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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04247-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04247-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, en relación con las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora Martha Lucía Rodríguez Peña, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04247-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-04247-00
Demandante MARTHA LUCÍA RODRÍGUEZ PEÑA
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL
Temas Acción de tutela. Derecho de petición. Formas de provisión de cargos
de la Rama Judicial. Nombramiento en provisionalidad en una vacante
temporal, en cargos de empleados de carrera judicial. Ley Estatutaria
de Administración de Justicia. Carencia actual de objeto.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir, en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por la señora Martha Lucía Rodríguez Peña, quien actúa en nombre
propio, de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 1983 de 2017 y 333 de
2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 29 de mayo de 20261, la señora Martha Lucía Rodríguez Peña, actuando en
nombre propio, instauró acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial CARJUD, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, en razón a la falta de respuesta a la
petición presentada el 9 de abril de 2026.

En consecuencia, se formularon las siguientes pretensiones2:
(sic para toda la cita)
« PRIMERA: Se declare que CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la UNIDAD
DE ADMINISTRACION DE CARRERA JUDICIAL - CARJUD han vulnerado mis
derechos fundamentales, conforme se ha expuesto.

1
Samai, índice 2. La acción de tutela de la referencia le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Meta bajo
el radicado 50001-23-33-000-2026-00246-00, quien con auto del 1 de junio de 2026 remitió por reglas de reparto el
amparo al Consejo de Estado, al considerar que «las tutelas dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura, […]
debe ser conocida por una Corporación de similar categoría a esa entidad». El expediente fue enviado al Consejo de
Estado el 2 de junio de 2026, correspondiéndole por reparto al despacho de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez
Argüello con el radicado 11001-03-15-000-2026-04247-00.
2
Samai, índice 2.
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Demandante: Martha Lucía Rodríguez Peña

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se le ordene a las accionadas que,
dentro de un término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, emitan
respuesta de fondo conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia.
TERCERA: Complementaria, si el juez constitucional lo considera pertinente, ordenar lo
necesario para que se cumpla la normatividad y el mérito que me asisten».

2. Hechos

Del escrito de tutela se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 9 de abril de 2026, la señora Martha Lucía Rodríguez Peña presentó vía
correo electrónico petición ante el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Administración de la Carrera Judicial CARJUD, en donde planteaba varias
preguntas sobre el cumplimiento de la Ley 2430 de 2024, en lo referente a las
reglas que gobiernan la provisión de cargos en la Rama Judicial.

Lo solicitado en la petición fue lo siguiente:
(sic para toda la cita)
«[…] Dicho todo lo anterior, me surgen diversas inquietudes que deseo despejar con la ayuda
de ustedes y en aplicación de la ley 2430 de 2024 y el precedente jurisprudencial que hay a
la fecha en relación con el mérito, prelación de carrera, mejor derecho de carrera, etc.
1. ¿En vista de que la licencia no remunerada le venció al señor César Augusto Beltrán
Díaz, (el pasado 11 de febrero de 2026), el señor Juez Pedro Ramírez Castañeda debía
informar de manera inmediata sobre la vacante a los empleados del juzgado, de tal
manera que pudiésemos quienes estamos en propiedad postularnos para ocuparla en
aplicación de la ley del mérito contenida en la Ley 2430 de 2024 y la jurisprudencia
relativa a la materia?
2. ¿Se vulneraron los derechos de mérito de los empleados en propiedad del juzgado
Primero de Familia del Circuito de Villavicencio, cuando de manera oculta o soterrada el
Juez 8 Civil Municipal notificó al señor juez Primero de Familia del Circuito de
Villavicencio a su correo institucional personal y no al del juzgado, de la resolución de
concesión de licencia no remunerada para ocupar otro cargo en la rama judicial según
lo anotado en el resuelve del acto administrativo?
En este caso, se puede concluir sin mayor esfuerzo que el señor César Augusto Beltrán
Díaz, especificó en su solicitud el fin de la licencia que estaba solicitando, no obstante el
señor Juez 8 Civil Municipal en el resuelve dejó abierta la posibilidad para ocultar la
intencionalidad y que presuntamente el acto administrativo no tuviera efectos frente a
los empleados del juzgado en comento? El señor Juez Primero de Familia del Circuito
de Villavicencio incurrió en error o falta incluso disciplinaria al no informar la situación
administrativa del cargo en su debido tiempo? Que debe hacerse?
3. Existe un mecanismo de defensa para los titulares del derecho de carrera en estos
casos? Cuál? A través de qué mecanismo o mecanismos?. Por el hecho de no existir un
nuevo acto administrativo - resolución (tal como lo respondió verbalmente el señor juez)
como resultado de la concesión de la licencia no remunerada para dar solución de
continuidad en el cargo que ocupaba el señor César Augusto Beltrán Díaz, el señor juez
incurrió en error grave que genere la presunta comisión de alguna falta disciplinaria? El
señor Juez debe o debió proferir acto administrativo accediendo al nuevo nombramiento
del señor César Augusto Beltrán Díaz con base en la nueva licencia que le fue concedida,
esta vez por tres años y en ella anotar las razones por las cuales omitió poner en
conocimiento de la situación administrativa y desde luego aplicar la Ley 2430 de 2024
hoy plenamente vigente?. Se está ocupando el cargo de secretario de facto?

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Demandante: Martha Lucía Rodríguez Peña

4. Puede la Unidad de Carrera Judicial o el Consejo Superior de la Judicatura hacer control
de legalidad de tales nombramientos o inclusive la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio, para que se cumpla la ley? En manos de quien está ese control?
No existe control?
5. Debo requerir al juez Primero de Familia del Circuito de Villavicencio, sobre la expedición
del acto administrativo por medio del cual nombra nuevamente en el cargo de secretario
en provisionalidad al señor César Augusto Beltrán Díaz (no tiene propiedad en este
juzgado sino en el Juzgado 8 Civil Municipal de Villavicencio) en cumplimiento de la Ley
2430 de 2024, al haberse finalizado el término de la licencia de dos años que le concedió
ese su superior en vigencia la ley 270 de 1996?
6. Qué derechos tenemos los empleados de carrera o en propiedad de un juzgado donde
se presenta esta situación, para que se cumpla la Ley 2430 de 2024. Siempre debemos
demandar?. Puede haber revocatoria directa del acto administrativo por medio del cual
se concedió esa licencia? La puedo solicitar?
7. El señor Juez 8 Civil Municipal de Villavicencio, quien expidió el acto administrativo de
licencia no remunerada por tres años antes referida, obró de manera correcta o
incorrecta al no asegurarse previo a expedirlo, de si no incurría en desconocimiento del
mérito y el precedente jurisprudencial existente o de la aplicación de lo contenido en la
Ley 2430 de 2024 oficiando al Juez Primero de Familia del Circuito de Villavicencio, con
el fin de tener certeza de la existencia de la vacante sin interés por parte de los
empleados del juzgado?
8. Hubo irregularidades en el procedimiento para la solicitud y la concesión de la licencia?
Cuáles? Cuál es el procedimiento en casos como el expuesto para dar aplicación a la
ley 2430 de 2024, de manera tal que se haga efectivo el derecho de ocupar un cargo en
provisionalidad en una vacante temporal o en una vacante definitiva ésta última mientras
se ocupa por concurso de méritos, para una persona que como yo cumplo los requisitos,
tengo la propiedad en el despacho judicial donde se presenta y he tenido y tengo el
interés en ocuparlo?
9. Debía el juez Primero de Familia del Circuito de Villavicencio informar a los empleados
en carrera, que el señor César Augusto Beltrán estaba solicitando continuidad en el
cargo? En qué término y de qué manera?
10. Se advierte inaplicación de una norma superior en la expedición del acto administrativo
ya referido? Quien garantiza que la ley se cumpla? Necesariamente hay que demandar
para reclamar derechos en estos casos? El estado debe asumir la omisión de un servidor
público para cumplir la ley y asumir las cargas por condenas a la nación?
11. Cualquier otra respuesta relacionada con el tema puesto en su conocimiento».

2.2. La parte actora sostuvo que, a la fecha de presentación de esta acción de
tutela, no ha recibido respuesta a su petición por parte del Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial CARJUD, a
pesar de que se han superado los términos establecidos en la ley.

3. Fundamentos de la acción

La señora Martha Lucía Rodríguez Peña considera que el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, vulneró su derecho
fundamental de petición, en conexidad con el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, al no darle respuesta a la solicitud que presentó el 9 de
abril de 2026, en la que planteaba varias preguntas sobre el cumplimiento de la
Ley 2430 de 2024, en lo referente a las reglas que gobiernan la provisión de cargos
en la Rama Judicial.

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Demandante: Martha Lucía Rodríguez Peña

Explicó que tiene un interés jurídico en las respuestas a las preguntas que planteó
en la petición, pues pretende demandar en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho los actos relacionados con la concesión de la
licencia no remunerada otorgada por el Juzgado Octavo Civil Municipal de
Villavicencio al abogado César Augusto Beltrán Díaz, para desempeñar otro cargo
en la Rama Judicial (juzgado en donde ostenta su propiedad).

Indicó que este profesional del derecho ha venido desempeñando el cargo de
Secretario del Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio desde el 12
de febrero de 2024, y que actualmente continúa en el mismo cargo en cumplimiento
de la licencia que le fue otorgada por el término máximo de tres años, mediante la
resolución 001 del 6 de febrero de 2026, mismo despacho en el que la accionante
tiene el cargo de escribiente en propiedad y en donde, en una oportunidad anterior,
le había manifestado al nominador que tenía la intención de que se le tuviera en
cuenta para cubrir la vacante de Secretaria del juzgado por no existir lista de
elegibles y ser un nombramiento en provisionalidad (Ley 2430 de 2024).

Mencionó que no tuvo conocimiento de la expedición de la resolución 001 del 6 de
febrero de 2026, dado que la concesión de la licencia y la continuidad del señor
César Augusto Beltrán Díaz se manejó de forma muy discreta, sin que los
empleados del Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio se
enteraran.

Destacó que es muy importante que se fije una línea en lo referente a los
nombramientos en provisionalidad de las vacantes temporales en cargos de
empleados de carrera judicial, pues los nominadores no están aplicando la ley, lo
que genera que los empleados deban presentar acciones de tutela o radicar
demandas para salvaguardar sus derechos, a sabiendas de la congestión judicial
que aqueja la Rama Judicial y los gastos en los que se debe incurrir para pagar los
honorarios de los apoderados.

Puso de presente que el Juez Primero de Familia del Circuito de Villavicencio a
pesar de encontrarse impedido para adoptar decisiones respecto de ella por la
queja que presentó ante el Comité de Convivencia Laboral por el posible «acoso
laboral», proceso que se encuentra activo, siguiera adoptando decisiones que no le
permitiera un ascenso conforme lo establece la ley, en aplicación del principio de
mérito.

Además, reiteró lo que manifestó en los antecedentes de la petición, en relación
con el acoso laboral del que ha venido siendo víctima por parte del juez de ese
despacho, mencionando que se le ha impedido el ascenso a pesar de que cumple
requisitos, es una madre cabeza de familia, requiere el sustento de su hogar y
busca que «se me reconozcan los derechos y se respete mi buen nombre y profesionalismo».

Como fundamento jurídico citó la sentencia T-219 del 4 de mayo de 1994 dictada
por la Corte Constitucional, los artículos 23 y 86 de la Constitución Política, y el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

4

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Demandante: Martha Lucía Rodríguez Peña

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En providencia del 10 de junio de 20263, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela interpuesta por la señora Martha Lucía Rodríguez Peña,
contra el Consejo Superior de la Judicatura, Mesa de Entrada, Presidencia y
Unidad de Administración de la Carrera Judicial; y se ordenó efectuar las
notificaciones pertinentes.

4.2. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la
Carrera Judicial4, manifestó que no se ha vulnerado el derecho de petición
de la accionante pues el 12 de junio de 2026 se le dio respuesta de fondo
(Oficio CJO26-2987), clara y coherente a la solicitud del «14 de abril de 2026» (sic),
conforme a las competencias de esa unidad.

Explicó que la respuesta dada a la petición fue enviada al correo electrónico
marthal1909@hotmail.com

Consideró que no se vulneró el derecho fundamental invocado y solicitó que
se declarara la carencia actual de objeto al existir un hecho superado. Como
evidencia adjuntó copia del oficio CJO26-2987 del 12 de junio de 2026 y una
constancia del envío de la respuesta a la peticionaria.

4.3. El 16 de junio de 20265, la señora Martha Lucía Rodríguez Peña presentó
memorial en el que informó que la autoridad accionada le brindó respuesta a
la petición. Sin embargo, afirmó que la respuesta no «satisface la petición
elevada», pues frente a los «puntos 1. 4. 9. 10 y 11» asegura que la autoridad
guardó silencio.

Explicó que necesita saber si «era o es necesario que el señor Juez Primero de Familia
del Circuito de Villavicencio, expidiera o expida un nuevo acto administrativo de
nombramiento o continuidad en el cargo, con base en la nueva licencia que le fue concedida
al señor César Augusto Beltrán Díaz, quien ya ocupa el cargo de secretario dado el
nombramiento que de él hizo el juzgado, el día 2 de mayo de 2024», pues considera que,
el Juzgado Octavo Civil Municipal de Villavicencio le concedió la licencia no
remunerada al señor Beltrán Díaz para que continuara en el cargo que venía
desempeñando en provisionalidad (Secretario del Juzgado Primero de Familia del
Circuito de Villavicencio) sin que en el juzgado primero expidiera un acto
administrativo que respaldara la continuidad en el cargo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo

3
Samai, índice 4.
4
Samai, índice 8.
5
Samai, índice 9.
6
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección

5

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Demandante: Martha Lucía Rodríguez Peña

para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria de otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar la posible vulneración del derecho
fundamental de petición, en conexidad con el derecho al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, respecto de la solicitud que presentó la
señora Martha Lucía Rodríguez Peña el 9 de abril de 2026, en la que planteaba
varias preguntas sobre el cumplimiento de la Ley 2430 de 2024, en lo referente a
las reglas que gobiernan la provisión de cargos en la Rama Judicial.

Para analizar este asunto se partirá de la afirmación realizada por la señora Martha
Lucía Rodríguez Peña, en el memorial del 16 de junio de 2026, en donde manifestó
haber recibido respuesta parcial a su petición por parte del Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por ello, se estudiará
únicamente lo referente a los puntos «1. 4. 9. 10 y 11», dado que fue respecto de estos
que la accionante puso de presente la ausencia de respuesta.

3. Carencia actual de objeto

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones de
amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los
particulares. Su finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho
fundamental se materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer que
cese.

Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no
hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser.
Cualquier pronunciamiento al respecto carecería de fundamento. Este fenómeno
ha sido denominado por la jurisprudencia constitucional como carencia actual de
objeto dividido en tres escenarios: (i) hecho superado7; (ii) daño consumado8 y (iii)
situación sobreviniente9.

Sobre esta clasificación, desde sus inicios la Corte Constitucional en Sentencia T-
494 de 1993, precisó lo siguiente:
«La doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para
identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra
el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos
que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el
género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
7
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-624 de 2016 y
T-021 de 2017.
8
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
9
Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158 de 2017.

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través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella
que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento
de una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por
completo de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una
“situación sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la
vulneración predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no
le correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.»
(Subrayas fuera del texto)

Esta figura se materializa en los casos en que, en el lapso transcurrido entre la
radicación de la acción de tutela y la expedición de la sentencia, la autoridad
accionada adelantó las gestiones necesarias para superar las acciones u
omisiones que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela. Lo que por
sustracción de materia hace inocuo cualquier pronunciamiento u orden del juez de
tutela para lograr el amparo de los derechos.

Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración
de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento,
así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección
judicial».

De allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación
de la solicitud de amparo, sería inocua cualquier determinación del juez
constitucional, ya que «la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que
conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las
pretensiones».

4. Del trámite impartido por la autoridad accionada. Caso concreto

4.1. La señora Martha Lucía Rodríguez Peña cuestionó que el Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial CARJUD
vulneró su derecho fundamental de petición, en conexidad con el debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, al no darle respuesta total
a la solicitud que presentó el 9 de abril de 2026, en donde planteaba varias
preguntas sobre el cumplimiento de la Ley 2430 de 2024, en lo referente a las
reglas que gobiernan la provisión de cargos en la Rama Judicial.

7

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4.2. Sería del caso establecer si las acciones u omisiones de la autoridad
accionada, desconocieron los derechos fundamentales de la actora si no fuera
porque durante el trámite de esta acción esta autoridad cumplió con el
requerimiento que se planteaba. Esto en razón a que, el Consejo Superior de
la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial CARJUD
expidió el oficio CJO26-2987 del 12 de junio de 2026 en respuesta a la petición
del 9 de abril de 202610, oficio que fue remitido a la señora Martha Lucía
Rodríguez Peña a la dirección electrónica: marthal1909@hotmail.com11 el 12 de
junio de 2026, a las 17:19.

Para poder llegar a la anterior conclusión la Sala realizó el estudio del caso
analizando si la autoridad accionada atendió de fondo las preguntas
realizadas en los numerales «1. 4. 9. 10 y 11», las cuales presuntamente no
habían sido resueltas conforme afirmó la actora.

4.3. La Sala tiene que en lo referente a los numerales 1 y 9 es necesario transcribir
la solicitud que realizó la señora Martha Lucía Rodríguez Peña. Esto en los
siguientes términos:
(sic para toda la cita)
«1. ¿En vista de que la licencia no remunerada le venció al señor César Augusto Beltrán
Díaz, (el pasado 11 de febrero de 2026), el señor Juez Pedro Ramírez Castañeda debía
informar de manera inmediata sobre la vacante a los empleados del juzgado, de tal
manera que pudiésemos quienes estamos en propiedad postularnos para ocuparla en
aplicación de la ley del mérito contenida en la Ley 2430 de 2024 y la jurisprudencia
relativa a la materia?» […]
9. Debía el juez Primero de Familia del Circuito de Villavicencio informar a los empleados
en carrera, que el señor César Augusto Beltrán estaba solicitando continuidad en el
cargo? En qué término y de qué manera?

Frente a este ítem se debe indicar que la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial atendió el cuestionamiento precisando que el artículo 175 de
la Ley 270 de 1996 dispuso que una de las funciones de las Corporaciones
Judiciales y de los Jueces de la República es la designación de funcionarios
y empleados cuyos nombramientos les correspondan, así mismo, el artículo
132 de la misma normatividad, estableció que el nominador es el encargado
de realizar los nombramientos que le competen de acuerdo con las formas de
provisión legal, sin que el Consejo Superior de la Judicatura representado en
esta oportunidad por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial «tenga
o pueda tener injerencia alguna».

Como sustento trajo a colación un concepto de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado (31 de marzo de 2022), reiterando el
pronunciamiento del 23 de febrero de 2022 (exp. 11001-03-06-000-2021-00183-
00).

10
Samai, índice 2. Revisados los anexos aportados con el escrito de tutela se advierte que la accionante remitió un primer
correo el 8 de abril de 2026 a las direcciones electrónicas: carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co;
info@cendoj.ramajudicial.gov.co; presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co. Sin embargo, no adjuntó algunos
anexos que había mencionado en la petición, por lo que, el 9 de abril de 2026 remitió nuevamente la solicitud a los
mismos correos electrónicos. Esta precisión se realiza en virtud de que en la contestación de la autoridad accionada se
manifestó que la petición fue presentada el 14 de abril de 2026.
11
Samai, índice 8.

8

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04247-00
Demandante: Martha Lucía Rodríguez Peña

Esta unidad añadió que, en lo que tiene que ver con la provisión de cargos de
la Rama Judicial, esta se realiza «de acuerdo con la naturaleza, clasificación y la
temporalidad del cargo a desempeñar», conforme a las reglas establecidas en los
artículos 125, 130 y 132 de la Ley 270 de 1996. No obstante, la provisión de
cargos de despachos judiciales, sin importar la vinculación, corresponde al
nominador, sin que en estos aspectos tenga injerencia el Consejo Superior
de la Judicatura.

Sumado a esto indicó que, para garantizar la transparencia en la provisión de
empleos de la Rama Judicial el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio
de sus facultades legales y constitucionales expidió la circular PCSJC25-5 de
10 de febrero de 2025, por medio de la cual se explicó cómo funcionaría la
publicación de las vacantes temporales por parte de los nominadores en la
página de la Rama Judicial, a través del ítem publicaciones procesales, único
canal habilitado para registrar avisos sobre cargos para la provisión temporal
e indicar los medios para el envío de información al despacho, y la circular
PCSJC26-9 de 6 de marzo de 2026, a través de la cual «La autoridad nominadora,
en virtud de sus facultades legales, será la responsable de la información registrada en el
sitio Web administrado por el Consejo Superior de la Judicatura y del trámite que se dé a la
provisión temporal de cada cargo», para ello debe el nominador contar con un
usuario y contraseña para realizar el registro.

De ahí que, esta Sala considera que en lo que respecta a los ítems 1 y 9 la
autoridad accionada dio respuesta en los términos de sus competencias, pues
puso en conocimiento de la peticionaria la normatividad vigente que
reglamenta la provisión de estos cargos y el trámite a surtir por parte de los
nominadores para garantizar la transparencia de la publicidad de las vacantes
en la página web de la Rama Judicial, de lo que muy seguramente queda
trazabilidad. Sumado a que, la Unidad de Administración de Carrera Judicial
transcribió el artículo 132 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 68
de la Ley 2430 de 2024, en el cual se expone cómo funciona el nombramiento
en provisionalidad en una vacante temporal en cargos de empleados de
carrera judicial, en donde la ley estableció que en primer lugar se debe optar
por un funcionario o empleado de carrera del respectivo despacho (siempre
que cumpla los requisitos de ley) o, por la persona que hace parte del registro de
elegibles, o como lo establece el Acuerdo PCSJA24-12238 de 2024, si
ninguna de estas dos alternativas se da, se debe «garantizar el cumplimiento de
los principios de igualdad en el acceso, imparcialidad en la evaluación, publicidad en las
etapas, moralidad en todas las actuaciones y celeridad en su resolución, dando prioridad a la
selección de personas que se encuentren en carrera judicial y cumplan con los requisitos
para el cargo».

4.4. Ahora en lo que respecta a los cuestionamientos de los numerales 4, 10 y 11,
se transcriben a continuación las solicitudes de la peticionaria así:
(Sic a toda la cita)
4. Puede la Unidad de Carrera Judicial o el Consejo Superior de la Judicatura hacer control
de legalidad de tales nombramientos o inclusive la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio, para que se cumpla la ley? En manos de quien está ese control?
No existe control?

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04247-00
Demandante: Martha Lucía Rodríguez Peña

10. Se advierte inaplicación de una norma superior en la expedición del acto administrativo
ya referido? Quien garantiza que la ley se cumpla? Necesariamente hay que demandar
para reclamar derechos en estos casos? El estado debe asumir la omisión de un servidor
público para cumplir la ley y asumir las cargas por condenas a la nación?
11. Cualquier otra respuesta relacionada con el tema puesto en su conocimiento».

Por su parte, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial CARJUD le
precisó a la peticionaria que conforme al Acuerdo PCSJA23-12131 de 2023
su rol es eminentemente técnico y de apoyo en materia de carrera judicial, y
destacó que esa unidad no se encuentra facultada para «conceptuar, intervenir o
pronunciarse sobre temas que son propios de las autoridades nominadoras», pues son
ellas quienes tienen la competencia para realizar los nombramientos y proveer
tanto los cargos en propiedad como en provisionalidad de los despachos que
tienen asignados.

Mencionó que, en los eventos en que el interesado considerara que un acto
administrativo riñe con el ordenamiento jurídico o vulnera el principio de
legalidad «deberá acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativo, a fin de cuestionar la
legalidad de tal acto o de dichas decisiones, siendo la autoridad competente para emitir
pronunciamiento».

De ahí que, ante la pregunta 4 y 10, en lo relativo a la posibilidad de que el
Consejo Superior de la Judicatura realizara un control de los actos, se indicó
que dentro de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura no se
mencionó que estuviera el control de legalidad de los actos administrativos,
por el contrario, le precisó a la peticionaria que si consideraba lesionado su
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podía cuestionar la
legalidad del acto administrativo a través de los medios de control
correspondientes, para que fuera la jurisdicción de lo contencioso
administrativo quien definiera la legalidad del mismo.

Por último, en lo que respecta al numeral 11, se precisa que no existía un
interrogante puntual, sino que la peticionaria puso a disposición de la
autoridad a quien dirigió su petición para que añadiera información
relacionada con el tema en cuestión. Frente a este aspecto se debe mencionar
que el accionado informó a la señora Rodríguez Peña que para atender la
vulneración de derechos por situaciones administrativas de vinculación se
puede acudir ante la autoridad con funciones disciplinarias para que allí sea
revisada la presunta infracción al régimen disciplinario, con lo que se satisface
la solicitud realizada. Así:
«Finalmente, es pertinente informar que, frente a la presunta amenaza y vulneración de
derechos, por situaciones administrativas de vinculaciones que afectan distintos principios
constitucionales; se precisa que, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Acto
Legislativo 02 de 2015; los artículos 110A y 111 de la Ley 270 de 1996, modificados por los
artículos 54 y 55 de la Ley 2430 de 2024; y los artículos 239 y 240 de la Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021, la titularidad de la acción jurisdiccional disciplinaria
corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial, autoridades competentes para conocer y resolver los procesos
adelantados por presunta infracción al régimen disciplinario contra servidores judiciales,
incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, para que dentro de su órbita competencial
surta el trámite a que haya lugar».

10

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04247-00
Demandante: Martha Lucía Rodríguez Peña

4.5. En este sentido, dado que la petición presentada por la señora Martha Lucía
Rodríguez Peña ante el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de la Carrera Judicial CARJUD ya fue resuelta y notificada,
carece de objeto emitir un pronunciamiento de fondo en razón a que la
solicitud de amparo perdió cualquier motivo que la justifique.

5. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto, ya
que a la fecha no existe vulneración o amenaza del derecho fundamental de
petición invocado por la parte actora, respecto del Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial CARJUD, dado que
esta autoridad realizó el trámite correspondiente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, en relación con las
pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora Martha Lucía
Rodríguez Peña, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

11

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