Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04259-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04259-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04259-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04259-00
Accionante: AGRIPINA MEDINA GONZÁLEZ Y OTRA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela – derechos
fundamentales invocados a la igualdad, al debido proceso, a la defensa, a la salud
y a la vivienda / SUBSIDIARIEDAD - Improcedencia de la acción de tutela por
existencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz / Cumplimiento de
sentencia proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo / Proceso
ejecutivo de obligación de hacer / Entrega de depósitos judiciales ordenada en
sentencia judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela promovida el 20 de mayo de 20261 por Agripina
Medina González, con el apoyo de Claudia Diana Celina Rocha Medina y, quien
actúa a través de apoderado judicial2, contra el Consejo Superior de la Judicatura,
la Oficina de Depósitos Judiciales y la División de Fondos Especiales y Cobro
Coactivo– Nivel Central - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá, el Juzgado Treinta y Cuatro (34) Laboral del Circuito Judicial de Bogotá
y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. A su juicio de las accionantes,
las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, a la defensa, a la salud y a la vivienda con Agripina Medina
González3.
1 Según el acta individual de reparto del proceso en la Corte Suprema de Justicia, archivo
“002ExpedienteRemitidoCSJ” que se encuentra en el hipervínculo https://etbcsj-
my.sharepoint.com/shared?listurl=https%3A%2F%2Fetbcsj%2Dmy%2Esharepoint%2Ecom%2Fper
sonal%2Fj34pccbt%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments&id=%2Fpersonal%2
Fj34pccbt%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F001%20TUTELAS%2FT
UTELAS%202026%2FTUTELAS%20PRIMERA%20INSTANCIA%2F2%2E%20SEGUNDO%20TRI
MESTRE%2F06%2E%20JUNIO%2F110013109034202600121&shareLink=1&ga=1 del archivo
“8_EXPEDIENTEDIGI_006ConstanciaRemiteT_7_20260603103115915” visible en el índice 2 de
Samai.
2 El Juzgado Diecinueve (19) de Familia de Bogotá, por medio de providencia del 4 de diciembre de
2023, designó a la señora Claudia Diana Celina Rocha Medina como persona de apoyo judicial de
la señora Agripina Medina González. En el ordinal cuarto de la decisión en comento, la autoridad
judicial indicó que, de conformidad con el artículo 18 de la ley 1996 de 2019, y teniendo en cuenta
las pruebas recaudadas en el caso, los apoyos adjudicados tendrían una duración de 5 años. Véase
folios 78 a 80 del archivo “003ED_001EscritodeTutelaYA”. Índice 2 de Samai.
3 Que ingresó para fallo el 17 de junio de 2026, índice 23 de Samai.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04259-00
Accionante: Agripina Medina González y otra
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
ANTECEDENTES
Hechos relevantes
1. Agripina Medina González, presentó demanda ante la jurisdicción ordinaria
laboral en contra de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el fin de
que se ordenara el reconocimiento en su favor, como cónyuge supérstite, de las
cesantías y prestaciones sociales de Nelson René Rocha Lozano como docente de
la entidad universitaria. El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado 34
Laboral del Circuito de Bogotá y se identificó con el radicado 2014-00397-00.
2. El 16 de mayo de 2014, en atención a la demanda laboral interpuesta por
Agripina Medina González, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
constituyó los siguientes depósitos judiciales ante el Banco Agrario de Colombia: (i)
por valor de $4’952.467 y (ii) por la suma de $100’166.184. La entidad demandada
comunicó al juzgado de conocimiento los referidos depósitos judiciales que
ascendían al 50% del valor de prestaciones sociales y cesantías de Nelson René
Rocha Lozano.
3. El Juzgado Treinta y Cuatro (34) Laboral del Circuito de Bogotá declaró la falta
de jurisdicción y competencia para conocer del asunto y remitió el expediente a la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, en atención a que la naturaleza jurídica de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas -demandada- corresponde a un
establecimiento público, con personería jurídica propia, autonomía administrativa y
adscrito al Distrito de Bogotá D.C.
4. Ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el asunto se tramitó como un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se identificó con el radicado
25000-23-42-000-2017-05317-00/01 y su conocimiento correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B. La autoridad
judicial profirió sentencia de primera instancia el 31 de marzo de 2023 en la que se
(i) declaró la nulidad parcial las resoluciones 106 y 107 de 25 de abril de 2014,
proferidas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mediante las cuales
se reconoció al señor Nelson René Rocha Lozano la suma de sus prestaciones
sociales y cesantías definitivas y aunado a ello se ordenó constituir depósito judicial
en el Banco Agrario por el 50% de los anteriores valores, por el conflicto de intereses
entre Agripina Medina González y Guiomar Azucena Rodríguez López de Mesa; y
como consecuencia (ii) se ordenó a la entidad demandada reconocer y pagar en
favor de la señora Agripina Medina González el equivalente al 50% de las
prestaciones sociales y cesantías definitivas reconocidas en favor de Nelson René
Rocha Lozano. Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación.
5. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de segunda
instancia del 14 de agosto de 2025 modificó el ordinal segundo de la providencia
apelada y dispuso que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas entregar
en favor de Agripina Medina González los depósitos judiciales constituidos con el
50% de las prestaciones sociales y cesantías definitivas reconocidas en favor de
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04259-00
Accionante: Agripina Medina González y otra
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Nelson René Rocha Lozano. Con esta providencia se puso fin al proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25000-23-42-000-2017-
05317-00/01.
6. Según la demandante, la providencia de segunda instancia proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección quedó debidamente
ejecutoriada el 31 de octubre de 2025 y, a partir de ese momento, la parte
demandante inició los trámites para el respectivo cobro de los títulos judiciales
constituidos el 16 de mayo de 2014 por la entidad demandada ante el Banco Agrario
de Colombia. Sin embargo, en respuesta a una petición presentada por Agripina
Medina González, el Juzgado 34 Laboral del Circuito Bogotá manifestó que no
contaba con los referidos títulos judiciales e indicó que no podía expedir una
determinación sobre la destinación de dichos recursos porque no fue la autoridad
judicial que resolvió la controversia.
7. La parte actora solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con copia al
Juzgado Treinta y Cuatro (34) Laboral del Circuito de Bogotá, que realice la entrega
de los títulos judiciales consignados por la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas ante el Banco Agrario de Colombia, en favor de Agripina Medina González
por su delicado estado de salud en el que requiere recursos económicos para cubrir
sus necesidades básicas, de higiene y el pago de un centro geriátrico, pero no
obtuvo una respuesta satisfactoria por parte de las referidas autoridades judiciales.
8. El 26 de enero de 2026, la parte demandante acudió ante la Dirección General
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
con el fin de que se le devolvieran los referidos títulos judiciales y dejó constancia
de que la “alegada prescripción” de estos no ocurrió por su inactividad sino por la
demora de la Administración de Justicia en resolver la controversia de origen laboral
suscitada entre Agripina Medina González y la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas. La entidad le contestó que no tenía en su poder los depósitos judiciales
requeridos por el peticionario. Adicionalmente ofició a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – director de Presupuesto de la Rama Judicial y al Consejo
Superior de la Judicatura para que atendieran la petición de la demandante.
9. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fondo Especial de la Rama
Judicial respondió la petición de la demandante en la que indicó que las solicitudes
de reactivación de los depósitos judiciales debían ser solicitadas directamente por
el despacho judicial a cargo de dichos títulos, en este caso, el Juzgado 34 Laboral
del Circuito de Bogotá.
10. La parte accionante indicó que solicitó la reactivación de los referidos depósitos
judiciales a la Oficina de Depósitos Judiciales de la Rama Judicial, sobre esta
petición se dio respuesta el 20 de marzo de 2026 en el que se informó a la
peticionaria que los depósitos judiciales se encontraban prescritos desde el 29 de
junio de 2023 y el 20 de diciembre de 2023, respectivamente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04259-00
Accionante: Agripina Medina González y otra
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
11. Según la parte accionante, la respuesta por parte de la Oficina de Depósitos
Judiciales de la Rama Judicial no es satisfactoria porque no es posible enrostrar en
su contra la configuración del fenómeno de la prescripción de los títulos judiciales,
debido a que ello acaeció por la demora de las autoridades judiciales que
conocieron de la controversia suscitada entre Agripina Medina González y la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Pretensiones
12. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“Primero. Que se decrete la no prescripción de los títulos judiciales:
1. 400100004558318 por la suma de $4.952.467.00
2. 400100004558320 por la sumade $100.166.184.00
Consignados por la Universidad Francisco José de Caldas el día 16 de mayo
del 2014 a favor de depósitos judiciales.
Por no cumplir con el articulo (sic) 4 y artículo 5de la ley 1743 de 2014.
Depósitos judiciales no reclamados. Adiciónese el artículo 192a y 192b de la
Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
artículo 192a de la ley 270 de 1996, el cual quedará así:
“artículo 192a. se entiende por depósitos judiciales en condición especial los
recursos provenientes de los depósitos judiciales que tengan más de diez (10)
años
de constitución y que: a) “no puedan ser pagados a su beneficiario por la
inexistencia del proceso en el despacho judicial a cuyo cargo están, (si había
un proceso judicial para el año 2014 Juzgado 34 Laboral de Bogotá y fallo de
primera instancia por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
el momento de hacer el cobro por prescripción los señores (SIC) de depósitos
judiciales) o de la falta de solicitud para su pago, o de la falta de la petición de
otro despacho para procederá su pago, o respecto de.. “o de la falta de solicitud
para su pago” no se podía realizar la solicitud, en consideración que no se había
terminado el proceso por fallo de segunda instancia por el honorable consejo
de estado” el cual solo fue hasta agosto 14 del 2025.
Respecto de “la falta de la petición de otro despacho para proceder a su pago,
en consideración a la falta de colaboración, ayuda y/o cumplimiento a lo
ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al juzgado 34 Laboral
mediante auto de fecha 10 de diciembre del 2025” esto es “y que tenga
conocimiento de la situación y pueda prestar asistencia al caso en concreto,
dentro del marco legal”.
Artículo 192b de la ley 270 de 1996, el cual quedará así:
“Artículo 192b. depósitos judiciales no reclamados. los depósitos judiciales que
no hayan sido reclamados por su beneficiario dentro de los dos (2) años
siguientes a la fecha de terminación definitiva de cualquier proceso menos el
laboral, prescribirán de pleno derecho a favor de la Rama Judicial, Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o
quien haga sus veces, con destino al fondo para la modernización,
descongestión y bienestar de la administración de justicia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04259-00
Accionante: Agripina Medina González y otra
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Señor juez, reitero el proceso por reconocimiento de cesantías y prestaciones
sociales se terminó en el año 2025 mediante sentencia en firme y ejecutoriada
proferida por el Consejo de Estado mediante certificación del día 31 de octubre
del 2025, y llevamos aproximadamente seis meses intentando cobrar los
mencionados títulos judiciales razón por lo cual no operaria la prescripción.
b) “Hayan sido consignados en el banco agrario, o entidad bancaria
correspondiente, o estén a su cargo, sin que se tenga identificado el despacho
judicial bajo cuya responsabilidad deberían estar.
Respecto a “Sin que se tenga identificado el despacho judicial bajo cuya
responsabilidad deberían estar.” A la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas mediante oficio de fecha 17 de noviembre del 2017 informo al Juzgado
34 Laboral con radicado de proceso 2014 -00397 que las consignados de los
valores ya referidos estaban hechas en el banco agrario de depósitos judiciales
por liquidación de prestaciones sociales y cesantías definitivas”.
Segundo. Que como consecuencia de la declaratoria anterior se ordene y / o se
emite
un auto ordenando l a reactivación de los títulos judiciales,
1. 400100004558318 por la suma de $4.952.467.00
2. 400100004558320 por la sumade $100.166.184.00
Consignados por la Universidad Distrital Francisco Jose (sic) de Caldas el día
16 de mayo del 2014 a favor de depósitos judiciales dirigido al grupo de Fondos
Especiales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (nivel central)
conforme lo establece el Acuerdo 11731, articulo (sic) 36 para su posterior pago
a la hoy accionante.
“Articulo (sic) 36 reactivación de depósitos judiciales. estas reactivaciones
únicamente operan cuando el depósito judicial no cumplía tos requisitos
contemplados en los artículos 4 y 5 de la ley 1743 de 2014 y fueron prescritos,
la reactivación únicamente puede hacerse si el despacho o dependencia judicial
donde se constituyó el depósito, se profiere orden judicial acto administrativo en
ese sentido, aun cuando hubiere sido otro despacho o dependencia que lo haya
enviado a prescribir, como sucede en el caso de los despachos que fueron
objeto de reordenamiento(...).”
Tercero, Que como consecuencia de la declaratoria anterior se ordene su pago
inmediato a ordenes (sic) de la señora Agripina Medina González en calidad de
única beneficiaria.
Lo anterior, en consideración que ya fuere ordenado su pago de reconocimiento
de cesantías y prestaciones sociales mediante sentencia de primera y segunda
instancia en firme y ejecutoriada así:
Sentencia de primera instancia a proferida por el Honorable Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, Magistrado
ponente Alberto Espinsa (sic) Bolaños, radicación proceso no.
250002342000201705317 00 de fecha 31 de marzo del 2023.
Sentencia de segunda instancia proferida por el Honorable Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar expediente numero (sic)
250002342000201705317 01 número interno (4034-2023) de fecha 14 de
agosto del 2025, sentencia debidamente ejecutoriada y en firme mediante
certificación expedida de fecha 31 de octubre del 2025. fecha en que se termina
el proceso)”4.
4 Índice 2 de Samai, expediente digital, Archivo “3ED_001EscritodeTutelaYA”, folios 14 a 17.
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Accionante: Agripina Medina González y otra
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Fundamentos de la demanda de tutela
13. La demandante indicó que se le vulneraron sus derechos fundamentales a la
igualdad real y efectiva frente a la Ley, debido proceso en las actuaciones judiciales
y administrativas, derechos de las personas de la tercera edad y protección de los
discapacitados, el derecho a una vivienda digna, presunción de buena fe de las
actuaciones de los particulares frente al Estado.
14. Aunado a lo anterior, el accionante señaló que la solicitud de amparo
constitucional también se fundamenta en la Ley 1743 de 2014 que regula la
prescripción de los títulos judiciales. Al respecto indicó que la negativa para el pago
de los depósitos que fue sustentada en la inexistencia de un proceso judicial a cargo
del Juzgado 34 Laboral del Circuito de Bogotá era insuficiente porque desconocía
que la controversia entre Agripina Medina González y la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas fue conocida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y, en segunda instancia, por la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado. En ese sentido, estimó que no procedía la declaratoria de
prescripción de los referidos depósitos judiciales.
Trámite en primera instancia
15. Mediante auto del 4 de junio de 20265, el despacho sustanciador admitió la
acción de amparo y ordenó notificar a las autoridades judiciales y entidades
accionadas, junto con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Asimismo, dispuso vincular, en calidad de terceros con interés en el resultado del
proceso Dirección Ejecutiva de Administración Judicial -DEAJ, al Banco Agrario de
Colombia, a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a
la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, al Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá y al Ministerio Público. También a Guiomar Azucena
Rodríguez López de Mesa, Ana Beatriz Navarrete y a los demás intervinientes
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm.
25000-23-42-000-2017-05317-00/01.
Intervenciones
16. La Universidad Francisco José de Caldas6 señaló que la demanda de tutela
es improcedente porque no cumple con los requisitos de inmediatez porque se
reclamó el valor de los títulos tres años después de que se configurara la
prescripción y subsidiariedad porque la reactivación de dichos depósitos judiciales
debió discutirse en el trámite del proceso adelantado ante la jurisdicción contencioso
administrativa con el radicado 25000234200020170531700. Además indicó los
depósitos judiciales No. 400100004558318 y 400100004558320 fueron
debidamente constituidos por el ente universitario desde el 16 de mayo de 2014 y
contienen derechos ciertos e indiscutibles del señor Nelson René Rocha Lozano y
5 Índice 4 de Samai, archivo
“15_Autoqueadmite_320260425900ADMITECL_0_20260604182752488”.
6 Índice 14 de Samai, archivo “24_110010315000202604259002MemorialWeb202661213347”.
6
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Accionante: Agripina Medina González y otra
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
si se configuró la prescripción fue a causa de la inactividad de la interesada para
reclamarlos directamente ante el Banco Agrario de Colombia.
17. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Asistencia
Legal7 solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva porque
sus actuaciones no tuvieron relación en la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora. Al respecto indicó que la entidad dio respuesta a
la petición presentada por las accionantes a través de correo electrónico y les
explicó que corresponde al despacho a cargo del cual se constituyeron los depósitos
judiciales resolver la solicitud de Agripina Medina González. Por último, reiteró que
en lo que concierne a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no existe
relación con la vulneración de derechos fundamentales invocada en la acción
constitucional.
18. El Juzgado Treinta y Cuatro (34) Laboral del Circuito de Bogotá8 indicó que
la señora Agripina Medina González solicitó al Juzgado el envío de los títulos
judiciales -sin identificarlos o detallar a cuáles se refería- al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca; posteriormente, en atención a la presente acción constitucional
se pudo constatar que la peticionaria se refiere a los depósitos judiciales No.
400100004558318 y 400100004558320; sin embargo al consultar las bases de
datos del despacho y el sistema de consulta de procesos se advierte que ante esa
autoridad judicial no obran los títulos de depósito judicial que se reclaman en la
presente acción constitucional. En atención a ello consideró que correspondía a la
accionante informar ante qué autoridad se constituyeron los títulos reclamados, en
atención a que su constitución fue previa a la presentación de la demanda de
carácter laboral. Por lo expuesto solicitó ser desvinculada del presente trámite
constitucional.
19. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público9 pidió que frente a ella
se declare la improcedencia de la acción de tutela porque carece de legitimación en
la causa por pasiva, debido a que no tiene la facultad de reactivar, ni ordenar el
pago de los títulos judiciales reclamados mediante la acción de tutela. Además alegó
que no se reprochó ninguna acción u omisión de la entidad que hubiera vulnerado
derechos fundamentales de la accionante. También destacó que de acuerdo con
los principios de legalidad y autonomía la Rama Judicial ejerce sus funciones de
manera independiente frente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Posteriormente, presentó un escrito10 dando alcance a la contestación inicial en el
que pidió ser desvinculada del presente trámite por carecer de legitimación en la
causa por pasiva.
7 Índice 15 de Samai, archivo “28_110010315000202604259002MemorialWeb202661234234”.
8 Índice 17 de Samai, archivo
“34_RECIBEMEMORIAL_RESPUESTAVINCULACION_1_20260612120324344”.
9 Índice 18 de Samai, archivo “34_110010315000202604259002MemorialWeb2026615145113”.
10 Índice 21 de Samai, archivo
“45_RECIBEMEMORIAL_Radicado_22026043910_1_20260616165347703”.
7
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Accionante: Agripina Medina González y otra
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
20. El Consejo Superior de la Judicatura11 expresó que carece de legitimación en
la causa por pasiva en atención a que no tiene atribución legal, ni competencia para
dar cumplimiento a una sentencia judicial, ni está llamado a responder por la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante.
Con sustento en lo expuesto solicitó ser desvinculado de la acción constitucional.
21. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B12 se pronunció frente
lo acontecido en proceso 25000-23-42-000-2017-05317-00/01 en el que se profirió
la sentencia de segunda instancia en la que se reconoció el derecho de las
acreencias laborales reclamadas por la parte demandante y, como consecuencia,
se ordenó el pago en favor de la señora Agripina Medina González. No obstante
advirtió que la prescripción de los depósitos judiciales constituidos por la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas escapaba del análisis del juez
contencioso administrativo, por lo que la autoridad judicial no realizó ninguna acción
que amenace o vulnere los derechos fundamentales de la accionante.
22. Guiomar Azucena Rodríguez López de Mesa13 expresó que fue compañera
permanente de Nelson Rocha Lozano durante sus últimos años de vida y que la
señora Agripina Medina González no convivía con el difunto desde el año 1999. En
atención a ello consideró injusto e ilógico que en el proceso
250002342000201705317-00/01 se le hubiera reconocido derechos a la
demandante por el solo hecho de haber contraído matrimonio con el causante de
las prestaciones sociales y cesantías, aunque estuvieran separados de hecho.
También indicó que no se encuentra configurada la vulneración de derechos
fundamentales alegados en la acción de tutela, debido a que a la accionante le
concedieron la pensión de sobreviviente del difunto, es copropietaria de una
vivienda en el barrio Modelia -sin precisar de que ciudad- y no acreditó la
dependencia económica de Nelson René Rocha Lozano. En atención a lo expuesto
solicitó que sean revocadas todas las sentencias anteriores (proferidas en el
proceso 250002342000201705317-00/01) y se le reconozca el 50% de las
prestaciones sociales de Nelson René Rocha Lozano o, por lo menos, se comparta
o divida una cuota parte en su favor.
CONSIDERACIONES
Competencia
23. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201914.
11 Índice 20 de Samai, archivo
“43_RECIBEMEMORIAL_Memorial_O740RespuestaTutela1_1_20260616140126716”.
12 Índice 22 de Samai, archivo
“47_CONTESTACIONDE_contestaciontutela20_0_20260616185146243”.
13 Índice 28 de Samai, archivo
“52_RECIBEMEMORIAL_consejodeestado16620_0_20260617101533269”.
14 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04259-00
Accionante: Agripina Medina González y otra
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Cuestión previa
24. El 29 de agosto de 2025, por medio de correo electrónico enviado a la Secretaría
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la señora Koo Michelle Rodríguez
Rodríguez (anteriormente con el nombre Angie Estefanía Rodríguez Rodríguez)15
allegó un escrito a la presente acción constitucional en el que solicitó que sea tenida
en cuenta en la presente acción constitucional en la calidad de hija de crianza de
Nelson René Rocha Lozano. Como sustento de su pedimento indicó que el difunto
ejerció en vida funciones de padre brindándole cuidado, apoyo emocional,
económico, escolar, manutención y acompañamiento en su desarrollo personal; sin
embargo “dicho vínculo no ha sido reconocido dentro de las actuaciones
relacionadas con la sucesión” del causante. Por ende, pidió que se valore la
existencia de relación de crianza que mantuvo con Nelson René Rocha Lozano.
25. Al respecto, la Sala no encuentra que la argumentación de la solicitante -
condición de hija de crianza de Nelson René Rocha Lozano- permita inferir un
interés directo en el asunto de la referencia, debido a que la peticionaria no acreditó
haber sido parte o actuado en el proceso identificado con radicado 25000-23-42-
000-2017-05317-00/01 en el que se discutió la nulidad de los actos administrativos
que reconocieron las prestaciones sociales y cesantías definitivas en favor de
Nelson René Rocha Lozano. Tampoco demostró que se le vulnere algún tipo de
derecho en el trámite de la presente acción constitucional en la que se discute,
principalmente, las dificultades en la ejecución de lo ordenado por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 14 de agosto de
2025, ni que con el examen de los cargos esgrimidos por la accionante -Agripina
Medina González- pueda afectarse algún derecho de la Koo Michelle Rodríguez
Rodríguez. Esta carga de motivación resultaba indispensable si se considera que la
presente acción de tutela busca cuestionar la efectividad de los depósitos judiciales
168778598 y 168778337 constituidos por parte de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas para garantizar el pago de las prestaciones y cesantías en favor de
Agripina Medina González como cónyuge supérstite de Nelson René Rocha
Lozano.
26. En ese sentido no se encuentra que la condición alegada por la peticionaria -
hija de crianza- pueda incidir en la ejecución de una providencia judicial en firme y
cuya controversia fue resuelta de manera definitiva en el proceso identificado con
radicado 25000-23-42-000-2017-05317-00/01 en el que no se hizo parte. Así, en
este caso no se deriva un interés particular, claro y directo para intervenir en este
trámite de tutela.
27. En ese orden de ideas, se negará la solicitud de Koo Michelle Rodríguez
Rodríguez y se procederá con el estudio del caso concreto.
15 Índice 24 de Samai, archivo
“48_RECIBEMEMORIAL_MemorialesSecGeneral_0_20260617094222580”:
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04259-00
Accionante: Agripina Medina González y otra
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Problema jurídico y metodología de la decisión
28. Agripina Medina González, con el apoyo de Claudia Diana Celina Rocha Medina
alegó que el juez constitucional decrete la “no prescripción” de los depósitos
judiciales (i) 400100004558318 por la suma de $4.952.467; (ii) 400100004558320
por la suma de $100.166.184 constituidos por la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas en el Banco Agrario de Colombia para el pago de las prestaciones
sociales y cesantías reconocidas a Nelson René Rocha Lozano. Con fundamento
en ello discute que se ordene la reactivación de los referidos títulos judiciales y que
se ordene el cumplimiento de las sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B el 31 de marzo
de 2023 y el Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B el 14 de agosto
de 2025.
29. Bajo ese contexto, la Sala debe determinar si (i) ¿la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular la subsidiariedad? De
resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá sobre (ii) ¿se encuentra que
la alegada “prescripción” de los depósitos judiciales No. 400100004558318 y
400100004558320 configuró la vulneración de los derechos fundamentales de la
parte accionante?; (iii) ¿es procedente la declaratoria de “no prescripción” de los
títulos judiciales invocados por el accionante y ordenar su reactivación por parte del
juez constitucional?
30. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) la procedencia excepcional de la acción de
tutela, especialmente, el de subsidiariedad; y (iii) el caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
31. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los particulares en
los casos que señale la ley.
32. En ese sentido, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, prevé:
“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado,
viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de
esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de
conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La
procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la
autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”16.
16 Art. 5. Decreto 2591 de 1991.
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Accionante: Agripina Medina González y otra
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
33. Frente a esto, la Corte Constitucional ha establecido:
“[…]para que proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se requiere
que existan elementos objetivos de los cuales se pueda inferir una amenaza o
vulneración cierta de derechos fundamentales, bien sea por una acción o una
omisión de las autoridades públicas y, excepcionalmente, de los particulares.
Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener la
protección de los derechos fundamentales que considera conculcados, debe,
como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho vulnerador, es
decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico susceptible de amparo.
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar
que, ‘la acción de tutela procede, cuando se pruebe que se amenazan o
vulneran los derechos fundamentales de una persona por parte de autoridades
públicas o los particulares, y adicionalmente no existe un mecanismo judicial de
protección de los mismos, idóneo para tal efecto’ (se destaca).
34. Conforme a lo expuesto en precedencia, la Sala advierte que la accionante
expresó que las autoridades públicas accionadas han omitido dar cumplimiento a lo
dispuesto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en la
sentencia del 14 de agosto de 2025 que puso fin al proceso
250002342000201705317-00/01 y que ordenó la entrega a la señora Agripina
Medina González de los depósitos judiciales constituidos 168778598 y 168778337
por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para garantizar el pago de las
prestaciones sociales y cesantías del señor Nelson René Rocha Lozano. Además
a dicha omisión le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la defensa, a la salud y a la vivienda.
35. Con base en las anteriores precisiones jurisprudenciales se procede a examinar
la procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto.
Análisis del caso concreto
Legitimación en la causa por activa y pasiva
36. Agripina Medina González cuenta con legitimación en la causa por activa, dado
que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración invoca
por causa de la omisión en el cumplimiento de la sentencia del 14 de agosto de
2025 que puso fin al proceso 250002342000201705317-00/01. De igual manera, las
autoridades judiciales accionadas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva
en la medida en que se le endilga la transgresión de las garantías constitucionales
del accionante.
37. En relación con los terceros vinculados con interés (Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial -DEAJ, al Banco Agrario de Colombia, a la Subsección B de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a la Dirección General de Crédito
Público y del Tesoro Nacional, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y
el Ministerio Público) se constata que fueron relacionados en los hechos alegados
por la accionante y/o hicieron parte o intervinieron en el proceso de nulidad y
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04259-00
Accionante: Agripina Medina González y otra
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
restablecimiento del derecho 250002342000201705317-00/01 en el que se profirió
la sentencia del 14 de agosto de 2025 sobre la que se pretende el cumplimiento de
lo ordenado por el juez natural de la controversia.
38. Por los motivos expuestos en precedencia no es posible acceder a las
solicitudes de desvinculación del proceso planteadas por: (i) la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial -DEAJ; (ii) el Juzgado 34 Laboral del Circuito de Bogotá;
(iii) la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y (iv) el Consejo Superior
de la Judicatura.
39. Sobre el requisito de subsidiariedad: la jurisprudencia ha sostenido que el
amparo no procede si el ordenamiento ofrece un medio idóneo y eficaz para ventilar
el reproche. Este presupuesto exige que el accionante agote los medios ordinarios
y procesales disponibles en el trámite judicial correspondiente, salvo que estos no
resulten idóneos o eficaces en el caso concreto, o que se pretenda evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.
40. En materia de cumplimiento de sentencias proferidas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, el artículo 298 del CPACA establece que, una vez
transcurridos los términos previstos en el artículo 192 del mismo código sin que se
haya cumplido la condena, el juez o magistrado competente librará mandamiento
ejecutivo, según las reglas del Código General del Proceso para la ejecución de
providencias, previa solicitud del acreedor. Así mismo, el artículo 422 del Código
General del Proceso dispone que prestan mérito ejecutivo las obligaciones claras,
expresas y exigibles que emanen de una sentencia de condena proferida por juez
o tribunal de cualquier jurisdicción. De esa manera, la sentencia judicial ejecutoriada
constituye título ejecutivo cuando contiene una obligación determinada, exigible y
susceptible de cumplimiento forzado.
41. Además, cuando la condena no consiste estrictamente en el pago de una suma
líquida de dinero, sino en la realización de una conducta específica, la ejecución
puede tramitarse como una obligación de hacer. En ese escenario, el juez ejecutivo
cuenta con herramientas procesales para ordenar el cumplimiento material de la
conducta debida, adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la orden
judicial y resolver las controversias que surjan sobre el alcance, exigibilidad o forma
de cumplimiento de la sentencia.
42. En el caso concreto, la accionante pretende que el juez de tutela declare la “no
prescripción” de los depósitos judiciales núm. 400100004558318 y
400100004558320, ordene su reactivación y disponga el pago inmediato de las
sumas reconocidas en su favor. Sin embargo, esas pretensiones están
directamente relacionadas con el cumplimiento de la sentencia del 14 de agosto de
2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
ordenó a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas entregar en favor de
Agripina Medina González los depósitos judiciales constituidos con ocasión del
reconocimiento de las prestaciones sociales y cesantías definitivas de Nelson René
Rocha Lozano.
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Accionante: Agripina Medina González y otra
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43. Esa providencia judicial constituye, en principio, un título ejecutivo, en tanto
contiene una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas: entregar a la accionante los depósitos judiciales
identificados en esa providencia con números de operación 168778598 y
168778337, sin perjuicio de que la parte actora los relacione en la tutela con los
títulos núm. 400100004558318 y 400100004558320. Por tanto, si la entidad
obligada no ha cumplido la orden, la accionante cuenta con el proceso ejecutivo
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para obtener el cumplimiento
forzado de la sentencia, conforme a los artículos 298 del CPACA y 422 del CGP.
44. La acción de tutela no puede desplazar ese escenario judicial. El debate sobre
si los depósitos judiciales fueron prescritos, si procede su reactivación, o si debe
ordenarse una actuación al despacho que los tuvo a su cargo o si la Universidad
Distrital debe adoptar medidas equivalentes para cumplir la sentencia, corresponde
al juez de la ejecución. Ese juez es el llamado a verificar el título, determinar el
alcance de la obligación, establecer si esta es de dar o de hacer, librar el
mandamiento ejecutivo y adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la
orden judicial.
45. En particular, frente a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se
advierte que la sentencia del 14 de agosto de 2025 impuso una obligación
judicialmente exigible consistente en entregar a Agripina Medina González los
depósitos judiciales constituidos para garantizar el pago del 50 % de las
prestaciones sociales y cesantías definitivas reconocidas a Nelson René Rocha
Lozano. Si dicha entrega no se ha materializado por dificultades relativas a la
prescripción, ubicación o reactivación de los títulos, la accionante puede acudir al
proceso ejecutivo para exigir el cumplimiento de la sentencia, incluso bajo la
modalidad de obligación de hacer, en cuanto lo pretendido es que la entidad
obligada adelante las actuaciones necesarias para materializar la entrega ordenada
judicialmente.
46. Además, la Sala advierte que la accionante no acreditó que el proceso ejecutivo
resulte inidóneo o ineficaz. Por el contrario, dicho mecanismo está previsto
precisamente para obtener el cumplimiento de sentencias judiciales ejecutoriadas.
Tampoco se demostró un perjuicio irremediable que justifique desplazar ese medio
ordinario, pues, aunque la actora alegó condiciones de salud, edad avanzada y
necesidad económica, no aportó elementos suficientes que permitan establecer una
afectación actual, grave e impostergable de sus derechos fundamentales.
47. Esta Corporación advierte que la modificación introducida por el Consejo de
Estado en la sentencia del 14 de agosto de 2025 no impide acudir al proceso
ejecutivo. Por el contrario, refuerza la existencia de una obligación judicialmente
exigible, consistente en la entrega de los depósitos constituidos por la Universidad
Distrital. La Sección Segunda modificó la orden de primera instancia porque la
Universidad ya había constituido los depósitos judiciales desde 2014, de modo que
no procedía imponer un nuevo reconocimiento y pago actualizado, sino ordenar la
entrega de los depósitos a la beneficiaria definida judicialmente. En consecuencia,
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Accionante: Agripina Medina González y otra
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
las dificultades relacionadas con la ubicación, prescripción o reactivación de esos
depósitos deben ser planteadas ante el juez de la ejecución.
48. La Sala reconoce que, en el caso concreto, esperar el trámite del proceso
ejecutivo no configura un perjuicio irremediable. Si bien la accionante invocó su
condición de persona de especial protección constitucional, su edad avanzada, su
estado de salud y la necesidad de recursos para atender sus gastos básicos y de
cuidado, tales afirmaciones no fueron acompañadas de elementos probatorios
suficientes que permitan constatar una afectación actual, cierta e impostergable de
sus derechos fundamentales. En particular, no se acreditó que la espera propia del
mecanismo judicial ordinario haga nugatoria la protección reclamada, ni que la falta
inmediata de entrega de los depósitos comprometa de manera directa su mínimo
vital, su salud o su permanencia en el centro geriátrico.
49. Tampoco se advierte que la situación planteada reúna las condiciones exigidas
para desplazar el medio judicial ordinario, pues el perjuicio alegado no aparece
demostrado como grave, inminente, urgente ni dirigido a evitar un riesgo cierto de
vulneración de derechos fundamentales que exija una intervención constitucional
impostergable. Por el contrario, la accionante cuenta con una providencia judicial
que, en principio, presta mérito ejecutivo y contiene una obligación exigible, de modo
que el proceso ejecutivo permite al juez competente verificar el alcance de la orden,
resolver las dificultades relacionadas con la ubicación, prescripción o reactivación
de los depósitos judiciales y adoptar las medidas necesarias para materializar la
entrega ordenada. En esas condiciones, acudir al proceso ejecutivo no representa
una carga desproporcionada ni ineficaz, sino el cauce judicial idóneo para obtener
la satisfacción del derecho reconocido judicialmente.
50. En consecuencia, la tutela resulta improcedente por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad. Lo anterior no implica desconocer la sentencia judicial dictada en
favor de la accionante ni cerrar la posibilidad de obtener su cumplimiento, sino
precisar que la vía adecuada para ello es el proceso ejecutivo, no la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación al proceso de Koo Michelle
Rodríguez Rodríguez como tercera vinculada con interés en el trámite del proceso.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación del proceso por falta de
legitimación en la causa por pasiva planteada por: (i) la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial -DEAJ; (ii) el Juzgado Treinta y Cuatro (34) Laboral del
Circuito de Bogotá; (iii) la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y (iv)
el Consejo Superior de la Judicatura.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04259-00
Accionante: Agripina Medina González y otra
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Agripina Medina González, con apoyo de Claudia Diana Celina Rocha Medina, por
incumplir el requisito de subsidiariedad.
CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la petición de Guiomar Azucena
Rodríguez López de Mesa -tercera con interés en el resultado del proceso-, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
SEXTO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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