Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04238-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04238-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04238-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04238-00
Accionante: JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ MARIÑO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con los requisitos
generales de subsidiariedad y de relevancia constitucional. La parte
accionante cuenta con otro medio de defensa judicial como lo es el recurso
extraordinario de revisión.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por José Raúl González Mariño contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor José Raúl González Mariño, en nombre propio, solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad en conexidad con el
principio de publicidad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 29 de mayo
de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 05001-
33-33-009-2022-00475-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que el 9 de noviembre de 2018 le fue impuesto un comparendo de
tránsito por la presunta conducta de renuencia a la práctica de la prueba de
alcoholimetría y que mediante la Resolución núm. 201950006452 de 31 de enero
de 2019 fue declarado contraventor.
2.2. Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
05001-33-33-009-2022-00475-00/01 contra el distrito de Medellín - Secretaría de
Movilidad en la cual solicitó declarar la nulidad de la Resolución mencionada supra y,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04238-00
Accionante: José Raúl González Mariño
a título de restablecimiento del derecho, que se ordenara la rehabilitación de su
licencia de conducción y la eliminación de la multa impuesta.
2.3. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Medellín, autoridad judicial que, mediante providencia
de 14 de mayo de 2025, negó las pretensiones de la demanda.
2.4. Señaló que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, a través de providencia de 29 de mayo de 2026, confirmó
la decisión supra.
2.5. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra por haber incurrido en un defecto sustantivo y en la causal de
violación directa de la Constitución.
2.6. Como fundamento del defecto sustantivo señaló que “[…] el fallador de segunda
instancia desconoce que el artículo 139 del Código de Tránsito fue derogado en
forma tácita por el artículo 7 de la ley 1696 del 2013 en lo que tiene que ver con las
infracciones de tránsito por embriaguez y en el presente caso se desconoció el
principio de publicidad y el de derecho a la defensa y contradicción al no haberse
notificado la resolución No.201950006452 del 31 de enero de 2019 utilizando los
medios de notificación consagrados en el CPACA para que el infraccionado hubiere
tenido la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa frente a la decisión
adoptada […]”.
2.7. Respecto a la violación directa de la Constitución señaló que “[…] existe una clara
violación del debido proceso, debido a que no existe la diferencia de los cinco minutos
entre la realización de los ensayos No.0129 y No.164 fueron realizados a las 00. horas
y 02 minutos y la práctica de las pruebas de alcoholimetría y diligenciamiento de los
formatos a las 21:00 tal como lo demuestran las pruebas documentales que hacen
parte del expediente. Que el fallador de segunda instancia no se pronuncia referente
a la persona que aparece como operador de la realización de la prueba de
alcoholimetría el señor REY JOSE MEDINA CANO no cumplía con los requisitos de
idoneidad para realizar este tipo de pruebas […]”.
2.8. Mediante escrito recibido el 19 de junio de 2026, el accionante reiteró que “[…]
tanto el juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Medellín y Tribunal
Administrativo de Antioquia desconocieron que el artículo 139 del Código de
Tránsito fue derogado en forma tácita por el artículo 7 de la ley 1696 del 2013 en lo
que tiene que ver con las infracciones de tránsito por embriaguez y en el presente
caso se desconoció el principio de publicidad y el de derecho a la defensa y
contradicción al no haberse notificado la resolución No.201950006452 del 31 de
enero de 2019 utilizando los medios de notificación consagrados en el CPACA […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
3
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Accionante: José Raúl González Mariño
“[…] Se me ampare los derechos Fundamentales de Derecho proceso (sic),
principio de publicidad, derecho a la defensa y contradicción.
Se decrete como lo ilegal la actuación adelanta (sic) por el fallador de primera
y segunda instancia pro (sic) desconocer el régimen legal y procesal que
dispone la ley 1696 de 2013 al momento de notificar la suspensión y cancelación
de licencia.
Se decrete ilegal e inconstitucional el fallo de segunda instancia emitido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA SEXTA DE DECISIÓN-
MAGISTRADO PONENTE: DOHOR EDWIN VARÓN VIVAS, debido a que
contiene una falsa motivación debido a que no se pronuncio (sic) de fondo y de
manera congruente de cada uno de los puntos alegados por el recurrente en el
recurso de apelación.
Se me ampare el derecho al debido proceso, principio de publicidad y debida
notificación, debido a que la secretaria (sic) de movilidad de Medellin (sic) en
ningún momento me envió auto de notificación personal a la dirección registrada
en la orden de comparendo en los términos que dispone el art 66 y 67 del
Código contencioso administrativo. […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 4 de junio de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Medellín - Secretaría de Movilidad y al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Medellín.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y vinculadas, se
allegó el siguiente informe:
5.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia señaló que se atiene a los argumentos
expuestos en la decisión que se ataca vía tutela, sin perjuicio de señalar que está
presto y atento a acatar lo que se disponga.
5.2. LaSecretaría de Movilidad del Distrito de Medellín solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, en la medida que el accionante no acreditó la
configuración de ninguno de los requisitos específicos de procedibilidad excepcional
exigidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
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Accionante: José Raúl González Mariño
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por el accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto sustantivo y en la causal de violación directa de la Constitución.
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04238-00
Accionante: José Raúl González Mariño
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
8
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04238-00
Accionante: José Raúl González Mariño
VI.4. El caso concreto
16. El señor José Raúl González Mariño, en nombre propio, solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad en conexidad con el
principio de publicidad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 29 de mayo
de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 05001-
33-33-009-2022-00475-00/01.
17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de subsidiariedad y de relevancia constitucional.
VI.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad
18. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
19. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en
el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]
20. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza11), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
21. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario
de la acción de tutela, en los siguientes términos:
11
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
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Accionante: José Raúl González Mariño
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”12.
22. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de
25 de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”13.
23. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991
señalan una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando
se trate de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin
agotar los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este
supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la
acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
24. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
25. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que uno de los argumentos
propuestos por el accionante consiste en que “[…] el fallo de segunda instancia
contiene una falsa motivación, debido a que el magistrado no resolvió ni se
pronuncio (sic) de las todas irregularidades alegadas por el accionante el recurso
de apelación […]”, desconociéndose así, presuntamente, el principio de
congruencia.
12
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Accionante: José Raúl González Mariño
26. En el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad porque la
parte accionante tiene a su disposición el recurso extraordinario de revisión.
27. En criterio de lo anterior, esta Sala de Decisión ha sostenido que el recurso
extraordinario de revisión, amparado en la causal 5°, es el medio judicial idóneo
para controvertir la falta de congruencia externa y/o interna de la sentencia. Al
respecto se dijo en el fallo de 16 de febrero de 202314:
“[…] De la revisión del contenido de los argumentos planteados en esta acción
de amparo es dable inferir que la inconformidad del actor se concreta en que la
sentencia de 6 de julio de 2022 violó el principio de congruencia y la garantía
constitucional de doble instancia porque no resolvió de fondo los planteamientos
que se efectuaron contra la decisión de primera instancia.
39. En ese sentido, para esta Sección el debate propuesto en el escrito de tutela
está encaminado a demostrar que el fallo judicial incurrió en una nulidad por
desconocer el principio de congruencia de la sentencia, en tanto que el juez
contencioso se abstuvo injustificadamente de analizar los argumentos
señalados en el recurso de apelación.
40. En relación con el desconocimiento principio de congruencia como causal
de nulidad de la sentencia, cabe traer a colación el siguiente pronunciamiento
de la Sala Octava Especial de Revisión de esta Corporación:
[...] La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y se traduce
en la armonía que deber estar presente en su estructura interna, esto es, la
parte motiva y resolutiva del fallo, como en la externa, entendida como la
coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes. Este principio es una
garantía de que gozan las partes para exigir del fallador una decisión que
resuelva la controversia formulada, no solo frente a las pretensiones que
formula el actor, sino respecto del pronunciamiento que el juez debe realizar de
la defensa de quien funge como parte accionada y que, generalmente, se
propone a título de excepciones. Ahora, la congruencia en la decisión de
segunda instancia está atada a la competencia del superior funcional y al
examen que le corresponde realizar como consecuencia de la revisión de la
providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para que, según su
análisis, la revoque, modifique o si lo encuentra pertinente, la confirme, de
acuerdo con el artículo 320 armonizado con el 281, ambos del CGP [...].
41. En consecuencia, esta Sección debe concluir que la supuesta omisión que
se atribuye por la parte actora a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es susceptible de ser invocada como causal de revisión,
motivo por el cual la acción de amparo resulta improcedente ante el
desconocimiento del principio de subsidiariedad […]”. [Subrayado fuera del
texto].
28. En ese orden de ideas, la Sala considera que los argumentos expuestos por
el accionante son susceptibles de plantearse a través de otro mecanismo de
defensa judicial y, además, en el asunto de la referencia no se demostró la
configuración de un perjuicio irremediable15.
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de febrero de 2023. Exp. N°
11001-03-15-000-2023-6776-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
15
Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones
u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto no puede
ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1)
el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04238-00
Accionante: José Raúl González Mariño
VI.4.2. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
29. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental16 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones17.
18
30. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales , el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces19.
31. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación20, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera de texto].
21
32. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es,
que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).
16 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
17 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
18
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
19
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
20
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04238-00
Accionante: José Raúl González Mariño
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
33. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202322.
22
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04238-00
Accionante: José Raúl González Mariño
34. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales23.
35. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio el accionante alega que el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad en conexidad con el
principio de publicidad, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo
y en la causal de violación directa de la Constitución.
36. Sobre el defecto sustantivo adujo que “[…] Que el fallador de segunda instancia
desconoce que el artículo 139 del Código de Tránsito fue derogado en forma tácita
por el artículo 7 de la ley 1696 del 2013 en lo que tiene que ver con las infracciones
de tránsito por embriaguez y en el presente caso se desconoció el principio de
publicidad y el de derecho a la defensa y contradicción al no haberse notificado la
resolución No.201950006452 del 31 de enero de 2019 utilizando los medios de
notificación consagrados en el CPACA para que el infraccionado hubiere tenido la
oportunidad de ejercer su derecho a la defensa frente a la decisión adoptada […]”.
37. Respecto a la violación directa de la Constitución señaló que “[…] existe una clara
violación del debido proceso, debido a que no existe la diferencia de los cinco minutos
entre la realización de los ensayos No.0129 y No.164 fueron realizados a las 00. horas
y 02 minutos y la práctica de las pruebas de alcoholimetría y diligenciamiento de los
formatos a las 21:00 tal como lo demuestran las pruebas documentales que hacen
parte del expediente. Que el fallador de segunda instancia no se pronuncia referente
a la persona que aparece como operador de la realización de la prueba de
alcoholimetría el señor REY JOSE MEDINA CANO no cumplía con los requisitos de
idoneidad para realizar este tipo de pruebas […]”.
38. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto.
39. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04238-00
Accionante: José Raúl González Mariño
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales […]”.
40. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que el Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.
41. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la providencia cuestionada:
“[…] De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a esta Sala determinar:
¿La Resolución No 201950006452 del 31 de enero de 2019 fue notificada en
debida forma, o, por el contrario, se vulneró el debido proceso del actor al no
surtirse una notificación personal en los términos de los artículos 67 y 68 del
CPACA, conforme a la remisión especial de la Ley 1696 de 2013?
¿El procedimiento administrativo sancionatorio está viciado de nulidad por las
presuntas irregularidades en la actuación de los agentes de tránsito, la falta de
prueba sobre la conducción del vehículo y los defectos en el trámite de la prueba
de alcoholemia?
4. Respuesta a los Interrogantes Jurídicos
4.1. Sobre la debida notificación del acto sancionatorio
El cargo principal del recurrente se centra en una presunta vulneración al debido
proceso por indebida notificación. Sostiene que, al tratarse de un acto que
cancela la licencia de conducción por una infracción relacionada con
embriaguez, la Ley 1696 de 2013 exige una notificación personal conforme a
las reglas del CPACA, la cual, a su juicio, no se surtió.
El argumento no está llamado a prosperar. Si bien es cierto que el parágrafo del
artículo 26 del CNT (modificado por la Ley 1696 de 2013) remite a las
disposiciones del CPACA para la notificación de la suspensión o cancelación
de la licencia, el apelante interpreta de forma restrictiva y equivocada el alcance
de dicha remisión.
El artículo 67 del CPACA, al regular la notificación personal, establece
diferentes modalidades para llevarla a cabo. Una de esas modalidades, prevista
en el numeral 2, es precisamente la notificación en estrados, que opera para
"" toda decisión que se adopte en audiencia pública.
A su vez, el artículo 136 del CNT, que regula el procedimiento contravencional,
es diáfano al señalar que si el inculpado, notificado con el comparendo, no
comparece a la audiencia pública sin justa causa, "la autoridad de tránsito (...)
seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose
en audiencia pública y notificándose en estrados".
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04238-00
Accionante: José Raúl González Mariño
Este fue exactamente el procedimiento que agotó la Secretaría de Movilidad de
Medellín. El señor González Mariño fue citado a través de la orden de
comparendo; no compareció a la audiencia; la autoridad celebró la diligencia,
profirió la decisión y la notificó en estrados. Dicha notificación, por expresa
disposición legal (CPACA, art. 67, num. 2), surte todos los efectos de una
notificación personal. Por lo tanto, no se evidencia vulneración alguna al
derecho de defensa o al debido proceso en este aspecto.
4.2. Sobre las presuntas irregularidades en el procedimiento
El apelante plantea una serie de vicios procedimentales que, en su criterio,
invalidan la sanción. Se analizan a continuación:
Falta de certeza sobre la conducción y ausencia de orden de pare: El actor
alega que el vehículo ya estaba estacionado y que los agentes no lo vieron
conducir. Este argumento carece de asidero, no solo porque los agentes
Xiomara Ramírez y Juan de Dios Úsuga declararon bajo juramento haber
presenciado la maniobra irregular del automotor, sino porque obra en el
expediente documental el formato de 'Plenas Garantías' debidamente suscrito
y con la huella dactilar del propio demandante en el lugar y hora de los hechos.
Dicha suscripción convalida el abordaje de la autoridad y desvirtúa
materialmente la teoría de una intervención sorpresiva e infundada a un
vehículo inactivo, robusteciendo la presunción de acierto y legalidad de la
función policial."
Vicios en el trámite de la prueba de alcoholemia (blancos, equipos, etc.) y
falta de idoneidad del operador: Estos argumentos, que ocupan una parte
sustancial del recurso, son impertinentes para el caso concreto. La sanción
impuesta al demandante no fue por conducir en estado de embriaguez, sino por
renuencia, es decir, por negarse a la práctica de la prueba, conducta
sancionada de forma autónoma por el parágrafo 3 del artículo 152 del CNT. Al
negarse el conductor a someterse al procedimiento, cualquier discusión sobre
la calibración del equipo, la hora de las pruebas en blanco o la pericia del
operario se torna inocua, pues la prueba jamás se realizó. Lo relevante es que
existió un requerimiento con "plenitud de garantías", lo cual se acredita con el
formato que el propio actor firmó y en el que se le informaron las consecuencias
de su negativa.
Falta de evidencia fílmica: El artículo 6 de la Ley 1696 de 2013 establece que
el Gobierno Nacional implementará los mecanismos tecnológicos para que los
procedimientos queden registrados en video. Esta es una norma de carácter
programático que impone una obligación de modernización al Estado, pero su
texto no consagra que la ausencia de un video constituya una causal de nulidad
del procedimiento. La prueba principal en estos casos sigue siendo el testimonio
del agente de tránsito y los documentos del procedimiento, los cuales obran en
el expediente.
En suma, los vicios alegados por el recurrente no tienen la entidad suficiente
para quebrar la presunción de legalidad que ampara a la Resolución No.
201950006452 del 31 de enero de 2019. El procedimiento se adelantó conforme
a las normas que lo regulan y se garantizaron los derechos del administrado,
quien, debidamente notificado, decidió no participar en la audiencia donde pudo
haber ejercido su defensa […]”.
42. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04238-00
Accionante: José Raúl González Mariño
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
43. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”24. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”25.
44. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”26.
45. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir con los requisitos generales de subsidiariedad y
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
25
Ibidem
26
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04238-00
Accionante: José Raúl González Mariño
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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