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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04239-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04239-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la UDAE. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Ricardo Quintero Araujo, por las razones expuesta en este proveído. TERCERO: ORDENAR a la UDAE que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a remitir los datos estadísticos faltantes relacionados en la parte motiva, para que la respuesta a la petición del 11 de mayo de 2026 sea completa, de fondo, clara y congruente. Ello deberá ser debidamente 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Ricardo Quintero Araujo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-04239-00 notificado a la parte actora y, en caso de que no poder hacer entrega de la información, deberá fundamentar sus razones. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04239-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04239-00
Demandante: RICARDO QUINTERO ARAUJO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Temas: Tutela por presunta vulneración del derecho de petición.
Ampara.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación1.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 2 de junio de 20262, el señor Ricardo Quintero Araujo, obrando en nombre
propio, instauró acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura y la
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (en adelante UDAE), con la que
pretende el amparo de su derecho fundamental de petición.

El accionante consideró vulnerada la referida garantía constitucional, con ocasión
de la falta de respuesta a la petición elevada el 11 de mayo de 2026, en la que
solicitó que se le indicara el número de acciones de tutela, cumplimiento,
populares, de grupo y habeas corpus interpuestas desde la entrada en vigor de la
Constitución Política de 1991 hasta la fecha.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental
invocado y, en consecuencia, pidió:

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2
Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Demandante: Ricardo Quintero Araujo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04239-00

[…] ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, para que en el
término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a resolver de fondo el
Derecho de Petición instaurado por el suscrito.

SEGUNDA: Subsidiario a lo anterior, respetuosamente solicito al Señor Juez,
ordenar todo lo que el despacho considere pertinente para garantizar el
restablecimiento de mi derecho fundamental de Petición3.

1.3. Hechos

La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

El 11 de mayo de 2026, el señor Ricardo Quintero Araujo, fungiendo como director
ejecutivo del Centro de Estudios Políticos y Económicos del Cesar (CEPECE),
radicó petición ante el Consejo Superior de la Judicatura al buzón web
info@cendoj.ramajudicial.gov.co en los siguientes términos:

1.- Se me informe, con el nivel de desagregación disponible, sobre el número de
acciones de tutela, acciones de cumplimiento, acciones populares, acciones de
grupo y hábeas corpus interpuestas desde la entrada en vigencia de la
Constitución Política de 1991 hasta la fecha.

La información solicitada deberá estar discriminada, en la medida de lo posible:
a) por año (y por mes, si se encuentra disponible);
b) por tipo de acción constitucional;
c) por derecho o interés colectivo cuya protección se invoca;
d) por entidad territorial (municipio y/o departamento) donde se interpuso.

La presente petición se fundamenta en fines académicos del CEPECE.

Al día siguiente, fue remitido por el Consejo Superior de la Judicatura a los
siguientes correos electrónicos: mepjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co y
udae@cendoj.ramajudicial.gov.co.

1.4. Fundamentos de la vulneración

El accionante manifestó que, hasta la fecha de la interposición de la acción de
tutela, las autoridades accionadas no le habían dado respuesta a su petición del
11 de mayo de 2026, a pesar que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley
1755 de 2015, le debieron contestar a más tardar el 1º de junio del año en curso.

Asimismo, expuso que la omisión de respuesta constituyó una clara y abierta
violación al derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política.

3
Transcripción literal que puede contener errores.
2
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Demandante: Ricardo Quintero Araujo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
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1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 5 de junio de 2026, la Magistrada Ponente admitió la demanda
de tutela, ordenó notificar a la parte demandante4 y, como parte demandada, al
Consejo Superior de la Judicatura5 y a la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico6.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

En informe allegado el 11 de junio de 2026, la directora de la unidad expuso que
por medio del Oficio UDAEO26-2394 del 27 de mayo de 2026, se le dio respuesta
al accionante, sin embargo, la documentación fue remitida a un correo electrónico
incorrecto7; razón por la que el 9 de junio siguiente, se procedió a realizar el envío
de forma satisfactoria.

En consecuencia, advirtió que a la fecha existía una respuesta material respecto
de la inquietud formulada, emitida por la autoridad competente y notificada en
debida forma al señor Quintero Araujo.

Por lo tanto, solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho
superado, en atención a que se había atendido de forma clara, precisa y
congruente la petición elevada y, a su vez, que se desvinculara a la entidad del
trámite constitucional.

1.6.2. Ricardo Quintero Araujo

En memorial del 12 de junio del año en curso, el tutelante adujo que la UDAE dio
respuesta a su petición con posterioridad a la admisión de la presente acción, en
la que le aclaró que las estadísticas se encontraban digitalizadas desde el año
2007, aunque fueran recopiladas desde 1997.

Así, puso de presente que comprendía las dificultades para remitir la información
correspondiente al periodo antes del 2007, no obstante, la documentación
suministrada se encontraba incompleta, puesto que la totalidad de lo pedido se
encontraba para las acciones de cumplimiento, populares y de grupo; más no se
hallaban los registros de las acciones de tutela de los años 2010 a 2015, así como

4
Índice 7 de Samai. La notificación se realizó al correo electrónico: notificaciones@cepce.co.
5
Índice 7 de Samai. Notificación enviada a: presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co.
6
Índice 7 de Samai. La notificación se realizó al buzón web: udae@cendoj.ramajudicial.gov.co.
7
En primer lugar fue remitido a notificaciones@cepce.com.co, siendo la dirección electrónica
correcta: notificaciones@cepce.co.
3
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los habeas corpus para los años 2007 a 2009 y 2014, 2015 y 2017 a 2025. Por
consiguiente, solicitó que se completara la información faltante por parte de la
UDAE.

1.6.3. Pese a que el Consejo Superior de la Judicatura fue notificado en debida
forma, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
el señor Ricardo Quintero Araujo de conformidad con lo dispuesto por los artículos
86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8. °
del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1. º
del Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige contra el Consejo Superior de
la Judicatura.

2.2. Solicitud de desvinculación

La UDAE solicitó su desvinculación del presente trámite, en atención a que ya
había resuelto la petición del actor mediante el Oficio UDAEO26-2394 de 2026. No
obstante, se denegará, puesto que la entidad fue señalada como demandada por
la parte actora y, por lo tanto, se debe revisar si de alguna forma violó el derecho
fundamental alegado o puede ejercer alguna actividad tendiente a superar la
vulneración descrita por la parte tutelante.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:

• ¿La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico vulneró el derecho
fundamental de petición del señor Ricardo Quintero Araujo con ocasión
de la falta de respuesta a la solicitud realizada el 11 de mayo de 2026?

Para resolver tal problema jurídico, resulta pertinente analizar los siguientes
temas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) del derecho de petición y, iii) el
caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
4
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La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable8.

2.5. Del derecho de petición

El derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se traduce en
la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes respetuosas para
obtener información o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva a las
autoridades correspondientes o a los particulares y obtener una pronta y completa
respuesta a sus inquietudes.

La naturaleza de este derecho está establecida en la Constitución de 1991, como
de aplicación inmediata, dada su pertenencia al ámbito de los derechos inherentes
a la persona y su relevancia para la participación de la misma, así como para
asegurar el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, al igual que
los deberes sociales del Estado y la posibilidad de hacer realizables otros derechos
fundamentales9.

Diversos pronunciamientos de orden constitucional han definido los presupuestos
esenciales del derecho de petición así: i) en la posibilidad de formular peticiones
respetuosas, por motivos de interés general o particular y ii) en la obtención de una
pronta resolución del asunto puesto en consideración. Esos componentes del
derecho de petición son inescindibles, esto es, que el goce y satisfacción del
mismo se realiza una vez ambos se verifiquen; por lo tanto, el derecho se concreta
en la formulación de una petición, pero se efectiviza con la resolución pronta y
material, independientemente de si la respuesta resulta o no favorable10.

De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la resolución
efectiva, sino que, es necesario que esta se dé a conocer al interesado. Al
respecto, el máximo tribunal constitucional ha señalado:

Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse
su sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la
respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en
conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto
no podrá afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente11 (Negrita y
subrayado fuera del texto).

8
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
9
Corte Constitucional. Sentencias T-552 del 1.10.98. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-542 del
13.06.06. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-451 del 26.05.11. M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto, entre otras.
10
Corte Constitucional. Sentencias T-495 del 12.08.92., T-010 del 18.01.933, T-392 del
06.09.94., T-392 del 05.09.95. y T-291 del 02.07.96.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-529 del 17.11.95., M.P. Fabio Morón Díaz.
5
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Lo anterior, no solo indica su importancia en el ámbito jurídico, sino que esta
trasciende considerablemente al nivel social, pues es este el mecanismo de
interacción entre las entidades y el particular, y su desconocimiento traería consigo
inseguridad jurídica y desconfianza en la administración.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante sentencia C-
818 de 2011, declaró inexequible los artículos 3 a 33 de la Ley 1437 de 2011,
referentes al derecho de petición, es del caso precisar que los efectos de dicha
sentencia fueron diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, con el fin de que el
Congreso expidiera la ley estatutaria correspondiente.

Sobre el particular, a través de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, se reguló el
derecho constitucional de petición y se sustituyó un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normatividad que
entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

Por otra parte, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «[…] la respuesta al derecho de
petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema
semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución
entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas
ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello
implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de
manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información
adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta
puede significar una aclaración plena de la respuesta dada […]»12.

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «[…] los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante […]»13.

Por lo tanto, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca14.

12
Corte Constitucional, sentencia T-149 del 19.03.13., M.P. Luis Guillermo Pérez.
13
Ibídem.
14
Sobre el tema, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
M.P. Susana Buitrago Valencia, Sentencia 22.03.12., Rad. 25000-23-25-000-2012-00150-01,
6
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2.6. Caso concreto

El señor Ricardo Quintero Araujo alegó la vulneración de su derecho fundamental
de petición, con ocasión de la falta de respuesta a la petición radicada el 11 de
mayo de 2026 en el buzón web del Consejo Superior de la Judicatura que,
posteriormente, fue remitida a la entidad la UDAE.

Mediante informe allegado al presente trámite constitucional por la autoridad
accionada se indicó que, a través del correo electrónico del 27 de mayo del año
en curso, le dio respuesta a la petición del actor, sin embargo, no fue remitido al
correo electrónico correcto, por lo que fue debidamente notificado el 9 de junio
siguiente. A continuación, se observa la contestación otorgada:

De los documentos adjuntos con la contestación, se encuentra un documento en
formato de hoja de cálculo (Excel) en el que se discriminan los distintos
mecanismos constitucionales dependiendo de la anualidad, como se evidencia en
la ficha técnica:

7
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Si bien, el actor solicitó la entrega de toda la información estadística relativa a los
distintos mecanismos constitucionales desde la promulgación de la Carta Política
de 1991, lo cierto es que la autoridad accionada justificó en la respuesta otorgada
al peticionario que solamente a partir de 1997 se inició la recolección de
estadísticas sobre la gestión judicial de los despachos y que desde el 2007 se
implementó tal recuento de información de la web.

Ante ello, el señor Quintero Araujo manifestó su comprensión de la dificultad para
proporcionar los datos anteriores al año 2007. No obstante, censuró la ausencia
de los registros relativos a las acciones de tutela de los años 2010 a 2015, así
como de los habeas corpus para los años 2007 a 2009 y 2014, 2015 y 2017 a
2025.

De la revisión detallada del archivo en mención, esta Sala encuentra acertado el
dicho del actor relativo a la información faltante, puesto que, en efecto, la hoja de
cálculo allegada no contiene los datos de los periodos previamente descritos, a
excepción de los registros de habeas corpus para los años 2018 y 2019.

En consecuencia, se evidencia una entrega parcial e incompleta de la información
solicitada, lo cual no satisface el núcleo esencial del derecho de petición, en la
medida en que la autoridad accionada guardó silencio frente a los datos

8
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estadísticos faltantes, sin exponer las razones que le impedían o dificultaban su
suministro.

El derecho fundamental de petición no solo se vulnera cuando la administración
omite responder la solicitud presentada por el ciudadano, sino también cuando la
respuesta emitida resulta incompleta, evasiva o insuficiente frente a los asuntos
planteados.

La jurisprudencia constitucional ha señalado de manera reiterada que la garantía
de este derecho exige una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente con lo
solicitado, de manera que permita al peticionario conocer la posición de la
autoridad respecto de cada una de sus pretensiones. En consecuencia, cuando la
entidad omite pronunciarse sobre aspectos esenciales de la petición o proporciona
una contestación parcial que no resuelve integralmente las inquietudes
formuladas, se configura una vulneración del derecho de petición, pues no se
satisface el deber constitucional de brindar una respuesta efectiva y materialmente
adecuada.

Así las cosas, resulta claro que la UDAE vulneró el derecho fundamental de
petición del señor Ricardo Quintero Araujo, pues pese a que le otorgó una
respuesta a su solicitud, esta no fue completa.

En ese sentido, se amparará la garantía en mención y se ordenará a la UDAE que,
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente providencia,
proceda a remitir los datos estadísticos faltantes, para que la respuesta a la
petición del 11 de mayo de 2026 sea completa, de fondo, clara y congruente. En
caso de no poder hacer entrega de la información, deberá indicar las razones de
ello.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la UDAE.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Ricardo
Quintero Araujo, por las razones expuesta en este proveído.

TERCERO: ORDENAR a la UDAE que, dentro de los diez (10) días siguientes a
la notificación de esta providencia, proceda a remitir los datos estadísticos faltantes
relacionados en la parte motiva, para que la respuesta a la petición del 11 de mayo
de 2026 sea completa, de fondo, clara y congruente. Ello deberá ser debidamente
9
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Demandante: Ricardo Quintero Araujo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04239-00

notificado a la parte actora y, en caso de que no poder hacer entrega de la
información, deberá fundamentar sus razones.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

10
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