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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04233-01

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04233-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación presentada por la CNSC. SEGUNDO: Confirmar la sentencia del 24 de julio de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que declaró la improcedencia de la acción de tutela. TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y enviar copia de esta al despacho de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04233-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04233-01
Demandante: DIEGO FERNANDO OSPINA GIRALDO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA Y OTRO

Temas: Tutela contra actuaciones adelantadas al interior de un trámite
de la misma naturaleza. Incumplimiento del requisito general de
subsidiariedad. Confirma improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia del
24 de julio de 2026, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito
de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

Mediante escrito radicado el 2 de junio de 2026, el señor Diego Fernando Ospina
Giraldo, por medio de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial
de Montería, con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo y a la defensa.

Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de las actuaciones
surtidas, por parte de las autoridades judiciales referenciadas, dentro del trámite
constitucional con radicado 23001-33-33-005-2026-00091-00/01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el tutelante pidió que se amparen los derechos fundamentales
invocados, se declare la nulidad de todo lo actuado en la acción de tutela con
radicado 23001-33-33-005-2026-00091-00/01 y se disponga un nuevo reparto para
que «otro juez guie el proceso constitucional en la ciudad de Monteria».

1.3. Hechos

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Demandante: Diego Fernando Ospina Giraldo
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04233-01

El actor se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la sala, son relevantes
para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

Narró que, mediante Resolución 013432 del 31 de diciembre de 2018, la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) lo designó, en
provisionalidad, en el cargo de Gestor II Código 302 Grado 2, por el término en que
la titular de esa plaza permanezca separada de ésta.

Reseñó que, como consecuencia de una afección visual que inició desde junio de
2020, perdió la visión de su ojo derecho en febrero de 2024.

Expuso que la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC) adelantó
un concurso público de méritos DIAN 2022, para proveer varios empleos, entre
estos, el de Gestor II Código 302 Grado 2, identificado con el código OPEC 198419,
dentro del cual se emitió la Resolución 13250 del 5 de julio de 2024 que conformó
y adoptó la lista de elegibles para proveer 83 vacantes definitivas de dicha
denominación.

Destacó que, durante el desarrollo del aludido concurso, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 419 del 21 de marzo de 2023, mediante el cual amplió la planta
de personal de la DIAN y creó nuevos cargos, entre ellos, 2377 de Gestor II Código
302 Grado 02.

Contó que el señor Daniel Arturo Jaime Velandia acudió a la acción de tutela para
que se ordenara a la DIAN reportar todos los cargos de Gestor II Código 302 Grado
02 que se encontraban en provisionalidad, encargo y vacancia definitiva, y a la
CNSC (i) efectuar un estudio de equivalencias actualizado de esas plazas
«considerando perfiles, estudios, experiencia»; y (ii) usar la totalidad de la lista de
elegibles. Pidió que ese mecanismo se notificara a los integrantes de la lista de
elegibles contenida en la Resolución 13250 de 2024, a los servidores que se
encontraban ocupando los empleos de Gestor II Código 302 Grado 02 y a las
personas que tuvieran relación con la OPEC 198419.

Puntualizó que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Montería,
por autos del 9 y 17 de marzo de 2026, admitió la acción de tutela, dispuso la
vinculación solicitada y adoptó medidas para garantizar la debida notificación de los
terceros con interés.

Describió que dicha autoridad judicial, mediante sentencia del 20 de marzo de 2026,
(i) amparó los derechos fundamentales invocados por el señor Daniel Arturo Jaime
Velandia; (ii) ordenó a las accionadas realizar un estudio de equivalencia entre los
cargos de Gestor II Código 302 Grado 2, creados por el Decreto 0419 de 2023 y los
de la misma denominación, identificados en la OPEC 198419; (iii) requirió a la DIAN
reportar las vacantes existentes, con fundamento en dicho estudio; y (iv) solicitó a
la CNSC remitir la lista de elegibles correspondiente para efectuar los
nombramientos, en orden descendiente. Lo anterior, porque:

No existe un análisis técnico completo, actualizado y debidamente motivado que
permita establecer, de manera cierta, la equivalencia funcional de los empleos creados
con ocasión de la ampliación de planta, ni que se hayan agotado las actuaciones
necesarias para garantizar el uso efectivo de la lista de elegibles correspondiente a la
OPEC 198419, en estricta observancia del principio de mérito.

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Enfatizó que la anterior decisión fue impugnada por el señor el señor Daniel Arturo
Jaime Velandia, la DIAN, y varios terceros con interés, entre ellos, él como servidor
público en provisionalidad. Añadió que en dicho escrito puso de relieve que (i) no
se pueden proveer cargos creados con posterioridad a los procesos de selección;
(ii) el señor Jaime Velandia no tiene una posición meritoria dentro de la lista de
elegibles, ya que, después de desempates, es el número 707, lo cual le genera una
mera expectativa para ocupar los cargos ofertados; (iii) no existe una vulneración
concreta de los derechos fundamentales invocados; (iv) lo decidido por el a quo
soslaya el principio de confianza legítima y comporta un desbordamiento de
competencias; y (v) la acción de tutela es improcedente porque:

1. carece del principio de inmediatez;
2. Existencia de otros medios de defensa judicial y conocimiento del juez
natural administrativo;
3. Ausencia de vulneración de derechos fundamentales y no acreditación
del principio de subsidiariedad de la acción constitucional;
4. Improcedencia de la tutela frente a ciertos asuntos como lo es pretender
obtener ingreso a una convocatoria que ya nombró al de mejor posición
meritoria y que actualmente está laborando en la entidad;
5. La imposibilidad de desconocer normas de presupuesto frente a la
provisión de cargos; Y la interpretación ultractiva de la norma.

Refirió que el Tribunal Administrativo de Córdoba, por sentencia del 19 de mayo de
2026, modificó lo decidido por el a quo para dar alcance a sus órdenes, con
fundamento en lo que sigue:

Los estudios técnicos realizados por la CNSC para determinar la equivalencia de
empleo de Gestor II Código 302 Grado 02 correspondiente a la OPEC 198419 que se
allegaron al plenario no evidencian de manera suficientemente clara, integral y
verificable la metodología concreta utilizada para descartar equivalencias funcionales
entre los distintos empleos analizados.

Le asiste parcialmente razón al accionante cuando sostiene que el análisis adelantado
por la CNSC debía incorporar criterios técnicos más detallados y verificables para
sustentar la exclusión de equivalencias.

En el trámite de segunda instancia la DIAN aportó informe de cumplimiento y
documentos técnicos sobre las actuaciones adelantadas respecto de las vacantes
derivadas de la ampliación de planta y el estudio de equivalencias realizado frente a la
OPEC 198419. Particularmente, mediante Oficio 2026RS058420 del 27 de marzo de
2026, la CNSC concluyó que únicamente procedía la autorización de dos vacantes
adicionales por considerar que los demás empleos reportados no cumplían los criterios
de equivalencia exigidos normativamente.

Los documentos allegados evidencian, igualmente, que persisten cuestionamientos
razonables relacionados con la suficiencia de motivación, exhaustividad y trazabilidad
metodológica.

Es necesario fijar el alcance de las órdenes impartidas en primera instancia, a fin de
evitar interpretaciones que puedan entenderse como una declaración judicial directa
de equivalencias funcionales o como una orden automática de nombramiento.

Por lo anterior, «modificará el fallo impugnado en el sentido de precisar que la DIAN y
la CNSC deberán, dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales,
adelantar un análisis técnico integral, actualizado y suficientemente motivado respecto
de las vacantes definitivas existentes para el empleo Gestor II Código 302 Grado 02
derivadas de la ampliación de planta prevista en el Decreto Ley 419 de 2023,
verificando de manera objetiva la posible aplicación de la lista de elegibles

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correspondiente a la OPEC 198419, conforme a los criterios establecidos en el artículo
36 del Decreto Ley 927 de 2023 y el criterio unificado proferido por la CNSC el día 22
de septiembre de 2020, para efecto del uso de listas de elegibles». Se confirma, en lo
demás, la decisión del a quo.

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante afirmó que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Montería no garantizó su vinculación ni su notificación oportuna dentro del trámite
de la acción de tutela, lo que le impidió ejercer de manera efectiva sus derechos de
defensa y contradicción antes de que se profiriera la sentencia de primera instancia.

Precisó que el aludido juzgado le dio a la DIAN un día para notificar a todos los
servidores que desempeñaban la plaza de Gestor II Código 302 Grado 2 y posibilitar
que éstos contestaran la demanda, lo cual no ocurrió.

Reiteró en que el juzgado accionado, mediante auto del 17 de marzo de 2026,
dispuso que la DIAN notificara a los servidores que ocupaban el cargo de Gestor II
Código 302 Grado 2 y concedió un día para que ellos se pronunciaran sobre la
acción de tutela. Estimó que dicha actuación constituyó un intento para justificar
formalmente el trámite procesal, pues el reducido término otorgado hizo imposible
ejercer una defensa efectiva y, en la práctica, la sentencia fue proferida antes de
que los funcionarios notificados pudieran presentar sus argumentos de defensa.

Sostuvo que, de conformidad con la Ley 2213 de 2022 y el Decreto 806 de 2020, la
autoridad mencionada debió emplear los mecanismos de notificación electrónica o
cualquier medio expedito que asegurara el conocimiento oportuno de las
actuaciones procesales.

Consideró que el despacho accionado, a pesar de haber emitido un «supuesto»
auto para notificar a los servidores de la DIAN que ocupaban los cargos de Gestor
II Código 302 Grado 2, no tuvo en cuenta la jurisprudencia constitucional y el
régimen de protección reforzada aplicable a las personas en condición de
discapacidad, en particular, las garantías derivadas del retén social, razón por la
cual adoptó una decisión «sin claridad normativa […] y sin bases sólidas y
coherentes de lo que han decantado diversos órganos colegiados superiores». Para
fundamentar lo anterior, citó las sentencias C-023 de 1994 y T-792 de 2004 de la
Corte Constitucional.

Adujo que la autoridad judicial de primera instancia no generó un espacio procesal
de notificación y, por ello, no consideró «LAS DIVERSAS POSICIONES
CONSTITUCIONALES DE LOS POSIBLES AFECTADOS, TAMPOCO DE
INCLUSIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD».

Concluyó que el juzgado tramitó un asunto de alta complejidad mediante un
procedimiento expedito como lo es la acción de tutela, sin brindar a los terceros,
potencialmente afectados, la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción, lo
que, a su juicio, comprometió la legalidad del trámite y de las sentencias del 20 de
marzo y 19 de mayo de 2026.

1.5. Trámite y contestación

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Mediante auto del 10 de junio de 2026, el magistrado ponente de primera instancia
admitió la solicitud de tutela, ordenó notificar a los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo de Córdoba y al juez Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Monteria.

De igual forma, dispuso vincular (i) al señor Daniel Arturo Jaime Velandia; (ii) a la
DIAN; (iii) a la CNSC; (iv) a los servidores que ocupen o hayan ocupado los empleos
de Gestor II Código 302 Grado 2, en provisionalidad o encargo, respecto de las
fichas de empleo comprendidas dentro del trámite constitucional identificado con
radicado 23001-33-33-005-2026-00091-00/01; y (v) a los integrantes de la lista de
elegibles, identificada con la OPEC 198419, como terceros con interés en las
resultas del proceso.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. La DIAN manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, debido
a que no sustanció ni falló la acción de tutela con radicado 23001-33-33-005-2026-
00091-00/01, tampoco ejerce control de legalidad respecto de esa actuación.
Explicó que su intervención se limitó a dar cumplimiento a las órdenes impartidas
por el juez accionado, entre ellas, las relacionadas con la notificación de las
decisiones adoptadas en dicho mecanismo1.

Subrayó que las notificaciones efectuadas no fueron remitidas al correo del
accionante dado que el empleo ocupado por éste «no corresponde a una vacante
definitiva sino temporal, la cual no resulta afectada por el concurso».

En escrito separado, informó que, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por
el Tribunal Administrativo de Córdoba, expidió la Resolución 008244 del 5 de junio
de 2026, a través de la cual efectuó algunos nombramientos en período de prueba.

Finalmente, insistió en ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por
pasiva.

1.5.2. La CNSC explicó que una de sus funciones es velar por la correcta aplicación
de los instrumentos normativos y técnicos que posibiliten el adecuado
funcionamiento del sistema de carrera administrativa. En esa línea, estimó que el
asunto discutido no es de su resorte, toda vez que las pretensiones se dirigen a
obtener la nulidad de lo actuado, en especial, por el Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito Judicial de Montería.

Aseveró que no tiene legitimación en la causa por pasiva, pues no es la llamada a
responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Aclaró que, si bien es cierto que llevó a cabo el proceso de selección para proveer

1 Relacionó los correos de 18 y 25 de marzo, y 10 de abril de 2026. De igual forma, publicaciones en

la página web de la entidad: https://www.dian.gov.co/normatividad/Autos/2026-00091-Sentencia-
Tutela.pdf, https://www.dian.gov.co/normatividad/Autos/2026-00091-Auto-Decide-
Aclaracion.pdf.

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los empleos vacantes de la DIAN, también lo es que «no tiene competencia para
administrar la planta de personal de dicha entidad, no tiene la facultad nominadora
y tampoco tiene incidencia en la expedición de actos administrativos, tanto de
vinculación como de desvinculación».

1.5.3. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Montería
mostró que ordenó, expresamente, la vinculación de todos los participantes
incluidos en la lista de elegibles del empleo Gestor II Código 302 Grado 2,
identificado con la OPEC 198419 del proceso de selección DIAN 2022, así como de
los servidores que ocupaban dichas plazas en provisionalidad y encargo. Añadió
que, de igual forma, dispuso que la CNSC realizara la correspondiente notificación
del auto admisorio, del escrito de tutela y sus anexos a los referidos vinculados, con
el fin de garantizar su conocimiento oportuno del trámite constitucional y permitir el
ejercicio efectivo de sus derechos de defensa y contradicción.

Precisó que dicha orden se mantuvo con el fallo de tutela y el auto que decidió las
solicitudes de aclaración y adición, «sin que se evidencie omisión procesal alguna
que pueda dar lugar a la vulneración de los derechos fundamentales invocados por
la accionante».

1.5.4. El señor Daniel Arturo Jaime Velandia2 manifestó que el ahora tutelante no
tiene legitimación en la causa por activa para buscar la nulidad de las actuaciones
surtidas dentro de la acción de tutela con radicado 23001-33-33-005-2026-00091-
00/01, ya que (i) no resultó desvinculado de la planta de la DIAN; y (ii) tuvo la
oportunidad de impugnar lo decidido por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Montería, lo que descarta una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso. Lo último, si se considera que no hay vestigio de
desprotección a los trabajadores en situación de vulnerabilidad o debilidad
manifiesta.

Sostuvo que este mecanismo no puede emplearse para controvertir providencias
judiciales con fundamento en hipótesis o escenarios administrativos futuros que el
actor considera eventualmente perjudiciales, como una posible desvinculación de la
DIAN.

Destacó que el retiro no se encuentra previsto en ninguna de las órdenes impartidas
por las autoridades accionadas, por lo que el supuesto perjuicio alegado constituye
una mera conjetura o expectativa subjetiva.

Dedujo que, como en este caso no se demostró una afectación directa derivada de
las sentencias cuestionadas, se debe denegar el amparo perseguido.

1.5.5. Las señoras Lucy Sthefanny León León, Nadia Nimeth Criollo Drada,
Leonor Elvira Otero Nieto y Patricia Nancy Fontalvo Florián3 presentaron escrito
de coadyuvancia con el propósito de respaldar las pretensiones de la demanda,
dado que las decisiones cuestionadas fueron adoptadas sin asegurar la
participación y el ejercicio efectivo del derecho de contradicción de todos los
terceros que podían resultar directamente afectados por sus efectos jurídicos y

2 Accionante dentro de la acción de tutela 23001-33-33-005-2026-00091-00/01
3 En su condición de servidoras vinculadas a la DIAN, mediante nombramiento provisional.

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laborales.

Precisaron que, si bien fueron vinculadas al presente trámite por disposición del
Consejo de Estado, ello no desvirtúa que, dentro del proceso constitucional que dio
origen a las actuaciones cuestionadas, se produjeron irregularidades que afectaron
a los servidores públicos provisionales, pues no se garantizó, desde el inicio, su
participación efectiva y el pleno ejercicio de los derechos de defensa y contradicción.
En respaldo de esta postura, citaron el auto 064 de 2023 de la Corte Constitucional
y la sentencia proferida el 16 de marzo de 2011 por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, dentro del radicado 11001-03-15-000-2011-00090-00.

Aseguraron que la utilización de una lista de elegibles no constituye una medida
automática o desvinculada del ordenamiento jurídico, sino una actuación que debe
adelantarse con estricta observancia de las disposiciones que regulan el sistema
específico de carrera administrativa de la DIAN, así como de los principios de la
legalidad, del mérito y de la planeación administrativa.

Iteraron que la falta de una vinculación efectiva al trámite de la tutela les impidió
ejercer plenamente sus derechos de defensa y contradicción, y privó al despacho
judicial de contar con una visión integral de las implicaciones derivadas del Decreto
Ley 927 de 20234 y las limitaciones legales que condicionan el uso de las listas de
elegibles dentro del régimen especial de carrera de la DIAN.

En ese orden de ideas, solicitaron (i) ser reconocidas como coadyuvantes dentro de
la presente acción de tutela; (ii) acoger los planteamientos formulados por el
accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad de las actuaciones surtidas
dentro del trámite constitucional con radicado 23001-33-33-005-2026-00091-00/01,
a partir del auto admisorio de la acción de tutela o desde el momento procesal en
que se configuró la indebida integración del contradictorio; (iii) en caso de rehacerse
la actuación, garantizar la debida vinculación, notificación y participación de todos
los servidores públicos que puedan resultar afectados por las decisiones que se
adopten; y (iv) que, en futuras actuaciones con incidencia sobre servidores públicos
nombrados en provisionalidad en la DIAN, las autoridades accionadas observen
estrictamente las garantías del debido proceso y aseguren la adecuada integración
de terceros.

1.5.6. El señor Andrés Fernando Ortega Ordóñez y otros5 manifestaron que
participaron y aprobaron el concurso de méritos para el cargo de Gestor II Código
302 Grado 2 y quedaron incluidos en la lista de elegibles conformada mediante la
Resolución 13250 de 2024. Evidenciaron que, en el desarrollo de la convocatoria
DIAN 2022, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 419 de 2023, que amplió la
planta de personal.

4 Que tiene por objeto modificar el sistema específico de carrera para los empleados públicos de la
DIAN.
5 Miguel Eduardo Figueroa Cuero, Nathaly Alejandra Garzón Cuervo, Laura Lizeth Mancera
Rodríguez, Cristian de Jesús Cantillo Torres, Jhonatan Delgado González, Marx Engels Vega
Rodado, Yesenia Estupiñán Patiño, Edwin Evelio Hernández Torres, Juan Camilo Meza Kerguelen,
Frances Ney Gómez Puertas, Eric Astudillo Mosquera, Martha Isabel Serrato Cespedes, Victoria
Stephanie Velasquez Vélez, Edwar Acevedo Colón, Lina Marcela Jaramillo Gutiérrez, Erika Eugenia
Riaño Pesca y Januarys Paola Pacheco Acosta.

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Manifestaron que la administración ha preferido la provisión de vacantes mediante
encargos o nombramientos en provisionalidad, en lugar de acudir a la lista de
elegibles vigente para proveer vacantes, incluso las generadas por la ampliación de
la planta de personal, lo cual desconoce las previsiones de la Ley 1960 de 2019, el
Acuerdo 19 de 2024 y el Decreto Ley 927 de 2023.

En consecuencia, solicitaron (i) la protección de sus derechos fundamentales al
mérito, a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y de acceso a la carrera
administrativa; (ii) la inaplicación del tercer inciso del parágrafo transitorio del
artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023; (iii) que la DIAN reporte y provea las
vacantes existentes, incluso las creadas con posterioridad al concurso, utilizando la
lista de elegibles de la OPEC 198419; (iv) que la CNSC autorice el uso de dicha
lista; (v) que se adelanten los nombramientos en período de prueba de los elegibles
en estricto orden de mérito; y (vi) que se remitan copias a la Procuraduría General
de la Nación para que «vigile las omisiones» de la unidad administrativa
mencionada.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 24
de julio de 2026, declaró la improcedencia de este mecanismo por no cumplir el
requisito de subsidiariedad y negó la solicitud de desvinculación formulada por la
DIAN.

Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, determinó que los desacuerdos formulados por el actor en esta
sede, relacionados con (i) la presunta falta de vinculación o de notificación oportuna
dentro del trámite de tutela; (ii) la insuficiencia del término concedido para ejercer
su defensa; (iii) el supuesto desconocimiento de las reglas sobre notificación
electrónica y (iv) la alegada omisión de garantizar la participación de los terceros
potencialmente afectados, no fueron puestos en conocimiento del juez de segunda
instancia, a pesar de que eran aspectos que podían ser objeto de examen dentro
de ese trámite.

Estableció que, si el accionante estimaba que durante el trámite constitucional se
habían configurado irregularidades procesales que comprometían su derecho de
defensa y el debido proceso, le correspondía exponer tales circunstancias en la
impugnación, a fin de que el Tribunal Administrativo de Córdoba pudiera
pronunciarse expresamente sobre ellas.

Puso de presente que no es dable que el tutelante pretenda trasladar a esta
instancia constitucional reparos que omitió plantear a través del instrumento de
defensa judicial que efectivamente empleó. Admitir lo contrario, implicaría
desconocer el carácter subsidiario de la acción de tutela, permitiendo que esta se
convierta en una instancia adicional para proponer argumentos nuevos que
pudieron y debieron ser sometidos previamente al conocimiento del juez que
conoció la acción de tutela inicial.

Aseveró que, al no haberse empleado de manera adecuada la herramienta que el
actor tenía a su alcance, no se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad,
el cual exige que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial dispuestos

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en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos que se estiman conculcados,
antes de formular el mecanismo de amparo.

1.7. Impugnación

El tutelante impugnó la decisión del a quo.

1.8. Trámite de la segunda instancia

En esta etapa se presentaron las siguientes intervenciones:

1.8.1 La señora Beatriz Andrea Porras Zapata puso de relieve que fue designada
en el empleo de Gestor II Código 302 Grado 2, el cual corresponde a una vacante
temporal, no susceptible de provisión mediante concurso de méritos; empero, la
DIAN suspendió su posesión «argumentando la existencia de fallos de tutela que
ordenaban abstenerse de realizar nuevos nombramientos en provisionalidad o
encargo», lo cual le genera un perjuicio irremediable.

1.8.2. La señora Nelcy Varela Giraldo refirió que ocupa el cargo de Gestor II
Código 302 Grado 2, en provisional, y ostenta una estabilidad laboral reforzada que
debe ser respetada por estar próxima a acceder a la pensión de jubilación.

1.8.3 Las señoras Golda Lida Movil Pinzón y Edith del Rosario Montes Sinning
pidieron que se tenga en cuenta que la OPEC 198419 ya cumplió su objeto inicial
respecto de las vacantes originalmente ofertadas, por lo cual cualquier extensión
posterior constituye una utilización residual y condicionada de la lista y no una
prolongación ilimitada de la convocatoria.

Solicitaron que se salvaguarde la confianza legítima, la seguridad jurídica, la
igualdad y el debido proceso de los participantes de los distintos procesos de
selección, evitando que la protección otorgada a una convocatoria anterior vacíe de
contenido las reglas y resultados del concurso posterior.

Requirieron que, a través de este mecanismo, no se impartan órdenes de carácter
general que posibiliten utilizar indiscriminadamente listas del proceso DIAN 2022
sobre empleos respecto de los cuales actualmente existen listas propias del
concurso DIAN 2024, sin vincular previamente a los elegibles directamente
afectados.

1.8.4. Los señores Yesid Falla Cardoso, Javier Eliecer Gentil López, Jesús
María Ocampo Alzate, Jaime Alberto Sinning De la Rosa, Leonor Elvira Otero
Nieto y Álvaro Andrés Saray Gutiérrez, en calidad de terceros con interés,
pidieron que se confirme la decisión del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, por cuando no se evidencia vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados ni una actuación arbitraria o irregular por parte de las
autoridades judiciales accionadas.

Subrayaron que el accionante, en la acción de tutela cuestionada, centró sus
argumentos de impugnación en debatir el alcance material de las competencias del
juez constitucional sobre el uso de listas de elegibles, pero omitió plantear reparos
sobre las notificaciones o la indebida integración del contradictorio.

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Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04233-01

Enfatizaron que no se puede controvertir este mecanismo en una instancia
adicional, pues la jurisprudencia exige condiciones excepcionales y estrictas para
cuestionar decisiones adoptadas dentro de otro proceso de tutela.

1.8.5. El señor Jairo Iván Calderón Castro, en encargo como Gestor II Código 302
Grado 26, evidenció que su plaza fue afectada por la lista de elegibles y solicitó ser
designado en una de las dos vacantes existentes, pues esta «ad-portas de obtener
la pensión de vejez».

1.8.6. El señor Laureano Castro Rubiano pidió que se niegue cualquier pretensión
encaminada a obtener el retiro automático, general e indiscriminado de quienes se
desempeñan los empleos de Gestor II Código 302 Grado 2 mediante encargo, sin
la individualización de las vacantes ni la verificación de los presupuestos jurídicos y
técnicos exigibles.

1.8.7. El señor Allan Dario Marriott Martínez enfatizó que, en caso de que se
mantenga o modifique alguna orden relacionada con el estudio de equivalencias y
la utilización de la lista de elegibles de la OPEC 198419, se disponga «que sus
efectos se circunscriban a los empleos que, previo estudio técnico, funcional,
objetivo, individualizado y debidamente motivado, sean determinados como
equivalentes a la ficha PC-GJ-3008/OPEC 198419».

1.8.8. Los señores María Claudia Samacá Moreno y Luis Alberto Leira Amaya
pidieron que se amparen los derechos fundamentales invocados, «dado que las
decisiones cuestionadas fueron adoptadas sin asegurar la participación y el ejercicio
efectivo del derecho de contradicción de todos los terceros que podían resultar
directamente afectados por sus efectos jurídicos y laborales».

Señalaron que se debe declara la nulidad de todo lo actuado en la acción de tutela
con radicado 23001-33-33-005-2026-00091-00/01 y disponer un nuevo reparto para
que sea otra autoridad del distrito judicial de Montería la que adelante el trámite
constitucional.

1.8.9. El señor Ángel María Tobón Rojano solo manifestó que coadyuva a la
impugnación presentada por el accionante.

1.8.10. Las señoras Lady Katherin González Martínez, Camen Edith Roys
Villegas y Natalia Carolina Fernpández Ortega enfatizaron que, cualquier
modificación que se adopte en relación con el estudio de equivalencias y la
utilización de la lista de elegibles de la OPEC 198419, debe circunscribirse a las
plazas que, previo estudio técnico, funcional, objetivo, individualizado y
debidamente motivado, se determinen como equivalentes a la ficha PC-GJ-
3008/OPEC 198419.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

6 En el Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano Bucaramanga

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Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por el
accionante contra el fallo de tutela de primera instancia, según lo previsto en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20197.

2.2. Cuestión previa

La CNSC solicitó ser desvinculada de la presente acción constitucional por
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, petición que no fue
resuelta en primera instancia.

Esta solicitud será denegada por cuanto dicha autoridad fue vinculada debido al
interés que les asiste en el presente trámite constitucional, en la medida en que fue
demandada en la acción de tutela objeto de controversia, así que podría verse
afectada con cualquier decisión que se adopte en este asunto.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la
sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

A efectos de resolver el anterior planteamiento, de manera preliminar se abordarán
los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad, y de encontrarlos superados,
(iii) el análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 8
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema9.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

7 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.
8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
10 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».

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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1 Subsidiariedad. En lo concerniente a este requisito cabe indicar que está
previsto en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución como un presupuesto de
procedencia de la tutela, según el cual, «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de
manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas
no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.

En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de
los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.

En el caso bajo estudio, la sala advierte que el señor Diego Fernando Ospina
Giraldo cuestiona las actuaciones surtidas, por parte del Tribunal Administrativo de
Córdoba y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Montería, dentro
del trámite constitucional con radicado 23001-33-33-005-2026-00091-00/01.

Lo anterior, por cuanto, no se aseguró la participación y el ejercicio efectivo del
derecho de contradicción de todos los terceros que podían resultar directamente
afectados, lo que, a su juicio, comprometió la legalidad del trámite de ese
mecanismo y de las sentencias del 20 de marzo y 19 de mayo de 2026.

Para la sala, la tutela presentada por el accionante no supera el requisito de
subsidiariedad, ya que la irregularidad procesal que advierte pudo ser planteada,
en un inicio, en la acción de tutela con radicado 23001-33-33-005-2026-00091-
00/01.

En efecto, el tutelante pese a que indica que a los servidores vinculados en el cargo
Gestor II Código 302 Grado 02 no se les garantizó su participación por falta de
vinculación o de notificación oportuna, insuficiencia del término concedido para
ejercer su defensa y desconocimiento de las reglas sobre la notificación electrónica,

11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

12
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lo cierto es que impugnó la sentencia del 20 de marzo de 2026. Oportunidad en la
que puso de manifiesto, entre otros aspectos, la improcedencia de la acción de
tutela y la inexistencia de la vulneración invocada por el señor Daniel Arturo Jaime
Valencia, sin hacer alusión a ningún yerro procesal, lo que impidió que el Tribunal
Administrativo de Córdoba se pronunciara al respecto.

Conforme a lo anterior, resulta evidente que el actor intenta (i) trasladar a esta
instancia constitucional reparos que pudieron y debieron ser sometidos al
conocimiento de las autoridades judiciales que conocieron la acción de tutela inicial;
y (ii) convertir este mecanismo en una instancia adicional.

En esa medida, tal como lo consideró el a quo, en este caso no se encuentra
satisfecho el requisito de subsidiariedad, el cual exige que se hayan agotado todos
los medios de defensa judicial dispuestos en el ordenamiento jurídico para proteger
los derechos que se estiman conculcados, antes de formular el mecanismo de
amparo.

Lo anterior, no sin antes enfatizar que el accionante no manifestó ni acreditó la
configuración de un perjuicio irremediable o una situación de gravedad e inminencia
que torne urgente e impostergable la actuación del juez constitucional y haga
procedente la solicitud de amparo como mecanismo transitorio.

Por otra parte, resulta importante señalar que la irregularidad procesal que señala
el señor Ospina Giraldo no muestra, por sí misma, que los fallos del 20 de marzo y
19 de mayo de 2026 hubiesen sido producto de una maniobra fraudulenta, de una
actuación dolosa del juez o de las partes, o de una situación que comprometiera
gravemente la legitimidad del trámite constitucional. Por el contrario, lo que se
advierte es una inconformidad con el amparo y las órdenes impartidas por los jueces
de tutela tanto de primera como de segunda instancia.

Debe recordarse que la acción de tutela contra tutela no constituye una vía para
corregir cualquier eventual desacierto argumentativo de una providencia
constitucional, ni para permitir que otro juez reevalúe la procedencia o
improcedencia del amparo previamente decidido. La regla de improcedencia solo
puede ceder cuando se demuestra la existencia de fraude, lo que no ocurrió en este
caso.

En efecto, el accionante no acreditó que ni que el juzgado o el tribunal accionados
hubiesen actuado con fines ilegales o dolosos, ni que las sentencias de tutela
cuestionadas hubiesen sido producto de una maniobra engañosa o de una
actuación dirigida a defraudar la administración de justicia. Tampoco demostró que
las partes hubieran ocultado información determinante, manipulado el trámite
constitucional o inducido fraudulentamente al juez de tutela.

Así las cosas, la sala concluye que la presente acción constitucional tampoco
satisface el presupuesto general consistente en que no se dirija contra una
sentencia de tutela, ni acredita la hipótesis excepcional de cosa juzgada fraudulenta.

Por las razones expuestas, la sala confirmará la improcedencia de la solicitud de
amparo.

13
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación presentada por la CNSC.

SEGUNDO: Confirmar la sentencia del 24 de julio de 2026, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que declaró la improcedencia de la
acción de tutela.

TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y enviar
copia de esta al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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