República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04284-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
30 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04284-00 (6813)
Accionante: Óscar Iván Muñoz Palacios
Accionado: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: retiro del cargo en provisionalidad de
funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Subtema 3: defectos
fáctico, desconocimiento del precedente y decisión sin motivación.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Óscar Iván Muñoz Palacios contra la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño.
1. Síntesis del caso
El señor Óscar Iván Muñoz Palacios presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia del 23 de enero de 2026, proferida por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Nariño dentro del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 52001-33-33-009-2020-00152-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04284-00 (6813)
Accionante: Óscar Iván Muñoz Palacios
Accionado: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño
2. La Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la Resolución 107 del 30
de marzo de 2015, nombró, en provisionalidad, al señor Óscar Iván Muñoz Palacios
para desempeñar el cargo de registrador municipal de La Unión, Nariño.
Posteriormente, la entidad prorrogó de manera sucesiva e ininterrumpida su
vinculación hasta el 3 de febrero de 2020.
3. La Delegación Departamental de Nariño de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, a través de Oficio 337 del 5 de febrero de 2020, informó al actor que debía
adelantar las actuaciones administrativas necesarias para la finalización de su
vinculación, por cuanto había vencido el término previsto en la Resolución 664 del
4 de diciembre de 2019, que prorrogó su nombramiento provisional.
4. El señor Muñoz Palacios promovió acción de tutela contra la Registraduría
Nacional del Estado Civil. El conocimiento correspondió al Juzgado Promiscuo de
Familia de La Unión (Nariño), autoridad que, mediante sentencia del 22 de abril de
2020, amparó el derecho fundamental al debido proceso y ordenó a la entidad
expedir el acto administrativo que motivara su desvinculación.
5. En cumplimiento de la anterior decisión, la Registraduría Nacional del Estado
Civil expidió la Resolución 136 del 24 de abril de 2020, mediante la cual oficializó la
terminación del nombramiento provisional del actor por vencimiento del término
previsto en la Resolución 664 del 4 de diciembre de 2019.
6. El señor Óscar Iván Muñoz Palacios presentó, el 10 de noviembre de 2020,
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el propósito de obtener la
nulidad de la Resolución 136 de 2020 y, a título de restablecimiento, el reintegro al
cargo, junto con el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de
percibir.
7. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto, mediante sentencia del
28 de marzo de 2023, declaró la nulidad del acto acusado con el argumento de que
«el vencimiento del término no era una razón suficiente para fundamentar el acto de
desvinculación del funcionario nombrado en provisionalidad que desempeña un
cargo que debe ser provisto en carrera; y que una vez analizada la Resolución 136
del 24 de abril de 2020 se advertía que ésta se expidió con falta de motivación y con
infracción de las normas en las que debía fundarse».
8. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, mediante
sentencia del 23 de enero de 2026, revocó el fallo de primera instancia y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el vencimiento del
término del nombramiento provisional constituía fundamento suficiente para la
terminación de la vinculación del actor.
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Accionante: Óscar Iván Muñoz Palacios
Accionado: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela1, lo siguiente:
PRIMERA. - Se ampare en favor del suscrito ÓSCAR IVÁN MUÑOZ PALACIOS, mis
derechos fundamentales al debido proceso, derecho a la igualdad de tratamiento ante
la ley, el acceso a la administración de justicia.
SEGUNDA. - Se declare sin efectos jurídicos la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO - SALA SEGUNDA DE DECISIÓN, del día 23 de enero
de 2026, expedida con ocasión del trámite de segunda instancia dentro del proceso
ordinario, medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO,
identificado con el radicado 52001333300920200015201 (13209),
TERCERA. - Como consecuencia de lo anterior, se ordene al accionado, emitir una
nueva sentencia que incluya dentro de su motivación la garantía efectiva de expedir
decisiones soportadas en argumentos verificables o en antecedentes jurisprudenciales
que sean de posible consulta y que tengan relación con el caso concreto.
CUARTA: Se dé aplicación al precedente Constitucional y a las pautas fijadas por el H.
Consejo de Estado en casos con supuestos de hecho y de derecho similares al
reclamado por el aquí accionante; y en caso de que se aparte de él, exponga en la
parte motiva de la sentencia la relación de motivos y razones que lo llevan a no aplicar
las decisiones judiciales ya tomadas con anterioridad por jueces de igual y superior
jerarquía.
QUINTA: Que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO - SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN, al momento de resolver nuevamente el recurso de apelación, efectué
adecuadamente la verificación objetiva de los hechos demostrados en el proceso, las
prórrogas reiteradas en el nombramiento, los argumentos expuestos junto con el
precedente vinculante, a la luz de las normas constitucionales,
10. Como fundamento de sus pretensiones, el actor manifestó que la providencia
cuestionada incurrió en defecto fáctico, porque omitió valorar los actos
administrativos con los cuales se dispuso las sucesivas prórrogas de su
nombramiento en provisionalidad durante cuatro años y nueve meses, circunstancia
que, en su criterio, demostraba la permanencia de la necesidad del servicio y la
existencia de una estabilidad laboral relativa; por ende, no se configuraban los
supuestos descritos en el literal c) del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009.
11. Por otro lado, afirmó que la providencia cuestionada incurrió en defecto
sustantivo, por cuanto fundamentó su decisión en jurisprudencia del Consejo de
Estado, sin tener en cuenta que los jueces de la República están sometidos al
imperio de «la ley y no a la interpretación de una jurisprudencia que ni siquiera se
refleja en la decisión».
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04284-00, índice 2, certificado 527F1EBD3C88AE32
D9CAF86CCAF8EF5A 7574F3335B0C735B F20A93BE49CE2C7C.
3
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Accionante: Óscar Iván Muñoz Palacios
Accionado: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño
12. De igual manera, refirió que en la decisión acusada se configuró el defecto de
decisión sin motivación, debido a que se apoyó en la sentencia T-407 de 2016, pese
a que dicha providencia no era aplicable a las designaciones en provisionalidad de
los registradores municipales.
13. Además, indicó que la autoridad judicial «se abstuvo de realizar un
razonamiento lógico que explicara las razones por las cuales revocaba la decisión
de primera instancia, a sabiendas de la existencia de una estabilidad laboral no solo
relativa conforme al precedente constitucional, sino además una vinculación
prorrogada de manera voluntaria por la administración, precisamente en razón a la
necesidad del servicio y como quiera que durante todo ese tiempo, se abstuvo del
deber legal de convocar a un concurso, el cargo del que arbitrariamente» fue
retirado.
14. Adicionalmente, mencionó que se desconoció el precedente, porque dejó de
aplicar el criterio de estabilidad laboral relativa en los casos de servidores públicos
nombrados en provisionalidad, que estableció la Corte Constitucional en las
sentencias SU-917 de 2010, SU-054 de 2015 y SU-425 de 2025.
15. Finalmente, advirtió que la providencia cuestionada incurrió en el defecto de
violación directa de la Constitución, por cuanto desconoció los artículos 13, 25, 29,
125, 229 y 266 de la Carta Política.
2.3. Trámite procesal
16. El despacho ponente mediante auto del 5 de junio de 20262, admitió la solicitud
de amparo, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Nariño y vinculó a la
Registraduría Nacional del Estado Civil y al Juzgado Noveno Administrativo de
Pasto, en calidad de terceros interesados.
2.4. Intervenciones
17. El Juzgado Noveno Administrativo de Pasto3 remitió, a esta corporación, el
expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Además,
precisó que la tutela se dirige a controvertir la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño y no las actuaciones surtidas por
ese despacho, razón por la cual solicitó que no se emitan órdenes en su contra.
18. La Delegación Departamental de Nariño de la Registraduría Nacional del Estado
Civil4 pidió declarar improcedente la tutela, debido a que el accionante incumplió el
requisito de subsidiariedad, pues disponía del recurso extraordinario de unificación
2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04284-00, índice 4, certificado A4EF82F22C17E6DA
DD227950E18AD49F 683F5A3EDCC0A813 DF317224FF85D86F.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04284-00, índice 10, certificado 0CD3E70F254EB39F
D86D17A0181B3D7C 7AD4272FAB22F5CA 41DD0C6008013649 1D21B48D1014E19A EB699FA85E133D9B
64D35260FEEF6977 E121558F58D0A523.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04284-00, índice 11, certificado AD3177452FB9DA68
0EE603A70C1B2A1C 4FF8D7DE86B59BB0 91E99E81D5F8E8CD.
4
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Accionante: Óscar Iván Muñoz Palacios
Accionado: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño
de jurisprudencia y dejó vencer el término previsto para interponerlo.
19. Asimismo, explicó que la providencia cuestionada no incurrió en defecto alguno,
toda vez que el desacuerdo del actor recaía en la interpretación efectuada por el
Tribunal Administrativo de Nariño y no en un error ostensible o arbitrario que
comprometiera derechos fundamentales.
20. Por último, manifestó que la acción de tutela no puede emplearse para revivir
oportunidades procesales precluidas ni sustituir los medios de defensa previstos por
el ordenamiento jurídico, de manera que no constituye una instancia adicional para
controvertir decisiones judiciales desfavorables.
21. La Registraduría Nacional del Estado Civil5 solicitó que se declare improcedente
la acción y se desvincule a la entidad del presente trámite constitucional.
22. En esa medida, sustentó que carece de legitimación en la causa por pasiva,
dado que la presunta vulneración de los derechos fundamentales deriva de la
sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, por lo tanto, no tiene competencia
para pronunciarse sobre la legalidad de la providencia cuestionada o modificar sus
efectos.
23. Finalmente, agregó que la acción no reúne los requisitos generales ni las
causales específicas de procedencia contra providencias judiciales, debido a que el
actor pretende reabrir un debate jurídico ya resuelto por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
solicitud de amparo interpuesta por Óscar Iván Muñoz Palacios contra la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño.
3.2. Legitimación en la causa
25. La legitimación en la causa por activa del señor Óscar Iván Muñoz Palacios está
acreditada, porque fue el demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.
26. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sala Segunda
de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, debido a que fue la autoridad
judicial que profirió la providencia, objeto de estudio.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04284-00, índice 11, certificado 54A78532E411CB2E
5FC003E818BEA3E1 815A4615D28296E0 A62F13817DFDB5E3.
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Accionante: Óscar Iván Muñoz Palacios
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27. Por otro lado, se advierte que la Registraduría Nacional del Estado Civil, solicitó
su desvinculación, al considerar que no estaba llamada a responder por la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
28. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad actuó como parte demandada dentro del proceso ordinario en el
que fue expedida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión
que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
negará su solicitud.
3.3. Cuestión preliminar
3.3.1. Determinación del defecto objeto de análisis
29. La Sala considera pertinente precisar que, si bien el actor atribuyó a la sentencia
cuestionada la configuración de los defectos fáctico, sustantivo, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución,
lo cierto es que las razones expuestas en el escrito de tutela se concentran en
cuestionar el análisis que hizo la autoridad judicial accionada sobre la aplicación de
i) la valoración de los actos administrativos que prorrogaron sucesivamente su
vinculación en provisionalidad, ii) la aplicación del literal c) del artículo 20 de la Ley
1350 de 2009 y iii) los alcances de las sentencias T-407 de 2016, SU-917 de 2010,
SU-054 de 2015 y SU-425 de 2025.
30. En consecuencia, la Sala analizará el asunto a partir de una posible
configuración de los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y decisión sin
motivación.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
31. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional7.
32.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
6
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Accionante: Óscar Iván Muñoz Palacios
Accionado: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis
y que afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
33. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales8 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
34. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución9.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
35. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional10 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
36. Así pues, la Corte Constitucional11 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»12 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»13;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
9 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió
en una afectación grave de derechos fundamentales.
37. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar una
afectación de sus derechos fundamentales, estructuró una carga argumentativa
orientada a demostrar que el fallo ordinario inaplicó una sentencia de unificación e
incurrió en un defecto fáctico, lo cual, a su juicio, impidió que se expidiera una
decisión ajustada a derecho.
38. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
39. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 23 de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Nariño, fue notificada el 2 de marzo siguiente14, y la demanda de tutela se presentó
el 3 de junio del mismo año15, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por
la jurisprudencia constitucional16 y del Consejo de Estado17 como razonable.
40. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
41. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
42. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con las causales de los defectos fáctico,
desconocimiento del precedente y decisión sin motivación y, en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
14 Samai, exp. 52001-33-33009-2020-00152-01, índice 12.
15 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04284-00, índice 1.
16 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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3.5. Problema jurídico
43. Corresponde a la Sala determinar si el ¿Tribunal Administrativo de Nariño
vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, al
acceso a la administración de justicia y al principio de confianza legítima del
accionante e incurrió en defecto fáctico, en desconocimiento del precedente judicial
y en decisión sin motivación, con ocasión de la sentencia del 23 de enero de 2026
a través de la cual revocó la decisión de instancia y, en consecuencia, negó las
pretensiones de la demanda?
44.Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala estudiará: (i) las
generalidades de los defectos invocados; y (ii) el caso concreto.
3.5.1. El defecto fáctico
45. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión»18. Este vicio en la valoración probatoria debe
ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión19»
objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y
otra negativa.
46. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una
valoración por completo equivocada»20. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso
objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la
decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos casos que las normas
procesales y constitucionales así lo determinan»21.
47. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
18 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
19 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04284-00 (6813)
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de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro
del proceso22.
48. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial23, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»24.
49. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de
manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba
en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]25.
3.5.2. El desconocimiento del precedente judicial
50. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas26.
22 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
23 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
24 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
26 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar”
la vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento
en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la
misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para
valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse
de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el
precedente horizontal».
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51. Al respecto, la Corte Constitucional27 ha considerado que el precedente se
define como aquella sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente,
el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un
sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales28.
52. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia29.
53. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»30.
54. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
27 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
28 Se transcribe incluso con errores.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
30 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
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caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela31.
55. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación32.
56. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.
3.5.3. Decisión sin motivación
57. El deber que les corresponde a las autoridades judiciales de fundamentar sus
decisiones en el marco jurídico aplicable y en los supuestos fácticos objeto de
estudio dio lugar a que la ausencia de un análisis razonable del asunto se
considerara una causal autónoma para la procedencia de la tutela contra
providencias juridiciales.
58. Al respecto, la Corte Constitucional, precisó que la decisión sin motivación se
configura por «el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta
de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Este tipo de falencia se
distingue del defecto fáctico, en cu[a]nto no se estructura a partir de la
disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino en la
ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido»33.
59. En atención a lo anterior, la jurisprudencia constitucional34 precisó que la
ausencia de motivación no se estructura ante cualquier divergencia con el
razonamiento del juez, sino, únicamente, cuando su argumentación fue
31 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del
precedente horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y
suficiencia. El primero exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares
(es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un
precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a
la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial
o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para
resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el
derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores
judiciales.»
32 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
33 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, criterio reiterado en sentenciasT-310 de 2009 y T-502 de
2024.
34 Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2007, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
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decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente. Esto es, porque
el respeto del principio de autonomía judicial impide que el juez de tutela se
inmiscuya en meras controversias interpretativas. En efecto, la competencia en
materia de tutela «se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de
argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del
juez, es decir, en una arbitrariedad»35.
60. Lo expuesto significa que la falta de motivación como causal de procedencia de
la tutela en contra de decisiones judiciales propende por la salvaguarda del derecho
de los ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la administración de justicia,
lo cual permite que se pueda ejercer adecuadamente el derecho de contradicción.
61. En este sentido, el cargo de ausencia de motivación de una decisión judicial le
exige al juez de tutela examinar el contenido de los argumentos de hecho y de
derecho en los que se sustenta la providencia cuestionada, pues no se puede
desconocer los fundamentos en los que se estructuran las decisiones de los jueces,
son elementos esenciales de la función judicial. De modo que su inexistencia o
deficiencia puede convertir la providencia en un mero acto sometido a la voluntad
del juez, lo cual supone una clara vulneración del debido proceso.
62. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha determinado que no
corresponde al juez de tutela establecer a qué conclusión debió llegar la autoridad
judicial accionada, sino señalar que la providencia atacada presenta un grave déficit
de motivación que la deslegitima como tal36.
3.6. Caso concreto
63. En el asunto bajo estudio, el señor Óscar Iván Muñoz Palacios presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Registraduría Nacional
del Estado Civil, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 136 del
24 de abril de 2020, y, en consecuencia, se ordenara su reintegro al cargo y el
reconocimiento de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos
dejados de percibir.
64. En primera instancia, Juzgado Noveno Administrativo de Pasto, mediante
sentencia del 28 de marzo de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda.
Apelada la decisión anterior, el Tribunal Administrativo de Nariño emitió fallo el 23
de enero de 2026, en el que revocó la providencia del a quo y, en su lugar, negó las
peticiones invocadas por el demandante.
65. La parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto, que la
autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 23 de enero de 2026, incurrió en
defecto fáctico, porque omitió valorar los actos administrativos con los cuales se
dispuso las sucesivas prórrogas de su nombramiento en provisionalidad durante
35 Corte Constitucional, sentencia T-709 de 2010, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
36 Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2006, criterio reiterado en sentencia T-502 de 2024
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cuatro años y nueve meses, circunstancia que, en su criterio, demostraba la
permanencia de la necesidad del servicio y la existencia de una estabilidad laboral
relativa y por ende, no se configuraban los supuestos descritos en el literal c) del
artículo 20 de la Ley 1350 de 2009.
66. Asimismo, afirmó que en la decisión acusada se configuró el defecto de decisión
sin motivación, debido a que se apoyó en la sentencia T-407 de 2016, pese a que
dicha providencia no era aplicable a las designaciones en provisionalidad de los
registradores municipales.
67. Además, indicó que la autoridad judicial «se abstuvo de realizar un
razonamiento lógico que explicara las razones por las cuales revocaba la decisión
de primera instancia, a sabiendas de la existencia de una estabilidad laboral no solo
relativa conforme al precedente constitucional, sino además una vinculación
prorrogada de manera voluntaria por la administración, precisamente en razón a la
necesidad del servicio y como quiera que durante todo ese tiempo, se abstuvo del
deber legal de convocar a un concurso, el cargo del que arbitrariamente» fue
retirado.
68. Por otro lado, mencionó que se desconoció el precedente, porque dejó de
aplicar el criterio de estabilidad laboral relativa en los casos de servidores públicos
nombrados en provisionalidad, que estableció la Corte Constitucional en las
sentencias SU-917 de 2010, SU-054 de 2015 y SU-425 de 2025.
69. Pues bien, al analizar el contenido de la providencia objeto de tutela, la Sala
observa que la autoridad judicial accionada realizó un estudio sistemático de los
hechos, del material probatorio y del régimen jurídico aplicable, con el fin de
establecer la naturaleza del acto administrativo demandado y los efectos temporales
de la relación legal y reglamentaria a la que estaba vinculado el actor.
70. En concreto, el Tribunal accionado examinó el contenido de las resoluciones
mediante las cuales la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso el
nombramiento provisional y las sucesivas prórrogas del señor Óscar Iván Muñoz
Palacios en el cargo de registrador municipal de La Unión (Nariño). Como resultado
de dicho análisis, constató que el actor desempeñó las funciones inherentes a ese
empleo entre los años 2015 y 2019, en virtud de designaciones efectuadas por
períodos determinados, según se evidencia en los siguientes actos administrativos:
(i) Resolución 107 del 30 de marzo de 2015.
(ii) Resolución 217 del 1 de julio de 2015
(iii) Resolución 356 del 29 de septiembre de 2015
(iv) Resolución 105 del 5 de abril de 2016
(v) Resolución 261 del 19 de agosto de 2016
(vi) Resolución 406 del 23 de noviembre de 2016
(vii) Resolución 059 del 23 de febrero de 2017
(viii) Resolución 272 del 23 de agosto de 2017
(ix) Resolución 108 del 26 de febrero de 2018
(x) Resolución 214 del 27 de abril de 2018
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(xi) Resolución 677 del 30 de octubre de 2018
(xii) Resolución 169 del 28 de mayo de 2019
(xiii) Resolución 654 del 4 de diciembre de 2019.
71.
Así, el Tribunal consideró que el ejercicio del cargo por parte del accionante
obedeció a una serie de nombramientos provisionales y prórrogas sucesivas
formalmente expedidos por la autoridad competente, todos ellos sujetos a una
vigencia temporal específica de 6 meses.
72.
Adicionalmente, la autoridad judicial accionada analizó el contenido de la
Resolución 136 del 24 de abril de 2020, con el objeto de precisar si dicha actuación
administrativa correspondía a un acto de ejecución o era una decisión de la
administración susceptible de control judicial. Sobre el particular, la providencia
censurada expuso lo siguiente:
Las pruebas documentales reseñadas dan cuenta de que en cumplimiento del fallo de
tutela emitido el 22 de abril de 2020 por el Juzgado Promiscuo de Familia de La Unión,
la entidad demandada expidió la Resolución 136 del 24 de abril de 2020, en cuya parte
resolutiva se ordenó “comunicar” al aquí demandante que su desvinculación del cargo
de registrador municipal de la Unión obedeció al vencimiento del término o plazo
dispuesto para su designación en la Resolución 664 del 4 de diciembre de 2019, lo
anterior con el subsecuente fundamento legal expuesto por la entidad demandada.
[…]
Al aplicar estas consideraciones al caso concreto la única conclusión posible es que,
pese a lo esgrimido por la entidad demandada en su apelación, el acto demandado no
es de mero trámite y, por el contrario, si es pasible del control judicial a cargo de esta
jurisdicción, comoquiera que si bien no se desconoce que su expedición obedeció al
acatamiento del fallo de un juez de tutela y como tal constituye un acto de ejecución,
tal circunstancia no suprime el hecho de que a través de la Resolución 136 del 24 de
abril de 2020 se creó una situación jurídica particular para el demandante, en la medida
en que fue en este acto en el que además de mencionarse la desvinculación del señor
Óscar Iván Muñoz de su cargo de registrador municipal, se le explicaron de manera
pormenorizada las razones de la terminación de su vínculo.
73. En efecto, para el Tribunal los elementos documentales aportados al trámite
judicial demostraban que, en cumplimiento de un fallo de tutela, la entidad
demandada expidió la Resolución 136 del 24 de abril de 2020, mediante la cual
informó al demandante que su desvinculación del cargo de registrador municipal
obedeció al vencimiento del plazo establecido para su designación y le explicó los
fundamentos legales de dicha decisión.
74. La autoridad judicial accionada advirtió que, aunque esta resolución fue
expedida en ejecución de una sentencia de tutela, no constituye un simple acto de
trámite o ejecución. Por el contrario, es un acto susceptible de control judicial porque
creó una situación jurídica particular para el demandante, ya que no solo comunicó
su desvinculación, sino que también expuso de manera detallada las razones que
justificaron la terminación de su vínculo laboral.
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75. Adicionalmente, la autoridad judicial accionada puso de presente que mediante
el Oficio 337 del 5 de febrero de 2020 no se produjo la terminación del vínculo laboral
del señor Óscar Iván Muñoz Palacios. Para sustentar esa conclusión, confrontó el
contenido de dicha comunicación con los hechos expuestos en la demanda y con el
fallo de tutela proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La
Unión. Así pues, la decisión objeto de tutela refirió lo que sigue:
Y en este punto, conviene aclarar que aun cuando en los hechos de la demanda se
menciona el oficio 000337 del 5 de febrero de 2020 e, inclusive, en el fallo de tutela se
reseña que a través de éste último se dispuso la terminación de la vinculación del señor
Muñoz Palacios con la entidad demandada, lo cierto es que consultado el contenido
del oficio en mención, la Sala encuentra que en él no se le dijo expresamente al señor
Óscar Iván Muñoz Palacios que había sido desvinculado del cargo de registrador
municipal, sino que únicamente se le solicitó diligenciar el informe de gestión, el
inventario documental y de bienes a su cargo y el formato de bienes y rentas – retiro,
sin indicarle que su vínculo había terminado, ni tampoco las razones de tal decisión, lo
cual motivó la interposición del fallo de tutela.
Para reforzar las razones por las cuales la Sala se aparta de lo argüido por la
Registraduría en su recurso, se advierte que en el acto demandado se concretó o
definió la situación jurídica particular del demandante a partir de la sentencia de tutela
emanada del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Unión, lo cual no enerva
el control de legalidad respectivo que esta jurisdicción puede hacer del acto
demandado como su juez natural, además de que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho difiere en su naturaleza de la acción de tutela.
76. Bajo ese entendido, el Tribunal manifestó que el Oficio 337 del 5 de febrero de
2020 no constituyó el acto mediante el cual la Registraduría desvinculó al
demandante del cargo, pues su contenido se limitó a solicitar la entrega del informe
de gestión, del inventario documental y de bienes, así como del formato de bienes
y rentas, sin comunicar expresamente la terminación de la relación laboral ni
exponer las razones que la sustentaban.
77. De este modo, la autoridad judicial precisó que la situación jurídica particular del
actor quedó definida con la expedición de la Resolución 136 del 24 de abril de 2020,
razón por la cual determinó que ese era el acto administrativo susceptible de control
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
78. Definido lo anterior, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Nariño
también se pronunció expresamente sobre el vencimiento del plazo como causal de
terminación del vínculo legal y reglamentario, asunto para cuya resolución analizó
el alcance del literal c) del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009, así como la
jurisprudencia de esta corporación relativa a los nombramientos provisionales en la
Registraduría Nacional del Estado Civil. En ese contexto, expuso las siguientes
consideraciones:
Sea lo primero advertir que el nombramiento del demandante en el cargo de registrador
municipal, según lo plasmado en cada uno de los actos reseñados en el acápite previo
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de pruebas documentales, se hizo al amparo del literal c) del art. 20 de la Ley 1350 de
2009, esto es, como nombramiento provisional discrecional, el cual conforme lo señala
expresamente el citado canon solo procede por especiales razones del servicio y no
puede excederse el término de la provisionalidad de 6 meses, además, la norma indica
que en el transcurso de ese lapso debe abrirse el concurso respectivo para proveer el
empleo definitivamente.
A la par de lo anterior, se advierte que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
considerado que cuando el retiro del servicio se ampara en el vencimiento del término
de nombramiento no se exige otra motivación para su cabal justificación. En efecto, en
sede de tutela, por ejemplo, la Sección Segunda ha considerado que en el caso del
nombramiento provisional discrecional no era imprescindible que la Registraduría
motivara el acto de retiro o desvinculación, porque el interesado sabía desde el principio
de cada nombramiento en provisionalidad que el mismo estaba sujeto a un término de
duración.
También ha sostenido la Sección Segunda del Consejo de Estado que la
provisionalidad como modalidad de acceso a un cargo de carrera no genera estabilidad
alguna; que la omisión de las entidades oficial al no hacer el concurso respectiva
genera para ellas una responsabilidad que no se traduce en un derecho adquirido para
el servidor que ocupe esos cargos; que exigir a la Registraduría la exposición de las
razones para no prorrogar el nombramiento en provisionalidad y efectuar el retiro
equivalía a imponerle una carga adicional que no le correspondía, en desconocimiento
del mandato legal contenido en el literal c) del art. 20 de la Ley 1350 de 2009; y que la
motivación del retiro se entiende implícita en el acto de vinculación.
Así las cosas, para la Sala, el vencimiento del plazo para el cual se había nombrado al
demandante en provisionalidad como registrador municipal de La Unión constituye
suficiente razón o motivación para su retiro del servicio, por consiguiente, debe
revocarse el fallo apelado para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda,
habida cuenta que el acto demandado mantiene incólume su presunción de legalidad.
79. De ese análisis se desprende que el Tribunal determinó que el demandante fue
nombrado como registrador municipal en provisionalidad discrecional, conforme al
artículo 20 de la Ley 1350 de 2009, modalidad que solo procede por necesidades
del servicio y tiene una duración máxima de seis meses, término conocido por el
servidor desde el momento de su designación.
80. Asimismo, mencionó que la jurisprudencia del Consejo de Estado37 ha
establecido que, cuando el retiro se produce por el vencimiento del plazo de un
nombramiento provisional, no es necesario que la administración exponga una
motivación adicional, pues dicha causa constituye por sí sola una justificación
suficiente. Igualmente, ha señalado que este tipo de nombramientos no genera
estabilidad laboral ni derechos adquiridos, y que la falta de realización de concursos
por parte de la entidad no otorga al funcionario el derecho a permanecer en el cargo.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de diciembre de 2021, radicado núm.
11001-03-15-000-2021-04265-01. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 27 de enero de 2022,
radicado núm. 11001031500020210670400. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de septiembre
de 2022, radicado núm. 11001-03-15-000-2022-04412-00.
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81. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal afirmó que el vencimiento del término
de la provisionalidad era razón suficiente para la desvinculación del demandante,
por lo que consideró que le asistía razón a la parte demandada cuando argumentó
que el artículo 2 de la Resolución 664 del 4 de diciembre de 2019, en el que se
determinó que la vinculación del demandante expiraría al vencimiento del plazo allí
definido, no requería motivaciones adicionales.
82. Asimismo, el Tribunal resaltó que la Corte Constitucional en la sentencia T-407
de 2016 precisó que la expiración del término del nombramiento en provisionalidad
es un motivo válido para dar por finalizado el vínculo del servidor nombrado en esas
condiciones. Sobre el particular resaltó lo siguiente:
[n]o obstante, regla fijada por la sentencia SU-917 de 2010 y reiterada por la T-360 de
2015, también pueden existir otras circunstancias que justifiquen el retiro del cargo que
se discute. Tal es el caso de la expiración del plazo en el nombramiento. Ese motivo
de desvinculación resulta constitucionalmente admisible a la luz de la jurisprudencia
constitucional. Específicamente, de las sentencias SU-917 de 2010, T-753 de 2010 y
T-360 de 2015. En aquellas decisiones, la Corte aceptó que no son causales taxativas
los motivos de desvinculación de un cargo en provisionalidad y que, como sucede en
este caso, la expiración o vencimiento del término del contrato resulta razonable a la
luz de la Constitución y vigencia de los derechos fundamentales (…) en concreto, no
existe defecto fáctico pues de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente y las
decisiones judiciales analizadas, (i) no es cierto que el acto de desvinculación no haya
sido motivado y (ii) según la jurisprudencia constitucional la expiración o vencimiento
del plazo del nombramiento constituyen razones constitucionalmente admisibles para
cumplir con ese propósito.
83. A partir de las anteriores consideraciones, el Tribunal administrativo de Nariño
revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que el acto administrativo conserva su presunción de legalidad.
84. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 23 de enero de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, no incurrió en los defectos
alegados por la parte accionante, pues la decisión de revocar la providencia de
primera instancia38, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por el señor Óscar Iván Muñoz Palacios,
estuvo soportada en una valoración razonada de los hechos, del material probatorio
allegado al proceso y de la jurisprudencia aplicable al caso concreto.
85. En concreto, se destaca que la decisión acusada efectuó una valoración integral
de las resoluciones mediante las cuales la Registraduría Nacional del Estado Civil
realizó y prorrogó el nombramiento provisional del actor, del Oficio 337 del 5 de
febrero de 2020 y de la Resolución 136 del 24 de abril de 2020, a partir de las cuales
verificó que la situación jurídica particular del demandante y concluyó que el
vencimiento del plazo de la provisionalidad era una causal objetiva prevista en el
38 Sentencia del 28 de marzo de 2023, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Pasto.
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literal c) del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009, que justificaba el retiro del servicio
del actor.
86. Así pues, contrario a lo dicho por la parte tutelante, se tiene que el análisis
probatorio desarrollado por la autoridad judicial accionada, lejos de mostrar una
situación indebida por acción u omisión, lo que en realidad revela es que fue estricto,
objetivo y apegado al contenido de los documentos aportados a la actuación judicial,
por lo que no es posible inferir que la decisión objeto de tutela fue contraria a
derecho. Distinto es no le haya otorgado el valor probatorio que el demandante
pretendía que se les atribuyera a los medios de prueba allegados al proceso.
87. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»39.
88. Por otro lado, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Nariño no
incurrió en desconocimiento del precedente judicial, pues la decisión cuestionada
se fundamentó en la jurisprudencia del Consejo de Estado40 y de la Corte
Constitucional (sentencia T-407 de 206), para precisar que la causal definida en el
literal c) del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009, fue un criterio definido por el
legislador para dar por terminado un vínculo legal y reglamentario al interior de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
89. En efecto, ese análisis jurisprudencial le permitió concluir que el nombramiento
provisional discrecional previsto en el régimen especial de la Registraduría Nacional
del Estado Civil tiene una duración determinada desde su expedición y que, por
consiguiente, el vencimiento del plazo fijado en el acto de nombramiento constituye
una motivación suficiente para finalizar un vínculo laboral, sin que resulte exigible
una motivación adicional.
90. Al respecto, se debe indicar que la Ley 909 de 2004, «Por la cual se expiden
normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y
se dictan otras disposiciones», estableció el sistema general de carrera
administrativa y no enlistó como un sistema específico a la Registraduría Nacional
del Estado Civil; sin embargo, con la Constitución Política de 1991, este tuvo un
rango constitucional, a partir de la modificación introducida al artículo 266, por el
artículo 15 del Acto Legislativo 01 de 20033, en el que se indicó́ lo siguiente:
39 Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de diciembre de 2021, radicado núm.
11001-03-15-000-2021-04265-01. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 27 de enero de 2022,
radicado núm. 11001031500020210670400. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de septiembre
de 2022, radicado núm. 11001-03-15-000-2022-04412-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04284-00 (6813)
Accionante: Óscar Iván Muñoz Palacios
Accionado: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño
Artículo 266, Modificado por el artículo 15 del Acto Legislativo 01 de 2003 […] La
Registraduría Nacional estará conformada por servidores públicos que pertenezcan a
una carrera administrativa especial a la cual se ingresará exclusivamente por concurso
de méritos y que proveerá́ el retiro flexible de conformidad con las necesidades del
servicio. En todo caso, los cargos de responsabilidad administrativa o electoral serán
de libre remoción, de conformidad con la ley […].
91. Con el propósito de desarrollar el contenido del Acto Legislativo 01 de 2003, el
Congreso de la República expidió la Ley 1350 de 2009, por medio de la cual se
reglamentó la carrera administrativa especial de la Registraduría Nacional del
Estado Civil y respecto a la forma de provisión de los empleos y vinculación de
personal, en su artículo 20, dispuso lo siguiente:
ARTÍCULO 20. CLASES DE NOMBRAMIENTO. La provisión de los empleos en la
Registraduría Nacional del Estado Civil podrá realizarse mediante las siguientes clases
de nombramiento:
a) Nombramiento ordinario discrecional: Es aquel mediante el cual se proveen los
cargos que de conformidad con la presente ley tienen carácter de libre nombramiento
y remoción;
b) Nombramiento en período de prueba: Es aquel mediante el cual se proveen los
cargos del sistema especial de Carrera de la Entidad con una persona seleccionada
por concurso y tendrá un término de cuatro (4) meses;
c) Nombramiento provisional discrecional: Esta clase de nombramiento es excepcional
y solo procederá por especiales razones del servicio. El término de la provisionalidad
se podrá hacer hasta por seis (6) meses improrrogables; deberá constar expresamente
en la providencia de nombramiento. En el transcurso del término citado se deberá abrir
el concurso respectivo para proveer el empleo definitivamente;
[…].
92. En este orden, la Ley 1350 de 2009, de manera expresa señala que el
nombramiento provisional discrecional es por 6 meses, al cabo de los cuales la
persona nombrada está en la obligación de retirarse del cargo, sin que exista acto
de la administración que así lo disponga y menos que se deba consignar las
motivaciones en ese sentido.
93. En relación a la desvinculación del servidor público nombrado en
provisionalidad, al vencimiento del término pactado en el acto administrativo de
vinculación, esta Corporación ha señalado lo siguiente:
[…] Como lo ha venido sosteniendo la Sección Segunda de esta Corporación, la
provisionalidad, como una modalidad excepcional de acceder a un cargo de carrera,
no genera estabilidad alguna.
(…)
De otra parte, el hecho de no realizarse los concursos de carrera genera una omisión
de la entidad oficial y por ende una responsabilidad que no puede traducirse en un
derecho adquirido para el empleado que se halla nombrado en provisionalidad y que
permanece en esta condición por un tiempo ilimitado. De lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley 443 de 1998 se infiere claramente que la persona que es designada en
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04284-00 (6813)
Accionante: Óscar Iván Muñoz Palacios
Accionado: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño
provisionalidad en un cargo de carrera no puede permanecer en ese empleo, y bajo
esa especial modalidad de nombramiento, por un término superior a cuatro (4) meses,
puesto que, por disposición legal, el solo hecho de vencerse el “período de la
provisionalidad” conlleva la vacancia definitiva del cargo y el retiro del servidor público.
Al cumplirse entonces el tiempo de servicio provisional estipulado en la norma, no es
necesario - se repite - la expedición de acto de insubsistencia alguno, pues la
desvinculación del servicio opera por disposición legal. […]41.
94. Así las cosas, tal como lo expuso el Tribunal accionado en la providencia
cuestionada, el criterio de tener por terminado el nombramiento provisional por
vencimiento del término ha sido una posición estudiada por la Corte Constitucional
en las sentencias T-753 de 2010, T-147 de 2013, T-360 de 2015 y T-407 de 2016,
en las cuales dicha Corporación determinó que: «la expiración del plazo del
nombramiento constituye `razón suficiente´ para dar por terminada la vinculación de
un funcionario nombrado en provisionalidad», por cuanto se trata de un asunto que
tiene fundamento en precepto de carácter legal, establecido al interior del régimen
de carrera administrativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil42.
95. En dichas providencias, la Corte precisó que, no obstante, la regla fijada por la
Sentencia SU 917 de 2010 y reiterada por la T-360 de 2015, consistente en que son
admisibles razones puntuales como la provisión definitiva de un cargo, la imposición
de sanciones disciplinaria y/o la calificación insatisfactoria, «también pueden existir
otras circunstancias que justifiquen el retiro del cargo que se discute. Tal es el caso
de la expiración del plazo en el nombramiento», circunstancia esta que fue
analizada y admitida por la autoridad judicial accionada al decidir el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el tutelante.
96. Por lo expuesto, la Sala considera que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de los hechos y las pruebas aportadas al
proceso ordinario e interpretó de forma razonable los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto. Por estos motivos, si bien la providencia objeto de tutela
no resultó favorable a la parte tutelante, esto no significa que se hayan desconocido
sus garantías constitucionales.
97. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
reparación directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se
acomode a sus intereses y pretensiones.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 7
de abril de 2005, radicado núm. 47001-23-31-000-1999-01771-01.
42 En similar, sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 30
de agosto de 2021, radicado núm. 11001-03-15-000-2021-02247-01. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de diciembre de 2021, radicado núm. 11001-03-15-000-2021-04265-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04284-00 (6813)
Accionante: Óscar Iván Muñoz Palacios
Accionado: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño
4. Conclusión
98. La providencia proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Nariño no vulneró los derechos fundamentales invocados por la
parte actora, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, o
caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que
constituyan una vía de hecho por los defectos fáctico, desconocimiento del
precedente y decisión sin motivación, que exija la intervención del juez de tutela.
Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por el accionante.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por Óscar Iván Muñoz Palacios
contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04284-00 (6813)
Accionante: Óscar Iván Muñoz Palacios
Accionado: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño
Jorge Édison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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