Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04219-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04219-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04219-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04219-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
10 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04219-00
Accionante: MJCM1
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela. Subtema 1: Naturaleza de la acción de tutela – subsidiariedad.
Sentido del fallo de tutela: Se declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela2 presentada por MJCM en contra de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
El tutelante interpuso esta acción constitucional en procura de la protección de sus
derechos al habeas data, a la intimidad, al buen nombre, a la dignidad humana, al
debido proceso, al olvido y al trabajo, los cuales considera vulnerados con ocasión
de la providencia proferida dentro del proceso de reparación directa con radicación
07001233100020020022801, toda vez que en dicha decisión su nombre aparece
directamente relacionado con delitos por los cuales fue condenado en el pasado.
Reprocha que el referido documento puede ser consultado libremente a través de
motores de búsqueda en internet, pese a que la pena impuesta fue cumplida a
cabalidad y declarada extinguida.
2.- Hechos
Afirmó el accionante que el 1º de junio de 2001 el Juzgado Único Promiscuo del
Circuito de Saravena lo condenó a 15 años de prisión por los delitos de acceso
carnal violento agravado y secuestro simple agravado por unos hechos ocurridos
en 1999. Esta pena fue modificada en segunda instancia a 14 años de prisión
únicamente por el delito de acceso carnal violento agravado. Tras recuperar su
1 Se oculta la información del accionante para proteger su identidad.
2Obra escrito de tutela a folios 1-11 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
A3031BB8B34E07A5 9041AC4AA0C4215A F88DC5B2E32CF3AC FFD5FD04FE58E846.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04219-00
Accionante: MJCM
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
libertad condicional en 2006, la autoridad judicial competente declaró la extinción de
la pena el 22 de febrero de 2012. Señaló que su identidad continúa vinculada al
proceso penal extinto en sistemas de consulta oficiales y en motores de búsqueda
de internet. También mencionó que la sentencia del 9 de octubre de 2014 proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del medio
de control de reparación directa3 No. 07001233100020020022801, en el cual se
estudió la responsabilidad administrativa del Ejército Nacional por los sucesos de
1999, es pública y de acceso libre a través del buscador “Google” y otros. Relató
que en dicha providencia judicial su nombre aparece relacionado en múltiples
apartes con las referidas conductas punibles4.
3.- Fundamentos de la acción de tutela5
La parte accionante alega que se vulneran sus derechos, en lo que atañe al Consejo
de Estado, por la permanencia, difusión e indexación pública de la sentencia
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de dicha corporación dentro
del proceso de reparación directa No. 07001233100020020022801. Argumenta
que, aunque las providencias judiciales son documentos públicos, la información
personal en ellas contenida está sometida a las reglas del habeas data, máxime al
tratarse de antecedentes penales que operan como datos negativos sujetos a la
figura de la caducidad y a la prerrogativa al olvido, pues las obligaciones derivadas
de su condena fueron extinguidas en el 2012. En este sentido, sostiene que la
visibilidad indefinida de su identidad asociada a los delitos mencionados en dicha
providencia constituye un tratamiento desactualizado, desproporcionado e
innecesario que transgrede principios superiores. Asimismo, aduce que el
presupuesto de publicidad de las actuaciones judiciales no es absoluto y debe
armonizarse con las garantías a la intimidad y al buen nombre. Censura que el libre
acceso a este fallo a través de motores de búsqueda en internet le genera un daño
actual que perpetúa su estigmatización, limita sus posibilidades laborales,
desconoce el fin resocializador de la sanción y afecta la reconstrucción de su
proyecto de vida.
3 Radicado No. 07001233100020020022801.
4 A folios 1-4 del escrito de tutela.
5 De conformidad con el auto admisorio, esta Sala limitará su análisis a los argumentos planteados en contra
del Consejo de Estado.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04219-00
Accionante: MJCM
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
4.- Pretensiones de la acción6
En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
vulneración se alega; (ii) ordenar al Consejo Superior de la Judicatura eliminar o
desindexar de la plataforma unificada las anotaciones asociadas al accionante; (iii)
ordenar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado anonimizar, restringir
o desindexar las providencias judiciales que referencian su nombre y los delitos
extintos; (iv) ordenar a las accionadas adoptar las medidas técnicas necesarias para
evitar la indexación de dicha información en plataformas y motores de búsqueda; y
(v) disponer que la presente sentencia sea notificada de manera exclusiva a las
partes, sin que sea publicada ni incorporada en sistemas de consulta de acceso
abierto.
5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1.- Mediante auto del 3 de junio del 2026, el despacho ponente admitió la acción
de tutela; determinó que su estudio se limitaría estrictamente a los reproches
dirigidos en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado;
negó la medida provisional; y ordenó notificar a las partes.
5.2.- El magistrado Fredy Ibarra Martínez de la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado solicitó declarar la improcedencia o denegar la acción de
tutela, al considerar que no existe vulneración de las garantías reclamadas.
Argumentó que la providencia del 9 de octubre de 2014 es un documento público
amparado por el principio de publicidad y carece de reserva legal, pues expone
hechos debidamente probados sobre la responsabilidad penal del actor frente a una
víctima que conserva el derecho a la reparación y a la preservación de la memoria
de los sucesos. Asimismo, precisó que la corporación judicial no administra bases
de datos ni antecedentes, e indicó que el peticionario omitió agotar los requisitos de
procedibilidad exigidos por la Ley 1581 de 2012 ante el Consejo Superior de la
Judicatura, entidad encargada de la digitalización de la administración de justicia.
6 En atención a lo dispuesto en el auto admisorio solo se tendrán en cuenta las pretensiones relacionadas con
el Consejo de Estado.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04219-00
Accionante: MJCM
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
II. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por MJCM en
contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto
2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.
3.- Requisito general de subsidiariedad
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley.
Conforme con la disposición referida, la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario que solo procede cuando el afectado no tiene otro medio de defensa
judicial para la protección de sus derechos fundamentales. Este requisito, en
principio, impide que se acuda a la solicitud de amparo en el caso de reproches
contra actos administrativos o para generar erogaciones económicas, toda vez que
esas pretensiones tienen la posibilidad de ser discutidas ante la jurisdicción
contenciosa.
Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que
excepcionalmente procede la solicitud de amparo cuando el mecanismo disponible
no salvaguarda de manera eficaz7 el derecho fundamental o este no es idóneo, por
7 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece: Causales de
improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04219-00
Accionante: MJCM
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
no ofrecer una solución integral y no resolver el conflicto en toda su dimensión8; así
también cuando el tutelante se encuentra ante la presencia de un perjuicio
irremediable9, caso en el cual la tutela funge como mecanismo transitorio.
4.- El caso concreto
4.1.- Al verificar el expediente se advierte que MJCM elevó solicitudes de
ocultamiento de datos ante el Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué10, el Juzgado 7º Penal Municipal de la misma ciudad11 y ante
el Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura12. En
ellas señaló que las penas impuestas en el proceso penal adelantado en contra del
accionante se encontraban extintas, motivo por el cual la publicidad de dichas
anotaciones afectaba su buen nombre y su acceso a oportunidades laborales. A su
vez, se observa que el referido Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué accedió a la petición aludida mediante auto del 14 de
noviembre de 202513, mientras que el centro de documentación mencionado, a
través del oficio CDJO26-1132 del 21 de abril de 202614, le informó que la
competencia para ocultar o modificar la información recae exclusivamente en los
despachos judiciales que conocen de los asuntos, y dio traslado de la solicitud al
también aludido Juzgado 7º Penal Municipal de Ibagué.
4.2.- Con base en los hechos descritos, se advierte, desde este momento, que la
solicitud de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la pretensión
de anonimización, restricción o desindexación de la providencia dictada dentro del
proceso de reparación directa No. 07001233100020020022801 debió elevarse
previamente ante la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado o
al menos ante la Secretaría de esa corporación. En efecto, la actuación criticada en
este trámite constitucional corresponde a la publicidad de un fallo proferido por esta
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
8 Sentencia T-471 de 2017.
9 Se tiene como perjuicio irremediable, aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia e
impostergabilidad de la medida para proteger el derecho. Sentencia T-1062 de 2010.
10 Como consta a folio 17 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
A3031BB8B34E07A5 9041AC4AA0C4215A F88DC5B2E32CF3AC FFD5FD04FE58E846.
11 A folios 13-16 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado A3031BB8B34E07A5
9041AC4AA0C4215A F88DC5B2E32CF3AC FFD5FD04FE58E846.
12 A folio 12 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado A3031BB8B34E07A5
9041AC4AA0C4215A F88DC5B2E32CF3AC FFD5FD04FE58E846.
13 Obra auto en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado A3031BB8B34E07A5
9041AC4AA0C4215A F88DC5B2E32CF3AC FFD5FD04FE58E846.
14 A folios 19-24 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado A3031BB8B34E07A5
9041AC4AA0C4215A F88DC5B2E32CF3AC FFD5FD04FE58E846.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04219-00
Accionante: MJCM
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
colegiatura, frente al cual el actor omitió, o al menos no acreditó, presentar una
petición directa con el fin de lograr el ocultamiento de sus datos personales.
4.3.- En relación con lo anterior, es preciso señalar que MJCM cuenta con los
mecanismos legales para controvertir la publicidad del documento en comento. En
efecto, se observa que no se controvierte la inexistencia de las herramientas para
salvaguardar el dato negativo y, a contrario sensu, se evidencia la omisión del
tutelante de agotar el conducto regular ante la autoridad que profirió la decisión. En
consecuencia, la obligación de restringir el acceso a la providencia no es un asunto
cuya resolución le corresponda de forma originaria al juez de tutela, sino que debe
dirimirse, en primer lugar, mediante una solicitud formal ante la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que es la autoridad que expidió la decisión
y custodia el expediente.
4.4.- De conformidad con lo anterior, para la Sala la sola invocación de una
inminente afectación al buen nombre, al habeas data y a las oportunidades laborales
no constituye, por sí misma, razón suficiente para habilitar la intervención
excepcionalísima de esta corporación como juez constitucional. Al respecto, los
cargos elevados implican un examen riguroso sobre la procedencia del ocultamiento
de datos frente al principio de publicidad de las providencias judiciales, controversia
que debe ser revisada a través, se reitera, de una solicitud previa ante la autoridad
que dictó la decisión cuestionada, sin que la parte actora haya desvirtuado la
idoneidad de dicha vía.
4.5.- Adicionalmente, no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que
habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo
transitorio, pues no existe prueba de una afectación urgente que haga
impostergable la intervención jurisdiccional por esta vía. En efecto, la providencia
en cuestión fue proferida y publicada en 2014, lo que impide considerar que se debe
flexibilizar el presupuesto general objeto de estudio. Así las cosas, se destaca que
en este asunto no se encuentra acreditada la inminencia de un daño que implique
adoptar medidas urgentes a través de este mecanismo constitucional.
4.6.- En consecuencia, se reitera que la controversia sub judice debe formularse
mediante el cauce ordinario previsto, que consiste, en este caso, en elevar la
solicitud directamente a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por lo que no está satisfecho el requisito de subsidiariedad. Con estas
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04219-00
Accionante: MJCM
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
precisiones, es evidente que el requerimiento ante la autoridad judicial resulta ser el
mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales
invocados y el escenario propicio para debatir los supuestos fácticos y normativos
de la caducidad del dato negativo, sin que la argumentación propuesta sea
suficiente para desvirtuar tal presunción.
4.7.- Por otra parte, y al margen de lo anterior, la Sala estima procedente disponer,
exclusivamente para los efectos del presente expediente, la anonimización y el
ocultamiento del nombre y de cualquier dato que permita la identificación de MJCM.
Lo anterior, en consideración a que la condena penal impuesta en su contra ya se
encuentra extinguida y a que, a partir de la lectura de esta providencia, resulta
posible asociarlo con los delitos por los cuales fue sentenciado y cuya pena expiró.
En tal medida, se ordenará a la Secretaría de esta corporación adelantar los trámites
administrativos y técnicos necesarios para ocultar el nombre del actor y cualquier
dato que permita su individualización en el sistema SAMAI, únicamente respecto
del presente expediente.
5.- En consecuencia, se declarará improcedente el amparo.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de esta corporación adelantar los trámites
administrativos y técnicos necesarios para ocultar el nombre del actor y cualquier
otro dato que permita su individualización en el sistema SAMAI, exclusivamente
respecto del presente expediente.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04219-00
Accionante: MJCM
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.