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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04288-00

Fecha
10 de julio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04288-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Constanza Marcela Ángel Mendieta contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, por no superar los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04288-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

10 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04288-00
Accionantes: Constanza Marcela ángel Mendieta

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-04288-00
Accionantes: Constanza Marcela Ángel Mendieta
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional. Subsidiariedad –
Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por la señora Constanza Marcela Ángel
Mendieta contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

La señora Constanza Marcela Ángel Mendieta, a través de apoderado judicial1,
promovió acción de tutela 2 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa técnica, al trabajo, al ejercicio de la
profesión, a la dignidad humana, a la buena fe y de acceso a la administración de
justicia, que consideró vulnerados por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al proferir las providencias del
30 de enero de 2025 y 11 de marzo de 2026, respectivamente, dentro del proceso
disciplinario identificado con el radicado núm. 11001-25-02-000-2024-01215-00/01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

1 Poder conf erido al
abogado Edwin Gabriel Díaz. Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certif icado
966A10BFB8A83E0C 007E9F4D05A4F0ED CD2377760D229DB4 7D0C7D7C4635FA13.
2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certif icado 657AF41167E270DA D95DF157F94B1D 94
1F14A535B186CC3F 209BF2F5AAA03F21.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04288-00
Accionantes: Constanza Marcela Ángel Mendieta

2.1. El 29 de febrero de 2024 el Juzgado Catorce Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá compulsó copias en contra de la abogada Constanza
Marcela Ángel Mendieta en razón a que se abstuvo de cumplir con el deber de asistir
a las audiencias para las cuales fue citada como Defensora Pública, dentro de
proceso penal No. 110016099196202250080 y NI. 433559, seguido en contra de la
señora María Smith Garzón por el delito de Estafa con la circunstancia de agravación
del numeral 1 del artículo 247 del CP, al referirse a una vivienda de interés social.

2.2. El asunto le correspondió por reparto a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá bajo el radicado núm. 11001-25-02-000-2024-01215-00, autoridad
judicial que, mediante sentencia del 30 de enero de 2025 declaró a la aquí accionante
responsable por quebrantar el deber profesional establecido en el numeral 10 del
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, al incurrir de manera culposa en la falta descrita
en el numeral 1 del artículo 37 de la misma normatividad, por lo que la sancionó con
(2) dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión.

La autoridad disciplinaria sostuvo que se acreditó en grado de certeza que la abogada
investigada dejó de hacer oportunamente los trámites encomendados por su
poderdante, ello, por cuanto no concurrió a las audiencias judiciales del 21 de
septiembre de 2023, 19 de octubre de 2023, 9 de noviembre de 2023, 1 de febrero
de 2024 y 29 de febrero del 2024, sin justificación alguna.

En atención a la antijuridicidad, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
sostuvo que la disciplinable desatendió el deber del numeral 10 del artículo 28 de la
Ley 1123 de 2007, al no actuar con celosa diligencia en la labor encomendada pues
no asistió a las diligencias convocadas y tampoco justificó en debida forma sus
inasistencias ante el juez penal de conocimiento.

Igualmente, la Seccional manifestó que no se advertía causal de justificación, por
cuanto la abogada presentó excusas extemporáneas y cuando fue requerida, no
justificó debidamente sus inasistencias.

En cuanto al elemento de la culpabilidad, la autoridad judicial indicó que la conducta
desplegada por la abogada Ángel Mendieta se realizó en la modalidad culposa, pues
actuó de manera negligente durante el trámite penal y omitió el deber de cuidado que
le impone el ejercicio de la profesión.

Respecto de la graduación de la sanción, la autoridad disciplinaria valoró que la
disciplinable carecía de antecedentes, que la conducta fue cometida a título de culpa
y que la falta revistió gravedad, en la medida en que obstaculizó y demoró la
realización de la audiencia preparatoria dentro del proceso seguido contra María
Smith Garzón al menos entre el 21 de septiembre de 2023 y el 29 de febrero de 2024.
Esta situación afectó el normal desarrollo de las actuaciones judiciales. Por lo que
estimó que dicha sanción de dos meses resultaba necesaria, proporcional y razonable
frente a la infracción del deber de atender con celosa diligencia los encargos
profesionales a su cargo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04288-00
Accionantes: Constanza Marcela Ángel Mendieta

2.3. Inconforme con la anterior decisión, la disciplinada presentó recurso de apelación
y advirtió que cada una de sus inasistencias a las audiencias programadas por el
juzgado de conocimiento, obedecieron a cuestiones de fuerza mayor, pues en una
ocasión se encontraba enferma y en las demás oportunidades estaba a la espera de
los resultados de la labor investigativa. Afirmó que siempre actuó conforme al principio
de buena fe, y que, nunca fue su intención dilatar el proceso penal de su
representada.

2.4. La alzada fue resuelta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante
sentencia del 11 de marzo de 2026, que confirmó el fallo de primera instancia.

La autoridad disciplinaria encontró acreditada la responsabilidad de la falta
reprochada, pues existían diferentes medios de prueba que permitían concluir que la
abogada incurrió en la falta sin justificación alguna; sumado a que la dosificación de
sanción quedó al margen de la discusión, pues no fue objeto de apelación.

2.5. Respecto de esa decisión, el magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla presentó
salvamento parcial de voto. A su juicio la autoridad tenía el deber de adelantar una
investigación integral, inclusive mediante el decreto oficioso de pruebas, en aras de
determinar si en efecto las justificaciones brindadas por la profesional del derecho
ante el juzgado penal correspondían o no a la realidad, pues solo de esta manera se
lograría constatar la existencia de la falta y la responsabilidad de la disciplinable y,
así, materializar un acto de juzgar realmente justo.

Por lo tanto, consideró que al no existir pruebas que acreditaran que la conducta
atribuida afectó, sin justificación, el deber profesional considerado como infringido
(como lo exige el artículo 4 de la Ley 1123 de 2007), la decisión adoptada por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial debió ser la de revocar la sentencia
sancionatoria de primera instancia, solo en relación con la inasistencia a las
audiencias del 19 de octubre de 2023 y, 1 y 29 de febrero de 2024, para en su lugar
absolver por duda razonable a la abogada Constanza Marcela Ángel Mendieta, de
conformidad con lo señalado en los artículos 9 y 97 de la Ley 1123 de 2007, pues no
existía certeza de la existencia de la falta y de la responsabilidad de la procesada.

2.6. Como hecho adicional, la accionante puso de presente que “el 17 de julio de
2025, en pleno juicio oral, el Juzgado 14 Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá D.C. declaró la NULIDAD TOTAL de la actuación procesal
desde la formulación de imputación, por cuanto la Fiscalía General de la Nación no
acreditó el agotamiento del requisito de conciliación preprocesal como condición de
procedibilidad, tal como lo ordena el artículo 522 de la Ley 906 de 2004.
(…)

La declaratoria de nulidad es imputable exclusivamente a la Fiscalía General de la
Nación, que promovió y adelantó el proceso sin haber acreditado el agotamiento de
esa condición de procedibilidad. El proceso debe reiniciarse desde la formulación de
imputación o traslado de escrito de acusación. En consecuencia, TODAS las

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04288-00
Accionantes: Constanza Marcela Ángel Mendieta

audiencias preparatorias celebradas entre septiembre de 2023 y febrero de 2024 —
que constituyen precisamente el objeto de la investigación disciplinaria— son
actuaciones procesalmente nulas y carecen de todo efecto jurídico. La Dra.
Constanza Marcela Ángel Mendieta es, paradójicamente, la única persona que ha
sufrido consecuencias jurídicas adversas por un proceso que fue declarado nulo por
causa ajena a ella y a su representada”3.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

Como pretensiones la parte actora solicitó lo siguiente:

“Primera pretensión — Principal: Amparo de derechos fundamentales.

Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa técnica, trabajo,
ejercicio de la profesión, dignidad humana, buena fe y acceso a la administración
de justicia de la accionante CONSTANZA MARCELA ÁNGEL MENDIETA.

Segunda pretensión — Consecuencia de lo anterior declarar la Nulidad de
las providencias accionadas.

Dejar sin efectos jurídicos la sentencia sancionatoria del 30 de enero de 2025
proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá D.C. y la
sentencia confirmatoria del 11 de marzo de 2026 proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial dentro del radicado No.
110012502000202401215.

Tercera pretensión — Consecuencial: Nueva sentencia absolutoria.

Ordenar que dentro de las (48) cuarenta y ocho horas siguientes la fallo se
suspendan los efectos de las sentencias y en el trascurso de treinta (30) días
siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, la autoridad competente profiera una
nueva sentencia que: (i) valore en su integridad el acervo probatorio; (ii) aplique
el principio de buena fe y la confianza legítima; (iii) analice la antijuridicidad
material de la conducta; (iv) reconozca el rol constitucional del defensor público
en el sistema penal acusatorio; y (v) adopte una decisión absolutoria o,
subsidiariamente, que reconozca la ausencia de antijuridicidad material y la
concurrencia de causales de exclusión de responsabilidad.

Cuarta pretensión — Medida provisional: Suspensión inmediata de la
sanción.

Como medida provisional, en los términos del artículo 7 del Decreto 2591 de 1991,
solicitar la suspensión inmediata de los efectos de la sanción de suspensión
impuesta a la accionante hasta tanto se resuelva la presente acción de tutela, con
el fin de evitar la consumación de un perjuicio irremediable en el ejercicio de su
profesión”4 (se transcribe con errores).

Como fundamento de sus pretensiones, la accionante sostuvo que las providencias
cuestionadas incurrieron en los siguientes defectos:

3 Ibid.
4 Ibid.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04288-00
Accionantes: Constanza Marcela Ángel Mendieta

(i) Defecto fáctico. Señaló que las autoridades disciplinarias realizaron una
valoración probatoria arbitraria, irrazonable y contraevidente, al omitir el análisis o
efectuar una apreciación indebida de diversos elementos de convicción que, a su
juicio, acreditaban que sus inasistencias a las audiencias se encontraban justificadas
y que actuó con la diligencia exigible en la defensa de su representada.

En particular, afirmó que fueron ignorados o incorrectamente valorados: (a) los
informes periciales elaborados por la Unidad Investigativa de la Defensoría del
Pueblo; (b) la comunicación de WhatsApp del 19 de octubre de 2023, mediante la
cual informó la existencia de un cruce de audiencias; (c) el correo electrónico del 21
de septiembre de 2023 relacionado con sus quebrantos de salud; (d) las solicitudes
de aplazamiento presentadas en noviembre de 2023 y en enero y febrero de 2024,
junto con la justificación técnica expuesta dentro del proceso penal; (e) la respuesta
institucional de la Defensoría del Pueblo dirigida al juzgado penal; y (f) el acta de la
audiencia preparatoria del 27 de junio de 2024, en la cual fueron decretadas las
pruebas practicadas durante la investigación disciplinaria.

Adujo que dichas omisiones impidieron alcanzar el grado de certeza requerido para
imponer una sanción disciplinaria y que, en consecuencia, las dudas existentes
debieron resolverse a su favor.

(ii) Defecto sustantivo. Afirmó que las autoridades disciplinarias efectuaron una
interpretación irrazonable del numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, al
equiparar las actuaciones encaminadas a recaudar elementos probatorios para
ejercer adecuadamente la defensa técnica de su representada con una conducta
negligente o dilatoria.

Explicó que este defecto se configuró porque se privilegió una concepción meramente
formal del deber de asistencia a las audiencias, en detrimento del derecho
fundamental a una defensa técnica efectiva.

(iii) Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto: Consideró que las
autoridades disciplinarias impusieron exigencias probatorias no previstas en el
ordenamiento jurídico, lo que convirtió determinadas formalidades procesales en
obstáculos para el esclarecimiento de la verdad material.

En particular, cuestionó que se hubiera exigido una incapacidad médica como único
medio de prueba para acreditar una afectación en su estado de salud, así como una
certificación oficial para demostrar el cruce de audiencias que alegó como justificación
de sus inasistencias.

(iv) Desconocimiento del precedente constitucional: Sostuvo que las autoridades
disciplinarias desconocieron diversos precedentes constitucionales vinculantes
aplicables al caso.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04288-00
Accionantes: Constanza Marcela Ángel Mendieta

En particular, afirmó que omitieron aplicar la regla fijada en la sentencia T-013 de
2025, en la que la Corte Constitucional dejó sin efectos decisiones sancionatorias
ante la ausencia de soporte probatorio suficiente para acreditar la responsabilidad del
investigado. Asimismo, alegó el desconocimiento de las sentencias SU-573 de 2017
y SU-167 de 2024, que desarrollan criterios relacionados con la valoración integral
del material probatorio, la prohibición del exceso ritual manifiesto y el deber de
adoptar medidas probatorias cuando subsisten dudas relevantes sobre los hechos
objeto de decisión.

De igual forma, sostuvo que se desconoció el principio de in dubio pro disciplinado,
consagrado en el artículo 8 de la Ley 1123 de 2007, así como el precedente
constitucional relativo a la garantía de la defensa técnica efectiva, desarrollado, entre
otras providencias, en las sentencias C-592 de 1993 y T-1049 de 2012. En su criterio,
la aplicación de tales precedentes habría conducido a una decisión absolutoria.

(v) Violación directa de la Constitución: Manifestó que las providencias
cuestionadas vulneraron de manera directa la Constitución Política y el bloque de
constitucionalidad, al desconocer la presunción de buena fe consagrada en el artículo
83 superior, pese a que informó oportunamente las razon es que justificaban sus
inasistencias y no existía prueba que desvirtuara sus explicaciones.

Asimismo, afirmó que se vulneraron los artículos 8 y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, al sancionar actuaciones dirigidas a obtener los elementos
necesarios para preparar adecuadamente la defensa técnica de su representada.

Finalmente, alegó que las decisiones carecieron de una motivación suficiente
respecto de aspectos esenciales del juicio disciplinario, tales como la buena fe, la
antijuridicidad material de la conducta y el papel constitucional del defensor público,
en contravía de los estándares desarrollados por la jurisprudencia constitucional.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 11 de junio de 20265, el Despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela; negó la medida provisional solicitada; requirió a las
autoridades judiciales accionadas el envío del expediente del proceso disciplinario;
ordenó la notificación a las partes y dispuso la suspensión de los términos.

Una vez surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá6 se opuso a las
pretensiones de la acción de tutela, por lo que solicitó declarar su improcedencia al
no satisfacer los requisitos de procedencia y de manera subsidiaria, negar el amparo
por la falta de configuración de los defectos alegados.

5 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado D18AC76A8FD1D321 E7861B984A70B2E5 4B71C567FB55799F

3F06BE0F50B11614.
6 Índice 00008 del aplicativo SAMAI, certificado CDE5B3CF2EE99F24 33DC0083D204F143 2D8695E9F6030CB2

16B43DC4E70FDF05.
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Accionantes: Constanza Marcela Ángel Mendieta

Sostuvo que la decisión del 30 de enero de 2025 se adoptó con sujeción a los artículos
96 y 97 de la Ley 1123 de 2007, esto es, sobre la apreciación conjunta y razonada, y
bajo las reglas de la sana crítica, de las pruebas legal y oportunamente allegadas a
la actuación, y a partir de la certeza que esos elementos ofrecían sobre la existencia
de la falta y la responsabilidad de la disciplinada.

Adujo que el reproche disciplinario no se fundamentó en las actividades investigativas
adelantadas por la profesional, sino en la falta de justificación válida y oportuna de
sus inasistencias ante el juez de conocimiento. Agregó que la sentencia valoró las
explicaciones y los elementos de prueba aportados para justificar las ausencias a las
audiencias del 21 de septiembre y 19 de octubre de 2023, así como las solicitudes de
aplazamiento sustentadas en la misión de trabajo, concluyendo que no acreditaban
una causa suficiente para excusar su incomparecencia.

Agregó que el hecho de que esos medios hubiesen sido apreciados y hallados
insuficientes para estructurar una justificación válida no comporta su omisión, sino el
ejercicio mismo de la valoración probatoria razonada que la ley impone.

Por otra parte, indicó que no se configura el defecto sustantivo invocado, dado que la
sentencia no equiparó el recaudo de elementos probatorios con una conducta
negligente o dilatoria, ni dio al numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 un
alcance reñido con la razonabilidad jurídica.

En cuanto al presunto desconocimiento del precedente constitucional contenido en la
Sentencia T-013 de 2025, sostuvo que dicho reproche no es atribuible al fallo de
primera instancia, toda vez que esa decisión fue proferida apenas ocho días antes de
la expedición de la sentencia cuestionada, por lo que razonablemente no se
encontraba disponible para su consulta y aplicación. Agregó que, en caso de
estimarse aplicable ese precedente, su observancia correspondía al juez de segunda
instancia, quien resolvió el recurso de apelación con posterioridad a su emisión.

Frente a la declaratoria de nulidad del proceso penal subyacente, indicó que se trata
de un hecho ocurrido con posterioridad a la expedición de la sentencia de primera
instancia, razón por la cual no podía ser considerado al momento de decidir. Añadió
que la dosificación de la sanción disciplinaria no hacía parte de la controversia, pues
ese aspecto no fue objeto del recurso de apelación.

4.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial7 solicitó declarar improcedente la
acción de tutela y, subsidiariamente, negar las pretensiones formuladas por la
accionante. Como fundamento de su solicitud, sostuvo, en primer lugar, que el
amparo no satisface los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, particularmente los de subsidiariedad y relevancia
constitucional. Señaló que algunos de los argumentos planteados en esta sede,
especialmente el relacionado con la supuesta omisión en el análisis de la

7 Índice 00009 del aplicativo SAMAI, certificado F16685ECF57AC832 B8E4C14E7C3D6B0A
A9B8DB90BDCBD341 F3C8A206D3125D4C.
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Accionantes: Constanza Marcela Ángel Mendieta

antijuridicidad material, no fueron propuestos durante el trámite disciplinario ni en el
recurso de apelación, de manera que la actora incumplió la carga de ponerlos
oportunamente en conocimiento del juez natural. Añadió que con la solicitud se
pretende reabrir una discusión eminentemente probatoria y legal, ajena al ámbito
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Respecto del defecto fáctico, sostuvo que valoró integralmente el material probatorio
obrante en el expediente y explicó de manera suficiente las razones por las cuales
las justificaciones allegadas por la disciplinada no desvirtuaban su responsabilidad.
Precisó que la jurisdicción disciplinaria únicamente puede considerar justificadas
aquellas inasistencias que fueron oportunamente puestas en conocimiento del juez
de la causa y aceptadas por este, por lo que no le corresponde valorar por primera
vez documentos o excusas allegados con posterioridad al proceso de origen.

En cuanto al defecto sustantivo, sostuvo que la sanción no obedeció al ejercicio de la
defensa técnica ni a las actividades investigativas desarrolladas por la accionante,
sino al incumplimiento del deber profesional de atender con diligencia los encargos
encomendados y de justificar oportunamente las inasistencias a las diligencias
judiciales. Agregó que la interpretación del numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123
de 2007 se ajustó al contenido de esa disposición y a la jurisprudencia disciplinaria
consolidada sobre la materia.

En lo referente al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, indicó que las
exigencias probatorias cuestionadas no constituyen formalismos desproporcionados,
sino el cumplimiento de las cargas mínimas previstas en el ordenamiento jurídico para
acreditar una justa causa por la inasistencia a las audiencias, particularmente cuando
se invocan circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito. En ese
sentido, sostuvo que la decisión cuestionada no impuso una tarifa legal de prueba,
sino que verificó la ausencia de soportes suficientes para tener por justificadas las
excusas presentadas.

Asimismo, descartó el desconocimiento del precedente constitucional, por considerar
que las sentencias invocadas por la accionante no resultaban aplicables al caso
concreto o, en todo caso, no desvirtuaban la motivación de la providencia censurada.

Finalmente, negó la existencia de una violación directa de la Constitución, al señalar
que la decisión sancionatoria no partió de una presunción de mala fe, sino de la
comprobación, más allá de toda duda razonable, de que la disciplinada incumplió el
deber de atender con diligencia sus encargos profesionales.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

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Accionantes: Constanza Marcela Ángel Mendieta

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto
Constanza Marcela Ángel Mendieta es la titular de los derechos fundamentales que
afirma le fueron vulnerados, en su condición de demandante dentro del proceso
disciplinario identificado con el radicado núm. 11001-25-02-000-2024-01215-00/01.

2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por
pasiva por cuanto la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá, fueron las autoridades que profirieron las decisiones
que, según la tutelante, vulneraron sus derechos fundamentales.

2.3. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de
presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tanto en
primera, como en segunda instancia, circunscribirá su análisis a la providencia del 11
de marzo de 2026 dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por cuanto
fue la providencia que puso fin a la actuación.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20058 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,

8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Accionantes: Constanza Marcela Ángel Mendieta

que habilitan la interposición de la tutela 9 y otros de carácter específico, que tocan
con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 10.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”11.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez
que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 12.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate

9 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
10 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material
o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexis tentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución
Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado
en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
12 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Accionantes: Constanza Marcela Ángel Mendieta

en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que
el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y
generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y
fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto13.

4.2. Subsidiariedad.

Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia
de la acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho

13 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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Accionantes: Constanza Marcela Ángel Mendieta

presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 14.

Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios
que el legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin
de: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el
proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos
atiendan un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la
forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al
interior de un proceso judicial 15.

La Corte Constitucional16 ha sostenido que es deber de la parte accionante desplegar
todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de interferir en las
competencias de las distintas autoridades judiciales.

5. Caso concreto

La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface los requisitos de
relevancia constitucional ni subsidiariedad, por las razones que se exponen a
continuación:

5.1. Del examen del escrito de tutela se observa que la parte actora aduce que las
autoridades disciplinarias incurrieron en defecto fáctico, defecto sustantivo, defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución, al considerar, en esencia, que omitieron valorar
diversas pruebas relacionadas con las razones de sus inasistencias a las audiencias,
interpretaron de manera irrazonable la normativa disciplinaria aplicable, exigieron
cargas probatorias desproporcionadas y desconocieron la jurisprudencia
constitucional que, a su juicio, resultaba pertinente para resolver el caso.

5.2. Ahora bien, del análisis de la providencia cuestionada, proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, se advierte que, en la sentencia del 11 de marzo de
2026, la autoridad judicial arribó a las siguientes conclusiones:

“En tal sentido, esta Corporación en casos similares 17, ha señalado que cuando
un profesional del derecho pretende que la jurisdicción disciplinaria le acepte

14“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
15 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
16 Sentencia C-590 de 2005.
17 COLOMBIA, COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL. Sentencia aprobada según Acta N. 22 del 29

de marzo de 2023 Expediente: 680011102000201900357 01. COLOMBIA, COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL. Sentencia aprobada según Acta N. 28 del 6 de abril de 2022 Expediente:
050011102000201701796 01.
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justificación por no haber comparecido a las diligencias a las que fue debidamente
citado y notificado por un despacho judicial; dichas razones exculpatorias solo
podrán ser tenidas en cuenta – más no valoradas- si el togado las hubiere
presentado oportunamente al interior del proceso en el que se le requirió asistir
y, no como ocurre en algunos casos, que el encartado solo viene a ponerlas de
presente -por primera vez-, a instancias de una actuación disciplinaria seguida en
su contra, o en su defecto, pretende que la excusa allegada de manera
extemporánea, sea valorada por esta jurisdicción cuando ni siquiera el juez de
conocimiento las tuvo por presentadas.

En efecto, el operador disciplinario solo podrá considerar justificadas aquellas
inasistencias que fueron informadas por los abogados en oportunidad al Juez de
conocimiento -dentro del término que este le hubiere otorgado para esos efectos,
dependiendo de la causa y el tipo de audiencia- y si dicha autoridad judicial, luego
de hacer uso de sus facultades legales, aceptó la validez y suficiencia de esas
razones esgrimidas por el profesional para haberse ausentado de las diligencias.

Lo anteriormente expuesto, es de total trascendencia y no puede pasarse por alto
en esta Corporación, pues recuérdese que en casos como el que se analiza, se
está adelantando una actuación disciplinaria por las razones que consagra el
artículo 37, numeral 1° de la Ley 1123 de 2007 - concordado con el deber previsto
en el numeral 10° del artículo 28 ibidem, esto es, un reproche por incumplir el
deber de diligencia que se le exige a todo abogado en sus labores profesionales;
y, en ese sentido, lo que corresponde analizar íntegramente a la jurisdicción
disciplinaria para determinar si la abogada fue o no diligente, es si de cara a ese
mismo deber de diligencia, la letrada procedió a excusarse oportunamente con el
juez de conocimiento. Por lo tanto, el Juez disciplinario no puede valorar
documentos o justificaciones que se alleguen a este asunto, tendientes a justificar
la conducta del investigado, pues se itera, el escenario natural para esa
valoración es ante el juez de conocimiento de la causa de origen”18.

En este punto, se pone de presente que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
examinó de manera individual las circunstancias expuestas por la disciplinada para
justificar su inasistencia a las audiencias celebradas los días 21 de septiembre, 19 de
octubre y 9 de noviembre de 2023, así como del 1 y 29 de febrero de 2024. Para ello,
analizó las explicaciones relacionadas con los quebrantos de salud alegados por la
accionante, el presunto cruce de diligencias judiciales, la misión de trabajo adelantada
por la Unidad de Investigación de la Defensoría del Pueblo y los documentos
aportados para respaldar tales afirmaciones. Con fundamento en ese examen,
concluyó que ninguno de esos elementos permitía desvirtuar la responsabilidad
disciplinaria, porque las justificaciones no fueron acreditadas oportunamente o
carecían del soporte necesario para que el juez del proceso penal las tuviera por
demostradas.

Sobre el particular, la autoridad disciplinaria señaló:

“En tal sentido, esta Superioridad, advierte que la jurista incurrió en la falta
descrita en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, ello pues inasistió
sin justificación alguna a las diligencias citadas por el Juzgado Catorce Municipal
con Función de Conocimiento de Bogotá, ello, pues las razones dadas por la

18 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 1BB0B41E70A50318 95938C1EC86D0044 4524E5946090F796

AFC7148A6140F7C3, link: https://drive.google.com/drive/folders/1_BHWU1sbQT1wwrYSM9VyBa1-
iGk08b3K?usp=sharing, carpeta “39DecisionSegundaInstancia”, archivo “011 PROVIDENCIA
110012502000202401215 01”.
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investigada no fueron de recibo ni suficientes para el juez de conocimiento. Por
lo que su argumento no tiene vocación de prosperidad”19.

Por último, en cuanto a la intención dilatoria la autoridad cuestionada manifestó lo
siguiente:

“Resulta pertinente recordarle a la jurista que la primera instancia le reprochó la
conducta descrita en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, al relevarse
de “dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación
profesional”; y por ello, el desconocimiento del deber descrito en el numeral 10
del artículo 28 de la misma ley, “atender con celosa diligencia sus encargos
profesionales…” conducta que además se le imputó a título de culpa. Lo anterior,
por cuanto en su calidad de defensora pública, designada en el proceso CUI:
11001609919620225008000 NI: 433559, adelantado ante el Juzgado 14 Penal
Municipal de Bogotá; no asistió a varias audiencias, sin justificación alguna, pese
a que fue debidamente notificada de las mismas.

Ahora bien, respecto del comportamiento omisivo, esta Corporación ha
reiterado20 que:

“(…) omisión debe ser entendida como la no realización de una acción
deseada, que una persona, previamente definida por el legislador, debía y podía
ejecutar en un contexto específico.

Ahora bien, es evidente que la conducta del disciplinado, está inmersa en el
supuesto de hecho de la norma en mención, pues no obstante que realizó un
escrito”, en este caso agotó la conciliación prejudicial, radicó la demanda
declarativa y, aunque tarde, trabó la litis con la notificación del curador designado
para el galeno demandado, “no continuó con las diligencias previstas para
adelantar el proceso (…), de donde claramente se deduce con ello, la
negligencia en atender el compromiso profesional adquirido, dejando de lado la
representación de los intereses de su cliente, a efectos de realizar una debida y
diligente defensa en su nombre”21.

Luego, contrario a lo indicado por la recurrente, en ningún momento la primera
instancia, le reprochó un actuar de mala fe y mucho menos la intención de dilatar
el proceso penal; por lo que este argumento de alzada no tiene vocación de éxito.

En consideración a todo lo anterior, esta Comisión encuentra acreditada la
responsabilidad de la falta reprochada, pues existen diferentes medios de prueba
que permiten concluir que la togada incurrió en esta sin justificación alguna;
además, teniendo en cuenta que la dosificación de sanción quedó al margen de
la discusión, pues no fue objeto de apelación, y que ninguno de los argumentos
de la apelación está llamado a prosperar, lo procedente es confirmar el fallo del a
quo en su integridad” 22.

19 Ibid.
20 COLOMBIA. COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL. Sentencia aprobada en Sala No. 07 del 8 de

febrero de 2023. Magistrada Ponente: Magda Victoria Acosta Walteros. Expediente: 500011102000201900834 01
[cita textual].
21 COLOMBIA. COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL. Sentencia aprobada en Sala No. 80 del 20 de

octubre de 2022. Magistrada Ponente: Magda Victoria Acosta Walteros. Expediente: 110011102000201905934
01 [cita textual].
22 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 1BB0B41E70A50318 95938C1EC86D0044 4524E5946090F796

AFC7148A6140F7C3, link: https://drive.google.com/drive/folders/1_BHWU1sbQT1wwrYSM9VyBa1-
iGk08b3K?usp=sharing, carpeta “39DecisionSegundaInstancia”, archivo “011 PROVIDENCIA
110012502000202401215 01”.
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Accionantes: Constanza Marcela Ángel Mendieta

5.3. En ese orden, la Sala advierte que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
abordó de manera expresa los planteamientos formulados por la accionante en el
recurso de apelación y expuso las razones fácticas y jurídicas que la condujeron a
confirmar la decisión sancionatoria proferida en primera instancia.

En efecto, la autoridad disciplinaria examinó individualmente las explicaciones
ofrecidas por la disciplinada respecto de cada una de las inasistencias a las
audiencias celebradas los días 21 de septiembre, 19 de octubre y 9 de noviembre de
2023, así como del 1 y 29 de febrero de 2024. Para ello, analizó las razones
invocadas para justificar dichas ausencias, los documentos allegados en respaldo de
tales afirmaciones y los argumentos desarrollados en el recurso de apelación, para
concluir que ninguno de esos elementos desvirtuaba la responsabilidad disciplinaria
atribuida.

Asimismo, la Comisión Nacional estudió los cuestionamientos relacionados con la
valoración de los informes derivados de la misión de trabajo adelantada por la Unidad
de Investigación de la Defensoría del Pueblo, los correos electrónicos y demás
documentos aportados por la disciplinada, así como las alegaciones relativas a la
existencia de fuerza mayor, al supuesto cruce de diligencias judiciales y a los
quebrantos de salud que, según la accionante, justificaban su inasistencia a las
audiencias. No obstante, explicó las razones por las cuales estimó que tales
circunstancias no acreditaban una causa válida para excusar el incumplimiento del
deber profesional de comparecer a las diligencias judiciales o de justificar
oportunamente su inasistencia ante el juez de conocimiento.

De igual manera, la providencia cuestionada precisó que el debate disciplinario no
giraba en torno a la legalidad de la estrategia de defensa adoptada por la profesional
del derecho ni al desarrollo de las actividades investigativas adelantadas en beneficio
de su representada, sino al incumplimiento del deber de diligencia previsto en el
numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, concretado en la inasistencia
injustificada a las diligencias judiciales para las cuales había sido debidamente
convocada.

En ese contexto, la Comisión Nacional sostuvo que, tratándose de actuaciones
disciplinarias originadas en la incomparecencia de un abogado a diligencias
judiciales, el análisis debía centrarse en establecer si las razones que pretendían
justificar la ausencia fueron puestas oportunamente en conocimiento del juez de la
causa y si este las consideró suficientes para excusar la inasistencia.

Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el
juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso ordinario.

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Accionantes: Constanza Marcela Ángel Mendieta

5.4. Por el contrario, se observa que la parte accionante omitió estructurar sus reparos
constitucionales, esto es, a partir de la identificación concreta de los defectos que
habilitan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Tal circunstancia evidencia que su inconformidad se circunscribe a un
debate de mera legalidad, sin que se haya desplegado un esfuerzo argumentativo
dirigido a demostrar la vulneración de derechos fundamentales.

Sobre este punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa
y explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitu cional, se
requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter
arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que
permitan al juez constitucional advertir tal vulneración 23.

Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención
de lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera
vulnerados y eleve su argumentación a rango constitucional.

5.5. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, la Sala precisa que el
precedente24 se constituye en un pilar del Estado de Derecho, pues busca asegurar
la coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través de las decisiones
judiciales que sean razonablemente previsibles. Por su alcance, se constituye en una
herramienta de protección de los principios de la confianza legítima y la buena fe al
momento de resolver un caso sometido a su jurisdicción.

Según lo expuesto, y de la revisión de la jurisprudencia mencionada en el escrito de
tutela, se advierte que, si bien se identificaron las decisiones invocadas, este hecho
por sí solo no permite concluir que constituye precedente con fuerza vinculante y
obligatoria de una sentencia de unificación. Por tanto, no se puede atribuir que estas
providencias componen un precedente en el cual, el juez natural de la causa debió
basar su estudio, dado que, no existe una posición unificada frente al tema, por lo
tanto, prevalece el principio de autonomía judicial.

Sumado a lo anterior, la parte accionante no desarrolló un análisis metodológico y
comparativo que permitiera establecer la identidad jurídica entre esos fallos, así como
la inaplicación de alguna regla de unificación y la decisión aquí cuestionada.

El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino también
la exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los casos
analizados, con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó

23 Sentencia SU215 de 2022.
24 Sentencia SU 113/2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Accionantes: Constanza Marcela Ángel Mendieta

injustificadamente de la jurisprudencia aplicable. En este caso, la falta de un estudio
detallado de los elementos de similitud impidió verificar si existía o no una
contradicción con el precedente alegado. Por lo anterior, no se advirtió una carga
argumentativa suficiente que sustentara el cargo formulado, lo que imposibilita su
análisis de fondo en la presente decisión.

5.6. Así las cosas, con base a los argumentos esbozados por parte de la autoridad
accionada resulta claro que la parte actora pretende imponer su interpretación sobre
las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como reiterar su
discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en el
trámite del proceso primigenio.

En efecto la acción de tutela formulada está encaminada a continuar con el debate
surtido en el trámite de instancia, toda vez que reitera argumentos de índole legal y
probatorio desarrollados en el marco de esta, sin esbozar las razones concretas por
las cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada,
lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada
se sustenta en el principio de autonomía judicial.

Cabe recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y
entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que
su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin
que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como
si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 25, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 26.

Así las cosas, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado, por no superar
el requisito de relevancia constitucional.

5.7. Adicionalmente, la Sala advierte que el cargo formulado bajo el defecto
sustantivo, relativo a la supuesta omisión de analizar la antijuridicidad material de la
conducta, tampoco satisface el requisito de subsidiariedad.

En efecto, ese cuestionamiento no fue planteado por la accionante al sustentar el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. En esa oportunidad,
sus reparos se dirigieron a cuestionar la valoración de las pruebas, la existencia de
fuerza mayor, la suficiencia de las justificaciones presentadas y la inexistencia de una

25 SU-215 de 2022.
26 Ibid.

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Accionantes: Constanza Marcela Ángel Mendieta

conducta dilatoria; sin embargo, no alegó que la autoridad disciplinaria hubiera
omitido efectuar un análisis de la antijuridicidad material de la conducta.

En consecuencia, la accionante pretende introducir por primera vez en sede de tutela
un argumento que no fue sometido al conocimiento del juez disciplinario de segunda
instancia, pese a contar con un mecanismo idóneo para hacerlo. Por tal razón, dicho
reparo tampoco supera el requisito general de procedibilidad relativo a la
subsidiariedad.

Por tanto, al no satisfacerse el requisito general de relevancia constitucional y,
adicionalmente, al incumplirse el requisito de subsidiariedad respecto del cargo
relacionado con la ausencia de análisis de la antijuridicidad material, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela, sin que haya lugar a examinar los defectos
específicos invocados por la accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Constanza Marcela Ángel Mendieta contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, por no superar los requisitos
de relevancia constitucional y subsidiariedad, conforme lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

SABF

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