Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04285-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04285-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04285-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
10 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04285-00
Accionante: Gabriel Ricardo Gómez Dávila
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04285-00
Accionante: Gabriel Ricardo Gómez Dávila
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial-Carácter excepcional. Requisitos generales y
especiales de procedencia. Improcedencia por falta de cumplimiento del requisito de Inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por Gabriel Ricardo Gómez Dávila en
contra del Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga y el
Tribunal Administrativo de Santander.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 3 de junio de 2026, Gabriel Ricardo Gómez Dávila, por conducto de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la igualdad.
En consecuencia, solicitó dejar sin efectos (i) el auto del 22 de enero de 2026,
mediante el cual se dispuso estarse a lo resuelto en la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, y (ii) la sentencia del 31 de julio de 2025,
dictada por esa misma autoridad judicial. Subsidiariamente, pidió que se ordenara
rehacer dicha actuación. Tales decisiones fueron proferidas dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm.
68001-33-33-003-2020-00227-00/01/02.
2. Hechos
2.1. El señor Gabriel Ricardo Gómez Dávila desempeña el cargo de Fiscal 7 Local
de la URPA en Bucaramanga desde el 01 de agosto de 2016.
2.2. El 13 de enero de 2020 solicitó a la Fiscalía General de la Nación el
reconocimiento y pago de la prima especial equivalente al 30% del salario básico
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04285-00
Accionante: Gabriel Ricardo Gómez Dávila
como un valor adicional al salario básico y la reliquidación de las prestaciones
sociales incluyendo dicho emolumento con carácter salarial y prestacional. Sin
embargo, mediante el Oficio No. 31200-0072 de 03 de febrero de 2020, la Fiscalía
General de la Nación negó la solicitud, decisión contra la cual se presentó recurso
de apelación, el cual no fue resuelto por la entidad.
2.3. Con fundamento en lo anterior, el 12 de febrero de 2020, el señor Gómez Dávila
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Fiscalía General de la Nación, con el propósito que se
declarara la nulidad del acto ficto que negó el reconocimiento de la prima especial
mensual establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
Como consecuencia de dicha declaratoria, solicitó: (i) el reconocimiento y pago de la
prima especial; (ii) la reliquidación y el pago de las prestaciones sociales con la
inclusión de la prima especial mensual; y (iii) el reconocimiento y pago de las
diferencias derivadas entre la liquidación inicialmente efectuada y la resultante de la
reliquidación de las prestaciones sociales.
2.4. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Administrativo Transitorio del
Circuito Judicial de Bucaramanga, despacho que, mediante sentencia del 2 de
diciembre de 2024, decidió i) declarar la prescripción de los derechos laborales para
las sumas causadas con anterioridad al 13 de enero de 2017, ii) la inaplicación de
los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 48 de 1995 y siguientes, iii) la nulidad del
Oficio Número 31200-0072 del 3 de febrero de 2020 y del acto administrativo ficto
negativo configurado por el silencio guardado frente a la interposición del recurso de
apelación. Como consecuencia de lo anterior, iv) condenó a la Fiscalía General de la
Nación a reconocer y pagar la prima especial en cuantía equivalente al 30% de la
asignación básica mensual desde el 13 de enero de 2017 y la reliquidación de las
prestaciones sociales con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de
prima especial, además de hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad
Social pagando las diferencias a que haya lugar.
2.5. Inconformes con la decisión de primera instancia, ambas partes interpusieron
recurso de apelación.
2.6. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 31 de julio de
2025, modificó la decisión recurrida. Consideró que el demandante sí tenía derecho
a la prima especial de servicios reclamada y las consecuentes reliquidaciones
prestacionales y demás pagos laborales desde el 13 de enero de 2017.
No obstante, precisó que debía estarse a lo resuelto en la sentencia de unificación
jurisprudencial proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado el 2 de septiembre de 2019. En consecuencia, modificó el
numeral cuarto de la sentencia de primera instancia para disponer que la Fiscalía
General de la Nación reliquidara y pagara las diferencias salariales calculadas sobre
la base del salario básico incrementado en un 30 %. Asimismo, ordenó reconocer,
reliquidar y pagar las prestaciones sociales sobre la base de la totalidad del salario
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04285-00
Accionante: Gabriel Ricardo Gómez Dávila
básico, sin adicionar ni descontar dicho porcentaje, por cuanto la prima especial de
servicios no tiene carácter salarial.
2.7. El 27 de agosto de 2025 el demandante presentó solicitud de aclaración y
adición de la sentencia de segunda instancia. Sin embargo, mediante auto del 16 de
septiembre de 2025, esta fue rechazada por extemporánea, al concluir que la
providencia había sido notificada el 12 de agosto de 2025 y que, en consecuencia, el
término para solicitar su aclaración, adición, corrección o complementación vencía
el 20 de agosto del mismo año.
2.8. La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia contra la sentencia de segunda instancia, al considerar que la
providencia desconoció de manera ostensible la sentencia de unificación de la Sala
Plena de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 15 de
diciembre de 2020, SUJ-023-CE-S2-2020.
2.9. El recurso fue decidido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, autoridad judicial que, mediante providencia del 17 de octubre de 2025 lo
rechazó, al concluir que la sentencia invocada como desconocida no tiene la
naturaleza de unificación jurisprudencial establecida en el artículo 270 del CPACA.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en
consecuencia, pidió: (i) dejar sin efectos el auto del 22 de enero de 2026, mediante
el cual se dispuso estarse a lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander
en la sentencia del 31 de julio de 2025; (ii) declarar la nulidad de esta última
providencia o, en su defecto, ordenar que se profiera una nueva decisión; y (iii)
ordenar al Tribunal Administrativo de Santander que dicte una nueva sentencia en la
que aplique correctamente el precedente judicial, de conformidad con los
parámetros establecidos en la sentencia de unificación SUJ-023-CE-S2-2020 del 15
de diciembre de 2020.
3.2. Como fundamento de la solicitud de amparo, sostuvo que la sentencia
cuestionada incurrió en falta de congruencia, pues omitió pronunciarse sobre el eje
central del litigio, relacionado con el reconocimiento de la prima especial como un
valor adicional, sin carácter salarial, así como con el correspondiente ajuste de los
aportes al sistema pensional.
Asimismo, alegó la configuración de los defectos sustantivo y por desconocimiento
del precedente judicial. Al respecto, afirmó que el Tribunal Administrativo de
Santander aplicó disposiciones y criterios jurisprudenciales relativos al régimen de
los jueces de la República y los procuradores judiciales —en particular, el Decreto
57 de 1993, la sentencia de nulidad del 29 de abril de 2014 y la sentencia de
unificación del 2 de septiembre de 2019—, pese a que, en su criterio, correspondía
aplicar el régimen específico de los fiscales previsto en el Decreto 53 de 1993, cuyo
alcance fue definido por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 15
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04285-00
Accionante: Gabriel Ricardo Gómez Dávila
de diciembre de 2020, proferida dentro del proceso con radicado núm. 73001-23-33-
000-2017-00568-01.
En ese sentido, explicó que, respecto de los jueces y procuradores judiciales, la
controversia se relaciona con la denominada proporción «70/30», en la que, según
afirmó, no se reconoce adecuadamente el 30 % correspondiente a la prima especial.
En contraste, sostuvo que, para el caso de los fiscales, las prestaciones sociales
han sido liquidadas correctamente, por lo que la controversia se circunscribe al
reconocimiento y pago de la prima especial y al consecuente ajuste de los aportes
pensionales.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. El 11 de junio de 20261 los magistrados Adriana Polidura Castillo y Nicolás
Yepes Corrales manifestaron estar incursos en una causal de impedimento para
conocer del asunto de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
Mediante providencia del 18 de junio de 20262, el magistrado William Barrera Muñoz
declaró infundados los impedimentos manifestados.
4.2. El 1 de julio de 2026 3 el expediente ingresó al despacho de la magistrada
Adriana Polidura Castillo, quien, mediante auto del 2 de julio de 2026 4, admitió la
acción de tutela y dispuso: (i) vincular a la Fiscalía General de la Nación, en calidad
de tercero con interés en el resultado del proceso; (ii) requerir a las autoridades
accionadas para que remitieran el expediente ordinario; y (iii) reconocer personería
al abogado Martín Andrés Sánchez Sepúlveda.
4.3. El Juzgado 801 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de
Bucaramanga5 solicitó negar el amparo, al considerar que no se acreditó
vulneración alguna de los derechos fundamentales que le fuera atribuible.
Asimismo, pidió su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa
por pasiva, dado que no participó en los hechos de los cuales se deriva la presunta
vulneración. Finalmente, solicitó tener como pruebas las piezas procesales obrantes
en el expediente del proceso ordinario.
4.4. Si bien el Juzgado 3 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de
Bucaramanga fue debidamente vinculado al presente trámite constitucional 6, no
rindió informe sobre los hechos que dieron origen a la solicitud de tutela.
1
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AFFE818833ABA6D6 D3DED8C604FA0460.
2
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0FB161E9588B1BA5 7A6AD2C789C2FE55.
3
Índice 00015 del aplicativo SAMAI.
4
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A41E3D40B0514352 99A4E5CF80E81DE5.
5
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09A76ACBCABC604E 02C8BD547C7FBBB8.
6
Índice 00025 del aplicativo SAMAI del expediente de tutela e índice 00048 del aplicativo SAMAI del expediente
ordinario en primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04285-00
Accionante: Gabriel Ricardo Gómez Dávila
4.5. El Tribunal Administrativo de Santander7 solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, al considerar que no se cumple el requisito general de relevancia
constitucional.
Indicó que la sentencia cuestionada respetó los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, pues se sustentó
en el precedente judicial vinculante y, específicamente, en la sentencia de
unificación SUJ-023 del 15 de diciembre de 2020. En ese sentido, sostuvo que la
decisión de primera instancia fue modificada con el propósito de ajustarla a las
reglas de unificación aplicables al asunto.
Asimismo, argumentó que no se configuró un defecto sustantivo, en la medida en
que el derecho reclamado por el demandante no fue negado, pues la modificación
introducida se limitó a precisar que las prestaciones sociales debían liquidarse sobre
el 100 % del salario básico, sin adicionar el 30 % correspondiente a la prima
especial.
Finalmente, señaló que la inconformidad del accionante corresponde, en realidad, a
un desacuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación jurisprudencial proferida por la Sala de Conjueces el 2 de septiembre de
2019 y en el auto del 7 de octubre del mismo año. Por consiguiente, consideró que
no se plantea un verdadero debate sobre la vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora, sino que se pretende utilizar la acción de tutela
como una instancia adicional al proceso ordinario.
4.6. La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar improcedente la acción de
tutela y, además, declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.
Expuso que en el escrito de tutela no se atribuyó a la entidad acción u omisión
alguna que hubiera vulnerado los derechos fundamentales del accionante. Agregó
que este no identificó de manera clara las causales específicas de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales, que el asunto carece de relevancia
constitucional y que no se acreditó vulneración alguna del derecho fundamental al
debido proceso.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de
Gabriel Ricardo Gómez Dávila pues actuó como demandante en el medio de control
7
Índice 00026 del aplicativo SAMAI, certificado 39FE418F8766FD40 85CD20B7D2BEBDA6
A12BAE7DE3B3FBA5 63083276C042DB6D.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04285-00
Accionante: Gabriel Ricardo Gómez Dávila
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 68001-
33-33-003-2020-00227-00/02, en el que se profirieron las decisiones judiciales que
consideró lesivas para sus garantías fundamentales.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo
de Santander, por cuanto fueron las autoridades judiciales que emitieron las
providencias cuestionadas por la parte accionante en sede de tutela.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. En caso afirmativo,
se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por la
parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez constitucional debe, de forma preliminar,
realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez
verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el
pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el actor plantea en
función de los defectos que aduce a la actuación acusada y conforme a las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 8 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 9 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 10.
8
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el
evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
10
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04285-00
Accionante: Gabriel Ricardo Gómez Dávila
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional” 11.
4.1. Inmediatez
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la
premisa de que su objeto no es otro que la protección inmediata de los derechos
fundamentales.
Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta
como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que
implica que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable 12, según
las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose
de acciones de tutela contra providencias judiciales, la garantía de los principios
que dirigen la administración de justicia exige mayor rigurosidad 13, al punto que la
Corte Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis
(6) meses14.
sus postulados. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 11
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. 12
La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente
sentido: “Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un
término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo
razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer
si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de
terceros. || Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano
de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera
razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad jurídica es un elemento
determinante para la realización de la justicia, por lo que este requisito debe ser más exigente. Así, cuando el
objeto de la tutela es una providencia judicial precisó la sentencia T- 038 de 2017 “(…) si dicho requisito se
abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de una controversia
constitucional”. 13
Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos: “la Corte ha considerado en
los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el análisis de inmediatez debe ser
más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues ´la firmeza de las
decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente´. En otras palabras, ser laxo con
la exigencia de inmediatez en estos casos significaría ´que la firmeza de las decisiones judiciales estaría
siempre a la espera de la controversia constitucional que, en cualquier momento, sin límite de tiempo… En un
escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de
[e]stos, con lo cual se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye
el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica
´”. || Sobre este punto, ver también las sentencias T-315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de 2006, T-594 de
2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras. 14
Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han
definido como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude a este
criterio a partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la
que, explícitamente, “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de
la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01).
Léase también
en las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible
a partir de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la
ya mencionada sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de
2013 y T-505 del mismo año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y
autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable
y proporcional, toda vez que, “(…) en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la
tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la
acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”. 7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04285-00
Accionante: Gabriel Ricardo Gómez Dávila
El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias
fácticas que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las
siguientes variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante
una situación excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en
mención:
“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual”15.
También precisó la jurisprudencia constitucional que, el requisito de inmediatez se
supera cuando “(…) la demanda de tutela se hubiere presentado en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración”16. Respecto a este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el
término razonable que define la inmediatez que es “(…) un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente”17.
En este escenario, el examen de inmediatez en el trámite de tutela en contra de
providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar el
hecho generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza se deriva de
la misma seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales.
Como se expuso, la jurisprudencia constitucional es diáfana al determinar que la
eventual afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene
conocimiento de esta, lo que resulta plenamente identificable desde el trámite en
que se perfecciona su notificación y ejecutoria.
5. Del caso en concreto
La Sala advierte que la presente acción constitucional no satisface el requisito de
inmediatez, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. En el asunto bajo examen, la parte accionante solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, pidió dejar sin efectos el auto de
«obedézcase y cúmplase» proferido el 22 de enero de 2026 y la sentencia del 31 de
julio de 2025, al considerar que esta última incurrió en los defectos sustantivo y
15
Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la
Corte Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158
de 2006; T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
16
Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de
2014.Resaltado fuera del texto original.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04285-00
Accionante: Gabriel Ricardo Gómez Dávila
desconocimiento del precedente judicial. En consecuencia, solicitó que se ordenara
proferir una nueva decisión en la que se tuviera en cuenta la sentencia de unificación
SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, dictada dentro del proceso con
radicado núm. 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-18).
5.2. Del examen del escrito de tutela, la Sala advierte que los reproches formulados
por el accionante se dirigen materialmente contra la sentencia de segunda instancia
proferida el 31 de julio de 2025. En efecto, cuestiona que el Tribunal Administrativo
de Santander hubiera aplicado el régimen jurídico y los criterios jurisprudenciales
relativos a la prima especial prevista para los jueces de la República y los
procuradores judiciales, con lo cual, en su criterio, desconoció las normas y la
jurisprudencia aplicables a la prima especial reconocida a los fiscales de la Fiscalía
General de la Nación.
En contraste, frente al auto del 22 de enero de 2026, mediante el cual se dispuso
obedecer y cumplir lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander, el
accionante no formuló ningún reproche concreto ni identificó defecto alguno que
pudiera atribuirse a esa providencia. De hecho, la única referencia sustancial que
efectuó respecto de dicha decisión estuvo encaminada a sustentar el cumplimiento
del requisito de inmediatez, en los siguientes términos:
En razón de lo anterior y, particularmente, al advertir que los reproches formulados
por el accionante se dirigen materialmente contra la sentencia de segunda instancia,
es esta providencia la que debe tomarse como referente para examinar el
cumplimiento del requisito de inmediatez. En efecto, no se advierte que el actor
hubiera formulado un cuestionamiento autónomo y concreto contra el auto de
«obedézcase y cúmplase», ni que atribuyera a esta decisión la vulneración de sus
derechos fundamentales.
Por el contrario, los argumentos expuestos en la solicitud de amparo están
encaminados a controvertir exclusivamente lo decidido en la sentencia de segunda
instancia. En esas condiciones, la notificación del auto de «obedézcase y
cúmplase» no puede tomarse como punto de partida para contabilizar el término de
inmediatez, pues dicha providencia no constituye la actuación a la que se atribuye la
presunta vulneración. Además, tal entendimiento no se acompasa con la
jurisprudencia constitucional expuesta previamente, según la cual el término debe
contabilizarse a partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento de la
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04285-00
Accionante: Gabriel Ricardo Gómez Dávila
actuación que originó la afectación alegada, que, en este caso, corresponde a la
sentencia de segunda instancia.
Así las cosas, la referencia a la notificación del auto de «obedézcase y cúmplase»
no tiene la virtualidad de desplazar el momento a partir del cual debe examinarse la
presentación oportuna de la acción de tutela. Antes que evidenciar una afectación
autónoma atribuible a dicha providencia, ese planteamiento está dirigido a justificar
que el requisito de inmediatez se contabilice desde una actuación posterior a la
decisión que realmente se cuestiona.
5.3. Al examinar las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario, se observa
que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 31 de julio
de 202518 fue remitida a los correos electrónicos de las partes para efectos de su
notificación, según consta en el mensaje de datos del 12 de agosto de 2025 19.
De acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente, la providencia fue
debidamente notificada y quedó ejecutoriada el 20 de agosto de 2025.
Sobre este último aspecto, es necesario precisar que la ejecutoria de la sentencia no
se vio alterada por la solicitud de aclaración y adición presentada por el demandante
el 27 de agosto de 2025, toda vez que esta fue rechazada por extemporánea
mediante auto del 16 de septiembre siguiente 20. En consecuencia, dicha actuación
no tuvo la virtualidad de modificar el momento en que cobró firmeza la sentencia
cuestionada.
No obstante, la solicitud de amparo fue presentada el 3 de junio de 2026, esto es,
nueve (9) meses y trece (13) días después de la ejecutoria de la providencia
cuestionada. Este lapso supera ampliamente el término de seis (6) meses que la
jurisprudencia constitucional ha considerado, por regla general, razonable para
acudir a la acción de tutela contra providencias judiciales.
En consecuencia, para el momento en que se promovió la acción de tutela había
transcurrido un término superior al que la jurisprudencia ha estimado razonable para
satisfacer el requisito de inmediatez, circunstancia que, en principio, conduce a la
improcedencia del amparo.
5.4. Ahora bien, la Sala advierte que el accionante también hizo referencia al recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto por la Fiscalía General de
la Nación contra la sentencia del 31 de julio de 2025. Dicho recurso fue rechazado
mediante providencia del 17 de octubre de 2025, al concluirse que la sentencia
invocada como desconocida no tenía la naturaleza de sentencia de unificación
jurisprudencial en los términos del artículo 270 del CPACA.
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Índice 00013 del aplicativo SAMAI del proceso ordinario en segunda instancia, radicado 68001-33-33-003-
2020-00227-02, certificado 294816CBC3321CAB 85E062BAA92D8BA5 3F6EA24FFA4E5507
DA1F2441F2844C8C.
19
Índice 00002 del aplicativo SAMAI.
20
Índice 00027 del aplicativo SAMAI del proceso ordinario en segunda instancia, radicado 68001-33-33-003-
2020-00227-02, certificado 0E9AA7B7A869ADD6 69E40B60DDE9BEB4 2C940D4BA6E2CDD4
0E9C16AFA08D5997.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04285-00
Accionante: Gabriel Ricardo Gómez Dávila
Sobre este aspecto, la Sala recuerda que, conforme a la jurisprudencia de esta
Corporación en sede constitucional21, la interposición de recursos que no
constituyen un medio de defensa judicial idóneo y eficaz no tiene la virtualidad de
suspender ni interrumpir el término de inmediatez. En efecto, se ha precisado que la
idoneidad de un mecanismo judicial depende de su aptitud real para proteger los
mismos intereses que se pretenden salvaguardar mediante la acción de tutela.
Aplicando este criterio al caso concreto, se concluye que el recurso extraordinario de
unificación no fue presentado por la parte accionante, por lo que no constituía un
medio de defensa judicial idóneo que justificara la presentación tardía de la acción
de tutela. En consecuencia, la sentencia cuestionada quedó ejecutoriada el 20 de
agosto de 2025, fecha a partir de la cual comenzó a correr el término de inmediatez,
que, bajo el estándar jurisprudencial de seis (6) meses, se extendía hasta el 20 de
febrero de 2026.
5.5. Por otra parte, el solicitante no expuso ni acreditó circunstancias excepcionales
que, conforme a la jurisprudencia constitucional, permitan flexibilizar el requisito de
inmediatez, tales como la ocurrencia de un perjuicio irremediable o la existencia de
una justificación objetiva que explique su inactividad para interponer oportunamente
la acción de tutela.
En ausencia de una explicación razonable sobre el retardo y de elementos que
evidencien la necesidad urgente de intervención del juez constitucional, no es
posible entrar al estudio de fondo de los cargos formulados.
En suma, la acción de tutela fue presentada por fuera del plazo que la jurisprudencia
ha considerado razonable, sin que se acreditara circunstancia alguna que permitiera
flexibilizar dicho término.
5.6. En consecuencia, la Sala procederá a declarar improcedente el amparo por no
superar el requisito de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Gabriel Ricardo Gómez Dávila en contra del Juzgado Administrativo Transitorio del
Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, por no superar
el requisito de inmediatez.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Sentencia del 8 de noviembre de 2021, radicado núm. 11001-03-15-000-2021-03604-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04285-00
Accionante: Gabriel Ricardo Gómez Dávila
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
AOB
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