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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04218-00

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04218-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 26 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009. 27 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018. 13 Radicación: 11001-03-15-000-2026-04218-00 Accionante: Salud Total EPS-S S.A. Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04218-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SALA DE CONJUECES
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04218-00
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda y Otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide sobre la acción de tutela1 presentada por Salud Total EPS-S S.A., a
través de apoderada judicial2, en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda y
del Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 01 de junio de 20263, la parte interesada interpuso esta acción constitucional, a
través de apoderado judicial, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales de su representada al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia, a la igualdad, a la seguridad jurídica y a la prevalencia del interés general,
que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Risaralda y el Juzgado
Séptimo Administrativo de Pereira.

En concreto, cuestionó los autos del 27 de marzo, 30 de abril, 12 de septiembre y
28 de noviembre de 2025, mediante los cuales se rechazó la demanda promovida
contra el departamento de Risaralda para obtener el pago de 672 cuentas de
recobro por servicios y tecnologías en salud, se rechazó por extemporáneo el
recurso de apelación interpuesto contra esa decisión, se mantuvo dicha
determinación al resolver la reposición y, finalmente, se confirmó el rechazo del
recurso de alzada, actuaciones que, a juicio de la accionante, incurrieron en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al rechazar por extemporáneo
el recurso de apelación radicado a través de SAMAI a las 4:28 p. m., con
fundamento en el horario de atención del despacho, sin aplicar los principios pro
actione y de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

1 Obra en el certificado 0C4082858C0D438D FFFAC93827AE1E33 242FB92FE9FA155E64F798FDAA405A51,

índice 2.
2 Obra en el certificado 3267CB01E293FBB2 1EC344469AA85CD0 FFD9800E1EFC5B8E
24A66698EE5E5624, índice 8.
3 Según el índice 2.

2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04218-00
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2. Hechos

2.1. Salud Total EPS-S S.A. promovió demanda contra el departamento de
Risaralda – Secretaría Departamental de Salud4, con el propósito de que se
declarara a esa entidad territorial responsable de financiar y pagar los servicios y
tecnologías en salud suministrados por la EPS y, en consecuencia, se le ordenara
cancelar la suma de $342.184.714, correspondiente a 672 cuentas de recobro.
Como pretensión subsidiaria, solicitó la nulidad del acto administrativo ficto derivado
de la petición presentada el 29 de diciembre de 2020.

2.2. El conocimiento del asunto correspondió inicialmente al Juzgado Segundo
Laboral del Circuito, que declaró la falta de jurisdicción y remitió el expediente a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo5. De esta manera, fue asignado al
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira bajo el radicado 66001-33-
33-007-2024-00019-00.

2.3. Por auto del 18 de julio de 2024, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Pereira ordenó a la parte demandante adecuar la demanda a uno de los medios
de control previstos en el CPACA, con observancia de los requisitos establecidos
en sus artículos 161 a 166, y aportar el poder correspondiente6.

2.4. Aunque Salud Total EPS-S S.A. presentó escrito de adecuación, mediante
providencia del 27 de marzo de 20257 el juzgado rechazó la demanda, al considerar
que la actora no cumplió la orden impartida, pues mantuvo pretensiones
correspondientes a dos medios de control cuyo trámite conjunto no se encontraba
previsto, sin perjuicio de la posibilidad de acumular pretensiones en los términos del
artículo 165 del CPACA.

2.5. Contra el auto de rechazo, la demandante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación el 2 de abril de 20258. Mediante providencia del 30 de abril

4 Obra en el certificado 8BD318C57F09CF1B 667BAAFC77CC3A19 A87BA8752D2EA57D
61D29FAA80DF5C56, índice 1 del radicado 66001333300720240001900.
5 Obra en el certificado 4ED1EA68EF51C1EA 51104EAEE388DDEA 04C15159485551E2
C2485F51AFC04910, índice 1 del radicado 66001333300720240001900.
6 Obra en el certificado 096758D3A83654F4 FA9E2403A418D69E 43F2B940D0E62DF8 316FBA1A343DF506,

índice 9 del radicado 66001333300720240001900.
7 Obra en el certificado 46436D13B113D875 265A8EC8DFD295CE 0414CE3A39F658A8
0B9BAEC9721A147E, índice 16 del radicado 66001333300720240001900.
8 Obra en el certificado 1764B988B1C66073 EFC024665B983277 8A57F647EC391765 A3E68348FEF53F60,

índice 20 del radicado 66001333300720240001900.

3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04218-00
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

siguiente9, el juzgado rechazó el recurso de apelación por extemporáneo, dado que
fue radicado a través de SAMAI a las 4:28 p. m. del último día del término, esto es,
después de las 4:00 p. m., hora de finalización de la jornada judicial fijada en el
Acuerdo CSJRA16-524 de 2016.

2.6. Contra esta determinación, la parte actora formuló recurso de reposición y, en
subsidio, de queja10. Por auto del 12 de septiembre de 202511, el juzgado no repuso
la decisión y concedió el recurso de queja, el cual fue resuelto el 28 de noviembre
de 202512 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en el sentido de confirmar el
rechazo del recurso de apelación.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora:

3.1. Consideró que las autoridades judiciales vulneraron sus prerrogativas
fundamentales al incurrir en un defecto sustantivo y en un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, al rechazar la demanda y declarar extemporáneo el
recurso de apelación con fundamento en una interpretación excesivamente
restrictiva de las normas procesales aplicables a la radicación electrónica de
actuaciones judiciales. A su juicio, dicha interpretación desconoció los principios pro
actione, de prevalencia del derecho sustancial y de acceso efectivo a la
administración de justicia.

3.2. Para sustentar el defecto sustantivo, afirmó que las providencias accionadas
realizaron una interpretación irrazonable de las normas que regulan la presentación
de actuaciones a través de medios electrónicos, al privilegiar el horario de atención
del despacho sobre las disposiciones legales y constitucionales que garantizan el
acceso a la administración de justicia y el debido proceso. Asimismo, invocó la
jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa a la configuración del defecto
sustantivo y del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

9 Obra en el certificado 8927D7034A2FC3C3 0333770962908A33 890F1706E9EAB8ED 7F2670F3133FF043,

índice 23 del radicado 66001333300720240001900.
10 Obra en el certificado 67B3C77018F1E4AD 9F8CCB69D8A1AE49 2F7E98AA928D0C2D
F67CB4B42FFF7444, índice 27 del radicado 66001333300720240001900.
11 Obra en el certificado 311F04359FA5B47C 5835610F075B40BA 0DEE2F4CA4AFF052 090711F31D3888E1,

índice 29 del radicado 66001333300720240001900.
12 Pdf 04 del certificado 17C850E19D67EE25 FE706A607CB63D04 EF32C2C820A764AC
44157CDA6E0C771B, índice 17.

4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04218-00
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

3.3. Estimó que las decisiones cuestionadas impidieron el estudio de fondo de sus
pretensiones por razones meramente formales.

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales indicados y que
fueron conculcados por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE PEREIRA y el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dentro del proceso
66001333300720240001900 como consecuencia de haber proferido las
siguientes Auto del 27 de marzo de 2025, Auto del 30 de abril de 2025, Auto
del 12 de septiembre de 2025 y Auto del 28 de noviembre de 2025, que
vulneraron los derechos al debido proceso, Derecho a la salud, acceso a la
administración de justicia de Salud Total EPS S - S.A.

SEGUNDA: Que como consecuencia del amparo solicitado se deje sin
efectos las providencias judiciales cuestionadas proferidas el JUZGADO
SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PEREIRA y el TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA y se ordene la
emisión de una nueva decisión que respete las garantías fundamentales
invocadas en la presente acción de tutela.

TERCERA: Que se adopten medidas necesarias para evitar que en el futuro
para evitar que en el futuro se repitan las vulneraciones a los derechos
mencionados en la presente acción de tutela”13.

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 3 de junio de 202614 el Despacho Ponente inadmitió la
presente acción de tutela, con fundamento en el artículo 17 del Decreto 2591 de
1991, a fin de que la parte actora allegara el poder que acreditara la representación
conferida a la señora Elizabeth Obando Charry para actuar en nombre y en defensa
de los derechos fundamentales de la EPS Salud Total.

5.2. Una vez subsanada, mediante auto del 22 de junio de 2026 15, el Despacho
Sustanciador admitió la presente acción de tutela y ordenó notificar, en calidad de
autoridades judiciales accionadas, al Tribunal Administrativo de Risaralda y al
Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira16.

13 Obra en el certificado 0C4082858C0D438D FFFAC93827AE1E33
242FB92FE9FA155E64F798FDAA405A51, índice 2.
14 Obra en el certificado DA64D516EB8982EB EFB7C641C8663C1D 631C8557E0B1E3AD
FE3A6A3E55AA16B3, índice 4.
15 Obra en el certificado C18D62A7E82C56D6 CA8F7569655689D8 B8C566EAB110324F
33CBABF9E19DFF37, índice 11.
16 Los soportes de notificación obran en el índice 14.

5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04218-00
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

5.3. El Tribunal Administrativo de Risaralda aportó el expediente correspondiente al
proceso ordinario en segunda instancia, a través del enlace electrónico incorporado
en el escrito de contestación17.

5.4. A su turno, el Tribunal Administrativo de Risaralda se opuso a la prosperidad
del amparo al sostener que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional,
por cuanto la controversia versaba sobre un asunto de naturaleza eminentemente
legal y patrimonial.

Señaló que la accionante pretendía convertir la tutela en una instancia adicional
para reabrir una discusión ya resuelta razonablemente por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Pereira y por esa Corporación, sin identificar de
manera específica los yerros constitucionales atribuidos a la providencia
cuestionada.

Agregó que la decisión del 28 de noviembre de 2025 se sustentó en los artículos
109 y 117 del Código General del Proceso, conforme a los cuales los memoriales
se entienden oportunamente presentados cuando son recibidos antes del cierre del
despacho, de manera que, al haberse radicado el recurso a las 4:28 p. m., después
del horario judicial fijado hasta las 4:00 p. m., debía tenerse por extemporáneo.

Finalmente, sostuvo que esa postura no fue caprichosa, sino que obedeció a un
criterio hermenéutico válido y respaldado por la jurisprudencia del Consejo de
Estado, y que la prevalencia del derecho sustancial no autorizaba a desconocer las
normas procesales, por lo que solicitó rechazar la tutela por improcedente o,
subsidiariamente, negar el amparo.

5.5. El Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira18 solicitó declarar improcedente
la acción de tutela al considerar que la accionante pretendía convertir el amparo en
una nueva instancia para controvertir decisiones adoptadas dentro del proceso
ordinario, sin acreditar la configuración de alguno de los defectos que
excepcionalmente habilitan la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales.

17 Obra en el certificado 044420A8C06E2CCF 9EFE2A4E1F892EB3 D8996F27C9372D43
71CEAFE8753CF4F7, índice 17.
18 Obra en el certificado 3489A270C87509F9 92AB124AFEA0E49C 2C54486E1A635045 FEFBE75387608397

índice 19.

6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04218-00
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En particular, sostuvo que la decisión de rechazar por extemporáneo el recurso de
apelación obedeció a la aplicación de normas procesales de orden público y
obligatorio cumplimiento, en especial las que regulan el término para recurrir las
providencias y el artículo 109 del Código General del Proceso, conforme con el cual
los memoriales deben presentarse antes del cierre del despacho.

Precisó que el recurso fue radicado por fuera del horario judicial previsto en el
Acuerdo CSJRA16-524 de 18 de abril de 2016 y que, por tanto, su despacho se
limitó a aplicar el procedimiento legal previamente establecido, en garantía del
debido proceso, la seguridad jurídica y la preclusión de los términos procesales.
Agregó que la parte actora no demostró la relevancia constitucional del asunto ni la
existencia de un defecto fáctico o procedimental, razón por la cual solicitó negar por
improcedente el amparo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela promovida
por Salud Total EPS-S S.A. contra el Tribunal Administrativo de Risaralda y el
Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa

2.1. Aunque la parte actora cuestionó los autos proferidos el 27 de marzo, 30 de
abril y 12 de septiembre de 2025 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Pereira, así como el del 28 de noviembre de 2025 proferido por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, la Sala concentrará su análisis, principalmente, en esta
última providencia, por tratarse de la decisión que puso fin al trámite del recurso de
queja promovido dentro del proceso identificado con el radicado 66001-33-33-007-
2024-00019-00. Sin perjuicio de ello, se hará referencia a las actuaciones y
decisiones adoptadas por el juzgado de primera instancia en la medida en que
resulten necesarias para comprender el contexto procesal y el alcance de la
controversia planteada.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04218-00
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

3. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

4. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad19 y de procedencia20 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

5. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

5.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”21.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber22: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo

19 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al

cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
20 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;

defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
21 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
22 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.

8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04218-00
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202223, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.

5.2. Asimismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en
contra de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio
advertir, además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales”.

5.3. Así, se advierte que la accionante alegó que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en defecto sustantivo y defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, al rechazar por extemporáneo el recurso de apelación con
fundamento en una interpretación excesivamente formalista de las normas que
regulan la presentación de memoriales a través de medios electrónicos y el horario
de atención de los despachos judiciales, con desconocimiento de los principios de
prevalencia del derecho sustancial, pro actione y acceso efectivo a la administración
de justicia.

Para la Sala resulta evidente que el amparo promovido no satisface el requisito de
relevancia constitucional, pues de su contenido se desprende que la parte actora
pretende reabrir el debate jurídico resuelto por el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Pereira y, posteriormente, por el Tribunal Administrativo de Risaralda
al decidir el recurso de queja, como si la acción de tutela constituyera una instancia
adicional para cuestionar la legalidad y el acierto de las decisiones judiciales
adoptadas dentro del proceso con radicado No. 66001-33-33-007-2024-00019-00.

5.4. Así, se advierte que la argumentación propuesta en el recurso de apelación 24
resulta prácticamente idéntica a lo expresado en la demanda tuitiva, frente a lo cual

23 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
24 Obra en el certificado 1764B988B1C66073 EFC024665B983277 8A57F647EC391765 A3E68348FEF53F60,

índice 20 del radicado 66001333300720240001900.

9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04218-00
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

el Tribunal Administrativo de Risaralda ya se pronunció, así:

“Conforme a las normas en cita, los memoriales solo se entenderán
presentados oportunamente antes del cierre del despacho del día en que
vence el término y no basta para el efecto que el memorial o escrito se
allegue el día final del plazo fijado procesalmente, sino que, además de ello,
debe hacerse «antes del cierre del despacho que corresponde al horario de
atención al público para los usuarios de la justicia, respecto de lo cual se
anota no existe ninguna restricción para el legislador que desde luego está
dotado de una amplia facultad de configuración legislativa para establecer
los procedimientos judiciales, como bien lo ha señalado la Corte
Constitucional.

Las normas en cita permiten definir que los escritos enviados por medio de
mensaje de datos o a través de correo electrónico se entenderán
presentados oportunamente antes del cierre del despacho del día en que
vence el término, por lo que, contrato a lo indicado por el recurrente, no es
ajustado a la norma entender que la parte tiene hasta el final del día (hora
00:00) para radicar en término las demandas o memoriales, en cuanto para
que ello ocurra, se itera, debe hacerse la presentación del escrito antes del
cierre del despacho judicial que, independientemente de la virtualidad
consagrada en la Ley, equivale al horario de atención al público.

Ahora, es de público conocimiento que, según los Acuerdos CSJRA15-446
del 2 de octubre de 2015 y CSJRA16-524 del 18 de abril de 2016, emitidos
por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, el horario de trabajo
y atención al público en los despachos judiciales que conforman el Distrito
Judicial de Pereira, desde el año 2015 es desde las 07:00 am hasta las 12:00
m y de 01:00 pm a 04:00 pm, de tal suerte que acogiendo el precepto
indicado del Código General del Proceso (art. 109) los memoriales se
entienden oportunamente presentados el último día del término a las 4:00
p.m., horario de cierre del Despacho Judicial.

Dicha información respecto del horario de atención de los despachos
judiciales que conforman el Distrito Judicial de Pereira, puede igualmente
consultarse en cualquier buscador de internet, en los que una vez se indaga
por el mismo puede evidenciarse lo siguiente:

A tono con lo antedicho, la Sección Quinta del H. Consejo de Estado,
mediante auto del 13 de junio de 2023, por medio del cual rechazó una
demanda por haber sido presentada por fuera del horario establecido,
explicó su decisión de la siguiente manera:

10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04218-00
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

«En este punto es necesario recordar que el artículo 109 del Código
General del Proceso, precisó: Artículo 109. Presentación y trámite de
memoriales e incorporación de escritos y comunicaciones. (…)

Los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán
presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del
despacho del día en que vence el término.
(…)
En consecuencia, esta Corporación al igual que la a quo considera que el
recurso de apelación presentado frente al proveído que dispuso el rechazo
de la demanda fue presentado de manera extemporánea, toda vez que fue
proferido el 27 de marzo de 2025 y notificado por estado el 28 del mismo
mes y año, quedó ejecutoriado el 2 de abril de 2025 a las 16:00 horas.

Ahora bien, el recurso de apelación fue interpuesto ese mismo día pero
después del horario judicial, tal como se observa de los archivos Nos. 33 y
36 que obran en el expediente digital, lo que permite determinar que fue
presentado por fuera del horario hábil de atención establecido mediante
Acuerdo No. CSJRA16-524 del 18 de abril de 2016.

En consecuencia, el recurso fue presentado por fuera del horario y, por lo
mismo, del término previsto para la atención en el Distrito Judicial de Pereira,
lo que llevó a que la radicación oficial correspondiera al día hábil siguiente,
es decir, el 3 de abril de 2025, fecha en la cual ya había fenecido el plazo
para interponer los recursos pertinentes.

Acorde con lo expuesto, estima el Despacho que la aplicación del artículo
109 del C.G.P. en modo alguno entraña la vulneración del derecho acceso
a la administración de justicia como lo sugiere la parte recurrente, ni vulnera
el derecho sustancial, puesto que el acatamiento de los términos procesales
también es garantía y desarrollo del derecho al debido proceso.

Debe advertirse que, la hora del cierre del despacho judicial a que alude el
artículo 109 del Código General del Proceso, no puede ser otra que la
establecida en el Acuerdo CSJRA16-524 del 18 de abril de 2016, que
dispuso que el horario de trabajo y atención al público en los despachos
judiciales que conforman el Distrito Judicial de Pereira, culmina a las 04:00
p.m., el cual como se observa del portal web es de público acceso y
conocimiento de los usuarios de la administración de justicia, sin que haya
lugar a desconocer dicho horario judicial establecido, en cuanto es
precisamente el previsto para la recepción de los documentos allegados a
los despachos judiciales, que hace parte del cómputo de los términos
judiciales, con su carácter de orden público, de obligatorio cumplimiento y
regidos por los principios de perentoriedad y preclusión.
(…)
Y es que si bien el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre
las formas, establecido en el artículo 228 de la Constitución Política, invita a
que el funcionario judicial evalúe y sobreponga en abstracto los derechos
que se deriven de la situación jurídica planteada por encima de las normas
procesales, lo cierto es que la Corte la Corte Constitucional en sentencia C-
838 de 2013, señaló al respecto lo siguiente:
(…)
De ahí que pese a que, por disposición del artículo 228 Superior, las formas
no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho
sustancial, sino que deben propender por su realización, también es cierto
que la importancia del principio de prevalencia del derecho sustancial no
significa que las normas adjetivas o el procedimiento carezcan de valor para
encausar toda actuación judicial, y que sea discrecional para los jueces

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04218-00
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

acatarlas o remediar la falta de diligencia de los interesados”25.

5.5. Una vez expuesto lo anterior, se observa que, en sede de tutela, la parte
accionante insiste en cuestionar las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales accionadas con fundamento en argumentos que ya fueron planteados y
resueltos dentro del proceso ordinario, en el cual se expusieron de manera
suficiente las razones jurídicas que sustentaron las determinaciones adoptadas.

Es así que, el Tribunal Administrativo de Risaralda examinó el cuestionamiento
relativo a la supuesta falta de publicidad del Acuerdo CSJRA16-524 de 2016 y del
horario de atención judicial, concluyendo que este era de público acceso y
conocimiento a través de los canales oficiales de la Rama Judicial.

Asimismo, resolvió el argumento según el cual los memoriales remitidos por medios
electrónicos podían presentarse hasta el final del día (hora 00:00), del último día del
término, precisando que, conforme al artículo 109 del Código General del Proceso,
los mensajes de datos se entienden oportunamente presentados únicamente
cuando son recibidos antes del cierre del despacho.

Igualmente, descartó que dicha interpretación vulnerara el derecho de acceso a la
administración de justicia o el principio de prevalencia del derecho sustancial, al
explicar que el respeto de los términos procesales constituye una garantía del
debido proceso y que las normas procesales, por su carácter de orden público,
perentoriedad y preclusión, no pueden ser flexibilizadas para remediar la falta de
diligencia de las partes.

5.6. De este modo, la Sala advierte que las inconformidades planteadas en la
presente acción constitucional fueron objeto de estudio y respuesta en la
providencia cuestionada, de manera que lo que realmente persigue la accionante
es que el juez de tutela sustituya el criterio jurídico adoptado por el juez natural por
uno acorde con su propia interpretación.

Resulta claro, entonces, que la parte actora pretende utilizar la acción de tutela
como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas
contenidas en el escrito tuitivo buscan reabrir la controversia que tuvo lugar en el

25 Obra en folios 12-17 Pdf 04 del certificado 17C850E19D67EE25 FE706A607CB63D04 EF32C2C820A764AC

44157CDA6E0C771B, índice 17.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04218-00
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

trámite ordinario, con el fin de que prevalezca la interpretación del tutelante sobre la
del Tribunal Administrativo de Risaralda.

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

5.7. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada26, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en
el curso del proceso ordinario27.

6. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará
improcedente el amparo constitucional objeto de estudio.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

26 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
27 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04218-00
Accionante: Salud Total EPS-S S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

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