Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04273-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04273-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04273-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04273-00
Accionantes: José Alirio Alfonso Peña
Accionados: Gobernación de Boyacá
Tema: Derecho al debido proceso, derecho de petición, Inclusión en
Nómina de Pensionados -CONCEDE AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor José Alirio Alfonso Peña,
en contra de la Gobernación de Boyacá.
ANTECEDENTES
El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, mínimo vital y seguridad
social, que considera vulnerados en razón a que la Gobernación de Boyacá, lo
excluyó del pago de nómina de pensionados desde abril de 2026, de manera
unilateral, sin justificación aparente.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que mediante sentencia de casación SL 333-2021 del 25 de enero de 2021, la Corte
Suprema de Justicia dispuso el reconocimiento de pensión de jubilación anticipada
a favor del señor José Alirio Alfonso Peña, (en su condición de extrabajador oficial
sindicalizado del Departamento de Boyacá, en los términos de la convención
colectiva de trabajo suscrita el 12 de noviembre de 2002) decisión que fue cumplida
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por el Departamento de Boyacá mediante la expedición de la Resolución No.
00000042 del 14 de mayo de 2021, a partir del 16 de abril de 2003.
Que, desde el mes de abril de 2026, fue excluido de la nómina de pensionados,
decisión que, según afirma, fue adoptada sin la expedición de acto administrativo,
sin explicación ni justificación por parte de la entidad accionada, sin su autorización
para revocar, modificar o aclarar la Resolución No. 00000042 de 2021.
Que el 6 de mayo de 2026, elevó derecho de petición a la Gobernación de Boyacá,
solicitando su reincorporación a la nómina de pensionados, y no ha obtenido
respuesta.
Que a la fecha, no ha accedido a una pensión de vejez en el Sistema General de
Pensiones, pues si bien es titular de una pensión de jubilación anticipada, para
acceder a la prestación de vejez debe cumplir con los requisitos legales, entre ellos
el número de semanas cotizadas, exigencia que no satisface, según lo manifestado
por (Colpensiones) el 17 de julio de 2025, cuando negó su reconocimiento pensional
y señalo inconsistencias en el reporte y pago de aportes al sistema por parte del
Departamento de Boyacá.
Considera que, la exclusión de la nómina de pensionados y la suspensión del pago
de la mesada, sin actuación administrativa que la sustente, vulneran sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
seguridad social y al mínimo vital.
PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos fundamentales invocados, y se ordene:
A la Gobernación de Boyacá, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación del fallo de tutela, reanudar de manera inmediata su inclusión en la
nómina de pensionados y el correspondiente pago de su mesada pensional, así
como cancelar las dejadas de percibir desde abril de 2026, abstenerse de incurrir
nuevamente en su exclusión y remitir constancia del cumplimiento de lo ordenado.
Adicionalmente solicitó condenar en costas al Departamento de Boyacá y a su
representante legal.
TRÁMITE DEL PROCESO
El 9 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela, se vinculó como tercero
interesado a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), y se
despachó de manera negativa la solicitud de medida provisional.
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POSICIÓN DEL ACCIONADO
La Gobernación de Boyacá. Guardó Silencio
POSICIÓN DE LA VINCULADA
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), manifestó que no
incurrió en la vulneración de derechos fundamentales, en tanto no existe solicitud
pendiente ni actuación atribuible a dicha administradora, relacionada con los hechos
de la tutela y, que es el Departamento de Boyacá la entidad competente para
atender las pretensiones y explicar la exclusión de la nómina de pensionados.
En consecuencia, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar
que sus funciones se limitaban a la administración del Régimen de Prima Media y
no comprendían la decisión controvertida, motivo por el cual solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional.
Se decidirá previo a las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) generalidades de la acción de tutela; II), requisito de subsidiariedad de
la acción de tutela Ill)) derecho a la seguridad social lV) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela
Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional, esta
acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta característica,
los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en
principio, resueltos por las vías ordinarias jurisdiccionales y sólo ante la ausencia
de dichas vías o cuando las mismas no sean idóneas y eficaces para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de
amparo constitucional.
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La existencia de otro mecanismo judicial ha sostenido el máximo tribunal
constitucional, per se, no constituye una razón suficiente para declarar la
improcedencia de la acción, en la medida que el mismo debe ser idóneo, lo que
significa que debe ser materialmente apropiado para generar el efecto protector de
los derechos fundamentales, además, debe ser un medio eficaz, esto es, estar
diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho.
Así pues, hay que señalar en principio que la acción de tutela no es el medio
adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que existen las
acciones de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como medios de control;
lo que significa que, cuando no existe una vía judicial adecuada e idónea para la
protección de los derechos en juego, se torna procedente la acción de tutela para tal
fin.
El derecho a la seguridad social.
La jurisprudencia constitucional ha entendido la seguridad social como un derecho
como fundamental, pues en ella se garantiza la vida digna, la dignidad humana y el
mínimo vital. Es así como la Corte Constitucional expresó:
«Ahora bien, conforme con su configuración constitucional, y dado su
carácter de derecho irrenunciable, la seguridad social se inscribe en la
categoría de los denominados derechos sociales, económicos y culturales,
o de contenido prestacional, los cuales han sido entendidos por la
jurisprudencia constitucional, como aquellos cuya realización efectiva exige
un desarrollo legal, la implementación de políticas encaminadas a la
obtención de los recursos necesarios para su materialización y la provisión
de una estructura organizacional, que conlleva la realización de
prestaciones positivas, principalmente en materia social, para asegurar
unas condiciones materiales mínimas de exigibilidad.1
En ese contexto, se ha establecido que la posibilidad de acudir a la acción
de tutela para demandar la protección de los derechos prestacionales, tiene
lugar cuando se ha expedido la regulación legal que les da contenido,
presupuesto que permite su defensa judicial en forma directa, bajo el
entendido de que tales contenidos prestacionales constituyen por sí
mismos un derecho fundamental autónomo en cabeza de sus beneficiarios.
Sin embargo, excepcionalmente, es posible solicitar su protección por vía
de tutela, aun cuando no se hayan implementado medidas de desarrollo,
siempre que la ausencia de dichos contenidos afecte la dignidad humana
y la calidad de vida de las personas, especialmente, de aquellas que se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta2.
Finalmente, esta Corporación ha evolucionado en el sentido de sostener
que el derecho a la seguridad social, dada su vinculación directa con el
1
Consultar, entre otras, las sentencias T-628 de 2007, T-1040 de 2008, T-777 de 2009, T-880 de
2009 y T-176 de 2011.
2
Corte Constitucional. Sentencia T-431 de 2009.
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principio de dignidad humana, tiene en realidad el carácter de derecho
fundamental, pudiendo ser objeto de protección judicial, por vía de la acción
de tutela, en relación con los contenidos legales que le han dado desarrollo
y, excepcionalmente, cuando la falta de ciertos contenidos afecta el mínimo
de dignidad y calidad de vida del afectado»3.
Análisis del caso concreto
El señor José Alirio Alfonso Peña solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia,
mínimo vital y seguridad social, en razón a que, según indica, de manera súbita, fue
excluido de la nómina de pago de pensiones de la Gobernación de Boyacá, y no
volvió a recibir su pago desde el mes de abril del presente año.
Pues bien, de las pruebas aportadas, evidencia la Sala lo siguiente:
El Departamento de Boyacá, dando cumplimiento al fallo SL 333-2021 del 25 de
enero de 2021 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
expidió la Resolución No. 00000042 del 14 de mayo de 2021, en la cual le reconoció
una pensión anticipada y lo incluyó en su nómina de pensionados.
El 13 de marzo de 2025, el señor Alfonso Peña, solicitó el reconocimiento de la
pensión de vejez de carácter compartida, a la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) 5 y esta, el 17 de julio de 2025, le dio respuesta indicando
que no cumplía con el requisito de semanas cotizadas, que debía contar con 1300
y a la fecha registraba 1195. En consecuencia, procedió a negar la solicitud.
El departamento de Boyacá excluyó de la nómina de pensionados al actor en abril
del presente año y suspendió el pago de su mesada6; por lo que el 6 de mayo de
20267 este, elevó a la Gobernación, solicitud de reincorporación a la nómina de
pensionados y el pago de aportes y a la fecha no ha obtenido respuesta.
La acción de tutela resulta procedente para examinar el asunto planteado, puesto
que el accionante no cuenta con otro medio judicial de defensa, debido a que
simplemente se le dejó de pagar, sin que se le siguiera un procedimiento, se
expidiera un acto Administrativo o existiera una decisión judicial que así lo
impusiera.
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Corte Constitucional. Sentencia T-599 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Expediente índice SAMAI 02
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Expediente, índice SAMAI 02
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Este hecho se tiene por cierto debido a que el Departamento de Boyacá no dio respuesta a la solicitud de
tutela, por lo que tampoco desvirtuó la afirmación.
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Expediente, índice SAMAI 06
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Para esta Subsección, la actuación del Departamento de Boyacá vulnera
flagrantemente los derechos fundamentales del señor José Alirio Alfonso Peña al
suspenderle el pago de la pensión por lo siguiente:
La Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral en el fallo SL 333-2021
del 25 de enero de 2021 ordenó:
«SEGUNDO: CONDENAR al Departamento de Boyacá, representado por [...]
a reconocer, liquidar y pagar a favor de José Alirio Alfonso Peña la pensión
de jubilación anticipada por retiro voluntario, en el porcentaje del 80% de la
asignación básica mensual en los términos del artículo 2° de la convención
colectiva de trabajo celebrada el 12 de noviembre de 2002 entre el Sindicato
de Trabajadores Oficiales de la Secretaría de Obras Públicas de Boyacá y el
Departamento de Boyacá a partir del 16 de abril de 2003, hasta cuando
cumpla con los requisitos para acceder a la pensión legal de vejez dentro
del Sistema General de Pensiones». (Negritas fuera del texto original)
Con base en ella el Departamento de Boyacá expidió la Resolución No. 00000042
del 14 de mayo de 2021 y así lo expresó en el numeral dos de los considerandos.
Entre los motivos de la Resolución SUB 230730 del 17 de julio de 2025 de
Colpensiones para negar la pensión al actor, Colpensiones expuso:
«1.- La compatibilidad pensional se entiende como posibilidad que tienen los
trabajadores de acceder a la pensión reconocida por su patrono o empleador
en condiciones más favorables que las prescritas legalmente para la totalidad
de los trabajadores y gozar de la protección y amparo de su vejez, hasta que
cumplan los requisitos de edad y semanas cotizadas exigidos por la Ley, y
puedan acceder a la pensión de vejez.
2.- Para que opere la compatibilidad pensional es necesario que el empleador
que reconozca la pensión de jubilación continúe efectuando las respectivas
cotizaciones al Sistema General de Pensiones con el fin de que su trabajador
reúna los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez.
3.- En caso de que la mesada pensional reconocida por el ISS hoy
Colpensiones, sea inferior a la mesada reconocida en el acto administrativo
de jubilación, la diferencia será asumida por la entidad jubilante.»
De lo expuesto se colige que, mientras Colpensiones no le reconociera la pensión
de vejez al señor José Alirio Alfonso Peña, el Departamento de Boyacá no podía
suspender el pago y, aún si la pensión reconocida por el Fondo de Pensiones fuera
menor a la que venía recibiendo por parte del Departamento, este tendría que
completarla; significa entonces que la suspensión del pago de la pensión desconoce
abiertamente los derechos del actor, pues no tiene fundamento jurídico y resulta
totalmente arbitraria; cuando no se ha cumplido la condición de que el beneficiario
obtenga la pensión de vejez.
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Debe precisar la Sala que la mención de la resolución de Colpensiones que aquí se
hace, de ninguna manera significa un examen sobre su validez o corrección, es
decir, no se trata de avalar el acto administrativo, no se está de acuerdo ni en
desacuerdo con la determinación del no cumplimiento de los requisitos para la
pensión de vejez del accionante. Solo se alude a ella con la finalidad de establecer
que no se han dado las condiciones para que el señor Alfonso Peña deje de recibir
la pensión por parte del Departamento de Boyacá; por lo que se hace necesaria la
protección constitucional.
En consecuencia, se tutelarán los derechos fundamentales del actor y se ordenará
a la Gobernación de Boyacá que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, reingrese al señor José Alirio
Alfonso Peña a la nómina de pensionados y le continúe pagando hasta que le sea
concedida la pensión de vejez por parte de Colpensiones.
De otra parte, si bien el accionante elevó solicitudes al Departamento de Boyacá y
no ha obtenido respuesta, la Sala no se pronunciará al respecto, pues frente a la
protección que aquí se otorga, se genera una sustracción de materia.
En relación con la pretensión de condena en costas al Departamento de Boyacá y
a su representante legal; se negará por ser este un trámite constitucional en el que
no cabe la imposición de costas.
En cuanto a la solicitud de desvinculación por parte de Colpensiones, no se
accederá por cuanto la vinculación se realizó en calidad de tercero con interés.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: AMPARAR los derechos fundamentales del señor José Alirio Alfonso
Peña, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo: ORDENAR a la Gobernación de Boyacá que, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, reingrese al señor
José Alirio Alfonso Peña a la nómina de pensionados y le continúe pagando hasta
que le sea concedida la pensión de vejez por parte de Colpensiones.
Tercero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación con la
pretensión de condena en costas.
Cuarto: NO ACCEDER a la desvinculación por parte de Colpensiones, por cuanto
la vinculación se realizó en calidad de tercero con interés.
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Quinto: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Sexto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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