Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04237-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04237-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04237-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
17 de julio de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04237-00
Demandante: Rubén Darío Millán
Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico| Violación
directa de la Constitución - Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que revocó la
decisión de primera instancia que había accedió a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho relacionadas con el reconocimiento y pago de la
pensión de gracia.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Rubén Darío Millán,
mediante apoderado, contra la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 2 de junio de 2026, Rubén Darío Millán, mediante apoderado,
presentó una acción de tutela contra la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la
administración de justicia y seguridad social, con ocasión de la Sentencia
de 23 de octubre de 2025, proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 76001-2333-000-2018-00644-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“1. Se amparen los derechos fundamentales de mi poderdante, vulnerados con la
sentencia de segunda instancia emitida por el CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
de derecho con número de radicado 76001-2333-000-2018-00644-01.
1 El artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el
Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04237-00
Demandante: Rubén Darío Millán
Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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2. Que se deje sin efectos la sentencia del 23 de octubre de 2025, proferida por el
CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento de derecho radicado 76001-2333-000-2018-
00644-01.
3. Que se ordene al CONSEJO DE ESTADO -SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A, emitir
una sentencia que se pronuncie nuevamente sobre las pruebas aportados por el
demandante y por la demandada, teniendo en cuenta la sentencia de unificación
CE-SUJ-SII-11-2018 del 21 de junio de 2018, 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) El 5 de septiembre de 2017, Rubén Darío Millán presentó una
solicitud2 de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación gracia, de
conformidad con lo previsto en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de
1933, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-. Dicha petición
fue negada mediante la Resolución No. RDP045144 de 29 de noviembre de
2017, expedida por el subdirector de determinación de derechos
pensionales de la mencionada entidad y notificada por aviso el 20 de
diciembre de 20173.
5. 2) El 29 de diciembre de 2017, el accionante interpuso recurso de
apelación contra la decisión anterior y este fue resuelto mediante la
Resolución No. RDP007909 de 27 de febrero de 2018, expedida por el director
de pensiones de la UGPP, que confirmó la negativa del reconocimiento de
la pensión de jubilación gracia4.
6. 3) Rubén Darío Millán, mediante apoderado judicial, presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra la UGPP, con el objetivo de que se declarara la nulidad
de las Resoluciones No. RDP045144 de 29 de noviembre de 2017 y No.
RDP007909 de 27 de febrero de 2018, que negaron el reconocimiento y
pago de la prestación económica reclamada y, a título de restablecimiento
del derecho, solicitó que se condenara a la entidad demandada a
reconocer y pagar la pensión de jubilación de gracia por aportes y en
cuantía equivalente al 75% del salario básico y demás emolumentos
establecidos por la ley.
7. 4) Mediante Sentencia de 30 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca accedió a las pretensiones de la demanda. Expuso que,
2 Identificada con Radicado No. SOP201701035180.
3 (se trascribe): “ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Reconocimiento y pago de la Pensión de Jubilación Gracia,
solicitada por el (a) señor (a) MILLAN RUBEN DARIO, ya identificado (a), de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta Resolución.”
4 (se traduce): “ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución No. 45144 del 29
de noviembre de 2017, conforme el recurso presentado por el (la) señor (a) MILLAN RUBEN DARIO, ya identificado
(a), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.”
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Demandante: Rubén Darío Millán
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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con fundamento en las certificaciones expedidas por la Institución
Educativa Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes y la Secretaría
de Educación del Valle del Cauca, tuvo por acreditado que el demandante
había ejercido la docencia en una institución de carácter departamental y
que su remuneración se pagó con recursos del Fondo Departamental
Educativo (FODE), lo que permitió concluir que su vinculación fue de
carácter territorial. Señaló que, aunque en el expediente no reposaba el
acta de posesión, las certificaciones aportadas resultaron suficientes para
demostrar la naturaleza territorial de la plaza.
8. Asimismo, el Tribunal verificó el cumplimiento de los demás requisitos
legales para el reconocimiento de la pensión gracia, pues el demandante
acreditó una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, cumplió 50
años de edad, el 12 de abril de 2005, superó ampliamente los 20 años de
servicio como docente territorial y no registró mala conducta.
9. 5) La anterior decisión fue apelada por la UGPP, la cual solicitó que se
revocara y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda. Sostuvo
que la pensión gracia, creada por la Ley 114 de 1913, era una prestación
especial, concebida como compensación para equilibrar el salario de los
docentes territoriales frente al de los docentes nacionales, conforme con lo
señalado por la Corte Constitucional en Sentencia C-085 de 2002, y que
exigía acreditar 20 años de servicio y 50 años de edad, así como una
vinculación de tipo distrital, municipal y departamental antes del 31 de
diciembre de 1980, con liquidación equivalente al 75% del salario promedio
del año anterior al cumplimiento de esos requisitos.
10. No obstante, sostuvo que negó la prestación conforme a derecho, ya
que, de los documentos aportados, no se logró verificar el cumplimiento de
tales requisitos. Añadió que, de acuerdo con la Sentencia de unificación del
Consejo de Estado de 21 de junio de 2018, expediente No. 25000-23-42-000-
2013-04683-01, la prueba de la calidad de docente territorial exigía copia de
los actos administrativos del vínculo o certificación inequívoca de la
autoridad nominadora, y que el tiempo laborado entre el 25 de octubre de
1993 y el 26 de abril de 2016 no podía computarse, toda vez que el
Certificado de Tiempo de Servicio No. 1887 de 26 de abril de 2016, expedido
por la Secretaría de Educación de Valle del Cauca, indicó que ese periodo
correspondió a una vinculación de carácter nacional, además de que no
logró probar que su vinculación fuera previa al 31 de diciembre de 1980.
11. Señaló además que el accionante no allegó documento idóneo,
expedido por el jefe de recursos humanos o quien hiciera sus veces, que
identificara plenamente su calidad de docente municipal y la fuente de
financiación de los tiempos alegados, y citó las Sentencia SU-699 de 26 de
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agosto de 1997 y C-915 de 1999 de la Corte Constitucional, según las cuales
los docentes nacionales no tenían derecho al reconocimiento de la pensión
gracia y su tiempo de servicio no era computable con el prestado como
docente territorial.
12. 6) La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante Sentencia de 23 de octubre de 20255, revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Precisó que encontró acreditados los requisitos de edad, pues el
demandante nació el 12 de abril de 1955 y cumplió 50 años el 12 de abril de
2005, y de buena conducta, al no existir reproches sobre su desempeño
docente. Sin embargo, respecto del tiempo de servicio anterior al 31 de
diciembre de 1980, consideró que el material probatorio resultó insuficiente,
pues, aunque existían certificaciones de la rectoría, dirección y secretaría
de la Institución Educativa Normal Departamental Nuestra Señora de las
Mercedes de Zarzal que indicaban una vinculación de carácter
departamental entre 1978 y 1985, no se aportó acto administrativo de
designación o posesión, orden de servicio, ni certificado laboral de la
entidad nominadora que respaldara esos documentos. Adicionalmente, la
Secretaría de Educación de Valle del Cauca, en respuesta a la prueba de
oficio decretada por la Sala, no se pronunció sobre el periodo comprendido
entre 1978 y 1980, pero señaló que el docente laboraba en una plaza de
carácter nacional desde el 25 de octubre de 1993, sin que existiera prueba
que desvirtuara esa calificación.
13. En consecuencia, concluyó que no se acreditó su vinculación como
docente territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, conforme
con la carga probatoria establecida en el artículo 167 del Código General
del Proceso y a los criterios fijados por la Corte Constitucional en Sentencia
SU-182 de 2019. En relación con las costas, la Sala indicó que la modificación
del artículo 188 del CPACA, por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, no
alteró el criterio objetivo en esta materia y, en consecuencia, la condena en
costas debía imponerse a la parte vencida en ambas instancias.
14. El fundamento de la vulneración de derechos radicó, a juicio de la
parte actora, en que la decisión enjuiciada incurrió en una violación directa
de la Constitución y en un defecto fáctico por indebida valoración del
material probatorio.
15. Frente al defecto fáctico, expuso que la autoridad judicial accionada
desconoció el certificado laboral emitido por la directora de la Normal
Departamental Nuestra Señora de las Mercedes de Zarzal, el 7 de octubre
5 Notificada personalmente al accionante el 18 de diciembre de 2025, como consta en el índice 62 del aplicativo
SAMAI en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-23-33-000-2018-00611-01.
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de 1987, sin argumentar por qué ese documento no era conducente,
pertinente o útil para demostrar la labor docente del accionante. En esa
medida, explicó que dicha conducta desconoció la quinta regla 6 de la
Sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, lo que, a su juicio, implicaba una
valoración arbitraria de los medios probatorios, desconocía el carácter
vinculante de las pruebas aportadas y restaba seguridad jurídica.
16. Agregó que, aunque la autoridad judicial accionada requirió al
Departamento del Valle del Cauca para que allegara las pruebas de la
vinculación del accionante como docente antes del 31 de diciembre de
1980, y la entidad no las aportó, lo cierto era que la UGPP no tachó las
pruebas aportadas con la demanda.
17. Respecto de la violación directa de la Constitución, advirtió que, al
desconocer el material probatorio, la decisión vulneró directamente los
derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social, toda vez que
se trataba del reconocimiento de una pensión de jubilación gracia.
18. Trajo a colación el derecho fundamental al mínimo vital como
derecho fundamental de carácter móvil y multidimensional, de acuerdo
con la Sentencia T-716 de 2017.
19. Adicionalmente, abordó el tema de la condena en costas impuesta
en la sentencia atacada, en el sentido de aclarar que esta no era objetiva,
sino que dependía de la comprobación de la mala fe o de gastos
efectivamente causados y que, en este caso, no se demostró tal
circunstancia, por lo que consideró improcedente esa condena.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados7
20. La UGPP8 rindió informe en el que sostuvo que la acción de tutela
debía dirigirse contra la autoridad que presuntamente violó el derecho y
que, en este caso, dicha autoridad era exclusivamente la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
21. Advirtió que era una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda,
creada por la Ley 1151 de 2007, cuya función principal era el
6 “v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores
nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad
territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto
con la disponibilidad presupuestal50; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación.”
7 Mediante Auto de 3 de junio de 2026, el despacho ponente resolvió, entre otros, (1) admitir la solicitud de amparo,
(2) tener como accionada a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, (3) y vincular al
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, como terceros con interés en el asunto.
8 Índice 10 del aplicativo SAMAI.
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reconocimiento de derechos pensionales como pensiones, bonos
pensionales, auxilios funerarios, entre otros, a cargo de administradoras del
Régimen de Prima Media liquidadas. Citó el artículo 6 de la Constitución
(prohibición de extralimitación de funciones) y el artículo 5 de la Ley 489 de
1998 (competencia administrativa exclusiva) para sostener que no podía
asumir ni tramitar oficiosamente un asunto que no le competía, y que
cualquier orden judicial en ese sentido sería improcedente. En
consecuencia, solicitó ser desvinculada de la presente acción de tutela.
22. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado9
solicitó negar el amparo porque la sentencia cuestionada no incurrió en los
defectos alegados ni vulneró los derechos fundamentales del accionante.
Explicó que la sentencia cuestionada se fundamentó en el análisis del
material probatorio obrante en el expediente y en la jurisprudencia vigente,
incluida la Sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 de 21 de junio de 2018,
y que no existió una indebida valoración probatoria, pues el caso se analizó
bajo las reglas de la sana crítica, por ello consideró indispensable examinar
los actos administrativos de nombramiento y posesión para determinar la
vinculación territorial alegada por el accionante.
23. Sin embargo, manifestó que dicha vinculación no se constató, ya que
el contenido de los documentos no permitió arribar a esa conclusión, y
precisó que, ante las inconformidades planteadas por la UGPP en el recurso
de apelación, orientadas a desvirtuar la acreditación del vínculo territorial
anterior al 31 de diciembre de 1980, el juez de segunda instancia estaba
habilitado para analizar de manera conjunta las pruebas recaudadas. En
esa medida, concluyó que el hecho de que la decisión resultara
desfavorable al accionante no implicaba que se hubieran vulnerado sus
derechos fundamentales.
24. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca10 allegó el expediente
digitalizado del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
76001-2333-000-2018-00644-00/01, pero no rindió informe.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Conclusión.
2.1. Solicitud de desvinculación
25. En relación con la solicitud de desvinculación manifestada por la
UGPP, la Sala la negará, toda vez que su vinculación se realizó en calidad
9 Índice 12 del aplicativo SAMAI.
10 Índice 9 del aplicativo SAMAI
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de tercero interesado, debido a que fungió como demandada en el
proceso ordinario. En esa medida, podría llegar a tener interés en una
eventual decisión de amparo.
2.2. Cuestión previa
26. Se considera pertinente aclarar que, la vulneración directa de la
constitución se alegó respecto de (1) la negativa en torno a la pensión
gracia, a juicio de la parte actora, con desconocimiento de ciertas pruebas,
y (2) la condena en costas impuesta en la sentencia enjuiciada.
27. En esa medida, se aclara que este defecto de estudiará respecto de
la condena en costas, ya que el primer reparo encuadra en el defecto
fáctico alegado, el cual será objeto de pronunciamiento de manera
separada.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
28. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, tras
evidenciar que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.
29. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional11.
30. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto12; (2) que la
11 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
12 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
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solicitud de amparo no se presente con objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario13; y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad14.
31. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202315,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
32. Bajo este entendido, la Sala considera que la parte actora pretendió
revivir un debate propio del juez natural sobre una situación definida y
consolidada. Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se estudiaran
nuevamente lo relacionado con el reconocimiento y pago de una pensión
gracia, por haber cumplido los requisitos para ello, en especial los 20 años
de servicio como docente territorial o nacionalizado y su vinculación antes
de 31 de diciembre de 1980; reproche que fue cuestionado por la UGPP en
su recurso de apelación16, razón por la cual la autoridad judicial accionada
estudió de nuevo el certificado laboral emitido por la directora de la Normal
Departamental Nuestra Señora de las Mercedes de Zarzal de 7 de octubre
de 1987, prueba que, según la parte actora, fue desconocida y, además, se
refirió a la Sentencia de unificación del Consejo de Estado de 21 de junio de
2018, expediente No. 25000-23-42-000-2013-04683-01.
33. La Sala evidenció que los reparos planteados fueron resueltos por el
juez natural, concretamente, por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, que manifestó lo siguiente (se trascribe):
“30. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018
previó las siguientes pautas jurisprudenciales (…)
Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022
la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la
interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos
del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
13 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
14 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
15 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
16 Ver párrafo 9 de la presente providencia.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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32. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.
33. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió con los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.”
(…)
Revisado el expediente se observa que la rectora, la directora y la secretaria de la
Institución Educativa Normal Departamental Nuestra señora de las Mercedes ubicada
en el municipio de Zarzal, certificaron que el señor Rubén Darío Millán, laboró como
profesor de tiempo parcial, durante los años i) 1978 (15 horas semanales); ii) 1979 (15
horas semanales); iii) 1980 (15 horas semanales); iv) 1981 (15 horas semanales); v) 1982
(15 horas semanales); vi) 1983 (15 horas semanales); vii) 1984 (15 horas semanales); viii)
1985 (12 horas semanales), ix) 1985 (15 horas semanales)
(…)
Ahora, en atención al decreto de pruebas de oficio efectuado por la Sala, se tiene
que la Secretaria de Educación del Valle del Cauca, dio contestación mediante
oficio de 21 de agosto de 2024, adjuntado información laboral del demandante, y en
lo que respecta al periodo objeto de análisis (entre los años 1978 y 1980) no hubo
pronunciamiento alguno, no obstante, indicó que el pago de los salarios fue
financiado con recursos del situado fiscal entre los años (1980 a 2002), y luego precisó
que el docente viene laborando al servicio del departamento del Valle en una plaza
nacional desde el 25 de octubre de 1993.
Pues bien, para la Sala el material probatorio recaudado no resulta suficiente para
establecer la prestación del servicio docente, en tanto, aunque figura la certificación
relacionada con anterioridad en la que se afirma que la institución era de carácter
departamental, no reposa ninguna otra prueba que respalde dicho documento y
ofrezca certeza sobre la forma en que fue vinculado al servicio, dado que no se
aportó acto administrativo de designación o de posesión, como tampoco orden de
servicio y menos aún certificado laboral proveniente de la entidad nominadora, pese
a que se decretó prueba a fin de obtener claridad sobre el desarrollo de la función
docente durante el periodo en estudio; en esa medida las pruebas proporcionadas
como se dijo, resultan insuficientes, no pudiendo pasar por alto la Sala que laboró
desde 1978 en la Normal Departamental Nuestra Señora de las Mercedes de Zarzal,
plaza que según el oficio aportado al plenario luego del decreto de pruebas fue
señalada como del orden nacional, no mediando, se insiste, ningún material
probatorio que con suficiencia desvirtúe las certificaciones allegadas en
cumplimiento del decreto probatorio, que relacionan la plaza como nacional.
En concordancia con lo anterior, la Sala restará merito probatorio a las documentales
antes relacionadas, y dado que no existe otras pruebas en el plenario que ofrezcan
certeza sobre la prestación del servicio docente del actor –bien sea territorial o
nacionalizado- con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, se concluye que no se
acredita dicha exigencia legal para obtener la pensión gracia.
Ahora, valga resalta que la parte demandante tenía pleno conocimiento que este
requisito fue el objeto de discrepancia con la entidad demandada, motivo por el cual
le fue negada en sede administrativa la prestación, por lo que era de su carga
demostrar el cumplimiento del mismo, aportando el material probatorio
correspondiente que llevará al convencimiento del ejercicio docente territorial o
nacionalizado, bien fuera aportando los actos administrativos de designación, o los
contratos de prestación de servicios, certificado de información laboral emitida por
la entidad nominadora, entre otros; pero por el contrario, incumplió con la carga
probatoria a que hace referencia el artículo 167 del Código General del Proceso, que
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Demandante: Rubén Darío Millán
Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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dispone que «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
En similar sentido, la Corte Constitucional se pronunció respecto de la carga de la
prueba en materia pensional cuando existan inconsistencias en la historia laboral del
solicitante, al respecto, la sentencia SU-182 de 2019
(…)
Como resultado del análisis realizado, se advierte que no se encuentra acreditado el
requisito de la prestación del servicio docente con anterioridad al 31 de diciembre de
1980 lo que imposibilita continuar con el estudio de los demás periodos de labor; en
consecuencia, la Sala se releva de analizar las demás exigencias de ley, para obtener
la pensión gracia; lo cual conlleva a revocar la sentencia de primera instancia que
accedió a las pretensiones, incluida la condena en costas.” (Se resalta)
34. Como se observa, la providencia enjuiciada abordó de manera
expresa los cuestionamientos planteados por la parte actora en el escrito de
tutela, relativos a la supuesta omisión de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en pronunciarse sobre el certificado laboral
emitido por la directora de la Normal Departamental Nuestra Señora de las
Mercedes de Zarzal de 7 de octubre de 1987, para demostrar la labor
docente del accionante, con lo cual concluyó que, aún con dicha prueba
en el expediente, no se logró acreditar el requisito de 20 años de servicio
como docente territorial o nacionalizado y su vinculación antes de 31 de
diciembre de 1980, para acceder a las pretensiones de reconocer la
pensión de jubilación gracia a la accionante, ya que no se aportó acto
administrativo de designación o de posesión, como tampoco orden de
servicio o certificado laboral proveniente de la entidad nominadora, por lo
que las pruebas proporcionadas, a su juicio, resultaban insuficientes para
desvirtuar que la plaza de la Normal Departamental Nuestra Señora de las
Mercedes de Zarzal era nacional.
35. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho, el cual puso
de presente las razones por las cuales consideró que existían fundamentos
suficientes para revocar la decisión que accedió a las pretensiones de la
demanda.
36. Ahora bien, frente a la presunta violación directa a la Constitución por
haberse condenado en costas en segunda instancia, la Sala estima que en
el presente caso tampoco se cumplió con el mencionado requisito porque
el debate que la parte actora pretende dilucidar en sede de tutela reviste
un carácter eminentemente patrimonial y económico que ya fue tratado
por el juez natural de la causa de la siguiente manera (se trascribe):
“La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
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Demandante: Rubén Darío Millán
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna
esta materia.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante -parte vencida-,
en ambas instancias, por cuanto la sentencia de primera instancia será revocada
en su totalidad. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. ”
37. Además, se precisa que, aunque la parte actora alegó la trasgresión
de los derechos a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la seguridad social, ello no es suficiente para
dar por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto tiene verdadera
trascendencia constitucional, pues para ello, tal como se ha establecido en
ocasiones anteriores, se requiere demostrar de manera razonable una
restricción desproporcionada del derecho fundamental17.
38. En ese orden de ideas, la acción de tutela iba dirigida a controvertir
la posición de la autoridad judicial accionada, para que el juez
constitucional acogiera la interpretación propuesta por el accionante sobre
la posibilidad de no condenar a la parte demandante al pago de costas
por agencias en derecho, en segunda instancia, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
39. Se aclara que las diferencias interpretativas que existieren entre la
parte demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión, vía
acción de tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el
17 Al respecto, es preciso hacer alusión, entre otras, a las siguientes sentencias: Consejo de Estado. Sección Tercera.
Subsección B, Sentencia de 6 de marzo de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-00529-00; Sentencias de 12 de julio de
2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-00992-01 y 11001-03-15-000-2019-02824-00; Sentencia de 7 de noviembre de 2019,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04459-00, Sentencia de 16 de diciembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-00;
Sentencia de 5 de febrero de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-04762-00; Sentencia de 6 de marzo de 2020, Rad.
11001-03-15-000-2020-00294-00, Sentencia 18 de marzo de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00781-00, Sentencia de
5 de junio de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-01992-00, Sentencia de 27 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-15-
000-2021-01641-01, Sentencia de 1 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-02188-00, Sentencia de 2 de mayo
de 2023, Rad. 11001-03-15-000-2022-06509-00.
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Demandante: Rubén Darío Millán
Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela
contra providencia judicial, pues en este contexto, este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional18.
2.4. Conclusión
40. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Rubén Darío Millán, por las razones señaladas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la UGPP,
por los motivos dados.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberá dirigirlo, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello19.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
18 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
19 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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