Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04247-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04247-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-04247-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04247-01
Accionante: Martha Lucía Rodríguez Peña
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura1
Tema: Tutela por la presunta vulneración del derecho fundamental
de petición
Decisión: Se confirma la providencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 6 de
agosto de 20262, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante
la cual se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela3 y del expediente, se colige que la señora Martha Lucía
Rodríguez Peña ocupa en propiedad el cargo de escribiente nominado del
Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio y manifestó su interés en
acceder, bajo las modalidades legalmente previstas, a cargos vacantes dentro del
mismo despacho.
3. La accionante indicó que el cargo de secretario del citado juzgado era
ejercido en provisionalidad por el señor César Augusto Beltrán Díaz, quien ostenta
derechos de carrera en el Juzgado Octavo Civil Municipal de Villavicencio y
disfrutó de una licencia no remunerada que, según afirmó, venció el 11 de febrero
de 2026.
4. Señaló que, mediante Resolución 001 del 6 de febrero de 2026, el Juzgado
Octavo Civil Municipal de Villavicencio concedió al referido servidor una nueva
licencia no remunerada por tres años, contados a partir del 12 de febrero de 2026,
1
Así como a la Unidad de Administración de Carrera Judicial - CARJUD de esa Corporación.
2
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3
Presentado el 3 de junio de 2026
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Accionante: Martha Lucía Rodríguez Peña
circunstancia que, en el sentir de la actora, permitió su continuidad en el cargo sin
considerar a los empleados de carrera interesados.
5. En consideración a lo anterior, el 9 de abril de 2026, la señora Rodríguez
Peña presentó una solicitud de información e intervención al Consejo Superior de
la Judicatura y a la Unidad de Administración de Carrera Judicial, en la que formuló
diversos interrogantes relacionados con la provisión del empleo, la aplicación de
la Ley 2430 de 20244 y los mecanismos para controvertir las actuaciones
descritas.
6. Ante la ausencia de respuesta dentro del término legal, el 29 de mayo de
2026 la accionante instauró acción de tutela contra las autoridades citadas. El
asunto correspondió inicialmente al Tribunal Administrativo del Meta que,
mediante auto del 1.º de junio de 20265, ordenó su remisión por competencia a
esta Corporación. Recibido el expediente, la Sección Cuarta admitió la solicitud
de amparo.
7. Durante el trámite de la presente acción constitucional, la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial expidió el Oficio CJO26-2987 del 12 de junio
de 2026, mediante el cual atendió la solicitud y comunicó la respuesta al correo
electrónico suministrado por la peticionaria.
2.2. Fundamento jurídico
8. La accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales de
petición, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, sustentada
en que el Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial no resolvieron oportunamente la solicitud presentada el 9 de abril
de 2026.
9. Explicó que necesitaba conocer el alcance de la Ley 2430 de 2024 frente a
la continuidad del señor César Augusto Beltrán Díaz como secretario del Juzgado
Primero de Familia del Circuito de Villavicencio y determinar los mecanismos
administrativos o judiciales disponibles para reclamar sus derechos de carrera.
10. Sostuvo que el vencimiento del término para contestar le impedía definir las
actuaciones pertinentes frente a la provisión del cargo, pese a que, según afirmó,
reunía los requisitos, ostentaba derechos de carrera y había manifestado
oportunamente su interés en ocuparlo.
11. Asimismo, adujo que la falta de pronunciamiento desconoció los
componentes de oportunidad, claridad, precisión y congruencia que integran el
núcleo esencial del derecho fundamental de petición, conforme al artículo 23 de
la Constitución y a la Ley 1755 de 2015.
12. Como fundamento de su reclamación, invocó los artículos 23 y 86 de la
Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000,
4
"Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones"
5
Auto del 1.º de junio de 2026, exp. 50001-23-33-000-2026-00246-00.
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así como las reglas legales relativas a los términos y requisitos de las respuestas
emitidas por las autoridades.
13. Finalmente, afirmó que la tardanza comprometía también el debido proceso
y el acceso a la administración de justicia, pues requería la información solicitada
para valorar la procedencia de acciones ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo dirigidas a controvertir las decisiones relacionadas con la provisión
del empleo.
2.3. Pretensiones
14. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…) PRIMERA: Se declare que CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE CARRERA JUDICIAL - CARJUD han vulnerado
mis derechos fundamentales, conforme se ha expuesto.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se le ordene a las accionadas
que, dentro de un término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela,
emitan respuesta de fondo conforme lo establecen la normatividad y la
jurisprudencia.
TERCERA: Complementaria, si el juez constitucional lo considera pertinente, ordenar
lo necesario para que se cumpla la normatividad y el mérito que me asisten.» (Sic a
toda la cita)
2.4. Intervenciones
15. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado mediante auto del 10 de junio de 20266, a través del cual
se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, Mesa de Entrada,
Presidencia y Unidad de Administración de la Carrera Judicial.
2.4.1. El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la
Carrera Judicial-CARJUD7 solicitó negar el amparo invocado, pues adujo que
mediante Oficio CJO26-2987 del 12 de junio de 20268 respondió la solicitud
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Ibidem, 15_110010315000202604247003MemorialWeb202661811443. La Sala advierte que en el concepto emitido la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial precisó que sus competencias son de carácter técnico y de apoyo en
asuntos propios de la carrera judicial, como concursos de méritos, traslados, escalafón y calificación de servicios. Por ello,
aclaró que carece de atribuciones para intervenir o pronunciarse sobre decisiones relativas al nombramiento y provisión
de cargos, cuya competencia corresponde exclusivamente a las autoridades nominadoras. Asimismo, explicó que,
conforme a los artículos 132, 167 y 175 de la Ley 270 de 1996, corresponde al nominador efectuar los respectivos
nombramientos según la naturaleza y temporalidad de la vacante. En particular, señaló las reglas para la provisión en
propiedad, provisionalidad y encargo, y destacó que, ante vacancias temporales, debe optarse por un servidor de carrera
del respectivo despacho que reúna los requisitos o por quien integre el registro de elegibles. De igual modo, indicó que el
Consejo Superior de la Judicatura ha impartido lineamientos sobre la publicación y provisión de vacantes mediante las
Circulares PCSJC25-5 de 2025 y PCSJC26-9 de 2026. Agregó que, si la interesada consideraba que un acto de
nombramiento desconoce el ordenamiento jurídico, debe controvertir su legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Finalmente, frente a las posibles irregularidades disciplinarias planteadas por la peticionaria, precisó que su
conocimiento corresponde a la Comisión Nacional o a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, según el caso.
Así las cosas, la Unidad dio respuesta a los distintos reparos formulados por la actora, por una parte, precisando el régimen
aplicable al asunto planteado, y por otro, delimitando los alcances de su competencia e identificando las autoridades
llamadas a conocer de tales circunstancias.
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identificada bajo el radicado EXTCSJ26-4278 y remitió la contestación al correo
electrónico indicado por la accionante9.
16. Explicó que su competencia se limita a los asuntos técnicos y jurídicos
propios de la carrera judicial, mientras que la provisión de empleos corresponde a
las respectivas autoridades nominadoras, conforme a los artículos 132, 167 y 175
de la Ley 270 de 1996.
17. Por último, sostuvo que la respuesta satisfizo la pretensión formulada en la
demanda por lo que debía declararse la carencia actual de objeto por hecho
superado.
2.4.2. La señora Martha Lucía Rodríguez Peña10 mediante escrito posterior al
de tutela suscrito el 16 de junio de 2026, reconoció haber recibido la contestación,
pero sostuvo que esta era insuficiente porque no resolvió de manera específica
varios interrogantes relativos a la continuidad del servidor provisional, el deber de
publicidad, la expedición de un nuevo nombramiento y la aplicación de la Ley 2430
de 2024.
2.5. Sentencia impugnada
18. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, identificó como problema jurídico
determinar si el Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial vulneraron el derecho fundamental de petición por la falta
de respuesta a la solicitud presentada el 9 de abril de 2026.
19. La Sala advirtió que durante el trámite constitucional la autoridad accionada
expidió el Oficio CJO26-2987 de 12 de junio de 2026 y lo remitió a la peticionaria,
razón por la cual centró el examen en los puntos que esta consideraba aún
insatisfechos, concretamente los numerales 1, 4, 9, 10 y 11 de la petición.
20. Tras analizar el contenido de la respuesta, concluyó que la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial contestó los interrogantes dentro del ámbito
de sus competencias, explicó el marco normativo aplicable a la provisión de
cargos y precisó los mecanismos institucionales y judiciales existentes frente a
eventuales inconformidades.
21. Con fundamento en lo anterior, el a quo determinó que la solicitud había
sido atendida y notificada, por lo que desapareció la situación que originó el
amparo constitucional; en consecuencia, declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado.
9
La CARJUD remitió el Oficio CJO26-2987 del 12 de junio de 2026 al correo electrónico marthal1909@hotmail.com,
suministrado por la accionante en esa misma fecha.
10
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2.6. Impugnación
22. La parte accionante sostuvo que la controversia nunca versó sobre una
vacante temporal, sino sobre una vacante definitiva de secretario respecto de la
cual no existía lista de elegibles ni solicitud de traslado conocida, escenario frente
al cual pretendía obtener una orientación institucional clara sobre la aplicación de
la Ley 2430 de 2024.
23. Insistió en que, en su sentir, la respuesta de CARJUD no resolvió aspectos
esenciales como el deber de publicidad de la vacante, la necesidad de un nuevo
acto administrativo, la posibilidad de continuidad automática del ocupante del
cargo o la existencia de una expectativa preferente a favor de los empleados de
carrera del despacho.
24. Por ello, sostuvo que la vulneración del derecho de petición persistía, pues
la incertidumbre jurídica que motivó la solicitud permanecía intacta, razón por la
cual solicitó revocar el fallo y ordenar a la autoridad accionada complementar la
respuesta de fondo.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
25. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el
Acuerdo 080 de 201911 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
26. Esta Subsección advierte que la impugnación formulada por la señora
Martha Lucía Rodríguez Peña comprende distintos reparos frente a la sentencia
de primera instancia, relacionados con el alcance de la respuesta emitida durante
el trámite constitucional por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y
con la valoración que de aquella efectuó el a quo.
27. En particular, la actora sostiene que permanecieron sin resolver varios
interrogantes relacionados con la situación administrativa descrita en su petición,
entre ellos, los concernientes a la necesidad de un nuevo acto administrativo, la
continuidad en el cargo, su publicidad, la situación de los empleados de carrera
interesados y la aplicación de la Ley 2430 de 2024.
28. Asimismo, con su recurso allegó diversos documentos vinculados con las
circunstancias que expuso como antecedentes de su solicitud y con otras
actuaciones administrativas, judiciales y disciplinarias relacionadas con la
situación planteada. A partir de tales elementos, cuestionó la conclusión de
primera instancia acerca de la configuración de la carencia actual de objeto por
hecho superado.
11 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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29. Conforme con lo anterior, la Sala examinará los argumentos expuestos por
la impugnante frente a las razones que sustentaron la decisión de primera
instancia, de acuerdo con el contenido de la petición, la respuesta cuestionada
y los demás elementos que obran en el expediente.
3.3. Problema jurídico
30. De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala determinar si la
respuesta emitida por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial atendió
de manera clara, precisa, congruente y completa el derecho de petición
presentado por la señora Martha Lucía Rodríguez Peña, relacionado con las
inquietudes formuladas respecto de la provisión del cargo de secretario del
Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio y la aplicación de la Ley
2430 de 2024; y, por consiguiente, si se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado declarada en primera instancia.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
31. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306
de 1992 y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por
parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados
en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de
defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que
aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando
no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
3.4.1. Del derecho fundamental de petición
32. El artículo 23 de la Constitución Política reconoce a toda persona el derecho
fundamental a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, por motivos
de interés general o particular, y a obtener pronta resolución. Su regulación fue
desarrollada por la Ley 1755 de 2015, que establece las reglas relativas a su
formulación, trámite y resolución.
33. La jurisprudencia constitucional ha precisado que su núcleo esencial
comprende, principalmente, la posibilidad efectiva de formular la solicitud, obtener
una respuesta de fondo dentro del término previsto y conocer oportunamente la
decisión adoptada. De allí que no baste la sola expedición formal de una
contestación si esta no es puesta efectivamente en conocimiento del interesado.
34. Para satisfacer esta garantía, la respuesta debe ser clara, precisa y
congruente con lo solicitado, de modo que atienda materialmente los
planteamientos formulados y no se limite a expresiones evasivas o ajenas a su
objeto. La resolución de fondo supone, entonces, que exista correspondencia
entre aquello que fue pedido y lo efectivamente contestado.
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35. Ahora bien, el derecho de petición no comporta el derecho a obtener
una respuesta favorable a los intereses del solicitante. Por tanto, su
satisfacción no depende de que la autoridad acceda a lo pretendido, pues la
contestación puede ser negativa, siempre que responda materialmente a lo
solicitado y exponga las razones que sustentan esa determinación.
36. En esa medida, la inconformidad del peticionario con el sentido de la
respuesta no permite, por sí sola, concluir que el derecho fundamental fue
vulnerado. Una cuestión es el deber constitucional de resolver la petición de
manera oportuna, clara y congruente, y otra distinta que la decisión adoptada
coincida con las expectativas o pretensiones de quien la formula.
37. Así las cosas, el examen constitucional debe dirigirse a establecer si la
solicitud fue efectivamente atendida conforme con esos parámetros, y no a
determinar si la respuesta resultó satisfactoria para el interesado. Solo cuando se
omita resolver, se haga de manera evasiva o incongruente, se desconozcan los
términos aplicables o no se comunique la decisión, podrá configurarse el
desconocimiento de esta garantía fundamental.
3.4.2. La carencia actual de objeto en los trámites de tutela.
38. La carencia actual de objeto12 es un fenómeno jurídico que se presenta
cuando la causa que motivaba la solicitud de amparo se extingue o “ha cesado” y,
por lo tanto, el pronunciamiento del juez de tutela frente a las pretensiones de la
acción de tutela se torna innecesario, dado que “no tendría efecto alguno” o
“caería en el vacío”. Este fenómeno puede configurarse en tres hipótesis: (i) daño
consumado, el cual tiene lugar cuando “se ha perfeccionado la afectación que con
la tutela se pretendía evitar, de forma que (…) no es factible que el juez de tutela
dé una orden para retrotraer la situación”; (ii) hecho sobreviniente, el cual se
presenta cuando acaece una situación que acarrea la “inocuidad de las
pretensiones” y que no “tiene origen en una actuación de la parte accionada dentro
del trámite de tutela”; y (iii) hecho superado, que ocurre cuando la “pretensión
contenida en la acción de tutela” se satisfizo por completo por un acto voluntario
del responsable. La Corte Constitucional ha aclarado que el hecho superado se
configura cuando la satisfacción del derecho parte de “una decisión voluntaria y
jurídicamente consciente del demandado”, por razones ajenas a la intervención
del juez constitucional. El cumplimiento de los fallos de tutela de los jueces de
instancia no configura la carencia actual de objeto en sede de revisión.
4. Análisis del caso concreto
39. En el presente asunto, la señora Martha Lucía Rodríguez Peña invocó el
amparo de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, ante la falta de respuesta a la solicitud que presentó
12
Corte Constitucional, Sentencia T-070 de 2022, magistrada ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera.
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el 9 de abril de 2026 al Consejo Superior de la Judicatura y a la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial.
40. En esa petición formuló diversos interrogantes sobre la provisión del cargo
de secretario del Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio, su
publicidad, la continuidad de quien lo ocupaba, la actuación del nominador, los
derechos de los empleados de carrera y la aplicación de la Ley 2430 de 2024.
41. Durante el trámite de la presente acción constitucional, la Unidad accionada
expidió el Oficio CJO26-2987 del 12 de junio de 2026 y lo remitió, en esa misma
fecha, al correo electrónico suministrado por la peticionaria. Además, la propia
actora reconoció haber recibido la contestación, aunque manifestó su
inconformidad con el alcance de lo resuelto.
42. En cuanto a su contenido, la Unidad delimitó inicialmente el ámbito de sus
atribuciones e indicó que su intervención se circunscribe a los asuntos técnicos 13
y jurídicos propios de la carrera judicial. A partir de ello, explicó por qué no podía
adoptar decisiones concretas sobre los nombramientos efectuados por las
autoridades nominadoras.
43. Asimismo, precisó que la designación de los servidores y la provisión de los
empleos de los despachos judiciales corresponden al respectivo nominador14. De
ese modo, fijó una posición expresa frente a la intervención que la peticionaria
pretendía del Consejo Superior de la Judicatura y de la Unidad accionadas.
44. A su vez, CARJUD expuso las formas de provisión previstas en el artículo
132 de la Ley 270 de 1996 y diferenció los nombramientos en propiedad,
provisionalidad y encargo15. En particular, señaló las reglas aplicables a las
vacantes definitivas y temporales, así como la situación de los empleados de
carrera que cumplen los requisitos del empleo.
45. La contestación también abordó las inquietudes relativas a la publicidad de
las vacantes. Para tal efecto, identificó las Circulares PCSJC25-5 de 2025 y
PCSJC26-9 de 202616, mediante las cuales se impartieron lineamientos sobre la
divulgación y provisión de vacantes temporales y definitivas, así como sobre las
responsabilidades de los nominadores.
46. Ahora bien, frente al control de las decisiones cuestionadas, la Unidad
aclaró que carecía de competencia para definir su legalidad e indicó los
13
Índice 8 del aplicativo SAMAI. Oficio CJO26-2987 del 12 de junio de 2026.- «Es preciso señalar que, conforme al marco
funcional establecido en el Acuerdo PCSJA23-12131 de 2023, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial cumple
un rol eminentemente técnico y de apoyo en materia de carrera judicial».
14
Ibidem. - «En ese orden de ideas, esta Unidad no se encuentra facultada para conceptuar, intervenir o pronunciarse
sobre temas que son propios de las autoridades nominadoras, quienes tienen la competencia exclusiva para efectuar los
nombramientos y proveer los cargos tanto en propiedad como en provisionalidad en sus respetivos despachos».
15
Ibidem. - «Cuando se trate de vacancia temporal, en cargos de carrera judicial, se optará por un funcionario o empleado
de carrera del despacho respectivo, siempre que cumpla los requisitos para el cargo, o por la persona que hace parte del
Registro de Elegibles».
16
Ibidem. - «Para ello, el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales ha
expedido las circulares PCSJC25-5 de 10 de febrero de 2025 y PCSJC26-9 de 6 de marzo de 2026, dirigidas a las
autoridades nominadoras de la Rama Judicial servidores judiciales y ciudadanía en general, mediante la cual se
establecieron lineamientos relacionados con la publicación de vacantes temporales y la provisión de vacantes definitivas».
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mecanismos dispuestos para controvertirlas17. Por ende, no eludió el interrogante,
sino que identificó que no era la autoridad facultada para examinar la validez de
los actos y las actuaciones del nominador.
47. Finalmente, respecto de las posibles irregularidades disciplinarias
expuestas en la petición, la autoridad identificó a la Comisión Nacional y a las
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial18 como las competentes para
conocer de las conductas atribuidas a los servidores judiciales.
48. De lo anterior, se concluye que la respuesta guardó correspondencia
material con los asuntos sometidos a consideración de la Unidad, toda vez que
esta explicó el régimen de provisión de empleos, delimitó las competencias
institucionales, se refirió a la publicidad de las vacantes e identificó los
mecanismos judiciales y disciplinarios procedentes.
49. En ese entendido, si bien la impugnante considera que no obtuvo una
definición particular sobre la existencia de la vacante, la continuidad del servidor
o su eventual derecho preferente, esa inconformidad no demuestra la vulneración
alegada pues el derecho de petición no obliga a la autoridad a resolver
favorablemente lo solicitado ni a adoptar determinaciones que excedan sus
competencias19.
50. Adicionalmente, tampoco corresponde al juez de tutela definir si debía
expedirse un nuevo acto de nombramiento, si el servidor podía continuar en el
empleo o si la accionante tenía un mejor derecho para ocuparlo toda vez que tales
asuntos integran una controversia distinta, cuya resolución compete al nominador
o al juez natural, según la actuación que llegue a cuestionarse.
51. En consecuencia, como la Unidad emitió una respuesta clara, congruente
y vinculada materialmente con lo solicitado, la comunicó a la peticionaria y esta
reconoció haberla recibido, desapareció la omisión que dio origen a la solicitud de
amparo.
52. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia del 6 de agosto de 2026,
mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado, declaró la carencia
17
Ibidem. - «Pese a lo anterior, se informa que, en los eventos en que el interesado considere que un acto administrativo
por medio del cual se efectúa un nombramiento riñe con el ordenamiento jurídico o atenta contra el principio de legalidad,
deberá acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativo, a fin de cuestionar la legalidad de tal acto o de dichas
decisiones, siendo la autoridad competente para emitir pronunciamiento».
18
«La titularidad de la acción jurisdiccional disciplinaria corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, autoridades competentes para conocer y resolver los procesos adelantados
por presunta infracción al régimen disciplinario contra servidores judiciales».
19
Al respecto, debe recordarse que la jurisprudencia constitucional ha manifestado lo siguiente « (…) es preciso recordar
que de acuerdo con la propia jurisprudencia constitucional el derecho de petición “(…) no implica una prerrogativa en virtud
de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante”, así,
se entiende que el mismo no se ha visto conculcado cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, sin
perjuicio de que la respuesta sea negativa. Esto quiere decir que, conforme lo ha reiterado la Corte Constitucional en varios
pronunciamientos “(…) la respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta
necesariamente en una respuesta escrita” [41]. (Subrayado fuera del texto original)». Corte Constitucional, Sentencia T-357
de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, tomando como referencia las sentencias T -296 de 1997 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo; T-150 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero; SU-166 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero;
T-1009 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1160 A de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1089 de
2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SU-975 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-455 de 2014 M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva, entre otras.
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04247-01
Accionante: Martha Lucía Rodríguez Peña
actual de objeto por hecho superado, toda vez que esta Subsección no encuentra
acreditada la alegada vulneración ius fundamental.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 6 de agosto de 2026 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la presente
providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ. JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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