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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04263-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04263-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04263-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04263-00
Accionante: NANCY PALENCIA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C
Tema: ACCIÓN DE TUTELA - Se declara improcedente la acción de tutela
por no cumplir con el requisito general de procedencia de inmediatez.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Nancy Palencia, a través de apoderada judicial, solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y a la reparación integral, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 17
de septiembre de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de reparación
directa con el número de radicación 11001-33-43-064-2018-00097-00/02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa núm. 11001-33-43-064-2018-00097-00/02 contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional para que fuera declarada responsable
patrimonialmente por el asesinato de su compañero permanente, el señor Ricaurte
Valderrama Carvajal, en hechos ocurridos el 25 de marzo de 2006, en el municipio
de San Vicente del Caguán por “[…] miembros del ejército […]”, y como
consecuencia de lo anterior, solicitó la indemnización de los respectivos perjuicios
materiales e inmateriales.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04263-00
Accionante: Nancy Palencia

2.2. Expresó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Sesenta y
Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante
sentencia de 20 de febrero de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda.

2.3. Señaló que el Ejército Nacional interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión y la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 17 de septiembre de 2025, revocó la decisión
de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad del
medio de control cuestionado.

2.4. Consideró que la providencia cuestionada vulneró los derechos fundamentales
indicados supra, por haber incurrido en un desconocimiento del precedente judicial
y en un defecto fáctico.

2.5. Indicó frente al desconocimiento del precedente judicial que “[…] La providencia
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoce de manera flagrante la
subregla constitucional de unificación establecida por la Sala Plena de la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-439 de 2024. la Corte unificó los criterios de
procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales que declaran la caducidad del
medio de control de reparación directa en casos de ejecuciones extrajudiciales
cometidas por agentes del Estado. El caso analizado por la Sala Plena de la Corte
Constitucional presenta una identidad fáctica simétrica con el de la señora Nancy
Palencia: en dicha oportunidad, el Tribunal Administrativo del Tolima había
declarado la caducidad de la demanda de reparación directa presentada por la
compañera permanente del señor Jorge Armando Guevara Pérez. Al revocar la
sentencia del Tribunal del Tolima y amparar los derechos fundamentales de las
víctimas, la Corte Constitucional determinó que la interpretación formalista y rígida
de los términos procesales en casos de graves transgresiones a los derechos
humanos constituye un defecto judicial insalvable. […]”.

2.6. Adujo sobre el defecto fáctico que “[…] En la sentencia del 17 de septiembre de
2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la caducidad del medio
de control contencioso basándose en una premisa fáctica falsa y restrictiva:
determinó que el término de dos años corrió de forma ininterrumpida a partir del 27
de marzo de 2006, asumiendo que Nancy Palencia tenía "certeza" de la ilegalidad
de la muerte de su compañero por el solo hecho de haber acudido al cementerio a
reconocer su cuerpo "vuelto nada". Esta valoración probatoria es manifiestamente
arbitraria y omisiva […]”.

III. PRETENSIONES

3. La accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: AMPARAR de manera definitiva los derechos fundamentales
al debido proceso (artículo 29 constitucional) y al acceso efectivo a la
administración de justicia (artículo 229 constitucional) de la señora Nancy
Palencia, los cuales fueron conculcados de manera directa por la Subsección C
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir
la sentencia de segunda instancia del diecisiete (17) de septiembre de dos mil

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04263-00
Accionante: Nancy Palencia

veinticinco (2025) dentro del proceso de reparación directa con radicado 11001-
33-43-064-2018-00097-02.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la referida sentencia de
segunda instancia del diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
dictada por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (Radicado: 11001-33-43-064-2018-00097-02; Sentencia No.
SC3- 25094387), providencia que incurrió en defecto fáctico por indebida
valoración probatoria y en desconocimiento del precedente constitucional
vinculante fijado por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-439 de 2024

TERCERO: ORDENAR a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en un término perentorio de quince (15)
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia de
tutela, proceda a dictar un nuevo fallo de segunda instancia en el que aplique
de manera integral y obligatoria el precedente constitucional de la Sentencia
SU-439 de 2024. En consecuencia, el Tribunal deberá declarar que la demanda
de reparación directa fue presentada en tiempo oportuno al no haberse
configurado el fenómeno jurídico de la caducidad, y resolver de fondo sobre la
responsabilidad extracontractual de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército
Nacional, de conformidad con la valoración probatoria contextual de los hechos
constitutivos de ejecución extrajudicial ("falso positivo") y tortura.

CUARTO: DEJAR SIN EFECTO de forma definitiva el auto dictado el cinco (05)
de marzo de dos mil veintiséis (2026) por el Juzgado Sesenta y Cuatro (64)
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, mediante el cual se
ordenó obedecer lo resuelto por el superior y archivar definitivamente el
expediente contencioso de la referencia, debiendo el juez de primera instancia
desarchivar las diligencias y reanudar el trámite contencioso de origen en
espera de la nueva providencia de alzada […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 9 de junio de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional y al Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del
Circuito de Bogotá.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:

5.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que “[…]
la sentencia acusada realizó un estudio juicioso de cada una de las pruebas
obrantes en el expediente, según la relación detallada de las mismas, que aparece
enumerada en el acápite “1. Pruebas relevantes” del capítulo V “CASO
CONCRETO” las cuales fueron valoradas de forma razonada y conforme a los
criterios de la sana crítica en el acápite del análisis probatorio […] la Subsección
decidió conforme a la jurisprudencia aplicable al caso concreto […]”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04263-00
Accionante: Nancy Palencia

5.2. El Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá señaló
que la sentencia de primera instancia proferida por este despacho no constituye el
objeto del amparo constitucional solicitado, pues las inconformidades expuestas
por la accionante se encuentran dirigidas exclusivamente contra la providencia
emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se declaró
la caducidad del medio de control. Solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se resolverá,
resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal
presentada por el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04263-00
Accionante: Nancy Palencia

el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

9. Teniendo en cuenta que, el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de Bogotá,
fue la autoridad judicial que conoció en primera instancia el proceso cuestionado, la
Sala considera que a esta autoridad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada
a esta acción constitucional.

10. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo
siguiente:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, de ser así, se deberá
determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la accionante al haber incurrido, presuntamente, en un defecto
fáctico y en un desconocimiento del precedente judicial.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04263-00
Accionante: Nancy Palencia

trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

20. La señora Nancy Palencia, a través de apoderada judicial, solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de

9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04263-00
Accionante: Nancy Palencia

justicia y a la reparación integral, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 17
de septiembre de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de reparación
directa con el número de radicación 11001-33-43-064-2018-00097-00/02.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de inmediatez.

22. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración12. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]”13.

23. Al respecto, la jurisprudencia constitucional14, ha señalado lo siguiente:

“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues
el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la
necesidad que existe de conciliar la protección de derechos
fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, que podrían comprometerse si la tutela contra
providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente
reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente
importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra
providencias judiciales. En la citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que
“de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos
de resolución de conflictos” […]”15. [Negrilla fuera del texto].

24. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla jurisprudencial según
la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6) meses, contados a
partir de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela. Ello con sustento en
el siguiente raciocinio:

“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa

12
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
13
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
15
Ibidem.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04263-00
Accionante: Nancy Palencia

juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.

Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del
acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de
una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”16. [Negrilla
fuera del texto].

25. La jurisprudencia constitucional17 ha establecido excepciones a la aplicación del
requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular18, así:

“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”19.

26. Precisadolo anterior, la Sala pone de presente que, para determinar si la
presente acción de tutela satisface el requisito general de procedibilidad de
inmediatez, se debe tener en cuenta la fecha de notificación de la providencia. Ello
en razón a que la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en sostener que
el plazo razonable se contabiliza a partir de la fecha en que se notifique la
providencia acusada por vía de tutela.

27. Con fundamento en lo expuesto, la Sala estima pertinente indicar que: (i) la
providencia que motivó la interposición de esta acción de tutela se entiende
notificada el 1.° de octubre de 202520, y (ii) la presente solicitud de amparo fue
radicada el 3 de junio de 202621.

16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-
15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17
Sentencia T-584 de 2011.
18
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
19
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
20
Expediente núm. 11001334306420180009702, índice 12 de SAMAI. Mensaje de datos enviado el 29 de septiembre de
2025.
21
Índice 2 de SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-04263-00
Accionante: Nancy Palencia

28. En razón a que la solicitud de amparo fue radicada el 3 de junio de 2026, la Sala
observa que se ejerció por fuera de los 6 meses, término fijado tanto por esta
Corporación como por la Corte Constitucional.

29. En ese orden de ideas, y en atención a que no se observa una causal que
justifique la demora en la interposición de la presente acción constitucional, la Sala
considera que no se satisface el requisito general de procedibilidad atinente a la
inmediatez, resaltándose que tampoco se cumplen los presupuestos para acceder
a la aplicación de la sentencia SU-354 de 2017, proferida por la Corte
Constitucional.

30. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado
Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04263-00
Accionante: Nancy Palencia

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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