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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04260-00

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04260-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04260-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04260-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: CIELO CORREA GARCÍA

TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA
PARTE ACTORA PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON
OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA, ADEMÁS, TAMPOCO SE
CUMPLE CON LA CARGA ARGUMENTATIVA REQUERIDA EN EL
ASUNTO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO

DE ESTADO1.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora CIELO CORREA GARCÍA, actuando a través de

apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04260-00
Actora: CIELO CORREA GARCÍA

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y a la seguridad social, los cuales estima

vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA, al haber proferido la

sentencia de 6 de noviembre de 2025 dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 2020-00221-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que ostenta la calidad de docente al servicio del

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER2 desde el 9 de

agosto de 1997 hasta la actualidad, por lo que acumula un total de

20 años de servicios en el sector público educativo oficial.

Mencionó que solicitó ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL3 el reconocimiento

y pago de la pensión gracia, la cual fue denegada mediante las

resoluciones núms. RDP 0033764 de 11 de febrero y RDP 008986 de

13 de abril de 2020.

2
En adelante DEPARTAMENTO.
3
En adelante UGPP.

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3

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Actora: CIELO CORREA GARCÍA

Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda

en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra la UGPP, con el fin de obtener la declaratoria de

nulidad de los mencionados actos administrativos y, en

consecuencia, se declarara el reconocimiento de la pensión gracia

equivalente al 75% del salario promedio de todos los factores

salariales devengados durante el último año de servicios.

Señaló que a la demanda se le asignó el número único de radicación

2020-00221-00 y le correspondió por reparto al TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CALDAS4 que, en sentencia de 1o. de abril

de 2022, accedió a las súplicas incoadas.

Adujo que la parte allí accionada, inconforme con lo anterior,

presentó recurso de apelación el cual fue resuelto por la SECCIÓN

SEGUNDA que, mediante sentencia de 6 de noviembre de 2025

revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, denegó las

pretensiones de la demanda.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

4
En adelante TRIBUNAL.

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4

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Actora: CIELO CORREA GARCÍA

Manifestó que la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en desconocimiento

del precedente judicial5 al desconocer la jurisprudencia del

Consejo de Estado en la que ha reconocido la pensión gracia a los

docentes de preescolar, lo que evidencia que se apartó de la línea

pacífica y reiterada establecida por esta Corporación.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada negó la pensión gracia al

excluir el tiempo laborado como docente preescolar, argumentando

que la normativa no contempla expresamente a los maestros de ese

nivel educativo, pese a que lo determinante no es el nivel educativo

sino haber tenido una vinculación territorial o nacionalizada.

Alegó que se dio un trato desigual frente a otros docentes en

situaciones equivalentes, por lo que se omitió analizar y justificar

adecuadamente el apartamiento del precedente aplicable, de tal

forma que la interpretación restrictiva y desfavorable impidió el

reconocimiento efectivo del derecho pensional reclamado.

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia
de 4 de agosto de 2022, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación número 2018-01113-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia
de 28 de julio de 2022, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación número 2020-00299-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia
de 21 de marzo de 2024, M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, radicación número 2014-00298-01.

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Actora: CIELO CORREA GARCÍA

I.4.- Pretensiones

La actora solicita el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Se declare que el CONSEJO DE ESTADO – SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN
SEGUNDA-SUBSECCIÓN A, en sentencia proferida el día 6 de
noviembre de 2025 dentro del expediente radicado bajo No.
17001-23-33-000-2020-00221-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA de la señora CIELO CORREA GARCÍA, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y los principios superiores.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y
se profiera un nuevo pronunciamiento que haga un análisis
integral de la prueba en el que se demostró la vinculación
territorial de la docente […]”. (resaltado del texto)

I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA pidió que se declare improcedente

la solicitud de amparo de la referencia, comoquiera que no se cumple

con el requisito de la relevancia constitucional y tampoco se configura

el desconocimiento del precedente jurisprudencial alegado.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El TRIBUNAL solicitó que se declare improcedente la acción

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de tutela de la referencia, por cuanto lo pretendido por la actora es

usar este mecanismo constitucional como una instancia adicional al

proceso ordinario cuestionado

I.6.2.- La UGPP también solicitó que se declare improcedente la

solicitud de amparo por cuanto la actora no puede pretender usar la

acción de tutela como una instancia adicional para revisar decisiones

adoptadas por el juez de la causa.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

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(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de

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tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue

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víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la providencia de 6 de noviembre de 2025,

proferida por la SECCIÓN SEGUNDA dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 2020-00221-01.

Los disensos de la demandante radican en que la autoridad judicial

accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial al

pasar por alto la jurisprudencia del Consejo de Estado en la que ha

reconocido la pensión gracia a docentes de preescolar.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

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con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en el defecto alegado.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

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esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la

[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra

[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito general de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a

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una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

que propone la parte actora implica la reapertura de un asunto que

ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir

una instancia adicional, comoquiera que los argumentos expuestos

en el escrito de tutela más que invocar algún defecto contra la

sentencia controvertida, buscan que se realice un nuevo estudio del

caso puesto a consideración del juez de conocimiento.

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En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las

inconformidades que ahora trae la actora a esta sede constitucional

ya fueron resueltas de forma admisible por la SECCIÓN SEGUNDA,

así:

“[…] 33. En este punto debe precisarse que la pensión gracia,
según el artículo 1° de la Ley 114 de 1913, fue concebida
originalmente para los maestros de escuelas primarias oficiales.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 amplió su
cobertura a los empleados y profesores de las Escuelas Normales
y a los Inspectores de Instrucción Pública, permitiendo que para
el cómputo de los años de servicio se sumaran los prestados en
distintos periodos, tanto en la enseñanza primaria como en la
normalista, e incluso en labores de inspección. Con la Ley 37 de
1933, este beneficio se extendió finalmente a los docentes de
establecimientos de educación secundaria, consolidando así un
marco legal progresivo que amplió el ámbito de protección de la
pensión gracia.

34. No obstante, ninguna de las disposiciones citadas extendió
el beneficio de la pensión gracia a los docentes del nivel
preescolar. Así lo ha reiterado esta Subsección en diversos
pronunciamientos16, en los que ha sostenido que las personas
que prestaron sus servicios en el nivel preescolar no se
encuentran incluidas entre los beneficiarios de dicha prestación,
por cuanto el régimen jurídico que la regula se dirige
exclusivamente a los maestros de educación primaria y
secundaria vinculados a planteles educativos territoriales o
nacionalizados. Este criterio se fundamenta en que fue ese
personal el que históricamente se vio afectado por la
desigualdad salarial que la pensión gracia buscó compensar.

35. Corolario a lo anterior, la Sala advierte que las certificaciones
laborales expedidas por la Secretaría de Educación Municipal de
Manizales evidencian que la docente desarrolló toda su

16 En respaldo de este criterio, conforme al cual los docentes del nivel preescolar no son beneficiarios

de la pensión gracia, esta Subsección ha reiterado su posición en diversos fallos. Entre ellos se destacan
las siguientes providencias de la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado: la sentencia
del 23 de abril de 2025, radicación 50001-23-33-000-2016-00269-01 (5392-2024); la sentencia del 14
de mayo de 2025, radicación 70001-23-33-000-2019-00057-01 (0332-2025); y la sentencia del 10 de
julio de 2025, radicación 05001-23-33-000-2020-03755-01 (0078-2025), todas con ponencia del
consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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trayectoria profesional, desde 1977 hasta 2018, en el nivel
preescolar.

En consecuencia, tales periodos de servicio no pueden
contabilizarse para efectos de acceder a la pensión gracia […]”.

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que la SECCIÓN SEGUNDA, a partir de la jurisprudencia dispuesta

para el asunto y del material probatorio obrante en el expediente

ordinario, encontró que la actora no era beneficiaria de la pensión

gracia solicitada, comoquiera que los períodos acreditados no era

posible contabilizarse para ello.

En efecto, encontró de las certificaciones allegadas al proceso que la

actora se desempeñó como docente del nivel preescolar, por lo que

no era beneficiaria de la pensión gracia reclamada, pues de

conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 114 de

1913, tal prestación fue creada exclusivamente para los maestros de

escuelas primarias oficiales.

En igual sentido que, si bien el artículo 6 de la Ley 116 de 1928

amplió su cobertura a los empleados y profesores de las escuelas

normales y a los inspectores de instrucción pública, y la Ley 37 de

1933 lo extendió a los docentes de establecimientos educativos de

secundaria, ninguna de ellas incluyó a los del nivel preescolar.

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En ese orden de ideas, la Sala advierte que la SECCIÓN SEGUNDA

se pronunció frente a todos los aspectos que pretende controvertir la

actora en la presente acción de tutela, pues fundamentó su decisión

en la postura dispuesta por ella sobre el asunto puesto a su juicio, lo

que descarta el desconocimiento del precedente endilgado, de tal

forma que no se vislumbra que pudo haber actuado de forma

abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la

autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito general

de la relevancia constitucional.

Significa lo precedente que lo pretendido por la actora es que el juez

de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos

expuestos en el medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho, con la finalidad de que se haga una corrección al análisis

que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación

que proponen, como si el mecanismo de amparo fuera una instancia

o recurso adicional a los previstos en el trámite ordinario.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

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demandante, sino una divergencia que obedece a la interpretación

dada por el juez natural del asunto a la jurisprudencia aplicable, en

el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a

la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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