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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04283-00

Fecha
8 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04283-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento de los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. 18 “Artículo 262. Requisitos del recurso. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia debe contener. 1. La designación de las partes. 2. La indicación de la providencia impugnada. 3. La relación concreta, breve y sucinta de los hechos en litigio. 4. La indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y las razones que le sirven de fundamento.” 15 Radicado: 11001-03-15-000-2026-04283-00 Accionante: Laura Patricia Zuleta Quintero Se declara la improcedencia TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04283-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

8 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., ocho (08) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04283-00
Accionante: Laura Patricia Zuleta Quintero
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve la demanda presentada en ejercicio de la acción de tutela por la
señora Laura Patricia Zuleta Quintero contra la sentencia del 21 de junio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E y el auto del 13 de noviembre de 2025, proferido por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A.

SÍNTESIS1

La accionante cuestiona la sentencia del 21 de junio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento radicado con el núm. 11001-33-35-009-
2015-00021-03, mediante la cual se anuló el acto que la retiró del servicio y ordenó
su reintegro; así como el auto del 13 de noviembre de 2025, proferido por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A en el proceso con el radicado núm.
11001-33-35-009-2015-00021-01, que confirmó la providencia del 13 de junio de
2025 mediante la cual se rechazó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia interpuesto contra dicha sentencia. La demanda se declarará
improcedente por incumplimiento de los requisitos de inmediatez y falta de relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 3 de junio de 2026, la señora Laura Patricia Zuleta Quintero, actuando en nombre
propio, interpuso demanda en ejercicio de la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, con el fin de obtener el amparo de sus

1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Retiro del

servicio / Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia / Desconocimiento del precedente /
Improcedencia / Inmediatez / Falta de relevancia constitucional.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04283-00
Accionante: Laura Patricia Zuleta Quintero
Se declara la improcedencia

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
al trabajo, al mínimo vital y a la vida digna. Lo anterior, con ocasión de la sentencia
del 21 de junio de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró la nulidad de la resolución que dispuso su retiro del servicio y ordenó su
reintegro, así como del auto del 13 de junio de 2025 y de la providencia del 13 de
noviembre de 2025, por medio de los cuales el Consejo de Estado rechazó y
confirmó, respectivamente, el rechazo del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia interpuesto contra dicha decisión.

2. La accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):

(…) PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso (artículo 29
C.P.), igualdad (artículo 13 C.P.), acceso efectivo a la administración de justicia
(artículos 228 y 229 C.P.), mínimo vital y vida digna (artículos 1, 11 y 53 C.P.),
vulnerados por las providencias judiciales proferidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado No. 11001333500920150002103.

SEGUNDA: Dejar sin efectos la sentencia No. 136 del 21 de junio de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, únicamente en lo relacionado con la
aplicación de las Sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 para imponer
descuentos y limitar el restablecimiento económico a un máximo de veinticuatro (24)
meses de salario; así como las providencias posteriores del Consejo de Estado
mediante las cuales se rechazó y confirmó el rechazo del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia.

TERCERA: Ordenar a la autoridad judicial competente que profiera una nueva decisión
respetuosa de los derechos fundamentales de la accionante y de los precedentes
constitucionales y contencioso administrativos aplicables al caso concreto.

CUARTA: Ordenar que en la nueva providencia se realice un análisis expreso sobre:
a) la naturaleza de carrera especial constitucional de los miembros de la Policía
Nacional;
b) la aplicabilidad o inaplicabilidad de las Sentencias SU-556 de 2014, SU-053 de 2015
y SU-354 de 2017;
c) el alcance del principio de reparación integral previsto en el artículo 90 de la
Constitución Política;
d) la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado del 29 de enero de 2008, expediente 76001-23-31-000-2000-02046-02.
"ORDENAR a la autoridad judicial accionada emitir una nueva decisión respetuosa de
los principios de reparación integral, restitutio in integrum, buena fe, confianza legítima
y prohibición del enriquecimiento sin causa de la administración, absteniéndose de
trasladar a la accionante las consecuencias económicas derivadas de un acto
administrativo que fue declarado judicialmente nulo."

QUINTA: Ordenar que en la nueva decisión se determine el alcance del
restablecimiento del derecho sin trasladar a la accionante las consecuencias
económicas derivadas del acto administrativo de retiro declarado judicialmente nulo.

SEXTA: Ordenar que la nueva providencia sea proferida sin aplicar automáticamente
a la señora LAURA PATRICIA ZULETA QUINTERO las limitaciones indemnizatorias
previstas para los servidores vinculados en provisionalidad, garantizando una
motivación suficiente, específica y acorde con su condición de funcionaria de carrera
perteneciente al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.

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Accionante: Laura Patricia Zuleta Quintero
Se declara la improcedencia

Pretensión subsidiaria: Por si el juez constitucional considera que no puede ordenar
directamente una nueva valoración de fondo: SUBSIDIARIAMENTE, se solicita dejar
sin efectos exclusivamente el aparte de la sentencia que ordena descontar los ingresos
obtenidos por la accionante y limita la condena económica a un máximo de veinticuatro
(24) meses de salario, para que se profiera una nueva decisión debidamente motivada
y ajustada a los principios constitucionales de reparación integral, restitutio in integrum,
igualdad y debido proceso. (…).

B. Hechos

3.La señora Laura Patricia Zuleta Quintero ingresó a la Policía Nacional y se
desempeñó como Patrullera del Nivel Ejecutivo.

4. Mediante Resolución No. 02212 del 6 de junio de 2014, la Dirección General de la
Policía Nacional dispuso su retiro del servicio activo por voluntad discrecional.

5. Contra dicho acto, la señora Laura Patricia Zuleta Quintero promovió medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado con el núm. 11001-33-
35-009-2015-00021-03, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

6. El 18 de julio de 2023, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el retiro discrecional
de la actora se ajustó al ordenamiento jurídico y que el acto administrativo
demandado se encontraba debidamente motivado.

7. La actora apeló la decisión, al considerar que el retiro del servicio fue irregular,
pues la facultad discrecional no podía ejercerse de manera arbitraria ni sin una
justificación suficiente. Sostuvo que el acto de retiro desconoció su trayectoria y
desempeño en la institución y que la Administración no acreditó las razones que
justificaban su desvinculación.

8. Mediante sentencia del 21 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, revocó el fallo de primera instancia
y declaró la nulidad de la Resolución núm. 02212 del 6 de junio de 2014 por falta de
motivación del retiro discrecional. Como consecuencia, ordenó el reintegro sin
solución de continuidad y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir,
con dos limitaciones: el descuento de lo recibido por asignación de retiro y por
cualquier otro concepto laboral durante la desvinculación, y un tope indemnizatorio
de seis (6) a veinticuatro (24) meses de salario, en aplicación de las sentencias SU-
556 de 2014 y SU-053 de 2015.

9. Contra la sentencia del Tribunal, el 10 de julio de 2024, la actora interpuso recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia. Argumentó que el descuento
ordenado desconoció el artículo 128 de la Constitución Política y las sentencias SU-
556 de 2014 y SU-053 de 2015, aplicables solo a provisionales y no a ella, miembro
de la carrera administrativa de la Policía Nacional. Señaló, además, que la sentencia

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Accionante: Laura Patricia Zuleta Quintero
Se declara la improcedencia

impugnada desconoció la sentencia de unificación del 29 de enero de 2008 de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente 76001-23-31-000-2000-
02046-02, que descartó ese descuento en casos de reintegro por retiro ilegal.

10. El 13 de junio de 2025, el Consejo de Estado rechazó de plano el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, al considerar que la sentencia de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 29 de enero de 2008 invocada por
la actora como precedente no contenía la regla jurisprudencial que, a su juicio, había
sido desconocida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En particular,
concluyó que no se acreditaba la existencia de un precedente aplicable que
permitiera sustentar la procedencia del recurso extraordinario.

11. Contra esa decisión, la actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
recurso de súplica, alegando que el Consejo de Estado había interpretado el
precedente de forma restrictiva, pues la sentencia del Tribunal sí se apartaba de las
reglas jurisprudenciales sobre los efectos económicos de la nulidad de su retiro, y
que el Consejo de Estado tampoco podía aplicarle, por ser miembro de la carrera
especial de la Policía Nacional, ni la deducción de la asignación de retiro y de los
ingresos laborales percibidos, ni el tope de indemnización de seis a veinticuatro
meses.

12. Mediante auto del 22 de agosto de 2025, la Subsección A negó el recurso de
reposición interpuesto contra el auto que rechazó de plano el recurso extraordinario.
En auto del 13 de noviembre de 2025, la Sección Segunda, Subsección A, resolvió
el recurso de súplica y confirmó el rechazo, con fundamento en que la sentencia del
29 de enero de 2008 no fijó la regla de unificación invocada por la actora.

C. Fundamentos de la vulneración

13. La accionante sostiene que la sentencia del 21 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y el auto
del 13 de noviembre de 2025, proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia, e incurrieron en las siguientes
irregularidades:

13.1. Defecto sustantivo en la sentencia de segunda instancia, que aplicó
indebidamente las reglas jurisprudenciales previstas para determinar los efectos
económicos del reintegro, al ordenar el descuento de la asignación de retiro y de los
ingresos laborales percibidos por la accionante, así como limitar la indemnización a
un período de seis (6) a veinticuatro (24) meses de salario, pese a que tales reglas
no resultaban aplicables a su situación como integrante de la carrera especial de la
Policía Nacional.

13.2. Desconocimiento del precedente por parte de la sentencia cuestionada, la cual
se apartó de las reglas fijadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del

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Consejo de Estado sobre el restablecimiento integral del derecho derivado de la
nulidad del acto de retiro, particularmente las establecidas en la sentencia del 29 de
enero de 2008, expediente 76001-23-31-000-2000-02046-02, al imponer descuentos
y limitar la indemnización reconocida a la accionante, sin atender los criterios
jurisprudenciales aplicables a su situación.

13.3. Desconocimiento del precedente por parte del auto que rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, dado que restringió el alcance del
precedente invocado por la accionante al considerar que la sentencia del 29 de enero
de 2008, expediente 76001-23-31-000-2000-02046-02, no contenía expresamente la
regla relativa a la improcedencia de descontar los ingresos percibidos durante la
desvinculación.

13.4. En ese sentido, considera la accionante que el auto que rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia limitó el análisis a una interpretación
literal de la sentencia de segunda instancia, sin atender a su ratio decidendi ni a los
fundamentos del restablecimiento integral del derecho, lo que impidió establecer si
dicha providencia desconoció el precedente invocado.

D. Trámite procesal

14. Mediante auto del 5 de junio de 2026, se admitió la demanda de tutela2, negó la
medida provisional y se ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E y, en calidad de tercero con interés, a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional.

E. Oposiciones e intervenciones

15. La Sección Segunda del Consejo de Estado3 solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, con fundamento en lo
siguiente:

15.1. La controversia planteada por la actora es de índole económica, relacionada con
el monto de la indemnización y los descuentos ordenados en la sentencia del 21 de
junio de 2024 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y no compromete el
contenido, alcance o goce de un derecho fundamental, conforme a los criterios fijados
por la Corte Constitucional en las sentencias SU-573 de 2019 y SU-103 de 2022.

15.2. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, cuyo rechazo también
se cuestiona en la tutela, fue negado porque la sentencia invocada por la actora, del
29 de enero de 2008, radicado 76001-23-31-000-2000-02046-02, no fijó una regla
expresa de unificación y ya no corresponde a los parámetros vigentes de la Sección,

2 Índice 5 de Samai.
3 Índice 14 de Samai.

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Accionante: Laura Patricia Zuleta Quintero
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que sí permiten descontar de la reparación lo percibido en otros empleos durante la
desvinculación.

16. La Policía Nacional4 solicitó denegar las pretensiones de la demanda de tutela
porque: (i) las autoridades judiciales resolvieron la controversia con observancia de
las garantías procesales, sin que se acreditara la vulneración de los derechos
fundamentales invocados; y (ii) la aplicación de las sentencias SU-556 de 2014 y SU-
053 de 2015, mediante el descuento de los ingresos percibidos durante el período
de desvinculación, buscó evitar un enriquecimiento sin causa y una doble percepción
de ingresos. Adicionalmente, planteó la improcedencia de la acción por su carácter
subsidiario, pues la parte actora pretendía reabrir, por vía de tutela, un debate propio
del proceso ordinario, sin acreditar un perjuicio irremediable.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

17. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para resolver la demanda de tutela interpuesta por la señora Laura Patricia Zuleta
Quintero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo
de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Sentido de la decisión

18. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito
de inmediatez y relevancia constitucional, por los siguientes motivos:

18.1. Frente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, la acción de tutela incumple el requisito de inmediatez. La sentencia
del 21 de junio de 2024, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 11001-33-35-009-2015-00021-03, fue notificada
el 4 de julio de 2024, y la tutela se radicó el 3 de junio de 2026, transcurridos casi
dos (2) años desde la notificación de la providencia cuestionada.

18.2. Respecto del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, la acción de
tutela incumple el requisito de relevancia constitucional porque lo que pretende la
accionante es reabrir, mediante este mecanismo excepcional, un debate jurídico y
probatorio ya definido por el juez natural en el auto del 13 de noviembre de 2025, que
confirmó la providencia del 13 de junio de 2025 mediante la cual se rechazó el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia
del 21 de junio de 2024.

4 Índice 15 de Samai.

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18.3. En consecuencia, por razones metodológicas la Sala se abstendrá de efectuar
el estudio de los demás requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales5.

H. El requisito de inmediatez

19. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela puede
presentarse “en todo momento y lugar”, lo que implica que no se encuentra
sometida a un término de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional
ha reiterado que dicho carácter no exime al accionante del cumplimiento del
requisito de inmediatez, en virtud del cual la solicitud de amparo debe presentarse
dentro de un término razonable y proporcionado entre la ocurrencia de los hechos
que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales y la interposición de la
demanda.

20. En ese sentido, la exigencia de inmediatez responde a la naturaleza urgente y
residual de la tutela, pues su finalidad es brindar una protección inmediata respecto
las vulneraciones inminentes de derechos fundamentales y no reabrir controversias
que ya se han consolidado en el tiempo. En consecuencia, el mecanismo
constitucional no puede ejercerse de manera indefinida, pues ello comprometería la
seguridad jurídica y desnaturalizaría su función como mecanismo de protección
inmediata.

21. Por tal razón, aun cuando no existe un término fijo o preestablecido para evaluar
el cumplimiento del requisito de inmediatez, corresponde al juez de tutela examinar
las circunstancias particulares de cada caso y determinar, en atención a ellas, si la
demanda fue promovida dentro de un término razonable. Lo anterior, bajo el
presupuesto que, en el caso concreto, se presenten circunstancias que expliquen
razonablemente la tardanza en el ejercicio del mecanismo constitucional, a saber:

“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas, entre otras.

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la
inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela

5 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de
sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).

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sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos
fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan”.6

22. La Corte Constitucional 7 ha sido reiterativa respecto a la protección de la
seguridad jurídica, la certeza sobre las decisiones judiciales y la autonomía de los
jueces, razón por la cual la tutela contra providencias judiciales se erige como un
recurso excepcional y su análisis debe ser más estricto, con el fin de no transgredir
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, debido a que:

(…) la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la
controversia constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo, pudiera
iniciar cualquiera de las partes. En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar
seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de éstos, con lo cual se
produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que
incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima
de enorme inestabilidad jurídica.8

23. Por otra parte, en concordancia con los precedentes fijados por la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado ha adoptado como regla general un término
de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según corresponda, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente, así:

“(…) Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del
acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva
y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.

La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional9”.

I. El requisito de relevancia constitucional

24. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales 10 . En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra

6 Corte Constitucional. Sentencia T-087 de 2018.
7
Corte Constitucional. Sentencia SU 108 de 2018.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-315 de 2005.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

11001-03-15-000-2012-02201-01
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada 11 , con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial”.

25. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia
constitucional. De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se
involucre en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones12.

26. En la sentencia SU-215 de 2022 13 , la Corte Constitucional identificó los
siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la
acción de tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia
constitucional:

i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto
meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser trascendente
para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o para la
determinación del alcance de un derecho fundamental;
ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como
una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente legales y
la solicitud debe trascender la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales;
iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia
judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces, no basta con la
sola referencia a la afectación de las garantías superiores para encontrar probada la
relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental; y el examen de la acción
de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales.

27. Para la Corte Constitucional14, el requisito de relevancia constitucional comporta
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de

11 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
12
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017,
M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos
y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04283-00
Accionante: Laura Patricia Zuleta Quintero
Se declara la improcedencia

los jueces.

28. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales
que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el
sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional”15.

J. Caso concreto

29. La Sala advierte que las pretensiones de la demanda de tutela se dirigen, de una
parte, contra la sentencia del 21 de junio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 11001-33-35-009-
2015-00021-03; y, de otra, contra el auto del 13 de noviembre de 2025, proferido
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante el cual se
confirmó la providencia del 13 de junio de 2025 que rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la referida
sentencia. En consecuencia, su estudio se realizará de manera independiente, en
atención a que su procedencia debe examinarse a partir de presupuestos
diferentes.

30. En ese orden, la Sala determinará, inicialmente, si el cuestionamiento contra la
sentencia del 21 de junio de 2024 satisface el requisito de inmediatez y,
posteriormente, si el cuestionamiento contra el auto del 13 de noviembre de 2025
satisface el requisito de relevancia constitucional.

i. Análisis del requisito de inmediatez frente a la providencia cuestionada

31. Con fundamento en los anteriores criterios, la Sala advierte que la accionante
pretende que se deje sin efectos la sentencia del 21 de junio de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 11001-
33-35-009-2015-00021-03.

32. La sentencia fue notificada el 4 de julio de 2024, mientras que la acción de tutela
fue radicada el 3 de junio de 2026. Por lo tanto, entre la notificación de la providencia
cuestionada y la presentación de la demanda de tutela transcurrieron casi dos (2)
años, lapso que desborda ampliamente el término de seis (6) meses fijados por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación como criterio
orientador para la interposición de la acción de tutela contra providencias judiciales.

33. La accionante pretende justificar dicho lapso al señalar que el término de

15 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Accionante: Laura Patricia Zuleta Quintero
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inmediatez debe contabilizarse desde la providencia del 13 de noviembre de 2025,
mediante la cual el Consejo de Estado rechazó de plano el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia. Tal planteamiento no está llamado a prosperar,
pues el punto de partida para el examen de la inmediatez corresponde a la decisión
judicial que es objeto de censura constitucional y al momento en que esta fue
notificada

34. En efecto, la sentencia del 21 de junio de 2024 definió la controversia sometida
al conocimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y es la decisión cuya
pérdida de efectos se solicita en esta acción. La providencia del 13 de noviembre
de 2025 tuvo un objeto distinto, pues se circunscribió al examen del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia y concluyó con su rechazo de plano,
sin que ello comportara la revocatoria, modificación o pérdida de efectos de la
sentencia cuestionada. Por tanto, esta actuación posterior no tiene incidencia en el
cómputo del término de inmediatez respecto de aquella decisión.

35. En esas condiciones, no es posible trasladar el inicio del término de inmediatez
a la fecha de una actuación procesal posterior que no alteró la decisión que ahora
se controvierte. Lo contrario supondría admitir que la formulación y resolución de
actuaciones posteriores dentro del proceso pueden renovar sucesivamente la
oportunidad para cuestionar, por vía de tutela, una providencia judicial previamente
notificada.

36. En consecuencia, el término de seis (6) meses debe contabilizarse, para efectos
del análisis de la inmediatez frente a la sentencia del 21 de junio de 2024, a partir
de su notificación, sin que la posterior decisión del 13 de noviembre de 2025 tenga
incidencia en dicho cómputo. Al no acreditarse una circunstancia que justifique el
lapso transcurrido desde la notificación de la sentencia cuestionada, la Sala
concluye que no se satisface el requisito de inmediatez.

ii. La falta de relevancia constitucional

37. La demanda de tutela no satisface el requisito de relevancia constitucional en
relación con el auto del 13 de noviembre de 2025, proferido por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante el cual se confirmó la
providencia del 13 de junio de 2025 que rechazó de plano el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia interpuesto por la señora Laura Patricia Zuleta
Quintero. El reproche formulado por la accionante no plantea una controversia de
trascendencia constitucional, sino una discrepancia de estirpe estrictamente legal
frente a la lectura que la autoridad judicial accionada hizo del contenido y alcance
de la sentencia invocada como fuente de unificación. Se trata de un intento por
reabrir, mediante este mecanismo excepcional, un debate hermenéutico ya resuelto
por el juez natural del asunto dentro del ámbito de la autonomía e independencia
judicial que le asiste.

38. Del examen del expediente se advierte que, el 10 de julio de 2024, la señora

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Accionante: Laura Patricia Zuleta Quintero
Se declara la improcedencia

Laura Patricia Zuleta Quintero interpuso recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia contra la sentencia de segunda instancia del 21 de junio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Como fundamento, alegó
el desconocimiento de la sentencia del 29 de enero de 2008, dictada por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo en el expediente núm. 76001-23-31-000-
2000-02046-02, con ponencia del consejero Jesús María Lemos Bustamante, pues,
en su criterio, en ella se estableció que no procede descontar de la condena los
ingresos percibidos por el servidor durante el período de desvinculación.

39. Mediante auto del 13 de junio de 2025, el consejero ponente rechazó de plano
el recurso extraordinario, al precisar que la sentencia invocada, aunque proferida
en vigencia del Decreto 01 de 198416 por necesidad de sentar jurisprudencia, había
sido desplazada por la sentencia de unificación del 9 de agosto de 2022, proferida
por la Sala Plena bajo el radicado núm. 11001-03-25-000-2017-00151-00, que fijó
regla expresa sobre la procedencia de los descuentos, extensiva a los servidores
de carrera desvinculados de manera ilegal. Puntualmente, se indicó:

“(…) 23. El Despacho rechazará de plano el recurso incoado, pues no cumple con el
requisito contenido en el numeral 4° del artículo 262 del CPACA para ser procedente,
este es «[l]a indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se
estima contrariada y las razones que le sirven de fundamento», dado que la sentencia
del 29 de enero de 2008 no es la contentiva del criterio de unificación vigente a la fecha
de emisión del fallo impugnado, el 21 de junio de 2024.

24. Pues, aunque la providencia invocada es una sentencia de unificación proferida en
vigencia del Decreto 01 de 1984 por la necesidad de sentar jurisprudencia, dado que
el caso en ella estudiado «fue asumido por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de
Estado con el fin de definir la controversia» al interior de la Sección Segunda, alusiva
a la procedencia de los descuentos efectuados a la condena derivada del fallo donde
se obtenga la nulidad del acto que retiró del servicio. Actualmente, existe sentencia de
Unificación del 9 de agosto de 2022 proferida por la Sala Plena de la Corporación que
fijó regla al respecto:

«PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, estableciendo que son procedentes los descuentos efectuados a la
condena derivada del fallo que resuelve el litigio inmiscuido dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, donde se obtenga la
nulidad del acto que retiró del servicio a un empleado público nombrado en
provisionalidad, a razón de las sumas de dinero recibidas por la parte demandante a
título de salarios, prestaciones sociales percibidos de relaciones de trabajo en el sector
público.»

25. Criterio que, en principio, refiere a empleados nombrados en provisionalidad, sin
embargo, es extensivo también a aquellos pertenecientes a la carrera administrativa
que fueron retirados del servicio, calidad que, como se indica en el recurso, ostenta la
actora.
(…)
27. Por lo anterior, se reitera que la decisión invocada no corresponde a una sentencia
de unificación aplicable al caso debatido, de suerte que no se encuentran acreditados
los supuestos para la admisión del recurso impetrado. (…)”.

16 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.”

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40. Contra el auto del 13 de junio de 2025, la accionante interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de súplica. Sostuvo que la sentencia del 29 de enero de
2008 conserva vigencia y resulta aplicable a su caso, por tratarse de una situación
distinta a la resuelta en la providencia del 9 de agosto de 2022, referida a servidores
provisionales. Asimismo, sostuvo que el recurso extraordinario debió inadmitirse
para permitir la subsanación de los defectos advertidos y cuestionó que la sentencia
del Tribunal no precisara las sumas objeto de descuento ni su imputación
presupuestal, en particular, frente a los ingresos de origen privado. Al respecto,
indicó:

“(…) 1. Vigencia y aplicabilidad de la sentencia de unificación invocada La
providencia invocada como sentencia de unificación (Consejo de Estado, Sala Plena,
29 de enero de 2008, Rad. 76001-23-31-000-2000-02046-02(IJ)) sí tiene carácter
de sentencia de unificación, conforme lo reconoce el mismo auto recurrido
(numerales 4, 24 y 26). A pesar de haber sido proferida bajo el Decreto 01 de 1984,
su contenido establece una regla uniforme en torno a la improcedencia de descuentos
salariales frente a reintegros por retiro ilegal, lo cual constituye precisamente uno de
los puntos neurálgicos del litigio.

2. Identidad sustancial entre las decisiones contrastadas Existe una clara
identidad temática y jurídica entre la sentencia impugnada (Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, 21 de junio de 2024) y la sentencia de unificación invocada (2008).
Ambas analizan el reintegro laboral de servidores públicos de carrera, así como
la procedencia o no de descuentos por ingresos percibidos durante el periodo
de desvinculación. Por tanto, no se trata de una invocación genérica sino de un
verdadero ejercicio de contraste jurisprudencial.

3. Aplicación restrictiva del precedente del 2022 La sentencia de la Sala Plena del
Consejo de Estado del 9 de agosto de 2022 se refiere principalmente a empleados
nombrados en provisionalidad, mientras que la demandante en este caso ostenta la
calidad de servidora de carrera, lo cual fue reconocido expresamente en la sentencia
de segunda instancia. Esta diferencia fáctica y jurídica hace más aplicable el
precedente del 2008, al tratarse del supuesto específico que regula.

4. Finalidad del recurso extraordinario y el principio pro actione Reiteramos que
el recurso extraordinario no busca reabrir un debate fáctico, sino garantizar la unidad
de la interpretación del derecho. En este sentido, la decisión de rechazar de plano el
recurso, sin posibilidad de subsanación, contraría el principio pro actione, de acceso
a la justicia y de interpretación favorable al ejercicio de los recursos en favor del
recurrente.

5. PRINCIPIO PRO ACTIONE Y DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

La inadmisión de plano del recurso, sin otorgar oportunidad de subsanación,
desconoce el principio pro actione, vulnera el acceso efectivo a la justicia y frustra la
finalidad del recurso extraordinario, que es precisamente garantizar la unidad
interpretativa y evitar contradicciones en la ejecución de sentencias. La
argumentación de la parte actora fue seria, pertinente y sustancial, por lo que debió
analizarse de fondo.

6. Carácter de sentencia de unificación de la providencia de 2008

La providencia citada por la parte actora, proferida el 29 de enero de 2008 por la Sala
Plena del Consejo de Estado (Rad. 76001-23-31-000-2000-02046-02 IJ), constituye
indiscutiblemente una sentencia de unificación, de conformidad con el artículo 270

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04283-00
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del CPACA y la propia doctrina del Consejo de Estado. Su finalidad fue fijar un criterio
uniforme sobre la improcedencia de descuentos por ingresos laborales en casos
de reintegro por retiro ilegal, y ha sido reiterada y aplicada en múltiples
oportunidades posteriores. (…)”.

41. Mediante auto del 22 de agosto de 2025, se negó la reposición y se concedió el
recurso de súplica. Posteriormente, mediante auto del 13 de noviembre de 2025, la
Sección Segunda, Subsección A, confirmó el rechazo del recurso extraordinario, al
considerar que la sentencia del 29 de enero de 2008 no contenía la regla de
unificación que la demandante estimaba desconocida, pues su parte resolutiva no
estableció prohibición alguna frente al descuento de los ingresos percibidos durante
el período de desvinculación. En consecuencia, concluyó que procedía el rechazo de
plano del recurso, de conformidad con el parágrafo del artículo 265 del CPACA17. La
accionada consideró:

“(…) 9. La Sala confirmará la decisión de rechazar el recurso extraordinario porque en
la sentencia del 29 de enero de 2008 no se fijó la regla de unificación que la actora
considera desconocida y por consiguiente no es aplicable al presente asunto.

10. En efecto, la sentencia de unificación que la recurrente invoca no contempla
ninguna regla de unificación según la cual el juez debe abstenerse de ordenar
descuentos relacionados con lo percibido por el funcionario por los servicios prestados
a otras entidades durante el tiempo que fue desvinculado por causa de la decisión
anulada.

11. En la providencia en cuestión no existe una regla de unificación que señale
expresamente la prohibición que invoca la recurrente y que a su juicio fue desconocida
en el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Al respecto es importante
resaltar que en aquella decisión solo se estableció lo siguiente:

1. Como consecuencia de lo anterior, condénase a la entidad demandada a
incorporar a la actora, sin solución de continuidad para todos los efectos legales,
al cargo de Coordinadora de Gestión, grado 2, perteneciente al Nivel Ejecutivo, al
que se homologó el cargo de Jefe de Unidad Grado 16.

2. La Contraloría General de la República deberá pagarle a la actora los
sueldos, prestaciones sociales, emolumentos y demás haberes causados y
dejados de percibir desde el 16 de marzo de 2000 hasta la fecha en que se
produzca su reintegro, previas las deducciones de ley a que hubiere lugar.

12. Por consiguiente, la providencia del 29 de enero de 2008, invocada como
desconocida, no puede ser considerada fundamento válido del presente recurso
extraordinario de unificación jurisprudencial porque la regla que se considera
desatendida no fue establecida en esa decisión.

17 “Artículo 265. Admisión del recurso. Concedido el recurso por el Tribunal y remitido el expediente al Consejo

de Estado se someterá a reparto en la sección que corresponda.
Si el recurso reúne los requisitos legales, el magistrado ponente lo admitirá. Si carece de los requisitos
consagrados en el artículo 262, señalará los defectos para que el recurrente los subsane en el término de cinco
(5) días, si este no lo hiciere, lo rechazará y ordenará devolver el expediente al despacho de origen.
El recurso también será rechazado cuando fuere improcedente, pese a haberse concedido.
Parágrafo. El recurso se rechazará de plano y se condenará en costas al recurrente, cuando no se fundamente
directamente en una sentencia de unificación jurisprudencial o cuando sea evidente que esta no es aplicable al
caso”.

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13. Por otra parte, respecto del argumento que se debió inadmitir el recurso para
que se pudiera subsanar, la Sala no comparte este alegato porque no era procedente
inadmitir el presente recurso extraordinario de unificación toda vez que la sentencia
invocada no es aplicable al caso, por lo que el rechazo de plano era procedente de
conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 265 del CPACA. (…)”.

42. Del análisis del auto cuestionado se advierte que la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, examinó la sentencia del 29 de enero de 2008
y concluyó que esta no estableció la regla de unificación que la recurrente invocó
como desconocida. Para ello, consideró que su parte resolutiva ordenó la
reincorporación y el pago de salarios y prestaciones “previas las deducciones de
ley a que hubiere lugar”, sin prohibir el descuento de los ingresos percibidos durante
la desvinculación. Con fundamento en ello, determinó que no se cumplía el requisito
previsto en el numeral 4 del artículo 262 del CPACA18.

43. Así las cosas, la Sala advierte que la presente acción de tutela pretende reabrir,
por la vía excepcional del amparo constitucional, un debate jurídico ya definido por
la autoridad judicial competente sobre el alcance de la sentencia del 29 de enero
de 2008, expediente núm. 76001-23-31-000-2000-02046-02, y, en particular,
acerca de si de esta se desprendía la regla sobre la improcedencia de descontar
los ingresos percibidos durante la desvinculación.

44. En efecto, el reproche formulado se dirige a controvertir la conclusión adoptada
en el auto cuestionado y a obtener una nueva valoración del alcance del precedente
invocado, pese a que este aspecto fue expresamente examinado al resolver sobre
la procedencia del recurso extraordinario. Se trata, entonces, de una discrepancia
con la interpretación efectuada por el juez natural, que no evidencia, por sí misma,
una cuestión de relevancia constitucional. En consecuencia, el amparo solicitado
resulta improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por
incumplimiento de los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

18 “Artículo 262. Requisitos del recurso.
El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia debe contener.
1. La designación de las partes.
2. La indicación de la providencia impugnada.
3. La relación concreta, breve y sucinta de los hechos en litigio.
4. La indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y las razones
que le sirven de fundamento.”

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Accionante: Laura Patricia Zuleta Quintero
Se declara la improcedencia

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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