró que la allí demandante renunció al
reintegro, situación que dista del caso del accionante.
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Además, resulta importante resaltar que la providencia de 20 de
febrero de 2017, invocada como desconocida, corresponde a una
sentencia de tutela cuyos efectos, por regla general, son inter partes,
razón por la que su sola invocación no permite afirmar la existencia
de un precedente judicial obligatorio para las demás autoridades
judiciales, máxime cuando el actor no explicó la regla jurisprudencial
contenida en dicha decisión ni acreditó la identidad fáctica y jurídica
necesaria para predicar su aplicabilidad al asunto objeto de estudio.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del
defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sección21 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Destacado fuera de texto)
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2022-04407-01.
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En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Finalmente, frente a la pretensión del actor relativa a “[…] ORDENAR
a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander certificar la
fecha real de discusión, aprobación, firma, registro, cargue en
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SAMAI, comunicación y notificación de la sentencia acusada, y remitir
copia íntegra del Acta No. 22 de 2025 […], la Sala advierte que no
resulta procedente emitir pronunciamiento alguno en el presente
trámite por cuanto implicaría pronunciarse sobre un asunto que
actualmente está siendo conocido por otro juez constitucional, pues
dicha solicitud constituye precisamente el objeto de la acción de
tutela identificada con el radicado núm. 2026-04051-00, promovida
por el apoderado del accionante en defensa del derecho fundamental
de petición, la cual actualmente se encuentra en curso ante la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN "C"- DEL CONSEJO DE
ESTADO.
En consecuencia, se modificará la decisión del a quo, que denegó las
pretensiones y, en su lugar, se declarará improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir el requisito general de la relevancia
constitucional y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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