Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04244-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04244-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04244-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04244 00
Accionante: José Ramón Díaz Parra
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de inmediatez
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor José Ramón Díaz Parra en
contra de la providencia proferida el 4 de julio de 20251 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad)
identificado con el radicado núm. 76109 33 33 002 2022 00061 00/01/02.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor José Ramón Díaz Parra, actuando por conducto de apoderado, promovió acción
de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, y para ello formuló las siguientes pretensiones2:
1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
mínimo vital, a la seguridad social, a la vida digna, a la confianza legítima, a la
buena fe y a la protección reforzada del adulto mayor del señor JOSÉ RAMÓN
DÍAZ PARRA, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA y por la UGPP.
2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca que anuló el reconocimiento pensional del señor José Ramón
Díaz Parra, por incurrir en los defectos de: (a) desconocimiento del precedente
judicial vinculante del Consejo de Estado; (b) defecto sustantivo en la
interpretación de los efectos de la nulidad del acto general sobre el acto particular;
y (c) violación directa de la Constitución Política por omitir el deber de protección
reforzada del adulto mayor y el juicio de proporcionalidad.
3. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA proferir
una nueva sentencia que acate el precedente vinculante del Consejo de Estado
de 2021 y aplique los estándares constitucionales y convencionales de protección
del adulto mayor.
1 El despacho aclara que, si bien en el escrito de tutela no se indicó con precisión esta providencia, de la
documentación allegada se advierte que esa es la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca que reprocha el accionante.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04244 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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4. ORDENAR a la UGPP la reactivación inmediata y definitiva del pago de la
pensión de jubilación del señor José Ramón Díaz Parra, con el pago de todas las
mesadas causadas y no canceladas desde la fecha de suspensión, con la
indexación correspondiente.
5. ORDENAR a la UGPP el cese definitivo de todas las actuaciones
administrativas dirigidas a la recuperación de mayores valores presuntamente
pagados al señor Díaz Parra.
6. Como medida provisional y urgente, adoptar las medidas descritas en el
Capítulo X del presente escrito. (Mayúsculas originales del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante relató que es médico, tiene más de ochenta años de edad y que, mediante
Resolución núm. 4821 de 1992, Colpuertos le reconoció una pensión de jubilación, con
ocasión de los servicios prestados al Estado.
Agregó que también percibía otra pensión derivada de una relación laboral distinta, la
cual, en su criterio, era compatible con la primera, de conformidad con el régimen
pensional aplicable y el artículo 32 del Decreto 1042 de 1978. Sostuvo que, durante más
de 30 años, recibió ambas prestaciones de manera pública, continua e ininterrumpida,
sin ocultar información ni incurrir en conducta fraudulenta alguna.
Afirmó que dicha situación fue conocida por el Estado, que mantuvo el pago de las
mesadas y, con ello, consolidó una situación jurídica amparada por los principios de
buena fe y confianza legítima.
Señaló que, en el año 2021, el Consejo de Estado resolvió una demanda promovida por
la UGPP y negó las pretensiones de esa entidad. Según el actor, en dicha providencia se
concluyó que existía compatibilidad entre las dos pensiones que percibía, con
fundamento en el artículo 32 del Decreto 1042 de 1978.
Manifestó que, pese a lo anterior, la UGPP promovió una nueva acción de lesividad, esta
vez fundada en la nulidad de la Resolución núm. 805 de 1991. Alegó que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, al resolver ese proceso, anuló el reconocimiento
pensional efectuado a su favor, pese a que, en su criterio, existía un precedente del
Consejo de Estado sobre la compatibilidad de las pensiones que percibía.
Asimismo, sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, defecto sustantivo, violación de la confianza legítima y de la buena
fe constitucional, así como en violación directa de la Constitución Política.
Sobre el primer defecto, invocó las sentencias T-794 de 2011, SU-354 de 2017, SU-573
de 2019, T-322 de 2021, SU-214 de 2022 y T-102 de 2022, relacionadas con la fuerza
vinculante del precedente judicial. Además, citó las sentencias C-634 de 2011 y T-830 de
2012, para señalar que el Tribunal accionado estaba obligado a seguir la ratio decidendi
de la sentencia del Consejo de Estado del año 2021 o, en su defecto, apartarse de ella
mediante una justificación expresa, suficiente y razonada.
En concreto, argumentó que el Tribunal accionado desconoció ese precedente al fundar
la decisión anulatoria en la nulidad de la Resolución núm. 805 de 1991, sin abordar la
regla que, a su juicio, había fijado el Consejo de Estado sobre la compatibilidad de sus
pensiones. A su vez, adujo que dicha autoridad judicial concluyó indebidamente que la
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nulidad de un acto general implicaba automáticamente la invalidez del acto particular que
reconoció la pensión del señor Díaz Parra.
También alegó que la autoridad judicial accionada omitió valorar su condición de adulto
mayor, las consecuencias de la suspensión pensional sobre su mínimo vital y la
necesidad de aplicar un análisis reforzado antes de adoptar una medida que afectaba
una prestación de carácter alimentario, percibida durante más de tres décadas.
En cuanto a la procedencia de la acción de tutela, el actor afirmó que el asunto tenía
relevancia constitucional, porque involucraba la protección de los derechos
fundamentales de una persona de más de ochenta años. De igual forma, sostuvo que se
cumplía el requisito de subsidiariedad, en tanto no contaba con un medio ordinario eficaz
para obtener la protección inmediata de sus garantías, así como el de inmediatez, pues
la solicitud de amparo fue presentada dentro de un término razonable, atendidas las
circunstancias particulares del caso y su condición de adulto mayor.
Finalmente, aseguró que la suspensión de la pensión comprometió gravemente su
subsistencia digna, pues se trata de una prestación que, dada su edad y condición de
médico retirado, resulta necesaria para atender sus gastos básicos de alimentación,
salud, vivienda y bienestar.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 2 de junio de 20263 y correspondió por reparto a esta Sección
que, por auto del 3 de junio de 20264 la admitió, negó la medida cautelar dispuso notificar5
al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y
vincular6 al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura, como tercero
con interés en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura para que allegaran copia digital del
expediente identificado con radicado núm. 76109 33 33 002 2022 00061 00/01/02, el cual
fue remitido7.
3.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura allegó escrito8 en el
que indicó que las decisiones adoptadas dentro del proceso fueron proferidas en ejercicio
de las competencias atribuidas al juez natural de la causa, con observancia de los
principios de autonomía e independencia judicial, y que se encuentran debidamente
motivadas en los hechos acreditados y en las normas jurídicas aplicables al caso
concreto.
3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04244 00.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04244 00.
5 Esta orden se cumplió el 9 de junio de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04244 00.
6 Ibidem
7 Visto en los índices 11 y 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 04244 00.
8 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04244 00.
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Por lo anterior, solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela, al considerar
que no existe conducta, actuación u omisión atribuible a ese despacho que constituya
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados.
3.3. La UGPP9 manifestó que la acción de tutela era improcedente, porque el accionante
pretendía dejar sin efectos la sentencia del 4 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, a pesar de que fue dictada por el juez natural y se
encuentra ejecutoriada.
Indicó que no se acreditaron los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, pues el actor
contaba con el recurso extraordinario de revisión para controvertir la providencia
cuestionada. Además, sostuvo que no se configuró vía de hecho, defecto sustantivo ni
defecto fáctico, en tanto la decisión se sustentó en las normas aplicables, la
jurisprudencia vigente y las pruebas allegadas al proceso.
Agregó que la acción de tutela no podía utilizarse como una instancia adicional para
reabrir un debate ya decidido por la jurisdicción competente, ni para reclamar
prestaciones económicas negadas en sede judicial.
3.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió el expediente ordinario
solicitado; sin embargo, no se pronunció frente a los hechos ni a las pretensiones de la
acción de tutela.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 10 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,11 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
9 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04244 00.
10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
11 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
12 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:
4.2.1. La UGPP promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
(lesividad) contra el señor José Ramón Díaz Parra, con el propósito de obtener la nulidad
del acto administrativo mediante el cual se le reconoció la pensión de jubilación por parte
de Colpuertos.
Como consecuencia, solicitó que se dejara sin efectos el reconocimiento pensional
efectuado a favor del demandado y se adoptaran las órdenes correspondientes frente a
las sumas pagadas por dicho concepto.
4.2.2. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Buenaventura, despacho que, mediante sentencia del 10 de agosto
de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda. En concreto, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 4821 del 18 de febrero
de 1992, por la cual la empresa Puertos de Colombia reconoció una pensión
proporcional de jubilación al señor José Ramón Díaz Parra, con fundamento en
los motivos expuestos y de aquellos actos administrativos que se deriven del
mismo.
SEGUNDO: NEGAR el reembolso o devolución de sumas de dineros pagadas
al señor José Ramón Díaz Parra, conforme a lo expuesto en la parte considerativa
de este proveído.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. CUARTO: SIN
CONDENA en costas
4.2.3. Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandada interpuso
recurso de apelación. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante sentencia del 4 de julio de 2025, confirmó la providencia apelada.
4.2.4. La anterior decisión fue notificada el 9 de julio de 2025, según constancia de envío
de notificación obrante en el expediente ordinario.
4.3. CUESTIÓN PREVIA
En relación con la solicitud de desvinculación formulada por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Buenaventura, la Sala advierte que no hay lugar a acceder
a ella, toda vez que dicha autoridad fue vinculada al presente trámite en calidad de tercero
con interés en el resultado del proceso.
Lo anterior, en atención a que profirió la sentencia de primera instancia dentro del proceso
ordinario que dio lugar a la providencia judicial cuestionada en sede de tutela.
4.4 ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
14 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado núm. 76109 33 33 002 2022 00061 00/01/02. Visto en los índices 12 y 13 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04244 00.
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instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es
la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, esta debe formularse
en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración,
pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter excepcional.
En este sentido, en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional destacó que la
importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la providencia que se
controvierte y la interposición de la acción de tutela, radica en que dicho requisito: “(…)
(i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas
de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes
negligentes (…)”.
La citada Corporación estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un
largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos: (i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a
quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho
de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros15.
La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición16.
De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del 21 de junio de
2018, explicó lo siguiente:
[…] la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y razonable, es
decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó la vulneración o
amenaza. No obstante, también ha considerado que en los eventos donde la
afectación permanece en el tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque
la posición desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante […].
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia17 y, en cuanto al requisito de inmediatez,
15 Sentencia T-584 de 2011.
16 Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 03 15 000 2012 02201 01.
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Accionante: José Ramón Díaz Parra
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estableció que «(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
(…)». [Negrillas del texto].
Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general,
la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de
la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en
consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre
el accionante.
En el asunto bajo examen, el señor José Ramón Díaz Parra cuestiona la sentencia del 4
de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que confirmó
la dictada el 10 de agosto de 2023 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Buenaventura, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
(lesividad) identificado con el radicado núm. 76109 33 33 002 2022 00061 00/01/02.
En ese sentido, y comoquiera que la providencia del 4 de julio de 2025 fue notificada el 9
de julio de 202518 y la presente acción de tutela fue radicada el 2 de junio de 2026 19,
se desprende que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de inmediatez, dado
que fue promovida luego de transcurridos más de seis meses desde la notificación de la
providencia cuestionada.
Adicional a lo anterior, la Sala observa que la parte accionante no ofreció ningún motivo
que justifique su inactividad en la interposición de la acción en un término prudencial, ni
se advierte, prima facie, que se encuentre en condiciones de debilidad manifiesta, por
consiguiente, no se evidencia alguna circunstancia que valide la interposición tardía de
la presente tutela.
Cabe precisar que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 20,
relacionada con acciones de tutelas promovidas contra providencias judiciales en las que
se controvirtieron asuntos sobre prestaciones periódicas, como ocurre en el presente
caso, esta Sección concluyó lo siguiente:
“[…] siempre que se trate de una acción de tutela contra providencia judicial que
verse sobre prestaciones periódicas, se realizará el análisis del cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual deberá
efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre que la vulneración de los
derechos permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el hecho que
la originó sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor
se encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”21.
En lo que respecta al primer requisito mencionado en precedencia, esto es, que se trate
de una prestación periódica y, de contera, una vulneración continua y actual, en sentencia
de 30 de julio de 2015, la Sala señaló que:
18 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 76109
3333 002 2022 00061 02.
19 Visto en los índices 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 04244 00.
20 Sentencia del T-374 del 18 de mayo de 2012 y T-315 del 1 de abril de 2005.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo
de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 11001-03- 15-000-2013-02423-01.
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“[…] La Sección Segunda de esta Corporación se ha pronunciado de manera
reiterada y uniforme con relación a qué debe entenderse por prestaciones
periódicas.
Así, en proveído de 1° de octubre de 2014, la Sección Segunda del Consejo de
Estado, consideró lo siguiente:
“No es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según la cual el tema que
aquí se discute corresponde a la reclamación de prestaciones periódicas, ya que
tal calidad se predica tan sólo del derecho a la pensión de jubilación de las
personas de la tercera edad como claramente lo tiene sentado esta Corporación
en su jurisprudencia, como a continuación se precisa en uno de sus apartes:
“Si la interpretación sobre lo que debe entenderse por prestación periódica fuera
el significado lingüístico de las palabras, sería elemental que el actor tendría razón.
No obstante, tal método, cuando la ley se encarga de poner ejemplos sobre los
cuales son las prestaciones periódicas, no es eficaz y debe atenderse a la
orientación que brinda aquella. En efecto, el artículo 131,6 letra b) del CCA, se
refiere a las pensiones de jubilación y de invalidez como prestaciones periódicas,
referencia que debe observase para los efectos del inciso 3º del artículo 136
ibidem, pues la norma en últimas lo que da a entender es que tratándose de
derechos que existen durante la vida del titular y después respecto de los
beneficiarios llamados a sustituirse también en forma vitalicia (cónyuge,
compañera o hijo inválidos), es lógico, justificable y razonable que en cualquier
tiempo pueda discutirse tales prestaciones, para diferenciarlas de los demás
derechos laborales que no son vitalicios y por consiguiente la definición de las
controversias sobre los mismos, debe hacerse en los términos de la caducidad
establecida para ellos, vale decir, a meses.
[…]
Visto lo anterior, resulta claro para la Sala que las prestaciones periódicas son
aquellos emolumentos que se reciben de manera vitalicia e indefinida y que son
susceptibles de ser sustituidos a sus beneficiarios (cónyuge, hijos, hermanos,
etc.). Asimismo, se consideran como tales, aquellos valores devengados de
manera constante, en virtud de un vínculo laborar vigente, de tal manera,
que, si éste se termina, desaparece la calidad de periodicidad de dichos
reconocimientos […]”. (Se destaca).
Frente a lo anterior, para la Sala no pasa inadvertido que el asunto se relaciona con una
prestación periódica, pues, como quedó visto, la parte actora pretende que a través del
presente mecanismo constitucional se deje sin efectos la providencia del 4 de julio de
2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la
sentencia del 10 de agosto de 2023, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Buenaventura, que declaró nula la resolución por medio de la cual se
le había reconocido una pensión de jubilación.
En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad manifiesta, conviene
traer a colación las precisiones hechas por esta Sección en sentencia del 28 de mayo de
201522, a través de la cual unificó su jurisprudencia frente a la aplicación de los criterios
que deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez en estos casos
particulares, especialmente, el que hace referencia a la “condición de debilidad
manifiesta”, en la que señaló:
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo
de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001- 03-15-000-2015-00001-01.
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“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia transcrita, se
estableció “el criterio que, en adelante observará la Sala para analizar la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias que traten de
prestaciones periódicas”; en casos como el presente, en que se controvierte una
sentencia relacionada con la reliquidación de una prestación periódica, se ha
acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de manera invariable, para
determinar si el hecho de haber superado el plazo prudencial para interponer la
acción de tutela merece ser tratado en forma especial, esto es, a la luz de los
criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los derechos permanece
en el tiempo, esto es, que es continua y actual, pese a que el hecho que la originó
sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se
encuentre en un condición de debilidad manifiesta.”
Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones periódicas en las
modalidades de pensión o asignación de retiro, la aplicación de dichos criterios
frente al requisito de la inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a
soluciones divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el
pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad que le permite
enervar dicho requisito de procedibilidad, pero también ha entendido que en
ocasiones se requieren elementos adicionales a tal condición para proceder al
estudio de fondo […]
Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en esta oportunidad
la Sala, con el propósito de unificar su Jurisprudencia, determinará como
lineamiento único y preciso, en cuanto a la exigencia o no del requisito de
inmediatez de la tutela contra providencias judiciales, cuando el solicitante del
amparo constitucional es un pensionado o persona que goza de Asignación de
Retiro, que tal condición no es per se circunstancia que permita enervar el citado
requisito, habida cuenta de que es necesario que confluyan elementos adicionales
que permitan concluir que el actor se encuentra en “la especial situación” que
“convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un
juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha señalado la Corte
Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y esta Sala en el Expediente núm.
2013-02423-01, Consejero Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.
Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas circunstancias
que pueden tenerse en cuenta para determinar si el actor está o no en una
ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique su inactividad en el tiempo frente a la
defensa de sus derechos, dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas
constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala introdujo dentro de
dicha lista al pensionado, por tratarse de un sujeto de protección especial,
conforme lo ha determinado la Jurisprudencia Constitucional.
Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección incluye, además de
los pensionados, a otros grupos de personas, tales como: indígenas, padres y
madres cabeza de familia, mujer embarazada, menores de edad, minusválidos,
ancianos, defensores de derechos humanos, enfermos graves, desplazados,
entre otros; sin que sea aceptable concluir que en todos los casos, éstos resulten
eximidos de cumplir el requisito de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan
a la tutela para obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el
solo hecho de ser denominados sujetos de especial protección […]”.
La Corte Constitucional en sentencia T-672 de 2017 indicó lo siguiente:
[…] la vulnerabilidad supone la acreditación de las siguientes tres condiciones,
cada una de ellas necesaria, y conjuntamente suficientes, en el
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04244 00
Accionante: José Ramón Díaz Parra
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
accionante: (i) pertenecer a un grupo de especial protección constitucional, (ii)
hallarse en una situación de riesgo (condición subjetivo negativa) y (iii) carecer de
resiliencia, esto es, capacidad para asumir sus necesidades hasta tanto agota la
vía judicial ordinaria (condición subjetivo positiva) […].
Por su parte, en la sentencia T-167 de 2011, la Corte Constitucional explicó que la
categoría de sujetos de especial protección constitucional:
[…] se constituye por aquellas personas que debido a su condición física,
psicológica o social particular merecen una acción positiva estatal para efectos de
lograr una igualdad real y efectiva. Así, ha considerado que entre los grupos de
especial protección constitucional se encuentran: los niños, los adolescentes, los
ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de
familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran
en extrema pobreza […]. (se destaca).
Ahora, si bien el accionante alegó que es un sujeto de especial protección constitucional
por ser adulto mayor de más de ochenta años, dicha circunstancia, por sí sola, no implica
automáticamente la acreditación de una situación de vulnerabilidad o debilidad manifiesta
que justifique la flexibilización del requisito de inmediatez.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que la vulnerabilidad exige no
solo pertenecer a un grupo de especial protección constitucional, sino, además, hallarse
en una situación de riesgo o afectación material que torne necesaria la intervención
urgente del juez constitucional.
En el caso concreto, no se allegaron elementos de juicio suficientes que permitan
acreditar una afectación grave o una situación material de indefensión. Si bien el actor
afirmó que la suspensión de la mesada pensional comprometió su mínimo vital, no aportó
pruebas que demostraran de manera concreta dicha afectación, ni elementos que
permitieran concluir que se encontraba ante un perjuicio irremediable.
Adicionalmente, el accionante percibe otra pensión otorgada por Colpensiones, tal como
se evidencia a continuación:
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04244 00
Accionante: José Ramón Díaz Parra
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Finalmente, tampoco se acreditó que el accionante padezca alguna condición médica
grave o que su estado de salud exija una protección urgente e impostergable por parte
del juez de tutela.
En ese orden, aunque la Sala no desconoce la edad avanzada del señor José Ramón
Díaz Parra ni la naturaleza periódica de la prestación pensional discutida, tales
circunstancias no son suficientes para tener por superado el requisito de inmediatez,
máxime cuando la acción de tutela fue promovida luego de transcurridos más de seis
meses desde la notificación de la providencia judicial cuestionada.
De otra parte, el accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
desconoció la sentencia proferida por el Consejo de Estado en el año 2021, en la que,
según afirmó, se negó una demanda promovida por la UGPP y se reconoció la
compatibilidad de las pensiones que percibía, con fundamento en el artículo 32 del
Decreto 1042 de 1978.
No obstante, la carga argumentativa desplegada no resulta suficiente para acreditar el
desconocimiento del precedente judicial, pues, aunque el actor afirmó que dicha
providencia contenía una regla vinculante aplicable a su caso, no realizó un ejercicio de
contraste concreto entre los supuestos fácticos y jurídicos allí resueltos y los analizados
en la sentencia cuestionada. Tampoco demostró de manera precisa que la ratio decidendi
de esa decisión fuera plenamente aplicable al proceso de lesividad objeto de reproche,
ni explicó por qué el Tribunal accionado se habría apartado injustificadamente de una
regla jurisprudencial obligatoria.
Por lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, por cuanto no cumple
con el requisito general de inmediatez.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04244 00
Accionante: José Ramón Díaz Parra
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Buenaventura, conforme lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
José Ramón Díaz Parra, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 25 de
junio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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