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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04233-00

Fecha
24 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04233-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por Diego Fernando Ospina Giraldo en contra del Juzgado 5 Administrativo Mixto de Montería y del Tribunal Administrativo de Córdoba. 9 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-04233-00 Demandante: Diego Fernando Ospina Giraldo SEGUNDO. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04233-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

24 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04233-00
Demandante: Diego Fernando Ospina Giraldo
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

Temas: Tutela contra actuaciones adelantadas al interior de un trámite
de la misma naturaleza. Incumplimiento del requisito general de
subsidiariedad.

Decisión: Declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Diego Fernando Ospina Giraldo en
contra del Juzgado 5 Administrativo Mixto de Montería y del Tribunal Administrativo
de Córdoba.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 27 de mayo de 2026, Diego Fernando Ospina Giraldo presentó acción de
tutela en contra del Juzgado 5 Administrativo Mixto de Montería, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo e
igualdad.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó declarar la nulidad de todo lo
actuado dentro del expediente de tutela con radicado 23001-33-33-005-2026-
00091-00, incluida la sentencia proferida el 20 de marzo de 2026 y el «auto de
aclaración» del 10 de abril de igual anualidad y, en esa medida, se disponga un
nuevo reparto para que sea otra autoridad judicial del distrito de Montería la que
adelante el trámite constitucional, comoquiera que las accionadas desconocieron
los límites propios del mecanismo de amparo, los cuales establecen que no pueden
sustituir procesos ordinarios como lo realizado por aquellas.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante
manifestó que desde el año 2019 se encuentra vinculado a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y que como consecuencia de una afección
visual que inició desde junio de 2020, perdió la visión de su ojo derecho en febrero
de 2024.

4. Indicó que el 8 de abril de 2026, por medio de correo electrónico, le fue
notificada la sentencia proferida por el Juzgado 5 Administrativo Mixto de Montería
en el proceso con radicado 23001-33-33-005-2026-00091-00, mediante la cual se
ordenó notificar «a todos los servidores que ocupaban los cargos de GESTOR II,

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Demandante: Diego Fernando Ospina Giraldo

código 302, grado 2, en provisionalidad y en encargo, enviándole [esa] providencia
al correo electrónico de cada uno de ellos». En atención a dicha actuación, presentó
impugnación. Posteriormente, el 10 de abril de 2026, le fue notificado un auto que
resolvió una solicitud de aclaración respecto de la decisión mencionada.

5. Señaló que, al revisar el expediente de tutela, evidenció que el Juzgado 5
Administrativo Mixto de Montería expidió un auto del 17 de marzo de 2026, «que al
parecer fue remitido a la DIAN al día siguiente», mediante el cual concedía un día
para que esa entidad notificara a los servidores Gestor II sobre la acción de tutela.
Sin embargo, afirmó que el despacho judicial mencionado «nunca los notificó de
dicha actuación», razón por la cual no pudo ejercer oportunamente su derecho de
defensa.

6. Como fundamento de la vulneración, afirmó que el Juzgado 5 Administrativo
Mixto de Montería no garantizó su vinculación ni su notificación oportuna dentro del
trámite de tutela, lo que le impidió ejercer de manera efectiva sus derechos de
defensa y contradicción antes de que se profiriera la sentencia. Sostuvo que, de
conformidad con la Ley 2213 de 2022 y el Decreto 806 de 2020, la autoridad
mencionada debió emplear los mecanismos de notificación electrónica o cualquier
medio expedito que asegurara el conocimiento oportuno de las actuaciones
procesales.

7. Indicó que el Juzgado, mediante auto del 17 de marzo de 2026, dispuso que
la DIAN notificara a los servidores que ocupaban el cargo de Gestor II y les
concediera un día para pronunciarse sobre la acción de tutela. Alegó que dicha
actuación constituyó un intento de justificar formalmente el trámite procesal, pues el
reducido término otorgado hizo imposible ejercer una defensa efectiva y, en la
práctica, la sentencia fue proferida antes de que los funcionarios notificados
pudieran presentar sus argumentos, esto es, el 20 de marzo de 2026.

8. Manifestó que el despacho accionado, a pesar de haber emitido un
«supuesto» auto para notificar a los servidores de la entidad que ocupaban los
cargos de gestores II, no tuvo en cuenta la jurisprudencia constitucional y el régimen
de protección reforzada aplicable a las personas en condición de discapacidad, en
particular, las garantías derivadas del retén social, razón por la cual adoptó una
decisión «sin claridad normativa […] y sin bases sólidas y coherentes de lo que han
decantado diversos órganos colegiados superiores». Para fundamentar lo anterior,
citó las sentencias C-023 de 1994 y T-792 de 2004 de la Corte Constitucional.

9. Finalmente, aseveró que el Juzgado tramitó un asunto de alta complejidad
mediante el procedimiento expedito de la acción de tutela, sin brindar a los terceros
potencialmente afectados la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción, lo
que, a su juicio, comprometió la legalidad del trámite y de la sentencia.

Intervenciones1

1 El 10 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela en contra del Juzgado 5 Administrativo Mixto de Montería

y del Tribunal Administrativo de Córdoba. Adicionalmente, se vinculó i) al señor Daniel Arturo Jaime Velandia,
(ii) a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (UAE-DIAN), (iii) a la
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), (iv) a los servidores que ocupen o hayan ocupado los empleos de
Gestor II, Código 302, Grado 2, en provisionalidad o encargo, respecto de las fichas de empleo comprendidas

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10. La DIAN manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva,
debido a que no es la autoridad encargada de dirigir el proceso de tutela con
radicado 23001-33-33-005-2026-00091-00 ni de realizar control de legalidad, toda
vez que su intervención se limitó al cumplimiento de las órdenes impartidas por el
juez relacionadas con la publicación y notificación de las actuaciones de la acción
de tutela en el marco del proceso de provisión de empleo de forma meritoria al
interior de esa entidad en donde se ordenó el uso de listas. Agregó que, en el
referido trámite, se ordenó reportar las vacantes existentes, realizar el estudio de
equivalencias y adelantar las actuaciones necesarias para la autorización del uso
de las listas por parte de la CNSC. En consecuencia, solicitó su desvinculación del
trámite de la presente acción constitucional.

11. En escrito separado, informó que, en cumplimiento del fallo de tutela
proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba, expidió la Resolución No.
008244 del 5 de junio de 2026, a través de la cual efectuó los nombramientos en
período de prueba de algunas de las personas de la lista de elegibles.

12. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) explicó que una de sus
funciones es velar por la correcta aplicación de los instrumentos normativos y
técnicos que posibiliten el adecuado funcionamiento del sistema de carrera
administrativa. En ese sentido, estimó que el asunto discutido no es de su resorte,
toda vez que las pretensiones se dirigen a obtener la nulidad del fallo proferido por
el Juzgado Quinto Administrativo Mixto de Montería. En consecuencia, solicitó negar
el amparo, al no ser la llamada a responder por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados.

13. Daniel Arturo Jaime Velandia manifestó que el accionante no goza de
legitimación en la causa por activa, comoquiera que no ostenta la representación
legal de las entidades accionadas dentro de la acción de tutela cuestionada ni
acreditó una afectación real, personal y directa de sus derechos fundamentales o
de la estabilidad laboral cuya protección pretende. Añadió que tales circunstancias
ya habían sido expuestas ante el Tribunal Administrativo de Córdoba y que, en todo
caso, no se configura un perjuicio personal que justifique la interposición de la
presente acción constitucional.

14. Adicionalmente, afirmó que el mecanismo de amparo no puede emplearse
para controvertir providencias judiciales con fundamento en hipótesis o escenarios
administrativos futuros que el accionante considera eventualmente perjudiciales,
como una posible desvinculación de la DIAN. Precisó que dicha desvinculación no
se encuentra prevista en ninguna de las órdenes impartidas en el fallo cuya nulidad
se pretende, por lo que el supuesto perjuicio alegado constituye una mera conjetura
o expectativa subjetiva, ya que no existe orden judicial, expresa o implícita que
disponga la terminación del vínculo laboral del accionante con esa entidad. En ese
sentido, consideró que no se demostró una afectación directa derivada del fallo
cuestionado. Por ello, solicitó negar el amparo.

dentro del trámite constitucional identificado con radicado No. 23001-33-33-005-2026-00091-00/01; y (v) a los
integrantes de la lista de elegibles correspondiente al empleo Gestor II, Código 302, Grado 2, identificado con
la OPEC No. 198419 del Proceso de Selección DIAN 2497 de 2022.

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15. Las señoras Lucy Sthefanny León León, Nadia Nimeth Criollo Drada y
Leonor Elvira Otero Nieto presentaron escrito de coadyuvancia con el propósito de
respaldar las pretensiones de la demanda, encaminadas a garantizar el respeto del
debido proceso, el derecho de defensa, el acceso efectivo a la administración de
justicia, la igualdad y los demás derechos fundamentales comprometidos, dado que
las decisiones cuestionadas fueron adoptadas sin asegurar la participación y el
ejercicio efectivo del derecho de contradicción de todos los terceros que podían
resultar directamente afectados por sus efectos jurídicos y laborales.

16. Indicaron que, al igual que los demás servidores vinculados mediante
nombramiento provisional al empleo de Gestor II, código 302, grado 02, actualmente
se encuentran ocupando dicho cargo en la DIAN y, por ende, ostentan la condición
de terceros con interés directo y legítimo en las resultas de la acción constitucional,
en la medida en que las decisiones que se adopten podrían incidir de manera
inmediata en su situación jurídica y en su permanencia en el servicio.

17. Precisaron que si bien fueron vinculadas al presente trámite por disposición
del Consejo de Estado, ello no desvirtúa que, dentro del proceso constitucional que
dio origen a las providencias cuestionadas, se produjeron efectos directos respecto
de servidores públicos provisionales potencialmente afectados, razón por la cual era
indispensable garantizar desde el inicio del trámite su participación efectiva y el
pleno ejercicio de los derechos de defensa y contradicción. En respaldo de esta
postura, citaron el Auto 064 de 2023 de la Corte Constitucional y la sentencia
proferida el 16 de marzo de 2011 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
dentro del proceso con radicado No. 11001-03-15-000-2011-00090-00

18. Igualmente, señalaron que la eventual utilización de una lista de elegibles
no constituye un mecanismo automático ni desvinculado del ordenamiento jurídico,
sino una actuación que debe adelantarse con estricta observancia de las
disposiciones especiales que regulan el Sistema Específico de Carrera
Administrativa de la DIAN, así como de los principios de legalidad, mérito y
planeación administrativa, y de las competencias asignadas a la DIAN y a la CNSC.

19. Resaltaron que tales argumentos jurídicos debieron ser puestos en
conocimiento del juez constitucional por los servidores públicos potencialmente
afectados. Sin embargo, la falta de una vinculación efectiva al trámite les impidió
ejercer plenamente sus derechos de defensa y contradicción, privando al despacho
judicial de contar con una visión integral de las implicaciones derivadas del Decreto
Ley 927 de 2023 y de las limitaciones legales que condicionan el uso de las listas
de elegibles dentro del régimen especial de carrera de la DIAN.

20. En ese orden de ideas, solicitaron (i) ser reconocidas como coadyuvantes
dentro de la presente acción de tutela; (ii) acoger los planteamientos formulados por
el accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad de las actuaciones surtidas
dentro del trámite constitucional con radicado No. 23001-33-33-005-2026-00091-
00/01, a partir del auto admisorio de la acción de tutela o desde el momento procesal
en que se configuró la indebida integración del contradictorio; (iii) en caso de
rehacerse la actuación, garantizar la debida vinculación, notificación y participación
de todos los servidores públicos que puedan resultar afectados por las decisiones
que se adopten; y (iv) que, en futuras actuaciones con incidencia sobre servidores
públicos nombrados en provisionalidad en la DIAN, las autoridades accionadas

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observen estrictamente las garantías del debido proceso y aseguren la adecuada
integración de terceros.

21. El señor Andrés Fernando Ortega Ordóñez2 y otros manifestaron que
participaron y aprobaron el concurso de méritos para el cargo de Gestor II, código
302, grado 2 (OPEC 198419) de la DIAN, correspondiente a 83 vacantes ofertadas,
quedando incluidos en la lista de elegibles conformada mediante la Resolución No.
13250 del 5 de julio de 2024. Señalaron que durante el desarrollo de la Convocatoria
DIAN 2497 de 2022, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 419 de 2023, mediante
el cual amplió la planta de personal de la DIAN y creó 10.207 empleos, entre ellos
2.377 correspondientes al mismo cargo para el cual concursaron.

22. Sin embargo, afirmaron que la entidad referida excluyó injustificadamente
la lista de elegibles de la OPEC 198419 al señalar que únicamente utilizaría
determinadas listas de elegibles durante su vigencia, omitiendo la correspondiente
a dicho empleo. Consideran que esta actuación vulnera sus derechos al mérito, la
igualdad, el acceso a cargos públicos, el debido proceso y la confianza legítima, al
preferir la provisión de vacantes mediante encargos o nombramientos provisionales
en lugar de acudir a la lista de elegibles vigente. Asimismo, indicaron que la entidad
mencionada incumplió las disposiciones contenidas en la Ley 1960 de 2019, el
Acuerdo No. 19 de 2024 y el Decreto Ley 927 de 2023, que imponen el deber de
utilizar las listas de elegibles para proveer las vacantes generadas por la ampliación
de la planta de personal.

23. En consecuencia, solicitaron (i) la protección de sus derechos
fundamentales al mérito, igualdad, trabajo, debido proceso y acceso a la carrera
administrativa; (ii) la inaplicación del tercer inciso del parágrafo transitorio del
artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023; (iii) que la DIAN reporte y provea las
vacantes existentes y las creadas con posterioridad al concurso utilizando la lista de
elegibles de la OPEC 198419; (iv) que la CNSC autorice el uso de dicha lista; (v)
que se adelanten los nombramientos en período de prueba de los elegibles en
estricto orden de mérito; y (vi) que se remitan copias a la Procuraduría General de
la Nación para que «vigile las omisiones» de la unidad administrativa mencionada.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

24. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

2 Miguel Eduardo Figueroa Cuero, Nathaly Alejandra Garzón Cuervo, Laura Lizeth Mancera Rodríguez, Cristian

de Jesús Cantillo Torres, Jhonatan Delgado González, Marx Engels Vega Rodado, Yesenia Estupiñán Patiño,
Edwin Evelio Hernández Torres, Juan Camilo Meza Kerguelen, Frances Ney Gómez Puertas, Eric Astudillo
Mosquera, Martha Isabel Serrato Cespedes, Victoria Stephanie Velasquez Vélez, Edwar Acevedo Colón, Lina
Marcela Jaramillo Gutiérrez, Erika Eugenia Riaño Pesca y Januarys Paola Pacheco Acosta.

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Cuestión previa

25. La Sala negará la solicitud de desvinculación formulada por la DIAN,
comoquiera que aquella fue vinculada al presente trámite, debido a que actuó en
calidad de demandada en la acción de tutela cuyas actuaciones se discuten en esta
sede, por lo que le asiste interés en los resultados de este proceso.

Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela superó los requisitos
generales, en particular, la exigencia de subsidiariedad. Por tanto, deberá
resolverse si el accionante planteó en la impugnación formulada al interior del
trámite constitucional con radicado 23001-33-33-005-2026-00091-00/01 los
argumentos de desacuerdo que expone en esta sede de amparo.

Procedibilidad de la acción de tutela

27. La Sala declarará improcedente la acción de tutela formulada para discutir
las actuaciones adelantadas en un trámite de la misma naturaleza3, por no haberse
superado el requisito general de subsidiariedad, de acuerdo con los argumentos
que se exponen a continuación:

28. El accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, trabajo e igualdad, los cuales estimó vulnerados por el Juzgado 5
Administrativo Mixto de Montería, puesto que no lo vinculó ni notificó oportunamente
dentro del trámite de tutela, lo que le impidió ejercer sus derechos de defensa y
contradicción. Sostuvo que el despacho debió emplear los mecanismos de
notificación electrónica previstos en la Ley 2213 de 2022 y el Decreto 806 de 2020.

29. Asimismo, afirmó que el auto mediante el cual se ordenó notificar a los
servidores que ocupaban el cargo de Gestor II les concedió un término
irrazonablemente breve para pronunciarse, de modo que la sentencia fue proferida
antes de que pudieran ejercer efectivamente su defensa. Igualmente, alegó que el
juzgado desconoció la jurisprudencia constitucional sobre la protección reforzada
de las personas en condición de discapacidad y tramitó un asunto de alta
complejidad sin garantizar la participación de los terceros potencialmente afectados,
comprometiendo la legalidad del trámite y de la decisión judicial.

30. Pues bien, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la tutela cuando se interpone para cuestionar las
actuaciones adelantadas en un proceso de la misma naturaleza, la Sala considera

3 Al respecto, se pone de presente que la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-627 de 2015 unificó el criterio

en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones adelantadas
en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i) cuando la tutela se dirige contra la sentencia de tutela
en sentido estricto; (ii) cuando se dirige contra una actuación anterior al fallo; y (iii) cuando se efectúa en contra
de una decisión posterior.
Frente al supuesto que interesa para el caso bajo estudio dispuso lo siguiente: «Si la actuación acaece con
anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o
vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha
seleccionado el asunto para su revisión».

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indispensable realizar un recuento de las actuaciones desplegadas en el marco del
proceso constitucional con radicado 23001-33-33-005-2026-00091-00/01.

31. Así, se observa que el señor Daniel Arturo Jaime Velandia promovió acción
de tutela en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la carrera
administrativa y, junto con ellos, el principio de confianza legítima.
32. Por lo anterior, solicitó que se ordenara a la DIAN reportar en el SIMO todas
las vacantes definitivas del cargo de Gestor II, código 302, grado 02, incluidas las
creadas por el Decreto 419 de 2023; a la CNSC realizar un estudio actualizado de
equivalencias de dichos empleos y autorizar el uso de la totalidad de la lista de
elegibles para proveer las vacantes equivalentes; y a la DIAN convocar al
accionante a la audiencia de escogencia de vacante, para posteriormente nombrarlo
en período de prueba y posesionarlo en uno de los cargos de Gestor II, código 302,
grado 02.

33. El 9 de marzo de 2026, el Juzgado 5 Administrativo Mixto de Montería
admitió la acción de tutela en contra de las entidades mencionadas y vinculó a todos
los participantes incluidos en la lista de elegibles de Gestor II, código 302, grado 2,
y a los servidores que ocupan ese empleo en la DIAN, en encargo y en
provisionalidad, para lo cual le ordenó a la CNSC que, en el término de un día, les
notificara dicha providencia.

34. Posteriormente, el 17 de marzo de 2026, la autoridad judicial mencionada,
en vista de que la DIAN, en su calidad de entidad nominadora y administradora de
la planta de personal, contaba con la información actualizada y los datos de contacto
de los empleados que actualmente desempeñaban ese cargo en dicha entidad, le
ordenó notificar a dichos servidores del trámite de la acción de tutela al correo
electrónico de cada uno de ellos.

35. El 20 de marzo de 2026, el Juzgado 5 Administrativo Mixto de Montería
concedió el amparo solicitado, al considerar que la DIAN ha privilegiado la provisión
de los cargos de Gestor II, código 302, grado 02, mediante figuras excepcionales
como la provisionalidad y el encargo, sin adelantar de manera integral y eficaz el
estudio de equivalencias ni promover el uso de la lista de elegibles, en contravía de
lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 y de la jurisprudencia
aplicable. En ese sentido, sostuvo que, conforme a lo señalado por la jurisprudencia
en casos análogos, las entidades accionadas debieron propiciar el uso de la lista de
elegibles para establecer si, de acuerdo con el lugar ocupado por el accionante, este
tenía derecho a ser nombrado en un empleo equivalente, por lo que dicha omisión
configuró una afectación de los derechos fundamentales, que hacía necesaria la
intervención del juez constitucional

36. No obstante, precisó que, si bien existían elementos que permitían inferir la
procedencia del uso de la lista de elegibles respecto de empleos que compartían
identidad funcional, denominación, código y grado, no obraban en el expediente
todos los elementos probatorios necesarios para ordenar directamente el
nombramiento del accionante en una vacante específica, dado que una decisión en
ese sentido implicaría sustituir las competencias que el ordenamiento jurídico
atribuye a las entidades accionadas.

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37. Contra la anterior decisión se formularon múltiples impugnaciones, entre las
cuales se encuentra la del aquí accionante, quien sostuvo que el juez de tutela
excedió el ámbito de sus competencias al sustituir la valoración técnica y
administrativa que corresponde a la DIAN y a la CNSC en materia de equivalencias,
ordenando el uso de la lista de elegibles para cargos respecto de los cuales la ley
no prevé tal posibilidad. En ese sentido, afirmó que la providencia desconoció las
limitaciones establecidas en el artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023, en particular
la prohibición de aplicar retroactivamente las listas de elegibles a empleos creados
u ocupados con anterioridad a la ampliación de la planta de personal, así como las
reglas de provisión mediante encargo y las necesidades del servicio.

38. Adicionalmente, alegó que no se configuró una vulneración del principio de
confianza legítima y que la acción de tutela era improcedente por incumplir el
requisito de subsidiariedad, pues los actos administrativos expedidos por la CNSC
y la DIAN podían ser controvertidos mediante el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin que se acreditara la existencia de un perjuicio
irremediable. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela.

39. El 19 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de Córdoba rechazó las
solicitudes de nulidad y adición de la sentencia de primera instancia.
Adicionalmente, modificó el ordinal segundo de la decisión recurrida, en el siguiente
sentido:

«[…] SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales – DIAN y a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC que en
el término de ocho (8) días hábiles, procedan a realizar el respectivo estudio de
equivalencias, bajo un análisis técnico integral, actualizado y suficientemente motivado del
empleo Gestor II Código 302 Grado 02 OPEC 198419 Ficha PC GJ 3008 respecto de las
vacantes definitivas existentes para el empleo Gestor II Código 302 Grado 02 derivadas de
la ampliación de planta prevista en el Decreto Ley 419 de 2023 de todas las fichas de
empleo; lo anterior, verificando de manera objetiva, rigurosa y motivada, -conforme a los
criterios establecidos en el artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023 y el criterio unificado
proferido por la CNSC para efecto del uso de listas de elegibles-, la posible aplicación de la
lista de elegibles correspondiente a la OPEC 198419 […]».

40. De las actuaciones surtidas dentro del proceso de tutela cuestionado se
advierte que el accionante ejerció el mecanismo de defensa judicial que tenía a su
alcance, esto es, la impugnación contra la sentencia de primera instancia proferida
el 20 de marzo de 2026. Sin embargo, los reparos expuestos en dicho recurso
fueron sustancialmente distintos de los que ahora plantea en esta acción
constitucional.

41. Ciertamente, al formular la impugnación, el accionante centró su
inconformidad en controvertir el alcance material de la decisión adoptada por el juez
de tutela. En ese sentido, sostuvo que la autoridad judicial había excedido sus
competencias al sustituir la valoración técnica y administrativa que correspondía a
la DIAN y a la CNSC en materia de equivalencias, al ordenar el uso de la lista de
elegibles para empleos respecto de los cuales, en su criterio, el artículo 36 del
Decreto Ley 927 de 2023 no autorizaba dicha actuación. De igual manera, alegó
que la providencia desconocía las reglas sobre provisión de cargos, que se
desconoció el principio de confianza legítima y que el mecanismo de amparo era
improcedente por no superarse la exigencia de subsidiariedad, al existir el medio de

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Demandante: Diego Fernando Ospina Giraldo

control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir los actos
administrativos expedidos por las entidades accionadas.

42. Así las cosas, la Sala observa que los desacuerdos formulados por el actor
en esta sede y relacionados con la presunta falta de vinculación o de notificación
oportuna dentro del trámite de tutela, la insuficiencia del término concedido para
ejercer su defensa, el supuesto desconocimiento de las reglas sobre notificación
electrónica ni la alegada omisión de garantizar la participación de los terceros
potencialmente afectados, no fueron puestos en conocimiento del juez de segunda
instancia, a pesar de que eran aspectos que podían ser objeto de examen dentro
de ese trámite.

43. En esa medida, si el accionante estimaba que durante el trámite
constitucional se habían configurado irregularidades procesales que comprometían
su derecho de defensa y el debido proceso, le correspondía exponer tales
circunstancias en la impugnación, a fin de que el Tribunal Administrativo de Córdoba
pudiera pronunciarse expresamente sobre ellas.

44. Por tanto, no es dable que el accionante pretenda trasladar a esta instancia
constitucional reparos que omitió plantear a través del instrumento de defensa
judicial del que efectivamente empleó. Admitir lo contrario implicaría desconocer el
carácter subsidiario de la acción de tutela, permitiendo que esta se convierta en una
instancia adicional para proponer argumentos nuevos que pudieron y debieron ser
sometidos previamente al conocimiento del juez que conoció la acción de tutela
inicial.

45. En esos términos, al no haberse empleado de manera adecuada la
herramienta que la parte actora tenía a su alcance, la Sala concluye que no se
encuentra satisfecho el requisito general de subsidiariedad, el cual exige que se
hayan agotado todos los medios de defensa judicial dispuestos en el ordenamiento
jurídico para proteger los derechos que se estiman conculcados, antes de formular
el mecanismo de amparo.

46. Finalmente, se resalta que la parte actora no acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable y tampoco expuso las razones por las cuales omitió proponer
en su oportunidad los cuestionamientos que hoy sustentan la presente solicitud de
amparo. En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela formulada
por Diego Fernando Ospina Giraldo por no cumplirse con uno de los requisitos para
la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se dirige contra
actuaciones adelantadas en un trámite de la misma naturaleza.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por Diego
Fernando Ospina Giraldo en contra del Juzgado 5 Administrativo Mixto de Montería
y del Tribunal Administrativo de Córdoba.

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Demandante: Diego Fernando Ospina Giraldo

SEGUNDO. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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